MÉXICO, D.F., 4 de octubre.- Cuando el martes 28 de septiembre salieron a la calle cinco agentes policiacos que habían sido detenidos junto con 30 personas más en el célebre michoacanazo, y sólo siguió preso uno de dos docenas y media de alcaldes y funcionarios municipales y estatales de Michoacán privados de su libertad en mayo de 2009, quedando de manifiesto la injusticia, el ridículo y el talante político de la operación, su autora, Marisela Morales Ibáñez, tuvo que dar la cara.
Aunque no necesariamente tenga autoridad para hacerlo, la avaló su jefe, el procurador Arturo Chávez Chávez, quien no había sido designado en ese cargo cuando se inició la vasta maniobra que ahora reventaba. Como se recuerda, en aquel entonces era abogado postulante o consultor en el despacho de Diego Fernández de Cevallos, quien lo había ya colocado en la lista de espera para cuando se marchara (a Londres) Eduardo Medina Mora. Aunque Chávez Chávez participó también en la conferencia de prensa del jueves 30, en torno a casos que no conoce desde su origen, cedió la palabra a la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), a quien reconoció “públicamente capacidad, entrega, profesionalismo y valentía”, atributos de los que dudaría quien estuviera al tanto del tema por abordar.
La subprocuradora dijo en síntesis, aunque con otras palabras, que no fueron apreciados por los jueces los muy completos expedientes de acusación contra quienes pasaron hasta 17 meses sin que se les hallara responsabilidad penal. Descargó sobre ellos la responsabilidad de que la peligrosa movilización en que se detuvo a funcionarios que disponían de fuerza pública (y por lo tanto hubieran podido utilizarla para su protección, pues los policías que los capturaron parecían y actuaban como si fueran secuestradores o asaltantes) terminara en fracaso, como la opinión pública interpretó el que de treinta y tantos procesados sólo quedara uno, el alcalde priista de Múgica, en la penitenciaría michoacana. Centró su defensa de las actuaciones ministeriales en la participación de los testigos colaboradores, cuyos dichos, alegó, fueron avalados por tribunales de apelación, que otorgaron “pleno valor probatorio a la declaración de esos testigos”.
La tomó especialmente en contra del juez primero de Distrito en Morelia, autor de varios de los fallos por los cuales están en libertad los injustamente presos, y el que permitió a Julio César Godoy Toscano protestar su cargo de diputado federal. Dijo la subprocuradora que en nueve casos ese juzgador, Efraín Cázares, “no sólo decretó en forma cuestionable la libertad de los inculpados, sino que actuando en total contradicción a la ley, resolvió, al momento mismo de decretar la procedencia de la libertad por falta de elementos y la libertad por desvanecimiento de datos, el sobreseimiento del proceso, sin contar para ello con fundamento legal alguno, lo que implica que con esa determinación impide al agente del Ministerio Público de la Federación presentar pruebas y reactivar el procedimiento”.
Esas resoluciones y otras a las que la funcionaria se refirió, así de pecaminosas, no fueron objeto de queja alguna, en su momento, ante el Consejo de la Judicatura. Sólo ahora, cuando quedó claro que las acusaciones no fueron probadas y casi todos los detenidos se han marchado a sus casas, la PGR presentó ese recurso ante el órgano que supervisa la actuación de los juzgadores.
Con insistencia que parecía insidiosa, la subprocuradora añadió cargos contra Cázares, a quien no mencionó por su nombre, sino sólo aludió refiriéndose al juzgado del que es titular: “Las decisiones del juez primero de Distrito en Michoacán son contradictorias, toda vez que en una misma resolución señala que las declaraciones de los testigos colaboradores tienen pleno valor probatorio y son útiles para comprobar que se cometió el delito de delincuencia organizada, y en otra parte menciona que esas declaraciones no son válidas, porque los testigos no declararon en presencia de un abogado”.
Fue más allá la titular de la SIEDO: dijo del multicitado juez primero de Distrito que “resolvió extrañamente acumular” el proceso de Luis Servando Gómez Patiño –hijo de La Tuta, como se apoda al jefe de La Familia michoacana– al de los detenidos en mayo de 2009. La extrañeza le viene de que el juicio contra Gómez Patiño “es más antiguo que el de los servidores públicos del estado de Michoacán y en todo caso lo procedente debió haber sido acumular a la inversa, por lo que se prevé utilice los mismos argumentos anteriormente señalados para dejarlo en libertad”.
Esos y otros señalamientos contra el juez primero de Distrito de Morelia hacen suponer que pronto se intentará procesarlo. Pero si se llega a ese extremo, o al esbozado por el procurador y la subprocuradora de reiterar las acusaciones contra los detenidos y liberados, aun los que fueron absueltos en sentencias (que no están firmes, según insistieron), se enfrentarán a la incredulidad ciudadana, pues la gente supondrá que para lavarse la cara puede llegar a cualquier extremo –incluido un nuevo michoacanazo corregido y aumentado– el Ministerio Público, a cuya cabeza actúa en este caso la licenciada Morales Ibáñez.
Ella ascendió a su actual cargo al comenzar agosto de 2008, cuando se iniciaba la operación limpieza en la PGR. El entonces procurador Medina Mora despidió en un reajuste de su gabinete a los subprocuradores Noé Ramírez Mandujano y José Luis Santiago Vasconcelos, quienes en ese momento iniciarían un trayecto trágico. Ramírez Mandujano –en cuyo lugar fue nombrada Morales Ibáñez, quien hasta entonces estaba bajo sus órdenes, como jefa de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores– recibió un aparente premio de consolación: se le envió a Viena, como representante de México ante el organismo de la ONU contra las drogas. Pero sólo permaneció allí unos meses. En noviembre se percató de que se realizaban averiguaciones en su contra, volvió a México a responder en ellas y se le detuvo. Actualmente está sujeto a proceso, preso en una cárcel de alta seguridad.
Fue peor el destino de Santiago Vasconcelos, quien durante unos meses, después de un breve periodo de desasosiego (pues lo dejaron en la calle), fue llamado a encabezar el organismo que implementa la reforma judicial en materia penal. Volvía de San Luis Potosí tras un acto relacionado con esa función cuando, pasajero casual en el avión en que viajaba el secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, murió al precipitarse a tierra el aparato.
En poco más de dos años al frente de la SIEDO, además del resultado del michoacanazo, Morales Ibáñez ha tenido otros momentos difíciles. En un juicio contra un presunto miembro de Los Zetas, se le perdió la testigo colaboradora en que se sustentaba su acusación. No le quedó más remedio que comunicar ese hecho al juez del caso: se excusó de presentar a ese testigo “toda vez que por el momento no es posible localizarlo, ya que abandonó el servicio de escolta y se procede a girar la localización y presentación en contra de dicho testigo”. Era probablemente una delincuente arrepentida, que se habría fugado, por lo cual la triste comunicación concluye diciendo que “se está en el proceso de estudio de su situación jurídica”.
Agente del Ministerio Público Federal desde tiempo atrás, el procurador Rafael Macedo de la Concha la nombró coordinadora general de Investigaciones de la PGR. Entre los casos que le correspondió encarar ante la opinión pública se contó el de la reanudación de las averiguaciones sobre el asesinato del cardenal José de Jesús Posadas Ocampo, donde su actuación no arrojó ninguna novedad. Fue diferente el resultado en la indagación que condujo al desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en que aportó las constancias ministeriales utilizadas para el juicio legislativo contra el jefe de gobierno del Distrito Federal.
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