Continúa oculto gasto de medios en Veracruz

 Verónica Danell, fue despedida de la empresa Megacable por órdenes del mandatario estatal.

La partida presupuestal 513636100005 del gobierno del Estado de Veracruz, es el fiel de la balanza para el control de los medios. El que paga manda. Es en este apartado donde descansan los gastos para la "Difusión de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales". ¿Cuánto dinero se gasta el gobierno en publicidad o publicaciones en medios de comunicación impresos, electrónicos o digitales? Nadie lo sabe, y si lo saben, no lo quieren divulgar. Hasta ahí topa la pantomima mediática de la libre expresión. Ningún empresario periodístico está dispuesto a que le saquen sus trapitos al sol ¿Para qué? Es mejor dejar que el recurso fluya, y por qué no, hacerse de la vista gorda cuando el gobierno lo pida.

Desde el 31 de marzo de 2008, el Comité de Información de Acceso Restringido, clasificó toda la información de estas erogaciones como "reservada y confidencial". Imposible conocer los montos que paga el gobierno por estos servicios. Se trata ni más ni menos que del control ideológico de la sociedad. 

¿Cómo le hacen para no informar lo que pagan a los medios? Sencillo, mes con mes ratifican un acuerdo de confidencialidad, torciendo así el sentido primario de la Ley de Transparencia. 

A finales de marzo pasado se reunió, como cada mes desde hace cinco años, el mencionado Comité de Información de Acceso Restringido de la Coordinación de Comunicación Social, para firmar en sus términos el acuerdo CAIR-050-2013 que clasifica como de Acceso Restringido, en la Modalidad de Reservada y Confidencial, la información que obra en poder de la Coordinación General de Comunicación Social, en lo referente a la difusión pagada en medios. Es un ejercicio rutinario que cada mes repite el comité conformado a modo para tal fin.

Es lógico que ningún empresario de medios quiera hablar del asunto. Resulta mucho mejor alinearse con lo que diga el titular del poder ejecutivo en turno, y así, asegurar el ingreso de los convenios publicitarios que gracias a esta norma, quedan en la oscuridad.

Pero la decisión repetida cada mes, de mantener ocultos los montos que paga el gobierno a la prensa, es contradictoria con preceptos de la misma Ley de Transparencia, en los que supuestamente se basa la opaca determinación. 

Por ejemplo, el artículo 7 advierte que los sujetos obligados "atenderán al principio de máxima publicidad en la gestión pública, comprendiendo el derecho de acceso a la información como una de las fuentes de desarrollo y fortalecimiento de la democracia representativa y participativa, que permite a los ciudadanos analizar, juzgar y evaluar a sus representantes y servidores públicos y estimula la transparencia en los actos de gobierno".

Muy lejos la Coordinación General de Comunicación Social, de siquiera soñar en aplicar ese postulado.

El artículo 9 recomienda que la información referente a las obligaciones de transparencia, sea puesta a disposición de los particulares "por cualquier medio que facilite su acceso, dando preferencia al uso de sistemas computacionales y las nuevas tecnologías de la información".

Contracorriente

Pero en la práctica periodística ocurre precisamente lo contrario. Se abre un laberinto burocrático cada vez que a un reportero, se le ocurre preguntar un tema que al funcionario le resulta incómodo o fuera de lugar.

Solo se agilizan las solicitudes de entrevista cuando se trata de asuntos que gustan o agradan al servidor público, como sus 'logros', avances o indicadores positivos, como si éstos no fueran parte de sus obligaciones. El culto a la personalidad a cambio de unos billetes. 

La realidad es que con la supuesta transparencia, se vino a obstaculizar lo que antes se podía hacer con mucha más facilidad en el quehacer reporteril. 

Bastaba con acudir a la oficina del funcionario, para que te recibiera y le podías plantear preguntas abiertamente, y él o ella, tenían la capacidad de responder y explicar. 

Ahora son los gobernantes quienes dictan el tema a los reporteros, y cuando no es así, el periodista debe convertirse en una especie de sabueso, con habilidades de hombre invisible, para infiltrarse en el sistema, crear relaciones subrepticias, y lograr así, información exclusiva, interesante y de nítido interés periodístico.

