Violencia, injerencismo y descomposición

 

Ayer por la mañana, en la carretera federal México-Cuernavaca, elementos de la Policía Federal (PF) agredieron a tiros a un vehículo con placas diplomáticas y adscrito a la embajada de Estados Unidos en nuestro país, en el que viajaban un efectivo de la Secretaría de Marina (Semar) y dos instructores de tiro estadunidenses, quienes resultaron heridos.

Tan oscuras como las causas que dieron pie a la agresión referida resultan las razones de la presencia de efectivos del vecino país en un vehículo diplomático, en compañía de elementos castrenses mexicanos y en dirección a un campo de tiro de la Armada, puntos que hasta el cierre de esta edición no habían sido esclarecidos por las autoridades y que tendrían que ser obligadamente explicados en el contexto de las pesquisas ya iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR).
La agresión, por otra parte, tiene como precedente ineludible una cadena de ataques en contra de efectivos estadunidenses –los casos más sonados son el asesinato del agente aduanal Jaime Zapata a manos de presuntos zetas– y contra empleados y edificios de ese país en el territorio mexicano, particularmente en las entidades fronterizas, situación que ha derivado en roces entre las autoridades nacionales y Washington, y que ha multiplicado las presiones y acciones intervencionistas de ese gobierno en México. Con esos antecedentes, la contradicción evidente entre las versiones manejadas sobre los hechos de ayer por las autoridades mexicanas –que dijeron que la agresión se dio mientras los efectivos de la PF realizaban actividades de persecución del delito– y la propia embajada de Estados Unidos –que habló de una emboscada en contra de sus funcionarios– hace que las implicaciones del episodio resulten preocupantes, tanto por las tensiones que pudieran derivar entre ambos gobiernos, como por el riesgo de un recrudecimiento en la injerencia política, policial, militar y de inteligencia de Estados Unidos en México.
Por lo demás, el evento no puede sustraerse del panorama de descoordinación existente entre las distintas dependencias supuestamente encargadas de combatir al crimen organizado en México y salvaguardar el estado de derecho –el Ejército, la Marina, la SSP y la PGR–, descontrol que se explica, de alguna manera, por la propia intromisión de Washington en nuestro país. Un punto de referencia ineludible del episodio registrado ayer a las afueras de esta capital es el contenido de los cables redactados por la representación diplomática de Estados Unidos en México, filtrados por Wikileaks y difundidos por La Jornada: en efecto, en dichos documentos no sólo se da cuenta de los jaloneos y las pugnas existentes entre las instituciones referidas, sino que se exhibe a Washington como actor activo en la retroalimentación de las mismas: baste citar, como ejemplos, los términos más que críticos en los que los funcionarios de ese gobierno suelen referirse al Ejército –al que presentan como incapaz de combatir al crimen organizado– y su marcado favoritismo por la Marina, así como las alusiones al titular de la SSP, Genaro García Luna, como alguien que no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor o que tolera las actividades de sus subordinados.
En suma, la estrategia de combate a las drogas impuesta por Estados Unidos en diversas naciones al sur de su frontera, y la suma de claudicaciones que ello ha implicado en materia de soberanía nacional frente al gobierno del país vecino, no sólo ha resultado manifiestamente ineficaz y contraproducente en su pretendido propósito de contener la violencia y el tráfico de estupefacientes en el país; también, según puede verse, ha resultado un componente sumamente tóxico para la institucionalidad política y de seguridad en México, la cual se encuentra en una sima de descontrol institucional sumamente peligrosa y preocupante para el conjunto de la población, ha resultado lesiva para la relación bilateral –sumida en la pérdida de confianza mutua– y para la soberanía nacional, y ha representado, a la postre, un riesgo para la seguridad de los propios funcionarios estadunidenses en nuestro país.

Editorial