Feliz dia del niño!! :)

Juan Pablo II: Un santo imperfecto

 

El 23 de abril, el vocero del Vaticano, Federico Lombardi, declaró que Juan Pablo II fue santo, no perfecto. El reconocimiento acerca de las imperfecciones del papa polaco Karol Wojtyla, fue en respuesta a una pregunta periodística sobre su eventual complicidad y encubrimiento de múltiples casos de pederastia que sacudieron a la Iglesia católica a finales del siglo XX. Es decir, de la complicidad de Wojtyla en el ocultamiento de delitos de abuso sexual de obispos y sacerdotes contra menores, calificado en la Instrucción sobre la manera de proceder en los casos de delito de solicitación, de 1962, como el peor de los crímenes. Verbigracia, en México, los crímenes de Marcial Maciel dentro de la Legión de Cristo.

Durante años, desde la burocracia vaticana y las jerarquías católicas locales se defendió a Wojtyla con el argumento de que él no sabía, no estaba enterado. Algo que no resulta creíble. Ubicado en la cúspide de una sociedad eclesiástica cerrada y piramidal, signada por el secretismo y una férrea disciplina, a la que gobernó con mano de hierro, Juan Pablo II siempre supo lo que ocurría en su entorno. Por ello, muy temprano en su pontificado, teólogos y sacerdotes críticos definieron su estilo de gobernar como una monarquía absoluta.
En 1989, 172 profesores de teología de la ex República Federal de Alemania, Suiza, Austria y los Países Bajos suscribieron el llamado Documento de Colonia, que tenía un título elocuente: Contra el tutelaje, por una catolicidad abierta. A su vez, el jesuita español José Ignacio González Faus dijo entonces que la involución eclesial con Juan Pablo II respondía a una de las más clásicas amenazas de falsificación del fenómeno religioso: la tentación de dominar a Dios y mantenerle atado y bien atado, según la consagrada expresión del comisario Conessa durante la dictadura franquista. La obsesión por la ortodoxia llevó a Wojtyla a tener la verdad amurallada, incontaminada; a hacer de la propia verdad la única verdad total de Dios, lo cual equivalía a salvar su propio poder. Lo que según González Faus lleva a fanatismos, fundamentalismos, inquisiciones y otros procedimientos autoritarios, como los que practicó Juan Pablo II.
Ello tendría que ver, además, con ese tipo de patología que la Escuela de Francfort denomina personalidad autoritaria. Esto es, una entrega mecánica a los valores convencionales; sumisión ciega a la autoridad, junto a un odio ciego a todos los oponentes y marginados; pensamiento rígido y estereotipado; inclinación a la superstición; difamación −a medias moralista, a medias cínica− de la naturaleza humana. A su vez, Hans Küng calificó la cruzada de revangelización de Wojtyla como reconquista en el sentido medieval, de contrarreforma y antimodernismo. Küng habló de un imperialismo católico romano y acusó al Vaticano de ser el último Estado totalitario de Europa.
A finales de los años 80 era común escuchar que el anticomunista Wojtyla estaba normalizando a la Iglesia con un estilo estalinista: sacando del paso a los incómodos. Uno de esos incómodos, Leonardo Boff, a quien aplicó el rigor de la ex Inquisición y tras neutralizarlo lo llevó a renunciar al sacerdocio, dijo que el pontificado de Juan Pablo II era, posiblemente, la última expresión de un tipo de Iglesia que nació en 1077 con Gregorio VII. Recordó que ese Papa escribió un texto de título fantástico: Dictatus papa, que significa la dictadura del Papa. Son 33 tesis. La primera dice que el Papa tiene todo el poder, está por encima de todos y no obedece a nadie. Y la última, que el Papa es santo (por más pecador que sea). Según Boff, Wojtyla representa al Dios creador. “No el Dios padre de la teología trinitaria, sino el Dios pagano monoteísta, pretrinitario. Un solo Dios en el cielo, un solo tirano en la tierra, un solo jefe en la familia, un solo presidente (…) la dictadura del jerarca. La dictadura del Papa”.
O de otra manera: la dictadura del clero sobre toda la comunidad cristiana. Ese tipo de Iglesia había entrado en crisis durante el Concilio Vaticano II (1962-1965), convocado por Juan XXIII. A comienzos de los años 60, la osadía de Giuseppe Roncalli, el Papa Bueno, permitió abrir las ventanas del Vaticano a la modernidad de las luces, al surgimiento de la razón, la tecno-ciencia, las libertades civiles y la democracia. Esa nueva cultura cuestionó y denunció la forma en que la Iglesia se organizaba institucionalmente: como una monarquía absolutista espiritual en contradicción con la democracia y la vigencia de los derechos humanos. Frente a ello, el lema del concilio fue no más el anatema ni la condena, sino la comprensión, la tolerancia y el diálogo con las otras iglesias y el mundo moderno.
Pero Wojtyla reprodujo la crisis y buscó una salida que reforzó el poder. Puso orden, disciplina. Clericalizó y romanizó a la Iglesia a partir de una visión imperial. La Iglesia volvió a ser bastión del conservadurismo religioso y del autoritarismo político. De allí que para Boff y Küng, Wojtyla se asemejaba al último Papa feudal. Convirtió a la Iglesia en un feudo controlado y dominado desde Roma.
Personalista, autoritario, verticalista, centralista, no es por ello creíble que Wojtyla no supiera nada acer­ca del rosario de crímenes sexuales en el seno de su institución. Peor: en 2001, mientras las víctimas de abuso sexual demandaban justicia, modificó el derecho canónico para invalidar las denuncias contra sacerdotes violadores. La principal reforma fue al delito grave de la absolución del cómplice (absolver el mismo sacerdote a la persona que dañó), a lo que recurría de manera perversa y constante Marcial Maciel después de abusar de los seminaristas.
Al hacer santo a Wojtyla (al salvarlo y acercarlo a Dios), al tiempo que legitima políticamente su modelo de Iglesia totalitario, el papa Francisco lo exonera −junto al defectuoso Maciel y otros criminales sexuales− de los eventuales delitos de complicidad y encubrimiento. Ergo, la Iglesia es juez y parte. ¡Vaya divina justicia!

