La guerra idiota

Puerto de Veracruz

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado el asesinato de 145 personas cuyos cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. La Comisión ha pedido al gobierno de Felipe Calderón aclarar lo ocurrido, identificar a las víctimas y castigar a los responsables. Pero, sobre todo, la CIDH urge a adoptar las medidas necesarias que eviten que hechos como éste se repitan. Cosa ya demasiado frecuente en este país. El municipio de San Fernando es el lugar donde en agosto del año pasado fueron hallados los cuerpos de 72 migrantes centroamericanos indocumentados. Han sido detenidas una treintena de personas, la mitad de las cuales son policías locales, señalados como encubridores de grupos delincuenciales.

A pesar de informes y advertencias sobre el escalamiento de irracional violencia y de que organizaciones no gubernamentales y organismos multilaterales señalan al gobierno mexicano la vulnerabilidad y extrema indefensión de los migrantes en el país, en 2010 fueron secuestrados 11 mil 333 migrantes, según la cifra de la CIDH.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer la peligrosidad de 71 municipios con tramos carreteros peligrosos para los migrantes por la actividad impune de la delincuencia organizada. 71 municipios pertenecientes a 16 estados entre los que se encuentra Veracruz. 12 de los 71 municipios peligrosos son veracruzanos. El gobierno federal ha querido descargarse de responsabilidades al insistir en que gobiernos estatales y municipios deben involucrarse de forma más proactiva en la guerra a la delincuencia organizada. Peregrina pretensión. No hay gobierno estatal o municipal que tenga capacidades suficientes para enfrentar en los términos actuales ni a las empresas criminales ni a sus testaferros fuera de control. Puede apelarse a diversidad de argumentos, pero basta uno: la capacidad de fuego. Desde que en 2003 el gobierno de Vicente Fox arrestó y preparó la deportación de Benjamín Arellano Félix y Osiel Cárdenas, las empresas criminales escalaron su carrera armamentista y diversificaron sus actividades.

Sea desde la óptica de lo cruento de esta política, o desde la visión de los costos en las actividades económicas, o la de los derechos humanos, o la del presupuesto dedicado a fuerzas armadas a costa de educación y salud, es de cabal claridad lo absolutamente equivocado de la política gubernamental federal.

En los términos planeados ésta es una ecuación sin solución. No es sobre la base de un estado de deleznable institucionalidad como habrá de resolverse el galimatías. Es preciso refundar al Estado en un nuevo acuerdo. Con otra lógica, no la de los grupos oligárquicos ni las de sus elites burocráticas subsidiarias. Es preciso refundar los acuerdos legitimadores, refundar la República.

jornadaveracruz