Dijo que muchos migrantes que ingresan a México en tránsito hacia los Estados Unidos, al no tener documentos, se ven obligados a cruzar el país en completa clandestinidad, por lo que son indefensos, abusan de ellos e incluso hasta juegan con su vida.
En entrevista exclusiva para la Agencia de Noticias Imagen del Golfo, destacó que los riesgos contra la seguridad y la vida que corren los y las migrantes al atravesar México, quedaron patentes a nivel internacional con la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas y las fosas humanas que se han venido encontrando, por lo que es conveniente que en esos estados se aplique verdaderamente la ley y cualquier funcionario que viole los derechos humanos sea verdaderamente juzgado.
Dijo que los gobernantes de esas entidades también deben apoyar las estaciones migratorias, los albergues operados por asociaciones no gubernamentales y poner más vigilancia en cruces fronterizos.
Se ha comprobado, prosiguió el prelado, que los migrantes sufren vejaciones, secuestros, por eso se debe garantizar justicia, que no exista extorsión de su parte, que no sean las autoridades los primeros que cometan abusos contra ellos.
Sostuvo el obispo que las autoridades además deben fortalecer el aparato estatal que de buenos resultados y ya no dejar que los migrantes sigan siendo víctimas de todo tipo de personas sin ningún escrúpulo.
Señaló que el Estado mexicano lleva más de treinta años negando a la población migrante que transita por México un documento migratorio que permita que su paso por este país sea con seguridad.
El obispo por eso hizo un llamado a los gobernadores de los estados de la llamada ruta del migrante que ante el incremento de robos, secuestros, extorsiones, masacres a jóvenes, personas desaparecidas y secuestro a migrantes centroamericanos, no se haga caso omiso, ni realicen discursos evasivos para no enfrentar la realidad, para no enfrentar a las redes criminales que se aprovechan de la situación vulnerable que encuentran en esos senderos de tránsito.
Pidió a las entidades a reforzar la seguridad y a brindársela a los migrantes y a la población mexicana, pues ya basta de amenazas de extorsiones económicas, así como advertencias de agresiones físicas.
Incluso también exhortó a sacar de sus cargos a los funcionarios que están inmiscuidos en el crimen organizado.
El obispo de la diócesis de Saltillo, Raúl Vera López, quien fue internacionalmente galardonado el año pasado con el Premio Rafto de Derechos Humanos por su defensa de la población migrante, sostuvo que la finalidad de la política migratoria debe ser salvaguardar los derechos fundamentales de las y los migrantes que sólo buscan una vida digna para sí y para sus familias.
Antonio Rebollo Rendón / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO
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