Carlos Fazio

Puebla: entre la represión y el despojo neoliberal

Gilberto López y Rivas

Graco y Cienfuegos en Morelos.
Foto: Margarito Pérez

 

Un ambiente de ilegalidad, zozobra y persecución se deja sentir en el estado de Puebla, donde el gobernador Rafael Moreno Valle (conocido destructor del patrimonio histórico y arqueológico), acorde con el gobierno de traición nacional de Enrique Peña Nieto, impone diversos megaproyectos de transnacionalización neoliberal contra la voluntad de pueblos y ciudadanos. Se trata del despojo de tierra y agua, así como su envenenamiento como producto de las 87 concesiones mineras, más de 10 proyectos hidroeléctricos (solamente en la Sierra Norte), la extracción de gas y petróleo con fractura hidráulica, la construcción de diversos proyectos carreteros y los parques eólicos en la región de Tecamachalco.

Numerosas organizaciones políticas defensoras de los derechos humanos y de los pueblos indígenas han venido denunciando la entrega del estado a corporaciones capitalistas, así como la creciente privatización del agua y el uso de este recurso vital para favorecer a esas empresas y a sus cómplices locales, cercanos al entorno del gobernador, quien no ceja en sus afanes futuristas de ser candidato a la presidencia de la República y, por ello, la opacidad de la constante derrama de dinero público para promover su imagen personal como un ejemplo de supuesto dinamismo y progreso que los darwinistas sociales señalan como éxito.
Esta expoliación de recursos y ocupación de territorios se acompaña, al igual que en el ámbito nacional, de vergonzosas reformas constitucionales de la obsecuente Cámara de Diputados local, que ha reformado la Ley del Agua en tres ocasiones y que aprobó al vapor una inaudita ley, propuesta por el Partido Acción Nacional, que da facultades al Ejecutivo para realizar expropiaciones inmediatas y urgentes, sin notificar previamente a los afectados, a quienes se deja en plena indefensión jurídica. La inconstitucionalidad evidente de esta ley, además de violentar los derechos humanos fundamentales, abre la puerta a un masivo despojo de terrenos urbanos y rurales por parte del gobierno estatal, ahora convertido en una eficiente gerencia empresarial y en un capataz autoritario de las nuevas haciendas del neoporfiriato actual.
En particular, el Consejo Tiyat Tlali ha informado sobre la escala de violencia contra pueblos y organizaciones que se oponen a los proyectos de muerte en toda la geografía del estado, como en el resto del país (que hoy) se ensaña contra el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y denuncia la detención ilegal de su vocero, Juan Carlos Flores, el 7 de abril, justo cuando salía de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, luego de interponer una queja por la detención de Enedina Rosas Vélez, comisaria ejidal de San Felipe Xonacayucan, Atlixco, detenida ilegalmente un día antes. Este frente, que unifica los esfuerzos de comunidades y organizaciones en los tres estados, se enfrenta firmemente a un controvertido proyecto denominado Integral Morelos, que pretende, contra todo raciocinio y lógica sustentable, e incluso contra las recomendaciones del Centro Nacional de Desastres (Cenapred) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), instalar dos centrales de generación eléctrica de ciclo combinado de 620 megavatios cada una en las faldas del volcán Popocatépetl, que consumirían gas natural, transportado por Pemex a través de un gasoducto de 30 pulgadas por 150 kilómetros, así como un acueducto de 20 pulgadas desde Cuautla, con longitud de 10 kilómetros y una línea eléctrica de 20 kilómetros desde la subestación Yautepec. El consejo destaca: En ninguno de los tres estados se consultó a los habitantes de las comunidades, ni se notificó a los propietarios de los terrenos que serán afectados por la construcción de la obra, que se inició en mayo de 2011; ni las empresas extranjeras que operan el proyecto, ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE), comunicaron a la población en general los detalles de éste, e igualmente omitieron informar a los organismos estatales o municipales de Protección Civil, los riesgos de la construcción que esta obra implica, así como los peligros asociados a la operación de una instalación estratégica que trasportará 9 mil millones de litros de gas metano diariamente, a menos de dos metros de profundidad.

Ante la resistencia de comunidades y organizaciones de la sociedad civil, el gobierno de Moreno Valle respondió con una guerra sucia que es considerada terrorismo de Estado. Detenciones ilegales con lujo de violencia por hombres fuertemente armados que no ostentan uniformes ni identificaciones ni mucho menos órdenes de aprehensión y que utilizan automóviles sin placas y sin logos, quienes constituyen en los hechos grupos paramilitares al servicio del gobernador. Estos grupos ilegales demuestran el desmantelamiento del llamado estado de derecho que impera en toda la República y que en Puebla se devela con marcada violencia abierta y clandestina. A la fecha ya existen varios presos políticos procedentes de diversos municipios de la entidad, en su mayoría comisarios ejidales y comunales, como Avelino Velázquez Tapia, Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Solís y Abraham Cordero Calderón, integrante de la organización denominada Los de Abajo y del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada, los cuales están luchando contra los actos expropiatorios relacionados con la construcción del llamado Arco Poniente. Juan Carlos Rojas escribe desde la cárcel: Hoy el gobierno usa la fuerza de sus cárceles, y nosotros la fuerza de la razón, y la razón siempre podrá volver a sacar fuerza para lograr la justicia. Incluso el sediciente gobernador ha amenazado, a través de sus grupos de choque, al académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla doctor Ricardo Pérez Avilés y a su asistente, Alberto Melchor Montero, por el apoyo brindado a la lucha contra el despojo. ¡Toda la solidaridad con los presos políticos y con mis colegas de la BUAP!

