Jalcomulco (Veracruz) es una de las múltiples sedes de un conflicto de
dimensiones globales. Odebrecht, el conglomerado brasileño de negocios
que impulsa el proyecto de la presa hidroeléctrica en la comunidad, es
una suerte de actor de reparto. El protagonista es la población en
resistencia. El primero representa el procedimiento rutinario de
extracción, desposesión, suspensión de soberanía. El segundo representa
el ulterior acontecimiento: es decir, la condición de la posibilidad de
una ruptura con el procedimiento rutinario.
Veracruz es uno de los estados más ricos en recursos naturales. Que para
el caso de una región en condición de bancarrota política,
jurídicamente desprotegida, económicamente hipotecada, esta riqueza se
traduce en calamidad. Cabe recordar que el territorio veracruzano tiene
en puerta “más de 100 proyectos hidroeléctricos en seis cuencas del
estado… [explotación] de 93 minas con 206,552 hectáreas concesionadas…
[disposición] de 745 km de la costa veracruzana para la construcción de
parques eólicos… [y por añadidura, no se debe soslayar] que 90% del
territorio veracruzano es susceptible a la fracturación hidráulica” (El Jarocho Cuántico 9-III-2014).
Acá no valen los análisis de especialistas, peritos o científicos.
Porque el problema no es técnico; es político. Da pena observar a
ciertos académicos “opositores” al proyecto invocando estudios
pretendidamente científicos que confirman los efectos perjudiciales que
entraña la construcción de la presa. No se difiere con el diagnóstico
(la virtual nocividad de la presa); sí en cambio con la estrategia
discursiva (inconscientemente convalidando la supuesta necesidad de un
análisis de orden científico, por oposición a una consulta ciudadana).
Omiten tercamente al actor central, y tratan condescendientemente al
ciudadano. La ilegitimidad del proyecto antecede a cualquier tipo de
estudio: es el resultado de una iniciativa privada, que no reconoce
siquiera como interlocutor marginal a la gente de la comunidad. Típica
política neocolonial: usufructo privado de los recursos, desconocimiento
agravante de la soberanía de un territorio y población. En el marco de
la neoliberalización, la incautación de recursos naturales se discute o
dirime en términos científicos o técnicos. Es preciso repolitizar este
remedo chiclero de saber tecnocientífico.
En esta era de recolonización silenciosa, cualquier transnacional puede
conducir los hilos de un Estado soberano. Las legislaciones nacionales
se ocupan casi neuróticamente de ofrecer eso que eufemísticamente se
conoce como “seguridad jurídica” a la inversión privada, que no es otra
cosa que redes de protección legal para los abusos del capital. Veracruz
es un caso paradigmático. Que no vengan acá con cuentos chinos.
Mientras ciertas empresas foráneas como Goldgroup, la minera canadiense,
u Odebrecht, la compañía brasileña en cuestión, consiguen permisos
inmoderados para la extracción de minerales a gran escala (Caballo
Blanco), o para la explotación de recursos energéticos-acuíferos (río
Pescados), respectivamente, la población del estado sigue cuesta abajo
en estándares de vida y tenencia de patrimonio. De acuerdo con un
reporte reciente de la Auditoría Superior de la Federación, el índice de
pobreza en el estado aumentó de 17 a 59% en los últimos cuatro
sexenios. El informe “ubica a Veracruz en los primeros lugares de
marginación pues 28 por ciento de su población, es decir un millón 900
mil 503 personas viven en una situación de pobreza alimentaria. Al
hablar de pobreza de capacidad el porcentaje se eleva a 36.2 con 2
millones 582 mil 256 veracruzanos; y finalmente en pobreza patrimonial
se encuentra en 59.3 por ciento equivalente a 4 millones 216 mil 24
habitantes” (La Jornada Veracruz 2-III-2014). En otras
palabras: la concesión extraordinaria de facultades extractivas a las
grandes empresas (extranjeras o domésticas) redunda naturalmente en
confiscación de patrimonio vital para una multiplicidad de sectores
poblacionales, especialmente los más desposeídos.
El alegato científico o técnico puede contribuir a respaldar un
posicionamiento, en este caso el rechazo categórico al proyecto de la
represa. Pero el primer fundamento debe ser de orden político. Se ha
sostenido que la construcción de la presa afectará a más de un millón
200 mil habitantes (cerca del 13% de la población total del estado),
particularmente en lo correspondiente a servicios turísticos,
agricultura, pesca, ganadería, provocando alteraciones en toda la cadena
de la actividad productiva, en los ciclos de inundación y sequía, y en
el quehacer cotidiano de la comunidades contiguas. De acuerdo con
ciertas versiones que acierta en señalar La Jornada Veracruz,
“la construcción de la hidroeléctrica está mucho más asociada a las
necesidades de alimentación de energía para un proyecto de parque
industrial cercano a la ciudad comercial administrativa de Xalapa… un
parque industrial en la zona de Cerro Gordo [que está en curso] desde
2011”. Acá el tema no es el abastecimiento de agua a la capital, como
sugieren los informes de la empresa que han avalado solícitamente la
Conagua, la Semarnat y la Profepa. El tema es de orden estrictamente
privado: el de una empresa particular con fines públicamente
inconfesables con fingida preocupación social. Para el caso de estos
conflictos típicamente latinoamericanos, “los pretextos invocados
ofenden la inteligencia; las intenciones reales encienden la
indignación” (Eduardo Galeano).
La resistencia civil en curso, que cobra forma en la modalidad de un
amplio movimiento antirepresas en Veracruz, es una consecuencia natural
de un sistema sostenido en la desposesión, y no pocas veces en el
exterminio de la oposición ciudadana. En diversos espacios se discute la
pertinencia de esta insubordinación. Pero en todo caso, lo que cabría
discutir (o acaso condenar) es la pertinencia de un modelo que coloca a
las poblaciones en condición de agentes sobrantes, insistentemente
ignorados. Las resistencias son criaturas de la neoliberalización, cuya
operatividad no es aceptable ni sostenible aún con toda la parafernalia
tecnocientífica. Hace falta desvelar la naturaleza de esta estrategia
política de alcance global. Y en lo tocante a la resistencia,
corresponde apoyar irrestrictamente la movilización, e involucrarnos
activamente en la agenda transformacional de nuestro pares ciudadanos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario