Silvia Núñez Hernández / Fuente de
La inseguridad en el estado de Veracruz –acentuado en los municipios en donde el operativo “Veracruz Seguro” no vigila o lo hace de manera intermitente- aun es parte del contexto social. En los medios de comunicación aun circula información sobre enfrentamientos entre el crimen organizado y los elementos castrenses, –como los originados en la ciudad capital- levantones a mafiosos y secuestros a empresarios de renombre en la entidad, también el ajuste de cuentas entre las bandas delictivas.
Ante
la advertencia de la Secretaría de Marina que en el mes de noviembre la
Policía Naval (PN) que vigila celosamente la conurbación Veracruz-Boca
del Río, provocó en sus habitantes y las instancias de procuración de
justicia federal, preocupación. Sin preámbulos el presidente del Consejo
de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República
(PGR), Arturo Mattiello Canales, ha convidado al gobernador del estado,
Javier Duarte de Ochoa a realizar la solicitud al presidente de la
República, Felipe Calderón Hinojosa, para que los militares no dejen en
indefensión a la población veracruzana.
Hasta ahora el mandatario estatal no ha dicho “ésta boca es mía”, como tampoco por parte del
adormilado –pues pareciera que no contamos con titular de la SSP-
Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública. Al parecer,
Javier Duarte de Ochoa, jugando con la estabilidad emocional de los
veracruzanos, esperará hasta último momento para finalmente solicitar el
apoyo del operativo “Veracruz Seguro”. Todos tenemos constancia y sobre
todo, la plena seguridad que los elementos de la corporación estatal no
cuentan con la capacidad de llevar a cabo esta importante labor, como
es el resguardar y dar protección a los ciudadanos; su “famosa
restructuración de la policía” es más un anuncio mediático que una
acción real por parte del gobierno del estado.
El
secuestro del hotelero y agricultor en la zona de Xico, Ranulfo Morales
Viruez de 53 años de edad, quien fuera interceptado y posteriormente
plagiado en las inmediaciones por dos personas encapuchadas, –según
versión de los testigos oculares- el jueves 23 de agosto.
Su
libertad la obtuvo, pues al parecer los secuestradores eran novatos y
éste logró escapar de la casa de seguridad en donde lo mantenían en
cautiverio, arribando al domicilio de un pariente, en donde de inmediato
se notificó a su familia y a las autoridades. Ahora la pregunta que
todos nos hacemos: ¿Qué tipo de protección le ofrecerá tanto la
Procuraduría General de Justicia en el estado como la autoridad estatal?
¿Tiene claro el tipo de acciones que deben de ejecutar a favor de una
persona plagiada y liberada, para ofrecerle certeza a su integridad y la
de su familia?
En
la nube gubernamental, el estado de Veracruz se encuentra en su máximo
esplendor; desafortunadamente la realidad, es tristemente otra. Por
ello, consideramos pertinente que si no se cuenta con una real
estrategia para devolverle la tranquilidad en materia de seguridad a los
habitantes de la entidad veracruzana, pues entonces, el gobernador del
estado, Javier Duarte de Ochoa debe solicitar al gobierno federal de
manera oficial que los elementos de la Secretaría de Marina, sean
quienes protejan a nuestra comunidad; pues sólo con ellos los ciudadanos
nos sentimos realmente salvaguardados.
Desafortunada muerte
El
04 de agosto del año en curso, fue un día que marcó a cada uno de los
16 tripulantes de la embarcación panameña denominada “Valencia”, cuando a
cuatro días de haber zarpado, la cadete de 22 años, Dayra Karlany Wood
Pino cayó mortalmente a la maquinaria a donde realizaba faena, perdiendo
a su vez del lamentable suceso, dos extremidades.
El
capitán del barco, José Galloway Molina sin la menor conciencia, ética y
moralidad, decidió meter el cuerpo en un frigorífico y continuar como
si nada hubiera pasado, su destino. Ante la historia nefasta del
encargado de dirigir a los tripulantes del barco “Valencia”, radio bemba
argumenta que éste decidió tal acción porque se enteró que en Veracruz,
las autoridades encargadas en la procuración de justicia, eran
corruptas y así, podría quedar liberado fácilmente de la investigación
legal de este supuesto accidente.
La
fantasía en Veracruz no se aleja de la realidad con relación a la
corrupción imperante entorno a los Ministerios Públicos, quienes
“atienden” en charola de plata a quienes ofrecen grandes sumas de dinero
para empantanar, procesar o en su defecto destrabar un proceso legal a
su favor –según sea la conveniencia del cliente- y así lograr, que una
persona quede plenamente liberada sin merecerlo o le sea dictado auto de
formal prisión aun siendo inocente.
La victoria twittera
No
es extraño conocer historias en los Juzgados del Ministerio Público
tanto estatal como federal –no hay a cual irle- en donde los encargados
piden y piden dinero a los familiares de los procesados para “agilizar”
su caso.
Tampoco
es ya extraño escuchar, como estos trabajan en pro y beneficio de las
autoridades de procuración de justicia para así acusar –a beneficio del
gobernador- a alguna persona.
La única víctima
Tenemos
que recordar que el día sábado, se cumplió un año del encarcelamiento
de dos usuarios de las redes sociales del puerto de Veracruz y Boca del
Río. La situación que vivieron el 25 de agosto del 2011, tanto Gilberto
Vera Martínez y de la ex directora de Actividades Artísticas de la
Secretaría de Educación Veracruz (SEV), María de Jesús Bravo Pagola -en
la administración del ex gobernante priísta, Fidel Herrera Beltrán y
madre del ex tiburón, Francisco Bravo que a raíz de su encarcelamiento y
liberación, ocupa actualmente un puesto en el gobierno estatal- quienes
fueron detenidos al ser acusados de terrorismo, luego de la
supuestamente psicosis colectiva que originaron en la conurbación Veracruz-Boca del Río, al alerta sobre balaceras en diversos planteles educativos.
En
ese momento el juzgado tercero de lo penal a cargo de Beatriz Hernández
se prestó a la presión gubernamental al pretender castigar a los
supuestos terroristas. El problema de este acto, es que ante la
intolerancia de Javier Duarte de Ochoa en contra de la ex titular de
Actividades Artísticas quien meses atrás sostenía una evidente
confrontación con el ejecutivo por medio de las redes sociales, luego de
que no fue considerada para ocupar algún puesto dentro de su gabinete.
Acto
seguido, el mandatario aprovechó el hecho de las publicaciones emitidas
por parte de María de Jesús Bravo Pagola, para ordenar su
encarcelamiento. La detención del catedrático, Gilberto Martínez Vera,
fue realizada para tapar las apariencias por parte de la autoridad
estatal en contra de la ex funcionaria. Entonces, podemos considerar que
la única víctima de los arrebatos del gobernante en turno, fue el
académico.
Con
la rectitud que le caracteriza, Gilberto Vera Martínez logró –con apoyo
de su madre y de la presión ejercida por los usuarios de las redes
sociales y por las manifestaciones sociales que se realizaron en apoyo-
salir de su encarcelamiento en Pacho Viejo y por ende, continuar poco a
poco a integrarse a su academia, rescatando nuevamente su tranquilidad.
Por
ello, le otorgo mi más sincero saludo, al catedrático y matemático, y
sobre todo al gran amigo, quien sin intentar protagonismos de alguna
índole, continúa formando y educando a nuestra juventud veracruzana.
Pero sobre todo, permitiendo que estos se instruyan bajo estándares de
ética, muy necesarias en la actualidad y valores totalmente ajenos a la
administración actual.
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