La actitud asumida por las compañías
petroleras negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional que
por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar
a sus obreros el monto de la demanda económica que las propias empresas
llevaron a los tribunales judiciales por inconformidad con las
resoluciones de los Tribunales del Trabajo, impone al Ejecutivo de la
Unión el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un medio
eficaz que evite definitivamente, para el presente y para el futuro, el
que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por
la sola voluntad de las partes o de alguna de ellas mediante una simple
declaratoria de insolvencia como se pretende hacerlo en el presente
caso, no haciendo más que incidir con ello en la tesis misma de la
cuestión que ha sido fallada. Hay que considerar que un acto semejante
destruiría las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los
habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias, y
establecería las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las
industrias de cualquier índole establecidas en México y que se vieran
en conflictos con sus trabajadores o con la sociedad en que actúan; si
pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni
reparar los daños que ocacionaran con sus procedimientos y con su
obstinación.
Por otra parte, las compañías petroleras, no
obstante la actitud de serenidad del Gobierno y las consideraciones que
les ha venido guardando, se han obstinado en hacer, fuera y dentro del
país, una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo Federal hizo conocer
hace dos meses a uno de los gerentes de las propias compañías, y que ese
no negó, y que han dado el resultado que las mismas compañías buscaron:
lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, pretendiendo
por este medio hacer nulas las determinaciones legales dictadas por las
autoridades mexicanas.
Ya en estas condiciones no será suficiente,
en el presente caso, conseguir los procedimientos de ejecución de
sentencia que señalan nuestras leyes para someter a la obediencia a las
compañías petroleras, pues la substracción de fondos verificada por
ellas con antelación al fallo del Alto Tribunal que las juzgó, impide
que el procedimiento sea viable y eficaz; y por otra parte, el embargo
sobre la producción o el de las propias instalaciones y aun el de los
fondos petroleros implicarían minuciosas diligencias que alargarían una
situación que por decoro debe resolverse desde luego, e implicarían
también, la necesidad de solucionar los obstáculos que pondrían las
mismas empresas, seguramente, para la marcha normal de la producción
para la colocación inmediata de ésta y para poder coexistir la parte
afectada con la que indudablemente quedaría libre y en las propias manos
de las empresas.
Y en esta situación de suyo delicada, el
Poder Público se vería asediado por los intereses sociales de la nación
que sería la más afectada, pues una producción insuficiente de
combustible para las diversas actividades del país, entre las cuales se
encuentran algunas tan importantes como las de transporte, o una
producción nula o simplemente encarecida por las dificultades, tendría
que ocasionar, en breve tiempo, una situación de crisis incompatible no
sólo con nuestro progreso, sino con la paz misma de la nación;
paralizaría la vida bancaria; la vida comercial en muchísimos de sus
principales aspectos; las obras públicas que son de interés general se
harían poco menos que imposibles y la existencia del propio Gobierno se
pondría en grave peligro, pues perdido el poder económico por parte del
Estado, se perdería asimismo el poder político produciéndose el caos.
Es evidente que el problema que las
compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la nación con su
negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más Alto Tribunal
Judicial, no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una
situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interés
social de la clase laborante en todas la industrias del país la que lo
exige. Es el interés público de los mexicanos y aun de los extranjeros
que viven en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica de
los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación,
que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que
olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, bajo
leyes mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que les
imponen autoridades del propio país.
Se trata de un caso evidente y claro que
obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo
para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumisión,
sino porque habiendo quedado roto los contratos de trabajo entre las
compañías y sus trabajadores, por haberlo así resuelto las autoridades
del trabajo, de no ocupar el Gobierno las instituciones de las
compañías, vendría la paralización inmediata de la industria petrolera,
ocasionando esto males incalculables al resto de la industria y a la
economía general del país.
En tal virtud se ha expedido el decreto que
corresponde y se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en
este manifiesto al pueblo de mi país, de las razones que se han tenido
para proceder así y demandar de la nación entera el apoyo moral y
material necesarios para afrontar las consecuencias de una determinación
que no hubiéramos deseado ni buscado por nuestro propio criterio.
La historia del conflicto del trabajo que culminará con este acto de emancipación económica, es la siguiente:
El año de 1934 en relación con la huelga
planteada por los diversos sindicatos de trabajadores al servicio de la
compañía de petróleo El Águila, S.A., el Ejecutivo de mi cargo aceptó
intervenir con el carácter de arbitro a fin de procurar un advenimiento
conciliatorio entre las partes.
En junio de 1934 se pronunció el laudo
relativo y en octubre del mismo año, una sentencia aclaratoria fijando
el procedimiento adecuado para revisar aquellas resoluciones que no
hubiesen obtenido oportunamente la debida conformidad.
A finales de 1935 y principios de 1936 el C.
[ciudadano] Jefe del Departamento del Trabajo, por delegación que le
conferí, dictó diversos laudos sobre nivelación, uniformidad de salarios
y casos de contratación, tomando como base el principio constitucional
de la igualdad de salarios ante igualdad de trabajo.
