La Comisión Federal de Electricidad provoca un severo daño ecológico a la Laguna de Tampamachoco, en Tuxpan, Veracruz. La operación del complejo hidroeléctrico Adolfo López Mateos ha degradado 70 hectáreas y el 50 por ciento de los manglares de la zona con el derrame de combustóleo, residuos industriales y lluvia ácida. La merma en la producción de camarón, ostión, escama y peces mantiene en jaque económico a más de 600 pescadores
Laguna de Tampamachoco, Tuxpan, 
Veracruz. A decenas de kilómetros de este otrora oasis de la costa 
veracruzana se divisa la nube toxica que emana de las enormes chimeneas 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que cubren la atmósfera de 
dióxido de azufre (SO2). Desde hace 10 años, éste se desploma en forma 
de lluvia ácida y, por eso, ha degenerado el ecosistema de este remanso 
de agua, del que dependen económicamente unos 600 pescadores.
El problema ya llegó a los tribunales:
 un juez de Distrito condenó a la paraestatal a indemnizar con 1 mil 580
 millones de pesos a los afectados, pero con maniobras legaloides
 ésta incumple la resolución judicial, además de que tampoco ha 
remediado el daño a la flora y fauna ni evita su deterioro constante.
Por la impunidad con que actuó la CFE,
 con Jaime González Aguadé como su director, y la complacencia de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en el 
periodo de Rafael Elvira, el problema fue heredado al gobierno de 
Enrique Peña Nieto, denuncian los agraviados.
La Laguna de Tampamachoco se localiza 
en la costa de Veracruz, a 9 kilómetros al Noreste de la ciudad de 
Tuxpan, limitada al Norte por la Sierra de Ocontepec, al Sur por la 
Sierra de Papantla y al Poniente por la Sierra Madre Oriental, en las 
porciones de Huayacocotla y Chicontepec. De forma alargada y paralela a 
la línea de la costa, la Laguna tiene una longitud de 10.6 kilómetros y 
una anchura de 2.7 kilómetros, cerrada hacia el Golfo de México por una 
barrera arenosa –Barra Galindo– situada al Norte, indica el trabajo Moluscos de la Laguna Tampamachoco, Veracruz, México: sistemática y ecología, de Martha Reguero y Antonio García-Cubas.
Es aquí donde, de manera paulatina, la
 generación de lluvia ácida, el derrame de combustóleo y residuos 
industriales, el desalojo de agua caliente y la succión del agua de mar 
provocan el azolve de los bancos ostrícolas y la mortandad de especies 
(camarón, ostión, jaiba, robalo y sargo), en las que, según un estudio 
del Instituto Politécnico Nacional, se encontraron concentraciones 
mayores al límite permitido de cadmio (de 0.2 miligramos por kilogramo, 
que establece la norma, a 0.5 miligramos por kilogramo).
Para los pescadores, hay contubernio 
entre las autoridades federales y estatales para deslindar a la CFE de 
su obligación de resarcir los daños causados.
Y es que al resolver el juicio 
ordinario civil 4/2005, el Juzgado Séptimo de Distrito en Veracruz 
condenó a la CFE a tomar las medidas necesarias para la restauración 
integral del ecosistema de la Laguna de Tampamachoco y el pago de 1 mil 
580 millones de pesos. Sentencia hasta ahora incumplida.
Dicha resolución fue emitida el 25 de 
noviembre de 2010, tras un proceso que comenzó en 2005 con una demanda 
interpuesta por la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera del 
Puerto de Tuxpan de Bienes y Servicios, SCL de CV.
Los peritajes determinaron que al 
descargar las aguas utilizadas en el complejo termoeléctrico se 
incrementa la temperatura de las aguas costeras adyacentes, lo que 
produce un impacto ambiental relevante que elimina las posibilidades de 
vida del material genético de los recursos biológicos, principalmente 
por el SO2.
Tan sólo en 2004 se emitieron a la 
atmósfera más de 232 mil 125 toneladas de SO2, en tanto que para 2006 la
 emisión total anualizada de dióxido de azufre fue de más de 185 mil 744
 toneladas.
El biólogo Raúl Enrique Arriaga 
Becerra, perito tercero en discordia en materia de impacto ambiental 
adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito, determinó en su dictamen sobre 
las zonas de interacción de los sistemas marino y costero y sitios 
internos de la Laguna de Tampamachoco que descargar las aguas utilizadas
 en la termoeléctrica a una mayor temperatura elimina las posibilidades 
de vida del material genético de los recursos biológicos. Resaltó que el
 dióxido de azufre contenido en las emisiones, al precipitarse y 
combinarse con el agua, se transforma en ácido sulfúrico, que acidifica 
el agua y los suelos adyacentes a la Laguna.