A un siglo de la invasión de EU a Veracruz

A un siglo de la invasión de EU a Veracruz

En ceremonias oficiales se minimiza el papel del pueblo en la heroica defensa del puerto

Gilberto López y Rivas

 

Periódico La Jornada
Lunes 21 de abril de 2014, p. 44

 

Este 21 de abril se conmemorará el 100 aniversario de la defensa popular contra la ocupación estadunidense del puerto de Veracruz. Una vez más el pueblo veracruzano protagonizó una de las páginas más heroicas de la resistencia de los mexicanos frente al intervencionismo de Estados Unidos. Como ocurrió en la ciudad de México el 14 de septiembre de 1847, con ocasión de la entrada de la soldadesca estadunidense, el ejército regular abandonó el puerto sin presentar combate al invasor, y fue el pueblo que de manera espontánea, y sin un plan preciso de defensa, se lanza a las calles, levanta parapetos improvisados, se posesiona de esquinas, azoteas, balcones y campanarios, y con escasos pertrechos y unas pocas armas, se dispone, con su lucha perdida de antemano, a defender la soberanía y la dignidad nacionales.

El combate que se libra no podría ser más desigual. Estados Unidos, protegiendo sus vastos intereses económicos en nuestro país (petróleo, minas, tierras, ferrocarriles, etcétera) y pretendiendo erigirse en el árbitro supremo del conflicto revolucionario mexicano en marcha (Ver: Friedrich Katz, La guerra secreta en México, t. I, México Ediciones ERA, 1982), fondea frente al puerto de Veracruz 44 barcos de guerra, tres buques hospitales y varias unidades más de aprovisionamiento, iniciándose el desembarco, que en cuatro días llega a situar en el terreno a más de siete mil hombres. La fuerza expedicionaria contaba con los medios de guerra más modernos de la época: rifles de repetición Lee, ametralladoras Gattling y Colt, artillería de grueso calibre, ilimitado suministro de municiones y pertrechos bélicos y, además, el apoyo artillero de la flota anclada en la bahía.
Con anterioridad al desembarco, los agentes estadunidenses habían logrado neutralizar la posible participación en la defensa del puerto del Ejército federal mexicano, bajo el mando del general Gustavo A. Maass, de las tropas de Victoriano Huerta, quien dio golpe de Estado al presidente Madero, conminándolo a no resistir y a dejar la plaza. Efectivamente, en las primeras horas del 21 de abril, Maass se retira del puerto rumbo a Tejería, abandonando a la población a su suerte y llevándose el grueso de sus tropas, la mayoría de las armas pesadas y ligeras, con su dotación de municiones, llegando incluso a olvidar, en su precipitada huida, la bandera del batallón que comandaba, su espada y sus condecoraciones.
Al igual que en 1847, el pueblo inerme se vio de pronto enfrentado a un hecho consumado: la cuarta invasión extranjera en menos de un siglo, sin más medios de defensa que su profunda indignación y su decisión de resistir. Ante la evacuación de la plaza por el Ejército federal y subestimando la capacidad de respuesta de nuestro pueblo, los yanquis ocuparon, confiados, posiciones estratégicas cercanas al muelle. En los planes estadunidenses no esperaban encontrar resistencia en la toma del puerto. El poderío de la flota naval y la visible demostración de fuerza expresada en el desembarco masivo hacían difícil suponer un ataque contra las fuerzas invasoras.
No obstante, el estupor inicial y la vergüenza del pueblo veracruzano al propagarse la noticia del desembarco se desvanecen al escucharse los primeros disparos aislados: un solitario y modesto policía municipal, Aurelio Monfort, descarga airado su pistola frente a un nutrido contingente de marines, siendo inmediatamente acribillado por el fuego cruzado de la fusilería enemiga.
El pueblo reclama armas con exasperación, peleando incluso por las pocas que habían sido dejadas por el ejército. Otros se arman con algunos rifles y pistolas ofrecidas por algunos comerciantes. Algunos patriotas esperan turno, en medio del combate, para recoger las armas de los caídos: se registra un caso en el que ocho voluntarios civiles combaten con un solo rifle por horas. Grupos de voluntarios civiles y algunos militares patriotas bajo el mando del coronel Manuel Contreras se distribuyen en grupos pequeños por los edificios y las esquinas de la ciudad sitiada.
En la Escuela Naval, los alumnos se apresuran a la lucha bajo el mando del comodoro Manuel Azueta, siendo la única unidad militar organizada que resiste a los invasores. El tiroteo se generaliza. La Escuela Naval y varios edificios de la ciudad reciben el impacto del bombardeo proveniente de los cruceros y destructores, mientras los marines, que despertaron la admiración del escritor Jack London, corresponsal del semanario Collier’s, barren las calles con balas expansivas dumdum, prohibidas por las regulaciones internacionales de la guerra en esa época. No obstante la desigualdad entre las fuerzas contendientes, el pueblo resiste con denuedo más de 24 horas; todavía en la tarde del 22 se escuchan esporádicos tiroteos. Se dan actos de gran heroicidad en la lucha, como el de José Azueta, ex alumno de la Escuela Naval, hijo del comodoro, y teniente de artillería, quien empuña al descubierto una ametralladora para lograr mayor efectividad en sus disparos, hasta que cae gravemente herido; cuando los estadunidenses le ofrecen ayuda médica, Azueta la rechaza y les responde: de los invasores, no quiero ni la vida.
De entre el pueblo se distinguen en las escaramuzas armadas artesanos, empleados, albañiles, comerciantes humildes, hombres y algunas mujeres que van dejando sus vidas en los puntos de mayor resistencia: Andrés Montes, modesto ebanista, combate todo el día. Por la tarde del 21 pasa a su casa a dejar algunas provisiones; antes de regresar a la lucha escribe una carta a su hijo menor: Hijo mío, si algún día vuelve a repetirse esto que está pasando ahora, defiende a tú patria como lo estoy haciendo yo. Tu padre. Ante los ruegos de su esposa para que no saliera más de su casa, Andrés Molina exclamó: ahorita no tengo madre, ni esposa ni hijos. Sólo veo que tengo una patria muy linda y tengo que defenderla de la infamia yanqui (María Luisa Melo de Remes, Veracruz mártir: la infamia de Woodrow Wilson, 1914. México, Edición de la autora, 1966). Este héroe del pueblo cayó a las ocho de la noche de ese día, con el estómago perforado por una bala expansiva en la esquina de las calles de Arista e Independencia.

