La (riesgosa) carrera armamentista con el narco.

Quieren gobernadores más granadas para enfrentar al narco… pero pierden armas en estados

Víctor Hugo Michel
twitter: @vhmichel

La Secretaría de la Defensa Nacional enfrenta un dilema: ¿equipar o no equipar a las policías estatales –de las que desconfía— con armas de alto poder, exclusivas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, a sabiendas de que pueden terminar en el mercado negro y en manos de sicarios?
Por un lado, los gobernadores del país quieren más rifles, más calibres, más balas y ahora también granadas de fragmentación para hacer frente a la delincuencia. Pero por el otro, decenas de armas destinadas a las policías de los estados, compradas con recursos públicos, se han “perdido” y esfumado de los arsenales policiales en los últimos años para terminar, presuntamente, en manos del crimen organizado.
Documentos internos de la Secretaría de la Defensa Nacional, obtenidos por MILENIO, detallan cómo, en medio de la crisis de violencia ligada al narcotráfico, los gobernadores han iniciado un proyecto de rearme de sus policías estatales sin precedentes, uno que llevaría a la Federación a transferir miles de armas pesadas a los estados.

Pero la investigación realizada también da cuenta de que policías locales, secretarías de seguridad y hasta procuradurías de una docena de estados han “extraviado” y reportado como “robados” un número importante de los rifles y pistolas que les habían sido confiados por las Fuerzas Armadas, según ha descubierto la Defensa Nacional durante sus inspecciones.
De acuerdo con datos de la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones de la Sedena, desde 2009 los gobiernos estatales han solicitado al Ejército una cifra récord de permisos para la adquisición de más de 100 mil armas automáticas, entre rifles de asalto, ametralladoras y pistolas, para equipar a sus policías con gruesos calibres y reducir la desventaja material que tienen frente a la delincuencia organizada.
El Estado de México encabeza la lista, con 11 mil 305 armas largas solicitadas a la Defensa Nacional. Le siguen Puebla con 9 mil 559, Guanajuato, con 8 mil 629 y Jalisco, con 8 mil 32. También, estados afectados por la guerra entre y contra los carteles de la droga como Michoacán, con 7 mil 562, Tamaulipas, con 7 mil 377, Sinaloa con 5 mil 813 y Chihuahua, con 4 mil 818.
En total, los estados han pedido al gobierno federal la transferencia de 119 mil rifles y pistolas de alto poder. Pero para equilibrar la relación de fuerzas, hay policías estatales que también quieren recurrir a armas de corte militar y altamente peligrosas en escenarios urbanos o ante la presencia de civiles. Como granadas de fragmentación.
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La información proporcionada por la Dirección de Comercialización de Armamento y Municiones revela que al menos nueve estados de la República han saltado a la carrera armamentista y buscan emular el ejemplo de Yucatán, que en 2009 se convirtió en la primera entidad en dotar a sus policías de granadas.
Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Guanajuato, Veracruz y Zacatecas han pedido a la Defensa Nacional les venda embarques de este explosivo reservado, según se establece en las estadísticas oficiales.
La información detalla que desde 2009 estos nueve estados han pedido a la Defensa Nacional enviarles 5 mil 972 granadas de fragmentación. Zacatecas, por si sola, solicitó la entrega de 600. Guanajuato pidió 400. Yucatán demandó 300. Jalisco, 220. Guerrero, 210 y Veracruz, 156.
La decisión de permitir a policías estatales equiparse con armas de uso exclusivo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina data de 2008. Fue uno de los acuerdos más polémicos alcanzados en el Consejo Nacional de Seguridad Pública de ese año, proyecto encaminado en un principio a reducir la “brecha de calibres” entre criminales y fuerzas locales.
Pero sólo Yucatán y el gobierno de Ivonne Ortega decidieron solicitar de arranque granadas, proyecto que fue criticado en su momento por especialistas (MILENIO 01/09/09) al considerar que presentan un altísimo riesgo de ser desviadas al mercado negro y generar daños colaterales.
“Son instrumentos de guerra utilizados en un enfrentamiento entre dos ejércitos y usarlos en el combate a la delincuencia cuestiona la democracia de un Estado”, aseguró entonces Georgina Sánchez López, directora del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE).
La investigadora alertó que el poder de estas armas no respeta a las personas ajenas a un enfrentamiento. “Podría ocurrir un accidente y dañar a civiles; hay riesgo de equivocaciones, por eso no son la mejor forma de atacar (al hampa)”, dijo.
(Considerada un arma antipersonal de poca precisión, una granada de fragmentación funciona mediante la difusión violenta de esquirlas metálicas –conocidas como flechetas o perdigones-- de abajo hacia arriba, incapacitando al blanco y generando típicamente daños irreversibles en extremidades y órganos internos como intestinos o estómago. Su rango de explosión puede ser de hasta 15 metros).
Lo cierto es que, por una u otra razón, la Secretaría de la Defensa Nacional no ha accedido por completo a dotar de granadas a las policías estatales y mantiene todavía bajo análisis buena parte de las solicitudes de los gobernadores para armarse con este tipo de explosivos.
Hasta el momento, los únicos estados a cuyas policías se les ha autorizado el uso de granadas para labores de seguridad pública son Yucatán, con un número indeterminado; Zacatecas, que tiene 100; Guerrero con 180; y Coahuila con 150. El resto “se encuentran en trámite”.

Heckler & Koch. Favorito de las policías locales... y el narco.

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Periódicamente, como parte de las licencias colectivas de portación de armas, la Secretaría de la Defensa Nacional organiza revisiones sorpresa a las policías de los estados y municipios para asegurarse de que se esté dando bueno uso al armamento.
Pero según respondió la dependencia a la solicitud de transparencia 0000700182110 realizada por este diario, el Ejército descubrió que las Secretarías de Seguridad Pública, Procuradurías y policías de una treintena de estados y municipios han reportado la “pérdida” de las armas que les fueron entregadas para combatir a la delincuencia.
Tan sólo en 2010, las siguientes policías estatales reportaron la pérdida y robo de armas: Oaxaca, 2 armas cortas y 3 largas robadas; Veracruz, 2 cortas; Puebla, 7 cortas y 4 largas; Guanajuato, 3 cortas; Chiapas, 4 cortas; Nuevo León, 12 cortas y dos largas; Guerrero, 10 cortas y 6 largas; Hidalgo, 2 cortas; Michoacán, 2 cortas y tres largas; Tabasco, 1 corta y 1 larga; Nayarit, 2 cortas y una larga; y Sonora, 2 cortas y una larga, entre otros.
Mención aparte se lleva Chihuahua. El año pasado, investigadores militares se encontraron con que la Secretaría de Seguridad Pública del estado perdió 93 armas. Un total de 36 pistolas y 57 rifles de alto poder, que le fueron entregados a policías chihuahuenses por el Ejército, simplemente se desvanecieron.
Pero no sólo las entidades estatales han perdido armamento. La PGR reportó la desaparición de 10 pistolas y un rifle de asalto de sus arsenales, mientras que a la Policía Federal le “robaron” dos pistolas escuadra y dos rifles Heckler & Koch de alto poder.
En resumen, la Defensa Nacional tiene registros de que 156 pistolas y 97 rifles asignadas a corporaciones estatales, armas que fueron adquiridas para enfrentar la crisis de inseguridad del país, “están perdidas”, presuntamente en manos de quienes debían haber sido combatidos con ellas: el crimen organizado.