Otros contaminantes de generación 
esporádica producen un impacto ambiental sinérgico, entre los que se 
encuentran el cloro, utilizado en la limpieza de las tuberías del 
complejo termoeléctrico, señaló el perito.
Estos elementos químicos (cloro y 
dióxido de azufre) afectan el desarrollo y la maduración de las crías de
 camarón, robalo y lebrancha, especies que utilizan las lagunas costeras
 con ese propósito.
El detrimento de la ecología de la 
zona es provocado por la presencia de partículas suspendidas, óxido de 
nitrógeno, óxidos de azufre, monóxido y bióxido de carbón, resultantes 
de la quema del combustóleo que se emplea en la operación del generador 
de energía eléctrica, refirió el dictamen especializado.
Con base en los resultados de 
muestreos y análisis realizados por Laboratorios y Suministros 
Industriales, SA de CV, en febrero de 2008, y que los quejosos 
presentaron como prueba ante el Juzgado, la empresa identificó como 
contaminantes el arsénico, cianuro, cobre, mercurio, níquel, cinc, plomo
 y cadmio. Tomó en cuenta los resultados sobre la temperatura del agua, 
tales como la acidez o alcalinidad, grasas y aceites, sólidos 
sedimentables, sólidos suspendidos totales, demanda bioquímica de 
oxígeno, coliformes fecales (bacterias), fósforo, nitrógeno total y 
materia flotante.
Al determinar las consecuencias de la 
presencia de contaminantes encontrados en la vida acuática, el perito 
dijo que “los efectos sinérgicos, acumulados y residuales sobre la fauna
 bentónica han sido la mortandad de larvas y semillas, por la toma y 
descarga de agua con el contaminante; [la] reducción de la población 
adulta, por la excesiva muerte de estadios de desarrollo temprano que 
inciden en la población de ostión y deterioro de sus bancos de genoma; 
[la] reducción de zooplancton y fitoplancton para su alimentación, como 
consecuencia directa de su exterminio desde antes de que éste entre en 
el cuerpo lagunar por shock térmico y filtración mecánica en la toma de agua”.
 
El biólogo Arriaga Becerra dio cuenta 
al juez de la causa de la necesidad de establecer programas de 
remediación ambiental del sistema lagunar de Tampamachoco, en un periodo
 de entre 10 y 15 años –mediante la eliminación de las fuentes 
contaminantes en un periodo no mayor a 3 años–, y advirtió que en el 
caso de no llevarse a cabo, “en un horizonte de 10 años, provocará la 
total desaparición de las posibilidades de uso y aprovechamiento de los 
recursos pesqueros de escama, crustáceos y ostión”.
De realizarse las acciones de 
remediación, añadió en su dictamen, se favorecerá la entrada de material
 genético y de recursos biológicos que ya no serán destruidos por la 
operación de toma y descarga del complejo termoeléctrico de la Comisión 
Federal.
Pero en lugar de remediar el deterioro
 ambiental que provoca de manera constante, la CFE denunció penalmente a
 los pescadores ante la Procuraduría General de Justicia de Veracruz, 
por los delitos contra el consumo y la riqueza nacionales, en la 
modalidad de obstruir el acceso a las instalaciones o inmuebles del 
complejo hidroeléctrico Adolfo López Mateos.
Bajo la causa 83/03 radicada en el 
Juzgado Séptimo de Distrito de Tuxpan, resultaron penalmente 
responsables de esos delitos Víctor Manuel Cruz Rodríguez, Víctor Cruz 
Reyes, Enrique Mendoza Torres, Noé Blasco Cruz y Rubén Rodríguez 
Navarro, el 2 de diciembre de 2004. Los pescadores, en su lucha para 
presionar a la CFE para que resolviera sus demandas, fueron procesados 
por supuestos daños patrimoniales a la paraestatal.
A pesar del fallo de la jueza Emma 
Villagómez O (del Juzgado Séptimo de Distrito de Veracruz), para que 
sean indemnizados los pescadores, la paraestatal sigue derramando 
combustóleo, residuos industriales y emisiones de lluvia ácida por las 
miles de toneladas de dióxido de azufre que emite el complejo 
termoeléctrico.
