Las intenciones de Felipe Calderón por mantener un estricto control sobre los mexicanos empezaron desde el inicio de su gobierno. El pretexto de una guerra contra el nebuloso objetivo del crimen organizado fue ideal para ir sentando las bases de un Estado policial con el cual pretende terminar su maltrecho mandato.
Felipe Calderón quiere la supresión de las libertades civiles mediante un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales que autorice detenciones “en caso de urgencia” a través un sistema de “investigación sin mandato judicial”.
Su iniciativa más fascista incluye el cateo de domicilios por denuncia anónima, revisión y grabación de personas y vehículos, el uso de llamadas telefónicas entre particulares y conformar un grupo especial de “agentes infiltrados”.
La sociedad con la que sueña el Calderón más orwelliano, es una sociedad sometida a un engranaje de mecanismos para vigilarla, controlarla, someterla. Es el sueño de cualquier pequeño autócatra; el deseo de un tiranillo absolutista y déspota; no de un Presidente democráticamente elegido. Pero a Calderón le delata su cuestionado pasado, es decir, la manera en que llegó a convertirse en inquilino de Los Pinos.
Tal vez por eso, pretende ahora mostrarse al final de su sexenio, sin ambages, ni maquillaje: un opresor intolerante que dispuso el mayor dispendio de recursos económicos de la historia de este país, para controlar a los ciudadanos a través de una multimillonaria guerra sin grandes resultados en beneficio de la población.
¿Cuánto dinero nos ha costado la guerra de Felipe Claderón? Si antes el Estado se gastaba en seguridad alrededor de 35 mil millones de pesos, este año la cantidad se disparó a 200 mil millones de pesos. Peor aún: cada peso destinado a comprar armamento, es un peso menos para mejorar la procuración de justicia y el desarrollo social.
Mientras no se atienda la reforma del sistema judicial de manera integral, ni los programas penitenciarios, la guerra se seguira perdiendo. Al menos eso piensa la mayoría de los mexicanos que consideran en un 62 por ciento que el narco va ganando. La encuesta de El Universal reveló que el entrevistado o su familia han sido víctimas del Ejército en un 98 por ciento; de la policía en un 89% o del crimen organizado en un 79%.
Hasta un niño comprende que no se puede iniciar una guerra contra un objetivo tan confuso como el crimen organizdo; lo digo porque la realidad nos ha demostrado que parte de ese crimen organizado esta dentro de las filas de los partidos políticos, de los gobiernos estatales, municipales; de las policías federales, estatales y locales; del Ejército y de la Marina. La infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado es absoluta. ¿Hasta dónde llega está penetración perniciosa? ¿Cuántas campañas electorales pagará el crimen organizado? ¿Cuántos gobernantes ha comprado? Algun día lo sabremos.
Por lo pronto, Calderón nos quiere dorar la píldora presentando una iniciativa de ley ante el Congreso de los Diputados que viola nuestras garantías individuales. En cualquier democracia consolidada la gente ya estaría en las calles protestando por el recorte de libertades; pero como bien dije, en “cualquier democracia consolidada”; México no lo es.
Y no lo es porque sus gobernantes se empeñan en debilitar más el edificio endeble de nuestra República. Este tipo de iniciativas quebrantan la libertad de los individuos. Calderón quiere que la policía grabe en video las inspecciones a vehículos. También pretende que en una conversación por teléfono, quien participe en ésta pueda entregarla como prueba. Dice el Ejecutivo que las conversaciones grabadas por los propios participantes “no alteran la confidencialidad de las comunicaciones”.
Las propuestas para el nuevo Código de Felipe Calderón parecen sacadas de un thriller de suspenso y acción policiaca. Por ejemplo, pretende la autorización para que la nueva policía secreta siga a personas aparentando realizar “actividades ilícitas” mediante la infiltración de agentes en un grupo delictivo; muy al estilo de las series gringas de televisión. Quiere también legalizar las recompensas por denuncias anónimas. Y luego, incluye todo un puñado de buenos propósitos para los derechos de la víctima establecidos en otros códigos que generalmente son letra muerta. En México se tortura, se ejecuta extrjudicialmente, se desaparece, se allana la propiedad privada, se catea sin orden de registro, se persigue y reprime a los luchadores sociales, se hostiga a los defensores de derechos humanos, etc, etc, etc.
Lo que parece olvidar Felipe Calderón es que un Estado policiaco es contrario a la democracia. Nunca la novela 1984 de George Orwell había estado tan vigente en México. Ese régimen totalitario que bajo la excusa de una guerra autoriza a la policía y a las cámaras de seguridad a controlar a los ciudadanos se parece cada vez más al gobierno calderonista.
Las decisiones absolutistas y arbitrarias tienen generalmente una respuesta a su nivel. A una sociedad controlada por la policía y el Estado le sigue una sociedad anarquista. Tal vez ha llegado la hora de que aparezca una V de Vendetta. La novela gráfica de Alan Moore y las ilustraciones de David Lloyd también cobran vigencia.
Frente a la iniciativa de Felipe Calderón, la máscara de Guy Fawkes se carcajea, se mofa con una risotada provocadora y audaz. La sociedad civil tiene la palabra.
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