Niños y mujeres se dedican a cooperar en la defensa e incluso participan en la lucha contra el invasor. Se recuerda en el imaginario popular a América, quien recibe a los yanquis a tiros al aproximarse a la zona de tolerancia del puerto. Sectores importantes de la colonia española ofrecen resistencia a los invasores, registrándose muertes y heridos entre los mismos.
Al finalizar el día 22, la resistencia termina con un saldo de centenares de muertos por parte del pueblo veracruzano. La soldadesca invasora hace piras con los cadáveres de los patriotas y los quema sin respeto alguno. Muchos combatientes son hechos prisioneros y retenidos en las cárceles durante la ocupación. Centenares de heridos fueron atendidos por un grupo de médicos y estudiantes de medicina voluntarios, que demostraron su repudio a los invasores cumpliendo abnegadamente este trabajo.
La mayor parte de los muertos y heridos eran pueblo. Los grupos militares que combatieron, la Escuela Naval y algunos soldados y oficiales del 19 batallón de infantería resistieron hasta las 7:30 de la noche del día 21. De ellos murieron José Azueta, Virgilio Uribe, Jorge Alacio Pérez y Benjamín Gutiérrez, de los que se registran. No obstante, la mayoría de los aproximadamente 500 muertos en acción se debió a los bombardeos (los cuales London aplaude por su precisión) y la represión yanqui indiscriminada. Fueron héroes anónimos, sin lápidas ni monumentos que honren su memoria. Es más, varias de las placas que recordaban a las víctimas de la intervención yanqui en el muelle y en otros lugares del puerto fueron destruidas por autoridades municipales en un esfuerzo continuo por negar al pueblo su lugar en la historia: borrar todo aquello que fortalezca el espíritu antimperialista de los mexicanos.
En las ceremonias oficiales que año con año se realizan en el puerto, y que hoy encabeza el presidente entreguista y colaboracionista Enrique Peña Nieto, se exalta la figura de los militares que combatieron a un enemigo en abstracto, que ya no se menciona, como no se menciona la extraordinaria épica ciudadana.
La resistencia del pueblo no terminó en la lucha denodada de los días 21 y 22 de ese abril. Testimonios de sobrevivientes que tuve oportunidad de recoger hace una décadas dan cuenta de numerosos atentados contra las tropas yanquis durante la ocupación. Se impuso la ley marcial y los porteños fueron obligados a dormir con los balcones y las puertas abiertas, debiendo permanecer las luces encendidas durante la noche.
La lucha por la soberanía, a la cual han renunciado los actuales gobernantes, se dejó sentir de otras formas. Sectores importantes de la población no se plegaron a las amenazas y los ordenamientos del gobierno militar impuesto por los invasores. Entre ellos hay que destacar el papel desempeñado por el magisterio del puerto, el cual en mayoría se negó a servir al invasor, organizando un sistema paralelo al llamado departamento educativo de los estadunidenses, a pesar de la represión y los ofrecimientos económicos de las autoridades de ocupación. Aquí destacan Delfino Valenzuela y Elena V. del Toro, claros exponentes del patriotismo del magisterio veracruzano. Se dieron casos individuales de patriotismo anónimo. El guardafaros de la isla de Lobos, cercana al puerto, fue conminado a trabajar para los yanquis, a los que respondió: no, señor, yo no les trabajo a ustedes, yo no traiciono a mi patria ni les voy a trabajar por ningún dinero que me den o aunque me tengan preso todo el tiempo que quieran (entrevista mía a Josefa Syvain).
En contraste con esta actitud valiente y digna, empleados municipales y de aduana, comerciantes y algunas familias de la burguesía porteña colaboraron activamente con el enemigo, recibiendo el repudio y el desprecio abierto de la mayoría de la población veracruzana. Los entierros de José Azueta y del capitán Benjamín Gutiérrez, el 11 y el 23 de mayo, respectivamente, se trasformaron en desafiantes manifestaciones de protesta por la ocupación extranjera: miles de ciudadanos siguieron los cortejos fúnebres por las principales calles de la ciudad. (Andrea Martínez, La intervención norteamericana a Veracruz, 1914, SEP, México, 1982.) Bajo la autoridad militar yanqui, el pueblo expresaba de manera clara su conciencia nacional, refutando con los hechos la falsedad de las apreciaciones de Jack London, quien en mayo de 1914 escribió con entusiasmo en Collier’s: Verdaderamente, los veracruzanos recordarán largamente haber sido conquistados por los americanos (sic) y rogarán por el día bendito en que los americanos (sic) los conquisten otra vez. A ellos no les importaría ser conquistados para siempre (Collier’s, volumen 53, núm. 11, mayo 30, 1914).
Seis largos meses duró la ocupación del puerto. Por fin, el 24 de noviembre de 1914 las tropas constitucionalistas entran a Veracruz, mientras simultáneamente los invasores yanquis se embarcaban en el muelle. Así terminaba una más de las intervenciones de Estados Unidos en nuestro país; no sería la última.

