Keith Piggott, Presidente y CEO de Goldgroup, negó que su empresa vaya a cancelar el proyecto minero de Caballo Blanco luego de la postura anunciada por el gobierno del estado de Veracruz y con toda la tranquilidad del mundo reafirmó la disposición del gobierno federal de las secretarias de Economía, Semarnat y Energía, para que continúe. A qué obligan entonces a los ambientalistas y ciudadanos opositores a la mina.
“El gobierno federal no nos ha impedido realizar nuestro proyecto minero y seguimos trabajando en estrecha colaboración con todas las partes interesadas en que este sea sustentable”, dijo en entrevista reciente a IB Times Gold, medio especializado en asuntos de minería. Esto, ante la indiferencia de las autoridades locales.
No extrañan las declaraciones del dueño de Gold Group cuando en los hechos, se ha observado que pese a la postura del gobierno del estado de Veracruz y el poder legislativo, los trabajos han continuado en el cerro de la Paila.
Por eso comentamos en su momento que los ambientalistas y la gente que vive en los municipios de Actopan y Alto Lucero, debía mantenerse incrédula de la decisión anunciada por la autoridad estatal, donde funcionarios presionados por la opinión pública, salieron a manifestar su rechazo, pero en los hechos, no han realizado una sola actividad para frenar la continuación de los trabajos.
“ Y hasta no ver, no creer”, reza la sabia filosofía popular.
Keith Piggott, deja en claro que la empresa canadiense es la dueña absoluta del 100% del proyecto minero. Con lo que se reafirma la farsa de la minera Cardel, cuyos presuntos directivos han presumido ser socios en el proyecto. Cuando en toda la región jamás se ha desarrollado una sola actividad relacionada con minas, la gente vive de la agricultura, comercio, ganadería, turismo.
También reafirma que Gold Group tiene los permisos federales y que no han recibido notificaciones de rechazo al proyecto, luego de la postura del gobierno del estado de Veracruz.
En otras palabras todas las opiniones de expertos en la materia, de ambientalistas, científicos, pobladores y demás gente que se manifestado en las consultas, no han servido para absolutamente nada.
Y se sospecha que la postura de la administración de Veracruz fue “lavarse las manos” “curarse en salud”, para no recibir mas rechazo de la opinión pública pero en los hechos, no hacen absolutamente nada para hacer respetar la soberanía del estado.
A nadie la preocupó, considerar lo establecido en las normas regulatorias de la “United States Nuclear Regulatory Commission” (USNRC), que prohíben actividades no relacionadas con el reactor de Laguna Verde en un radio menor de 25 kilómetros a la redonda.
El proyecto minero se encuentra a sólo 3 kilómetros. La misma Secretaría de Energía a través del gerente de la central nuclear de Laguna Verde, operada por la CFE, Rafael Fernández de la Garza, salió a decir, sin presentar los resultados de estudios que demuestren lo contrario, que las explosiones realizadas por la minera canadiense en los alrededores del cerro la Paila, no afectará la operación de Laguna Verde.
Guillermo Rodríguez Curiel, integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LaVida, reiteró además las otras razones para oponerse al proyecto minero Caballo Blanco, “defender los cerros de La Paila y Las Cruces y el rancho El Niño (donde operarían tres minas a cielo abierto), es defender la vida, a las cícadas, encinos enanos, encinos tropicales, a ciento treinta y dos especies de mamíferos, cuatro millones de aves rapaces migratorias, que viajan desde los Estados Unidos y el Canadá hacia el Sur y ahí descansan, tanto para llegar al sur como para regresar al norte.
Hay en el lugar más de 20 tipos de libélulas”, aseguró. Incluso, en una exploración del lugar, vieron un venado “muerto por los venenos que está usando en el agua la empresa canadiense”, en su fase de exploración. “¿Cómo vamos a permitir que acaben con el patrimonio histórico de los veracruzanos?”, cuestionó.
Y aseveró: “Veracruz no es de Felipe Calderón ni de los canadienses.
Una historia de mentiras y corrupción.
La ley obliga a las empresas mineras a presentar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) GoldGroup, bajo el nombre Candymin SA de CV, presentó en noviembre de 2011 su primera MIA de explotación, pero la retiró de la Semarnat “por así convenir a sus intereses”, ya que no había cumplido con el requisito legal de publicar un resumen en medios de amplia circulación en Veracruz.