Todo esto a pesar de que la misma Ley de Transparencia dice en su artículo 4 que la información generada, administrada o en posesión de los sujetos obligados "es un bien público"; toda persona -no necesariamente reportero- tiene derecho a obtenerla "en los términos y con las excepciones que esta Ley señala". No será necesario, dice la norma, acreditar interés legítimo para solicitar y acceder a la información pública.

Volvamos al principio

¿Por qué tendría que ser importante o trascendente conocer el gasto que en publicidad oficial gasta el gobierno? Veamos.

En los últimos ocho años, correspondientes a los sexenios de Fidel Herrera Beltrán y lo que va de la gestión de Javier Duarte de Ochoa, el gasto total del Gobierno del Estado se ha duplicado. Pasó de 42 mil millones de pesos, en 2008, a más de 86 mil millones en 2012.

En cuanto a Comunicación Social solo es posible conocer lo referente al gasto de operación. En ese rubro la cantidad aprobada cada año se ha mantenido en un promedio de 50 millones de pesos.

Por ejemplo en 2012 fue de 55 millones 700 mil pesos; en 2011 fue de 55 millones 500 mil pesos, en 2010, 54 millones 700 mil pesos.

No obstante, por los números disponibles de los años 2009, 2008, 2007, 2006 y 2005, se puede advertir que la cantidad que gasta la dependencia suele duplicarse o triplicarse, al final del año. Es decir, una cosa es lo que se planea gastar, y otra, lo que se gasta.

Por ejemplo, en 2009 presupuestaron 51 millones 627 mil 858 pesos, pero al final ejercieron la nada despreciable cantidad de 151.9 millones de pesos, o sea el triple de lo programado.

En 2008 el dinero ejercido fue de 158.8 millones de pesos, pero solo tenían planeado gastarse 50 millones 14 mil 417 pesos. De nuevo se triplicó el gasto.

En 2007 fueron asignados 50 millones 730 mil 69 pesos, y se ejercieron 110.1 millones. En 2006 se programaron 52 millones 486 mil 365 pesos y se ejercieron 93.2 millones. En 2005 fueron planeados 57 millones 268 mil 778 pesos pero al final se gastaron 79.5 millones de pesos.

La tendencia es que aunque lo que planean gastar es prácticamente lo mismo cada año, lo que han gastado o ejercido trae una tendencia alcista, que nadie parece querer detener.

Es por eso que es urgente, en ánimo de transparencia y rendición de cuentas, que se abra en detalle cuánto y a quienes se les está pagando por la publicidad gubernamental.

Es obvio que los anuncios oficiales sirven para legitimar la gestión oficial delante de la sociedad. Lo hacen no solo en el formato de publicidad. También incluyen en sus acuerdos, manejar boletines o comunicados como si fueran notas informativas. Esta modalidad es considerada de "alto impacto" en el público.  También usan esos contratos publicitarios para pedir que determinada información no se difunda. Aquella que va en contra de sus intereses. Es así que ciertas declaraciones de opositores políticos simplemente no entran.

En la misma lista se incluyen las ejecuciones del narco o las muertes en temporada vacacional. 

Una plana en un periódico estatal cuesta alrededor de 25 mil pesos por día, mientras que un spot de 20 segundos en Telever (el canal local más visto y más usado por políticos y gobernantes) se cotiza mínimo en 10 mil pesos, que hay que multiplicar por diez considerando que una buena campaña debe contemplar al menos diez impactos por día.

Estas cifras pueden servir de parámetro para tener una idea de cuánto paga el gobierno a los medios, pero solo será eso, una idea ¿500 mil pesos diarios le parece a usted mucho dinero?

Ya para irnos

Este miércoles 10 de abril es una fecha importante. Se dará a conocer la segunda edición del índice de acceso al gasto en publicidad oficial en los estados de la república Mexicana bajo el slogan "Publicidad oficial, el costo de la legitimidad", elaborado por Fundar y Artículo 19. Hay que estar pendientes.

Carlos Omar Barranco Aguirre