La monstruosa maquinaria bélica de matanzas y abusos que la Administración Bush puso en marcha hace hoy diez años para destruir el régimen de Sadam Husein y apoderarse de Irak ha dejado un legado tan ponzoñoso como su génesis de mentiras y destrucción: la tortura sistemática es práctica corriente del Servicio Contraterrorista de Irak (CTS), la corrupción y el nepotismo se han establecido como forma de gobierno del régimen aliado de EEUU, y las multinacionales que acudieron al olor de la guerra se han lucrado inmensamente gracias al conflicto, en el que han perecido entre 112.000 y 122.000 civiles, según los cálculos meticulosos y conservadores de la ONG Iraq Body Count.
Una investigación del Financial Times acaba de concluir que Washington se ha gastado al menos 138.000 millones de dólares en contratos a grandes empresas implicadas en seguridad privada, logística y reconstrucción en Irak. Y que la compañía que más se ha beneficiado de ese maná de fondos públicos ha sido KBR, exsubsidiaria de la corporación Halliburton que dirigiera Dick Cheney antes de convertirse en vicepresidente de Bush y en el mayor promotor de la invasión ilegal que devastó el país.
KBR se ha embolsado hasta ahora no menos de 39.500 millones de dólares, con lo que encabeza muy destacada el ranking de multinacionales enriquecidas en la contienda, puesto que las dos que la siguen (las kuwaitíes Agility y Kuwait Petroleum Corp.) sólo han sacado 7.400 y 6.300 millones de dólares, respectivamente. A continuación, y también con contratas astronómicas, siguen grandes compañías estadounidenses especializadas en la privatización de las Fuerzas Armadas, como Dyncorp, que se ha llevado 4.100 millones por entrenar a la nueva Policía iraquí, o Triple Canopy (1.800 millones), una de las mayores empresas militares privadas, integrada por ex comandos especiales de la Delta Force.
Pero la iniquidad es mucho más infame de lo que esas cifras nos enseñan. El informe difundido en 2011 por la comisión parlamentaria sobre la contratación privada en las campañas bélicas de Irak y Afganistán estimó que esas empresas de servicios militares habían defraudado o despilfarrado unos 60.000 millones de dólares desde 2001, además de haber estado muchas de ellas (como Blackwater) implicadas en algunos de los más espantosos crímenes de guerra.
A lo largo de este decenio, la reputada organización norteamericana de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) ha estado alertando una y otra vez a la Casa Blanca y al Pentágono sobre las barbaridades cometidas por las tropas estadounidenses y británicas en Irak, sin que Washington ni Londres se hayan dignado a castigar a los culpables. En su último informe, difundido ayer, HRW hace un repaso de los más graves de esos abusos impunes, que empezaron en 2003 cuando la Administración Bush envió a los equipos de interrogatorio de la base de Guantánamo a aplicar en Irak las mismas técnicas de tortura, por orden del entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.
A partir de ese momento, las torturas se generalizaron en los centros de detención en Irak, como se demostró tras el escándalo de la prisión de Abu Ghraib, junto a Bagdad, y el descubrimiento de las cárceles secretas de la CIA, conocidas como “agujeros negros”. HRW documentó en enero de 2005 que las violaciones de los derechos humanos cometidas por los militares estadounidenses desde el mismo inicio de la invasión habían servido como precedente para que las nuevas Fuerzas de Seguridad de Irak practicaran sistemáticamente la tortura y el maltrato de los detenidos.
Todo ello hizo reaccionar al Congreso de EEUU, que aprobó la Ley de Tratamiento del Detenido en 2005, pero la Casa Blanca hizo caso omiso de su propio legislativo y a finales de 2007 la Fuerza Multinacional de ocupación dirigida por el Pentágono seguía teniendo a 24.514 presos sin cargos ni procedimiento judicial, a menudo sin prueba ninguna contra ellos. En los años siguientes, la mayoría de esos detenidos fueron entregados a la custodia de las fuerzas iraquíes pese a que Washington sabía que practicaban torturas de forma rutinaria.
Wikileaks reveló en 2010 cientos de cables secretos que demostraban que el Ejército de EEUU conocía esa práctica continuada de torturas por parte de las Fuerzas de Seguridad iraquíes y no sólo no intervino para ponerle freno, cuando hubiera podido hacerlo, sino que continuó transfiriéndoles prisioneros. Ese año y el siguiente, HRW siguió denunciando los abusos en cárceles secretas como el cínicamente denominado Camp Honor, en la Zona Verde de Bagdad, sin obtener ninguna respuesta del Gobierno que se arroga el derecho de juzgar el estándar democrático de todos los demás países del mundo.
La última información fidedigna sobre estrategia perversa es de este mismo mes de marzo. El muy neoliberal Wall Street Journal informa de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) está reforzando su apoyo al terrible CTS iraquí para “llenar el vacío dejado por el Ejército de EEUU” en la lucha contra los grupos presuntamente afiliados a Al Qaeda.
Han pasado diez años y la CIA vuelve a tomar las riendas de una supuesta “guerra contra el terrorismo” que en realidad no hizo más que sembrar el terror en gran parte del planeta. Y hoy, décimo aniversario de ese horror, los cuatro jinetes del apocalipsis de las Azores (Bush, Blair, Aznar y su anfitrión, Barroso) siguen jactándose de haberlo desencadenado.
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