Luego, les dio “el sabadazo”, volvió a ingresar la MIA de explotación el último día antes de vacaciones de diciembre y en el Distrito Federal, pero LaVida estaba atenta y de nuevo, igual que la primera vez, presentó cientos de cartas con firmas de personas de los municipios del Alto Lucero, Actopan, del estado de Veracruz y organizaciones de todo el país.
Con el apoyo de cientos de firmas, se exigió a la Semarnat no solamente una “consulta pública” (cuestionario que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, hace como requisito burocrático, pero luego no toma en cuenta, por favorecer a las mineras), sino una reunión informativa, un foro de todo un día en el que los demandantes pueden exponer (en aproximadamente 5 minutos) sus cuestionamientos y la empresa tiene que responderlos.
Manuel Molina, delegado panistas de la Semarnat en Veracruz, contestó por escrito que “se reserva el derecho” de hacer o no una reunión informativa.
Pero es una reunión importante porque es pública y cara a cara. Al final se ha visto su actuación inclinada a favorecer a la canadiense. No estaría mal que tras conocer las declaraciones del dueño del proyecto minero Caballo Blanco, los defensores del medio ambiente en Veracruz actuaran como en Baja California donde otra minera canadiense, recibió el apoyo del gobierno federal para explotar “La Pitaya”, tomaron las instalaciones y cerraron con piedras, tierra y lo que encontraron, los accesos a los caminos que conducen a la mina, para parar el funcionamiento.
Un nuevo truco de la minera, que LaVida denunció y revirtió, fue que la empresa canadiense presentó un “informe preventivo” a la Semarnat por sus lagunas de lixiviación, con esa maniobra pretendía que ese tema (uno de los más importantes) quedará fuera de la consulta pública sobre la MIA.
La Semarnat rechazó ese informe, que presentaba una laguna de lixiviación piloto para luego darla por definitiva, sin consulta. LaVida anunció esto como un pequeño triunfo y algunos medios erróneamente publicaron que le habían rechazado la MIA.
Por cierto, sacar una copia certificada del documento sale en 14 pesos la hoja, por lo que Guillermo Rodríguez la consulta directamente, con sólo hojas y lápiz, porque se prohiben llevar cámaras de foto o escáners.
Normalmente, en respuesta a las demandas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, hace visitas de rutina en las que las empresas las agasajan con una comida, un paseo por el lugar para que reporten “todo en orden”, luego una comida, pero no invitan al demandante para que vea el lugar y pruebe sus objeciones, se quejó Guillermo Rodríguez.
Hay funcionarios dentro de la Semarnat que son proclives a las empresas y les aprueban todo. “Jorge Santander, subdelegado en Gestión Ambiental de la Semarnat, es aliado de la empresa minera”, acusó.
De hecho, comentó el entrevistado que en reunión con la REMA (Red Mexicana de Afectados por la Minería) supo que los movimientos opositores ganan todos los pleitos judiciales contra las mineras canadienses, y que todas siguen trabajando, sin permiso, con suspensiones provisionales de uno y otro amparo que jamás ganan.
Se reunieron con magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y les dijeron “nosotros cumplimos, ustedes tienen su resolutivo de que ganaron, pero ahora toca al poder Ejecutivo clausurar, y aquí hay división de poderes”.
En resumen, contra toda ley, las mineras canadienses operan “por las pistolas de Felipe Calderón y las corrupciones de los secretarios de Economía, Energía y Semarnat, expresó.
Comenta que un pleito judicial a la mina, “se lo vamos a ganar. En la REMA le han ganado trescientos veinticinco juicios a las mineras. Todas siguen funcionando, todititas. “Todas las minas, lo digo con toda responsabilidad, que en México operan a tajo abierto, están operando sin el permiso consecuente”.
Después de estos contundentes datos ustedes creen que las autoridades del estado de Veracruz harán algo para defender los intereses de los ciudadanos y el medio ambiente. Se ve claro que no.
Entonces no le queda de otra a los ambientalistas y a los ciudadanos que serán afectados por el trabajo de Caballo Blanco, salir a protestar para recordarle a los funcionarios federales las 4 veces que los jarochos han tenido que salir a defender su tierra.
Se equivocan si piensan que la gente se cruzará de brazos ante esta evidente decisión centralista que afectará a cientos de ciudadanos. No hay mas.
liliabaizabal@hotmail.com
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