Gabriel García Márquez, siempre

 

 El fallecimiento de Gabriel García Márquez, ocurrido ayer en esta capital, ha puesto de luto a América Latina. Varias generaciones de este continente se asomaron por primera vez al milagro de la literatura en las historias urdidas por ese colombiano y mexicano mundial que al mismo tiempo fue, durante toda su vida, tan fiel a su región natal en el Caribe. Están de luto los lectores, en general, pero también diversos gremios: el literario, el periodístico y el cinematográfico, en particular, en los cuales Gabo dejó una huella de creación, trabajo y generosidad.

Como se ha dicho, millones de personas de habla española vivieron su primer deslumbramiento literario, o bien momentos de placer entrañables, en tanto que adictos a la narrativa, en las novelas El coronel no tiene quien le escriba, La mala hora, Cien años de soledad, El otoño del patriarca, El amor en los tiempos del cólera o El general en su laberinto, por mencionar algunas de sus novelas, o en los volúmenes de relatos Ojos de perro azul, La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada, El rastro de tu sangre en la nieve o Doce cuentos peregrinos. Muchos otros lectores conocieron el lado fascinante del periodismo en reportajes como los de Relato de un náufrago, Cuando era feliz e indocumentado; Chile, el golpe y los gringos, Operación Carlota, De viaje por los países socialistas o La aventura de Miguel Littín, clandestino en Chile.
Menos conocida es la faceta de García Márquez como guionista de cine y televisión, en la que escribió libretos para Roberto Gavaldón, Arturo Ripstein, Alberto Isaac, Luis Alcoriza, Miguel Littin, Jaime Humberto Hermosillo, Felipe Cazals y Ruy Guerra.
Pero el legado del colombiano-mexicano no se agota en los textos: fue también fundador de publicaciones (como la revista Alternativa, que circuló en Colombia entre 1974 y 1980) e instituciones como la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Los Baños, fundada en 1986 en la localidad cubana de ese nombre, y la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, establecida en 1994 en Cartagena de Indias, Colombia, dos centros que hasta la fecha son inestimables para la formación y el apoyo a proyectos de cineastas, videoastas e informadores jóvenes procedentes de diversas regiones de América Latina.
Por el impacto y la trascendencia de su obra narrativa, García Márquez gozó de una preminencia pública sin parangón en el continente, incluso desde mucho antes de que le fuera otorgado el Premio Nobel de Literatura (1982). Ello lo llevó a conocer y a trabar amistad con estadistas y dirigentes como Fidel Castro y el ex presidente estadunidense Bill Clinton. Sin traicionar los principios de la amistad personal, el novelista supo emplear esa red de contactos para impulsar, con discreción, inteligencia, orientación progresista y sensibilidad social, causas de paz y entendimiento entre naciones y gobiernos. Sin ostentar una filiación partidista específica, Gabo permaneció siempre, de manera inequívoca, en el ámbito de la izquierda, y en algún momento ello le valió la persecución del gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) en su natal Colombia, así como la prohibición de ingresar a territorio estadunidense, levantada por el propio Clinton a principios de la década antepasada.
En otro sentido, la presencia, el apoyo y el afecto de García Márquez fueron decisivos en el momento fundacional de La Jornada. Cuando este diario empezó a circular, en septiembre de 1984 –hace casi 30 años– , Gabo era ya un escritor de renombre mundial, había recibido el máximo galardón y su pluma era una de las más cotizadas del planeta. Pero, además de acompañar con visitas frecuentes al periódico naciente y de alentar personalmente a sus directivos en aquellos momentos inciertos –y en muchos otros posteriores–, ofreció colaborar con artículos y textos especiales escritos y entregados ad honorem en prenda de amistad, solidaridad y fe en este proyecto informativo. De modo que, además de la admiración y el reconocimiento a la vastedad y calidad de su obra, La Jornada guarda a García Márquez entre sus presencias más agradecibles y entrañables.
Fue un hombre generoso con los demás, coherente con sus principios, fiel a la verdad como periodista y profundamente leal, como escritor, para con la imaginación y la poesía. Es, y seguirá siendo, un caribeño, un colombiano, un mexicano y un latinoamericano enorme. Si ahora hay razones para juntar tantos lutos en el momento de su muerte, las hay muchas más para celebrar y agradecer su vida.