Con objeto de hacer desaparecer algunas
anomalías, citó el propio Departamento, a una conferencia, a los
representantes de las diversas agrupaciones sindicales, y en ellas se
llegó a un acuerdo sobre numerosos casos que se hallaban pendientes y
reservándose otros por estar sujetos a investigaciones y análisis
posteriores encomendados a comisiones integradas por representantes de
trabajadores y patrones.
El Sindicato de Trabajadores Petroleros
convocó entonces a una asamblea extraordinaria en la que se fijaron los
términos de un contrato colectivo que fue rechazado por las compañías
petroleras una vez que les fue propuesto.
En atención a los deseos de las empresas y
con el fin de evitar que la huelga estallara, se dieron instrucciones al
Jefe del Departamento del Trabajo, para que, con la aquiescencia de las
partes, procuraran la celebración de una convención obrero patronal
encargada de fijar de común acuerdo los términos del contrato colectivo y
mediante un convenio que se firmó el 27 de noviembre de 1936. En tal
convención, las empresas presentaron sus contraposiciones y en vista de
la lentitud de los trabajos, se acordó modificar el estudio dividiendo
las cláusulas en económicas, sociales y administrativas para iniciar
desde luego el examen de las primeras.
Las contingencias de la discusión revelaron
las dificultades existentes para lograr un acuerdo entre los
trabajadores y las empresas cuyos puntos de vista se alejaban
considerablemente, juzgando las compañías que las proposiciones de los
obreros eran exageradas y señalando a su vez los trabajadores la falta
de comprensión de las necesidades sociales y la intransigencia de las
compañías por lo que la huelga estalló, en mayo de 1937.
Las compañías ofrecieron, entonces y en
respuesta a mis exhortaciones, aumentar los salarios y mejorar ciertas
prestaciones y el Sindicato de Trabajadores, a su vez, resolvió plantear
ante la Junta de Conciliación el conflicto económico y levantó la
huelga el 9 de junio.
En virtud de lo anterior, la Junta de
Conciliación y Arbitraje tomó conocimiento de ello y de acuerdo con las
disposiciones legales relativas fue designada con el fin indicado, por
el Presidente de la Junta, una comisión de peritos constituida por
personas de alta calidad moral y preparación adecuada.
La comisión rindió su dictamen encontrando
que las empresas podían pagar por las prestaciones que en el mismo se
señalan, la cantidad de $26 332 756,00 contra la oferta que hicieron las
17 compañías petroleras durante la huelga de mayo de 1937. Los peritos
declararon, de manera especial, que las prestaciones consideradas en el
dictamen quedarían satisfechas totalmente con la suma propuesta, pero
las empresas argumentaron que la cantidad señalada era excesiva y podría
significar una erogación mucho mayor que conceptuaron en un monto de
$41 000 000,00. Ante tales aspectos de la cuestión el Ejecutivo de mi
cargo auspició la posibilidad de que el sindicato de trabajadores de la
industria petrolera y las empresas debidamente representadas para tratar
sobre el conflicto, llegaran a un arreglo, lo que no fue posible
obtener en vista de la actitud negativa de las compañías.
Sin embargo de ello, deseando el Poder
Público una vez más lograr un convenio extrajudicial entre las partes en
conflicto, ordenó a las autoridades del trabajo que hicieran saber a
las compañías petroleras su disposición de intervenir para que los
sindicatos de trabajadores aceptaran las aclaraciones que habían de
hacerse en algunos puntos oscuros del laudo, y que más tarde podrían
prestarse a interpretaciones indebidas y asegurándoles que las
prestaciones señaladas no rebasarían de manera alguna los $26 332 756,00
no habiéndose logrado a pesar de la intervención directa del Ejecutivo
el resultado que se perseguía.
En todas y cada una de estas diversas
gestiones del Ejecutivo para llegar a una final conclusión del asunto
dentro de términos conciliatorios y que abarcan períodos anteriores y
posteriores al juicio de amparo que produjo este estado de cosas, quedó
establecida la intransigencia de las compañías demandadas.
Es por tanto preconcebida su actitud y bien
meditada su resolución para que la dignidad del Gobierno pudiera
encontrar medios menos definitivos, y actitudes menos severas que lo
llevaran a la resolución del caso sin tener que apelar a la aplicación
de la Ley de Expropiación.
Para mayor justificación del acto que se
anuncia, hagamos breve historia del proceso creador de las compañías
petroleras en México y de los elementos con que se han desarrollado sus
actividades.
Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo.
Esta afirmación es exagerada. Las compañías
petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de
grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de franquicias
aduanales; de exenciones fiscales y de prerrogativas innumerables, y
cuyos factores de privilegio, unidos a la prodigiosa potencialidad de
los mantos petrolíferos que la nación les concesionó, muchas veces
contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la
totalidad del verdadero capital de que se habla.
Riqueza potencial de la nación; trabajo
nativo pagado con exiguos salarios; exención de impuestos; privilegios
económicos y tolerancia gubernamental, son los factores del auge de la
industria del petróleo en México.
Examinemos la obra social de las empresas:
¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay
un hospital, una escuela o un centro social, o una obra de
aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una
planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros
cúbicos del gas que desperdician las explotaciones?
