Alcalde bajo sospecha - Poza Rica...

*Un mes antes de renunciar a la presidencia municipal de Poza Rica y dejar el cargo inconcluso para buscar el puesto siguiente, Juan Alfredo Gándara Andrade solicitó un crédito quizá como bono de partida.
 
Luis Velázquez
 Veracruz, 23 de Abril de 2013.-Un mes antes de renunciar a la alcaldía de Poza Rica y dejar obra pública y presidencia municipal inconclusa, el exreportero Juan Alfredo Gándara Andrade había logrado la mayor complicidad del Congreso jarocho para un crédito bancario.

Peor tantito si se considera que el nuevo empréstito lo estaba solicitando al cuarto para las doce antes de irse y lo que significaba una especie de bono de salida, como, incluso, aprendiera en el sexenio anterior.
Tantito peor si se recuerda que la Secretaría de Hacienda y Crédito ordenó revisar con lupa las solicitudes de crédito de norte a sur del país, en tanto el Congreso federal define nuevas formas de control a la exagerada deuda pública de gobernadores y alcaldes.
Peor tantito si se considera que la Cámara de Senadores está peleando con la Cámara de Diputados para que ellos pronuncien la última palabra en el otorgamiento de crédito a las entidades federativas y municipios, por encima, incluso, de los Congresos locales.
Tantito peor si se precisa que tanto la Secretaría de Hacienda como la Asociación de Banqueros cabildean para que sean los bancos quienes lleven un control de las solicitudes de créditos, vigilado por la autoridad fiscal.
Peor tantito si una parte de los diputados de Veracruz se habían cortado las venas asegurando que por ningún concepto otorgarían más créditos.
Y menos, mucho menos, a los alcaldes que abandonaban el barco edilicio a la mitad del mar para buscar el cargo público siguiente.
Como Alfredo Gándara.
El 25 de marzo, a las 9 de la mañana, en la ceremonia de honores a la bandera en una escuela de Poza Rica, Gándara casi lloró, como ángel y querubín, ante los niños diciendo que era la última visita para izar la bandera, porque el pueblo lo había llamado como su candidato a la diputación local.
Pero un lunes de bandera, también, el 18 de marzo, 2013, la Gaceta Oficial del gobierno de Veracruz publicaba el número 101, con el acuerdo del Poder Legislativo autorizando a Gándara “adquirir una carta de crédito bancaria, la cual forma parte del convenio signado con PEMEX”.
Firmado el acuerdo por el diputado presidente, Eduardo Andrade Sánchez, y la diputada secretaria, Martha Lilia Chávez González, el acuerdo pecó de tueste, perspicacia y suspicacia, por las siguientes razones:
Una: en ningún momento precisa el monto del crédito.
Segunda: tampoco el fin social para el que fue solicitado y autorizado por el Congreso.
Tercera: menos, claro, la obra pública a iniciarse y el tiempo de ejecución.
Cuarta: tampoco el número de años a pagarse ni el monto mensual…a menos, claro, que se trate como participaciones federales, a pagarse en los años venideros que por lo regular llegan hasta 20 años, según el monto.
Quinta: y aun cuando se trata de “una carta de crédito bancaria… que forma parte del convenio signado con Petróleos Mexicanos” se presupone que, en efecto, sería con cargo al impuesto, digamos, predial, pagado por la empresa paraestatal al Ayuntamiento de Poza Rica.
Y/o quizá por otros conceptos.
El caso es que el acuerdo del Poder Legislativo encubrió, protegió y blindó por todos los costados al exalcalde de Poza Rica, que ahora, como el 90 por ciento de los políticos, abandona el cargo edilicio para brincar, como trapecista, al puesto siguiente.
Establece el dictamen segundo: “Comuníquese el presente Acuerdo al presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, para su conocimiento y efectos procedentes”.
¡Buen provecho, señor exalcalde!

GÁNDARA SE FUE ‘CABEZÓN’

Por fortuna, y como se llama el programa televisivo de Elmo, la alcaldesa de Xalapa, Alfredo Gándara en ningún momento “estuvo solo”.
Semanas anteriores, el martes 26 de febrero, 2012, con el número 73 de la Gaceta Oficial del estado de Veracruz, el Congreso publicitó el acuerdo para autorizar a los alcaldes de Jalacingo y Río Blanco otras líneas de crédito.
En el caso de Jalacingo, por diez millones de pesos, con BANOBRAS, para “el programa de inversión de obra pública, en especial estudios y proyectos, modernización de los sistemas de agua potable y alcantarillado, así como regularización y ampliación de la red de agua potable y alcantarillado, pavimentación de calles” etcétera, etcétera.
También, claro, “para cubrir todos los accesorios financieros que se deriven del crédito”.
El plazo del contrato será como máximo por 120 meses, “quedando en garantía las participaciones presentes y futuras, que en ingresos federales le correspondan al municipio”.
Según el acuerdo tercero, la secretaría de Finanzas y Planeación descontará cada mes “de las participaciones federales a que tiene derecho ese municipio las amortizaciones de capital e intereses pactados, con el fin de dar cumplimiento al contrato del crédito”.
Es decir, más de lo mismo. Las mismas razones que generaron el estallido del problema de la deuda pública. Alcaldes y gobernadores que gravaban a futuro, hasta por 120 meses, 10 años (2 alcaldías y media más en el caso de Jalacingo) las participaciones federales.
En el caso de Río Blanco, el Congreso autorizó un préstamo de 11 millones 200 mil pesos, con BANOBRAS, con la institución de crédito, incluyendo sociedades financieras de objeto múltiple, que mejores condiciones crediticias ofrezca, “asegún” para realizar inversiones públicas productivas, en especial, “la infraestructura pública municipal de tres obras en beneficio de las diferentes comunidades”.
Y, claro, “quedando en garantía las participaciones presentes y futuras, que en ingresos federales le corresponden al municipio”.
Habría de referir, no obstante, que mientras en el acuerdo del Congreso plantean abrir la línea de crédito con BANOBRAS, por alguna razón la mayor parte de la deuda pública de Veracruz se concentra con Banorte.
Así, en el caso de las líneas de crédito a Poza Rica, Jalacingo y Río Blanco se concitan dos lecturas diferentes:
a) Mientras en el caso de Jalacingo y Río Blanco queda claro en el acuerdo del Poder Legislativo que se trata para obra pública, en el caso de Poza Rica el mismo Congreso elude precisar tanto el monto como el destino.
b) Es decir, que a primera vista, Gándara Andrade se fue “cabezón” con una Legislatura solapadora, que redactó un acuerdo de una manera tramposa, sembrada de dudas y preguntas.