El Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) concentra sus recursos en el Norte y el bajío del país. Sólo una de las seis entidades con mayores índices de pobreza rural figura entre los estados beneficiados: Chiapas. Las otras cinco –Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz e Hidalgo– se mantienen al margen de los más de 600 millones de pesos que el gobierno federal destina al único esquema con “orientación de género” de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).
Chiapas, uno de los estados más marginados del país, ocupa el primer lugar en la asignación de recursos públicos, con 56 millones 863 mil 760 pesos. No obstante, le siguen en importancia monetaria Sinaloa, Sonora, Guanajuato y Michoacán, entidades con un nivel de vida muy superior al de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz e Hidalgo.
El listado oficial muestra que en 2009 fueron apoyadas 219 organizaciones chiapanecas, con montos que van desde los 266 mil 600 pesos hasta los 141 mil 250 pesos, con una orientación en la producción de alimentos y crianza de animales.
Sinaloa, con grado de marginación medio ?según indica el Consejo Nacional de Población?, obtuvo recursos por 46 millones 699 mil 170 pesos a través de 180 organizaciones agrarias. En tanto que Sonora, entidad con bajos niveles de marginación, obtuvo 46 millones 124 mil 550 pesos.
De acuerdo con el Informe final de la evaluación externa de impacto 2008 del Promusag, elaborado por la Universidad Autónoma Chapingo, “el primer eje de política de desarrollo social y humano tiene como objetivo romper el círculo vicioso de la pobreza que existe en todo el país, en particular en las comunidades indígenas geográficamente más aisladas”.
Mujer, marginada
Beatriz Herrera del Rincón, subsecretaria de Política Sectorial de la SRA, dice que la feminización del campo mexicano es consecuencia de la migración que existe en este sector rural ante la falta de oportunidades de empleo y progreso para las familias.
La migración se ha convertido en un grave problema porque “las mujeres se quedan en el campo para sacar adelante todo: familia, comunidad, a sus adultos mayores, la problemática de solvencia comunitaria. Las mujeres son las que se encargan de tramitar los servicios de drenaje, construcciones de escuelas, solicitud de profesores”.
En 2011, el Promusag cuenta con 872 millones de pesos, explica la funcionaria. Los recursos se canalizan a través de la aprobación de esquemas productivos con identidad de género. No obstante, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 indica que este Programa tiene asignados 622 millones 500 mil pesos.
“Es necesario que en la Cámara de Diputados se fortalezcan los recursos para que los programas que opera la SRA ?dice? tengan un mejor impacto. Nosotros llegamos a las comunidades más apartadas. Obviamente se tiene que hacer un trabajo de fondo, de difusión, para que las mujeres se enteren.”
Ante el análisis de la concentración de recursos en estados con bajos niveles de marginación, la funcionaria de la SRA afirma que las comunidades más marginadas sí son atendidas. “Para eso, tenemos dentro de nuestro presupuesto 172 millones de pesos asignados obligadamente a zonas indígenas, que son las más apartadas y rezagadas”.
Evaluaciones reprobadas
El Informe final de la evaluación externa de impacto 2008 del Promusag indica que, “de manera general, el Programa cumple con la normatividad establecida; sin embargo, en el ejercicio 2008, existió error en la asignación de los recursos, ya que no se sujetó completamente a las Reglas de operación (11 programas tuvieron mayor presupuesto asignado del que debían otorgarle de acuerdo con el número de integrantes que tiene el grupo)”.
Además, Rosa del Carmen Gallegos López y Royman Montejo Córdova, académicos de Chapingo, indican que “el Programa tiene definidas las metas financieras, pero no así las metas físicas, debido a que éstas dependen del número de proyectos aprobados y del número de integrantes de cada proyecto”.
Los medios de comunicación y la propia SRA, señalan los evaluadores, “no son un agente importante para promover y difundir el programa, ya que las beneficiarias se enteran de éste por otras vías (técnicos, organización campesina y la representante del grupo, etcétera)”.
Una auditoría de desempeño elaborada por la propia SRA en 2008 detalla que, en ese mismo año, no se establecieron metas para el apoyo de proyectos productivos; no se incluyeron explicaciones sobre las variaciones del presupuesto y las metas, y “no existe confiabilidad en las cifras reportadas en la Cuenta Pública de 2008 porque la SRA no entregó el cierre del ejercicio presupuestal”.
Las carencias y dificultades de la mujer rural
Otro de los obstáculos que observa la subsecretaria de la SRA es que el sector estaba “blindado” a la sociedad: había una “hegemonía” de las organizaciones de antaño que acaparaban los apoyos dirigidos al campo. Según la funcionaria, para la entrega de los subsidios no hay distingos de partidos. No obstante, admite que hay un aumento de las organizaciones que se identifican con el Partido Acción Nacional, lo cual es “natural”.
Rechaza las observaciones que se registran en las evaluaciones externas, ya que a partir de 2008 se iniciaron “procesos de mejora”.
Nuria Costa, presidenta de la Red Mexicana de Mujeres Rurales, critica el papel del Promusag: no hay suficientes técnicos, llega a núcleos agrarios reconocidos y queda excluida la mujer indígena porque no está dentro de la propiedad social como el ejido y la comunidad.
La propia SRA no tiene personal de campo suficiente que pueda hacer un acompañamiento a los proyectos. El Promusag tiene un apoyo para la asistencia técnica muy limitado. Éste es un problema. Además de políticas públicas al campo, ya no existe una adecuada función de las instituciones para establecer proyectos estratégicos, dice la encargada de desarrollar proyectos en Morelos y Guerreo.
Autor: Érika Ramírez
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