Las infames de Veracruz

Por:  Mussio Cárdenas Arellano

Bonitas y perfumadas, elegantes e inalcanzables, las infames de Veracruz van al parejo de los grupos de poder, conquistando víctimas, embrujando hombres que se dejan cautivar, atrapándolos en su red de prostitución para, políticamente, someterlos.
No son mujeres para enamorar. Son bellezas con misiones precisas. Habitan en las nóminas oficiales y operan en gobierno, Congreso y alcaldías, en áreas de mando o simplemente como damas de compañía.
Son las infames de Veracruz una red más intrincada que la de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, célebre el “príncipe de la basura” por el escándalo que protagoniza, un caso de trata de personas que es un microcosmos de las zonas sórdidas del PRI.
Siempre han estado ahí, pero en los días del fidelismo tuvieron un esplendor único, ellas a los pies del círculo rojo del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, unas obligadas, otras no, y muchos políticos, priistas y no priistas, terminarían hincados a los dictados de esas mujeres destinadas a mediatizar con sexo y a veces con algo de amor.
Veracruz es un burlesque peor que el PRI capitalino de Cuauhtémoc Gutiérrez. Aquí también se ofrece empleo a cambio de favores sexuales y se construyen carreras políticas cuya primera prueba fue calentar la cama del poderoso patrón.
Se sabe la anécdota fidelista que refiere un reventón en un bar vecino del PRI estatal, en Xalapa. Departían ahí tres políticos y una diputada local, gordibuena la dama, divertida, con la ocurrencia a flor de labio y ganas, muchas ganas, de trascender.
Bebían como cosacos, una copa y otra y otra. Bromeaban con carcajada vulgar. Cabildeaban acuerdos sórdidos, juntos ese día el Congreso, el gobierno estatal, el PRI. “Traigan las otras que esto apenas comienza”, todo a media luz, mesero exclusivo en el reservado. “Traigan otras más”, mientras la noche comenzaba a caer. Y así, con la estocada tequilera en el alma, los güisquis que hacían perder la razón, comenzó el show de la diputada, besada y agasajada por todos, los dedos sobre su delicada y sonrosada piel, los pechos descubiertos por la mano traviesa del tímido obeso a quien los tragos lograron desinhibir.
Sería una anécdota más de una borrachera si no fuera por dos razones: aquella tarde-noche loca quedó grabada en cinta de video, protagonizada por uno que llegó años después a una codiciada alcaldía y otro a la cima del poder. Ella, diputada, no dio más. Haría su rol de infame, incitó a todos al sexo, se dejó grabar y provocó que los grabaran. Hoy despacha como una burócrata de mediano nivel, buen salario, prebendas, cercana al poder, presta para otras misiones mientras los años se lo permitan.
Ejército rosa, las damiselas del gobierno en turno son publirrelacionistas sin título formal. Huelen delicioso. Visten impecable. Deslumbran con belleza, sonrisa provocadora, la voz tersa, una conversación sensual, su andar que atrae, su altivez que impone.
No hacen vida de oficina. Operan ahí y desde ahí comienzan a someter al enemigo del gobernador en turno, al detractor del líder del PRI en funciones, al adversario del dirigente camaral, enviadas a controlar pequeños fuegos, escaramuzas políticas, crisis menores.
Es el uso del sexo con fines políticos. Para eso están las infames, rememorando a la serie de Cadena Tres, obligadas a cumplir tareas sexuales. No son Ana Leguina, Sol Fuentes, Casilda Barreiro, Lola Medina, Yalda Adam,  pero también son reinitas de palacio, enviadas a infiltrarse en las filas del enemigo, grabarse en escenas de sexo, sodomizarse, dejarse agredir, hacer el amor encadenadas, pues mientras más descarnado es el material, mejor.
En 2011 otras infames —bellas pero aún más selectas— llegaron a la alcaldía de Xalapa. Las Barbies de la alcaldesa Elizabeth Morales García inundaron el palacio municipal. Harem de mujeres hermosas, finitas, jóvenes en plenitud, serían el atractivo visual nunca antes visto.
Ahí los amores resultaron de otro tipo: hit y de corrida pa’ tercera. Pillada en su intimidad, un día aparecieron en internet las escenas de la alcaldesa en un viaje de placer, en España. A bordo de un yate se observaba a Elizabeth Morales y su Barbie estelar, Shariffe Osman, rodeada ésta por los brazos de la edil, cercanos sus alientos, evidentes sus cariños.
Circularían también otras fotos y un video: Elizabeth Morales agasajando a Shariffe en un bar, día de cumpleaños, mariachis, velada a media luz, pastel y trago. Invasión a su vida.
Otro video subido a la red le imputaría la autoría de la filtración a Reynaldo Escobar Pérez, ex secretario de Gobierno fidelista, ex procurador duartista, frustrado por su exclusión política siendo el dueño de las corrientes priistas xalapeñas, cuyo regreso se daría en la medida de que disminuyera a la presidenta municipal hasta echarla del poder.
Mal cálculo de Papi Rey, si es que fue él quien urdió la infamia, pues Elizabeth y sus Barbies permanecieron hasta el último día en palacio municipal de Xalapa y Reynaldo aún sigue en la banca, unido a otros de su calaña, los 400 Pueblos de César del Ángel, el encuere decadente donde hasta las ancianas tienen que bailar sin ropa para que su líder negocie a placer.
Shariffe, por su parte, fue a contender por la alcaldía de Emiliano Zapata y ahí la reventaron.
¿Dónde cobran las infames de Veracruz? En todas las nóminas del gobierno estatal, en alcaldías, en el Congreso, en el Registro Civil de Xalapa, en los sistemas de agua, en las comisiones electorales, en el comité estatal y los comités municipales del PRI, sus nombres y sus cuerpos en investigaciones en curso. O sea, el pueblo paga el show.
El sexo es un motor político. Lo usan unos para controlar a otros. Las infames se dejan ultrajar, practican el sexo extremo, violento. Se hacen grabar y sirven los videos para neutralizar al protagonista pues nadie arriesga una carrera política por un escándalo. Y si alguna se niega, las consecuencias las paga la familia.
Son las novias de palacio quienes definen la suerte del político proclive al reventón. Sus encantos, su piel cuidada, el aroma de sus perfumes, sus curvas, la belleza que las distingue, tienen una función especifica en la pirámide del poder: conquistar para controlar.
Lo de Cuauhtémoc Gutiérrez es trata de personas, obligadas sus Barbies a prostituirse, amenazadas con reventar a la familia, sometidas a presiones extremas, como suele hacerlo el crimen organizado.
Lo de Veracruz es peor. También hay reclutamiento, empleo a cambio de sexo, aislamiento e intimidación, y además videos explícitos, extorsión a políticos y sometimiento a los enemigos.
En Veracruz, la prostitución política es un programa de gobierno.
Son las infames de Veracruz pieza clave en la mecánica del poder.

