La periodista y defensora de los derechos humanos en México Lydia Cacho, anunció su retiro del país, ya que recibió nuevas amenazas de muerte que hacen referencia a su trabajo periodístico. La sociedad espera una rápida respuesta del Estado Mexicano para que cumpla con la implementación de medidas que garanticen la vida de la activista, también férrea crítica de las mafias que operan con las complicidades políticas en la trata de mujeres y niñas en el país.
En diciembre del año 2005, la periodista sufrió la primera embestida de los hombres del poder, cuando el entonces gobernador del estado de Puebla Mario Marín, conocido como el ex gober “precioso” a sugerencia del empresario Kamel Nacif Borge, movió sus influencias para que la arrestaran durante varias horas.
El escándalo cobró dimensiones cuando se hizo pública la grabación de una conversación telefónica entre Mario Marín y el empresario de la mezclilla, Kamel Nacif señalado por la periodista, en su libro los “Demonios del Edén”, de ser proclive a las actividades de pederastia.
En ese mismo año, el amigo y mecenas de muchos políticos en el país, presentó ante la Procuraduría General de Justicia de Puebla, una denuncia penal por presunta difamación contra la comunicadora oriunda de Quintana Roo.
Tras 12 meses de litigios en juzgados del fuero común de Puebla y Quintana Roo, un juez penal del Distrito Federal determinó en enero del año 2007, desechar el juicio abierto en diciembre de 2005 por una juez con sede en la capital poblana, que había respondido a los intereses de Mario Marín y sus amigos.
“Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad, y quien comete un delito se llama delincuente”, le confió vía telefónica Marín a Nacif en una conversación que sepultó la imagen de ambos personajes y llevó al ex gobernador a ser sujeto de escrutinio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luego de haber obtenido su libertad, la activista acusó al ex gobernador de confabulsarse con Kamel Nacif con el propósito de “darle un escarmiento” por haberlo relacionado con Jean Succar Kuri, empresario de Cancún Quinta Roo, preso actualmente y sujeto a varios procesos penales por abusos sexuales contra menores de edad.
En noviembre del año 2007, una comisión especial de la Suprema Corte de Justicia de la nación, que investigó el caso Mario Marín, propuso declarar al ex gobernador de Puebla y a otros 29 funcionarios culpables de grave violación de garantías contra la escritora Lydia Cacho.
Sin embargo, como en México la justicia responde a los intereses de los poderosos, no a los del pueblo, nunca hubo sanción para el ex gobernador de Puebla que hace apenas cuatro meses, se dio el lujo de ser nombrado uno de los coordinadores en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y no se duda, será designado en el próximo gabinete que gobernará al país.
Tampoco puede descartarse, que las nuevas amenazas contra la comunicadora estén relacionadas con la repentina “censura” que de la noche a la mañana se está registrando en el país, en contra de comunicadores independientes y casualmente críticos de Enrique Peña Nieto.
En plena campaña la periodista Lydia Cacho dijo a través de su cuenta de twitter que el libro “la gran esperanza” que apareció con la firma de Enrique Peña Nieto, fue escrito por un estudiante del ITAM, al que se refirió como escritor fantasma”. Es sus columnas, también ha señalado a exgobernadores uno de Veracruz, de poseer millonarias cuentas bancarias en Islas Caimán.
En todas sus obras, la comunicadora denuncia el terrible nivel de impunidad que priva en México y en otros países del mundo donde las autoridades permiten, la operación de las bandas que trafican con seres humanos para prostitución o esclavitud.
“Con mi hijo no”, “memorias de una infamia”, “esclavas del poder”, sus mas recientes obras dignas de ser leídas, para que se de una idea mas clara sobre el por qué Lydia Cacho está siendo víctima otra vez, de amenazas de muerte que la obligan a exiliarse de México por un tiempo.
A los ciudadanos ya no extrañan estos hechos, está visto que por encima de leyes que les fijan límites, gobernadores y funcionarios federales, locales y todos los niveles, andan sueltos abusando del poder caciquil en sus entidades y en el país.
Por eso ven en la libertad de expresión un serio obstáculo para sus ambiciones dictatoriales.
Por todos los medios (desapariciones, amenazas, agresiones y homicidios) persiguen a los periodistas para que la información y la crítica dejen de cumplir con su deber democrático-republicano de poner a los protagonistas de cara ante la opinión pública.
¿Qué debe pasar en México para que esta historia de impunidad termine?.
¡Dios nos agarre confesados!.
liliabaizabal@hotmail.com
por Lilia Baizabal
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