Los afectados exigen el pago inmediato
 de la indemnización por los daños ocasionados por la planta industrial 
de la CFE, en virtud de las mermas económicas que han padecido a lo 
largo de 1 década y que se han reflejado en los ingresos per cápita y de
 conjunto de la sociedad cooperativa de producción pesquera, por la baja
 producción y su consecuente afectación comercial.
También exigen la instalación de una 
malla de protección para el zooplancton, ya que desde la puesta en 
operación de la planta termoeléctrica, las turbinas absorben el producto
 pesquero que debiera entrar a la Laguna; es decir, matan 
indiscriminadamente dichos productos.
 La versión oficial
La CFE, por conducto de la apoderada 
legal Dulce María Gisela Rodríguez, acusó a los pescadores de actuar con
 mala fe al señalar que resulta absurdo que la cooperativa reclame daños
 desde hace 10 años, “siendo que los permisos de pesca comercial son de 
2003 y 2004, cuando todavía no tenían concesiones de las autoridades 
correspondientes”.
En su escrito de respuesta a la 
demanda interpuesta por la cooperativa, la abogada de la Comisión 
Federal de Electricidad rechaza los argumentos de los pescadores 
afectados y señala entre otros puntos que “las obras de toma y descarga 
de canales de aguas de la Central no tienen contacto ni directo ni 
indirecto con el sistema lagunar de Tampamachoco, sino que son tomadas y
 descargadas directamente de las aguas del mar del Golfo de México”.
Igualmente sostiene que “si el 
complejo termoeléctrico no tiene comunicación directa con el sistema 
lagunar de Tampamachoco, es obvio que no puedan existir derrames de 
combustóleo, residuos industriales, desalojo de agua caliente, 
azolvamiento de bancos ostrícolas, mortandad de organismos que sean 
provocados por la operación de la Central”.
Carlos Álvarez, presidente de la 
asociación civil México, Comunicación y Ambiente, refiere que desde 
antes de la instalación de la termoeléctrica de la Comisión Federal de 
Electricidad en Tuxpan, los pescadores ya explotaban las especies de la 
Laguna de Tampamachoco, de tal manera que resultan infantiles los 
argumentos de la representante legal de la paraestatal.
El ingeniero Álvarez lamenta la 
negligencia de la CFE al negarse a pagar los 1 mil 582 millones de pesos
 a los productores agraviados, pues esto ha provocado la migración de 
los mismos. Y es que la baja productividad de crustáceos y peces de la 
Laguna, aunado al incumplimiento del laudo judicial, mermó a la 
población de pescadores: de 600 que eran hace 20 años, hoy sólo quedan 
100, que se mantienen en lucha por recuperar su fuente de trabajo.
El ambientalista refiere que la CFE ha
 incurrido en desacato al negarse a cumplir con la sentencia de la jueza
 Séptima de Distrito en Veracruz desde hace 2 años, a pesar de que fue 
ratificada por un tribunal colegiado de circuito.
Ya desde 2001, el biólogo Rubén 
Rodríguez Navarro, consultor en pesca, acuacultura y medio ambiente, de 
la subsecretaría del ramo del gobierno de Veracruz, realizó un estudio 
para determinar las causas de la baja producción pesquera de la Laguna. 
Su muestreo incluyó el análisis de las descargas industriales, 
hospitalarias y municipales, y recomendó fincar responsabilidades a 
quienes violen las normas oficiales de contaminación del aire, agua, 
suelo, manglares y organismos acuáticos.
Los resultados del estudio denominado Evaluación
 de las condiciones de productividad de esteros y lagunas causadas por 
la presencia de sustancias tóxicas en Tuxpan, Veracruz, fueron 
contundentes: “[…] se determinaron 15 fuentes de contaminación potencial
 del Río Tuxpan; de la Laguna de Tampamachoco y de la zona costera; 10 
son industrias, entre las que destaca el complejo termoeléctrico Adolfo 
López Mateos; dos descargas municipales y un hospital del Instituto 
Mexicano del Seguro Social […]”.
Así, luego de 2 años de incumplimiento
 de la sentencia judicial para resarcir los daños e indemnizar a los 
pescadores de la región, los inconformes exigen al gobierno de Enrique 
Peña Nieto que haga valer la ley y ordene a la Comisión Federal de 
Electricidad a actuar en consecuencia con el mandato del Juzgado Séptimo
 en materia civil de Veracruz.

 
    plumaslibres
    
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