Archivo muerto

Saca ya Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”— el producto de sus ahorros. Imprudente, a cuatro meses de dejar la alcaldía de Coatzacoalcos estrena proyecto inmobiliario: 2 mil casas en Xalapa de nivel medio y superior. Dice una fuente calificada que se asoció con su concuño, Juan Gabriel Fernández Garibay, nieto de Justo Fernández, esposo de la notaria Yossy Juventina Félix Porras; uno pone el terreno, el otro la constructora y ambos el capital. Habrá de desarrollarse el proyecto en Las Ánimas y el valor de la vivienda sería de un millón y medio de pesos. O sea, un negocio de 3 mil millones de pesos en un fraccionamiento para personajes selectos. Cuentan con sorna que el complejo habitacional se llamara “La Paloma”.
Para llevarlo a cabo, debe haber ahorrado Theurel mil millones de pesos entre diezmos en la Secretaría de Comunicaciones de Veracruz y las transas en el ayuntamiento, donde su sueldo era de 100 mil pesos al mes. Dicho y probado, mientras Coatzacoalcos se sumió en el abandono tres años, a Marcos Theurel —“Te construyo tu puta casa”— la diosa fortuna —¿o la diosa corrupción?— le sonrió abiertamente. Y pensar en aquellos ayeres cuando el ex alcalde apenas tenía para lo indispensable… Llegó abril y sigue acéfalo el PRI de Coatzacoalcos.
Metido a regidor, su líder, Víctor Andrade López, sólo tiene tiempo y ojos para el alumbrado de la ciudad y su tarea como dirigente del sindicato electricista. Lo cubre el presidente interino, Salvador Hernández Castro, ahora en bajo perfil, sin la bipolaridad con la que concluyó su paso por el ayuntamiento de Coatzacoalcos, a flor de labio el maltrato a secretarias y auxiliares de la Secretaría de Gobierno, entonces a cargo de Roberto García Alonso, que al saber los aceleres del regidor petrolero de inmediato le marcó el alto. Un caos, pues, el PRI.
Sin nadie que lo represente dignamente, los sectores apabullados, comparsas sin carnaval, como siempre reclama el líder de la CTM, Carlos Vasconcelos Guevara, y ni qué decir del Frente Juvenil, la Organización de Mujeres, el Movimiento Territorial.
A esa condición de franquicia de temporal lo llevaron los grupos políticos, las corrientes en pugna, dueños de las siglas para efectos de registro de candidaturas y luego sumirlo en tal abandono que el PRI no tiene ni para pagar la luz, el teléfono, el agua pero sí la nómina pues esa se cubre con los sobres de cientos de aviadores del ayuntamiento, personal fantasma. Ni saber si a los priístas les da vergüenza tener un partido así, pues la mayoría de ellos no saben qué es la vergüenza. Llegó abril y todo sigue igual…
Cínico, oportunista, intenta Renato Tronco Gómez rescatar de último minuto los votos que sabe perdidos en Las Choapas, el municipio que dos veces le ha tocado mal gobernar. Exige obras por 400 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales y usa al campesinado de la región para apretar al gobernador Javier Duarte, a quien le debe la diputación que hoy ostenta, so pena de bloquear carreteras del sur de Veracruz.
Cínico porque si alguien coyoteó y se agenció obras siendo alcalde de Las Choapas fue Renato, todo documentado. Oportunista pues a cambio de distender el conflicto, pretende forzar una elección de estado que le permita imponer a su hermano Miguel Ángel Tronco Gómez en la presidencia municipal, en la elección extraordinaria. Represor de la ciudadanía; golpeador de mujeres, niños y ancianos; abusivo con el poder; impúdicamente enriquecido a la vista de todos, solapado por Fidel Herrera, pese a haberlo acusado de la autoría de un crimen; señalado por el PRD estatal de complicidad en delitos; quiere ahora venderse como un adalid de las causas del pueblo.
Allá los ingenuos que se lo crean… Crisis al interior de la Asociación (Política) de Periodistas de Coatzacoalcos: una corriente de comunicadores sugiere el relevo de José Luis Ortega Vidal, su presidente. Acusan en él, tibieza y frialdad, compromiso a medias ante el crimen de Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de Notisur, donde JLOV es director. Esa es la versión oficial.
La otra tiene que ver con la guerra de intereses, apoyos de Xalapa, enredos de sus colegas con el poder y con una criticable postura para desalentar las marchas de protesta del gremio por el asesinato de Goyo, con el petate de que no había que inquietar a Los Zetas, pues sugería que eran ellos los verdaderos autores materiales del crimen. Otros miembros de la APEC ven en Ortega Vidal un estorbo a sus planes de vincularse con el gobierno de Veracruz y recibir el “chayote” que éste suele dar. La crisis pues, al interior de la Asociación (Política) de Periodistas de Coatzacoalcos en todo su nivel… Marcelista consumado, abogado con maestría, no sabe en qué honduras se metió Víctor Manuel Gallegos Cortés, titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información del ayuntamiento de Coatzacoalcos.
Si aporta los datos que se le requieran, en apego a la ley, revienta a políticos que hicieron negocio con recursos públicos; si la niega se expone a una sanción, incluso destitución del cargo.
Habrá que ver qué pesa más: si su marcelismo o su obligación legal. Recuérdese que entre esa información pública está el rastro de las transas de Marcelo Montiel, hoy delegado de la Secretaría de Desarrollo Social federal en Veracruz; Iván Hillman Chapoy, gerente regional de CONAGUA, y Marco César Theurel Cotero, los tres ex alcaldes. Víctor Manuel Gallegos, que es todo verticalidad, ya sabrá qué camino tomar…

Tamaulipas: se rompió la tregua entre narcotraficantes

Mireya Cuéllar

Enviada

Periódico La Jornada
Lunes 14 de abril de 2014, p. 17

Tampico, Tamps., 13 de abril.