¿En cuál centro de actividad petrolífera, en
cambio, no existe una policía privada destinada a salvaguardar
intereses particulares, egoístas y algunas veces ilegales? De estas
agrupaciones, autorizadas o no por el Gobierno, hay muchas historias de
atropellos, de abusos y de asesinatos siempre en beneficio de la
empresas.
¿Quién no sabe o no conoce la diferencia
irritante que norma la construcción de los campamentos de las compañías?
Confort para el personal extranjero; mediocridad, miseria e
insalubridad para los nacionales. Refrigeración y protección contra
insectos para los primeros; indiferencia y abandono, médico y medicinas
siempre regateadas para los segundos; salarios inferiores y trabajos
rudos y agotantes para los nuestros. Abuso de una tolerancia que se creó
al amparo de la ignorancia, de la prevaricación y de la debilidad de
los dirigentes del país, es cierto, pero cuya urdimbre pusieron en juego
los inversionistas que no supieron encontrar suficientes recursos
morales que dar en pago de la riqueza que han venido disfrutando.
Otra contingencia, forzosa del arraigo de la
industria petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias
antisociales, y más dañosa que todas las enumeradas anteriormente, ha
sido la persistente, aunque indebida intervención de las empresas en la
política nacional.
Nadie discute ya si fue cierto o no que
fueran sostenidas fuertes facciones de rebeldes por las empresas
petroleras en la Huasteca Veracruzana y en el Istmo de Tehuantepec,
durante los años 1917 a 1920 contra el Gobierno constituido. Nadie
ignora tampoco cómo en distintas épocas a las que señalamos y aún
contemporáneas, las compañías petroleras han alentado casi sin
disimulos, ambiciones de descontentos contra el régimen del país, cada
vez que ven afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o
con la rectificación de privilegios que disfrutan o con el retiro de
tolerancias acostumbradas. Han tenido dinero para armas y municiones
para la rebelión. Dinero para la prensa antipatriótica que las defiende.
Dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores. Pero para el
progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa
compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas
mismas operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas
que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en
la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad
para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Tampoco lo hay para
reconocer una responsabilidad que una sentencia les define, pues juzgan
que su poder económico y su orgullo les escuda contra la dignidad y la
soberanía de una nación que les ha entregado con largueza sus cuantiosos
recursos naturales y que no puede obtener, mediante medidas legales, la
satisfacción de las más rudimentarias obligaciones.
Es por lo tanto ineludible, como lógica
consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y
legal para acabar con este estado de cosas permanente en el que el país
se debate sintiendo frenado su progreso industrial por quienes tienen en
sus manos el poder de todos los obstáculos y la fuerza dinámica de toda
actividad, usando de ella no con miras altas y nobles, sino abusando
frecuentemente de ese poderío económico hasta el grado de poner en
riesgo la vida misma de la nación, que busca elevar a su pueblo mediante
sus propias leyes aprovechando sus propios recursos y dirigiendo
libremente sus destinos.
Planteada así la única solución que tiene
este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material
suficiente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan
trascendente y tan indispensable.
El Gobierno ha tomado ya las medidas
convenientes para que no disminuyan las actividades constructivas que se
realizan en toda la República y para ello, pido al pueblo, confianza
plena y respaldo absoluto en las disposiciones que el propio Gobierno
tuviere que dictar.
Sin embargo, si fuere necesario, haremos el
sacrificio de todas las actividades constructivas en las que la nación
ha entrado durante este período de Gobierno para afrontar los
compromisos económicos que la aplicación de la Ley de Expropiación sobre
intereses tan vastos nos demanda y aunque el subsuelo mismo de la
Patria nos dará cuantiosos recursos económicos para saldar el compromiso
de indemnización que hemos contraído, debemos aceptar que nuestra
economía individual sufra también los indispensables reajustes,
llegándose, si el Banco de México lo juzga necesario, hasta la
modificación del tipo actual de cambio de nuestra moneda, para que el
país entero cuente con numerario y elementos que consoliden este acto de
esencial y profunda liberación económica de México.
Es preciso que todos los sectores de la
nación se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los
ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de
transporte, etc., desarrollen a partir de este momento una mayor
actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el
espíritu de nuestro pueblo, es capaz de salvar la economía del país por
el propio esfuerzo de sus ciudadanos.
Y como pudiera ser que los intereses que se
debaten en forma acalorada en el ambiente internacional, pudieran tener
de este acto de exclusiva soberanía y dignidad nacional que consumamos,
una desviación de materia primas, primordiales para la lucha en que
están empeñadas las más poderosas naciones, queremos decir que nuestra
explotación petrolífera no se apartará un sólo ápice de la solidaridad
moral que nuestro país mantiene con las naciones de tendencia
democrática y a quienes deseamos asegurar que la expropiación decretada
sólo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que no sienten la
necesidad evolucionista de los pueblos, ni les dolería ser ellos mismos
quienes entregaran el petróleo mexicano al mejor postor, sin tomar en
cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masa populares y
las naciones en conflicto.
El Presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Palacio Nacional, a 18 de marzo de 1938.Presidente Lázaro Cardenas del Río
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