Durante años las distorsiones del sistema federal mexicano se han manifestado con saña en el estado de Veracruz. Basta otear sobre los tremendos impactos de la presencia de Pemex para aquilatar la dimensión de la palabra saña. Hay ejemplos de sobra. Durante años, cuatro por lo menos, se han escamoteado los recursos federales que debe ministrar el gobierno federal a los municipios. Desde dinero para obras de infraestructura ya empezadas hasta el dinero de total emergencia que se precisa en situaciones de desastre. Escamoteo y rezagos que se prolongan por años.
Ayer, en la reunión de Javier Duarte con los alcaldes priístas, se mencionó el trato especial y preferencial que la Federación da a los municipios panistas que, de ser cierto y probarse, bien podría ser motivo penal. Por lo pronto, los indicios deben ser los suficientes para que el propio gobernador dijera a los alcaldes de su partido que ellos recibirán el doble de lo que reciben los municipios panistas por parte del gobierno federal. Más allá de la compensación relativa que el gobierno del Estado haga con el resto de los municipios no favorecidos por no ser panistas, el asunto es de dimensiones grotescas e ilegales. Y es verosímil, además.
A los múltiples casos publicados en La Jornada Veracruz y a los que se les da seguimiento, se suma ahora lo dicho por un funcionario de la Junta Estatal de Caminos que admite la responsabilidad de los gobiernos estatales como una de las partes sustantivas del problema, por haber pospuesto el ejercicio presupuestal para este año, de tal suerte que en 2011 habrá de aplicarse el presupuesto de éste y del año pasado.
La otra parte está en la retención que hace el gobierno federal de los recursos presupuestales de Programa Operativo Anual, lo que de inmediato impacta en el estado de las carreteras o en su conclusión. La acumulación de casos y la intensidad de su frecuencia, hace que, sin tener mayores datos duros de las cantidades retenidas o no ejercidas, quede la firme impresión de un manejo sesgado y clientelar de los recursos públicos. Es un asunto en extremo delicado porque las consecuencias de esa política del gobierno federal pueden ser mayúsculas. Debilitan al gobierno estatal y exacerban el hartazgo popular. Ambas cosas devastan el tejido social y quienes eso aprovechan son las empresas criminales.
Más allá de las soluciones de coyuntura y retóricas, el mejor aliado para que un gobierno transite por ambientes hostiles es el apoyo de sus gobernados. Y ése se obtiene dándole la información real de dónde estamos parados y frente a cuáles circunstancias.
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