 

Alrededor de mil habitantes de la zona metropolitana de Tampico caminaron más de dos horas, del aeropuerto de esa ciudad al Centro de Convenciones, donde sesionaba de manera extraordinaria el Congreso local, para protestar por la ola de violencia que se inició hace poco más de una semana y suma ya 28 muertos. (Con información de David Castellanos Terán) Foto Francisco Olvera

 

Apenas es mediodía, pero en el estacionamiento del Walmart de Alijadores, a unas cuadras del palacio municipal, ya hay un hombre ejecutado. Su padre, quien apenas llega a 60 años, está parado junto al cuerpo, que empieza a dejar escapar un ancho hilo de sangre sobre el piso. Sereno, pareciera hacerle guardia. La esposa, quien acompañaba al joven cuando le dispararon con un arma larga, deja salir las lágrimas en silencio. Ya se llevaron al niño de cuatro años que había hecho las compras con ellos. Llegan las hermanas y unas primas de la víctima. Abrazan a la viuda sin aspavientos. Es una escena de familia.
Es martes, el cuarto día de enfrentamientos y ejecuciones. Es el muerto número 19 en una guerra –de baja intensidad entre miembros del mismo cártel, dicen los tampiqueños acostumbrados a las refriegas– de locales contra foráneos. O más bien de foráneos contra locales, que la población sigue y comenta en las redes sociales, sobre todo Twitter, porque los medios tradicionales han guardado silencio absoluto. No se escribe del tema en los periódicos. Tampoco se aborda en público, ya no se diga en la radio.
La población es una espectadora azorada, tensa, que sale de su casa si es absolutamente necesario, que no lleva niños a la escuela –hasta 90 por ciento de ausentismo en todos los niveles escolares, reportaron autoridades el martes 8 de abril–, que obliga a cafeterías y restaurantes a cerrar a las 18 horas. Que tiene las calles vacías y oscuras a las nueve de la noche, sin importar cuántas decenas de soldados, marinos o policías patrullen. El miedo se filtra en el cuerpo.

Comunidades que contienen el aliento

El escenario es Tampico, Ciudad Madero y Altamira, conurbación formada por casi un millón de habitantes, una vieja refinería –la Francisco I. Madero– que día y noche tiene los mecheros encendidos, empresas construyendo plataformas petroleras, un puerto con decenas de grúas operando, una bonanza económica que contrasta con una sociedad que contiene el aliento mientras el cártel del Golfo zanja sus diferencias.

La guerra de los cuatro días empezó el sábado 5 de abril, ya entrada la noche. Habían sido más de tres años de tregua. Por ello la población se expresa con amargura en las redes sociales: Otra vez a convivir con la muerte. Porque la vida tiene que seguir. Hay que ir al trabajo, a la escuela, a la playa, convocan algunos. Otros piden: Tampico, quédate en casa.
El domingo 6 de abril, a las 10 de la noche, por vez primera una autoridad salió al paso. El alcalde, Gustavo Torres Salinas, pidió calma, negó que hubiera toque de queda –como se aseguró en las redes– y aludió a todos los cuerpos de seguridad y autoridades que participan en un grupo de coordinación, empezando por los de la primera zona naval, con base en Madero, para contener la situación. Había en ese momento ocho muertos en Tampico producto de la violencia, expresó en una conferencia de prensa, que al día siguiente los periódicos y la radio no difundieron. Hizo oficial un dato que reportaban las redes: “Se trata de un enfrentamiento, un ajuste de cuentas, entre miembros del cártel del Golfo”.
No habló de los decesos de Ciudad Madero, que eran otros tantos. Casi a la medianoche del domingo, el gobierno del estado confirmó que en total hubo 14 decesos en la conurbación, incluyendo los de Madero y Altamira. Los alcaldes de dichos municipios nunca dieron la cara. El lunes por la noche, las calles seguían vacías y los comercios cerrados.
Un empresario que pidió no ser identificado –casi nadie quiso hablar ante la grabadora, porque aquí no hay garantías de nada– informó que tiene más de un año sin pagar derecho de piso. Para el cártel que controla el sur de Tamaulipas, explica, la extorsión y el secuestro son su plan B, que le permite hacerse de recursos para pagar la nómina cuando el gran negocio, el trasiego de drogas, se complica. Este grupo sabe que si se mete con la población calienta la plaza, y lo que quiere es trabajar en paz en las operaciones grandes.

La detención de Javier Garza Medrano en Taxco, Guerrero, el pasado marzo, desató la disputa. La cabeza del grupo estatal, con origen en Matamoros, quiere mantener el control frente a los locales, quienes se sintieron fuertes y con méritos para ascender y ya no recibir directrices de la parte norte del estado. Es una lucha entre delincuentes, tienen dificultades que están arreglando a su manera, explicó el secretario general de Gobierno, Herminio Garza Palacios. Esa fue la forma que encontró, al igual que el alcalde de Tampico, para intentar tranquilizar a la ciudadanía; quien no tiene nexos con esos grupos no debe temer, el pleito es entre ellos. El comentario general fue que las ejecuciones eran selectivas y que las balaceras se daban cuando alguno de los blancos llevaba escolta, que alcanzaba a repeler.
El martes empezó con nuevos tiroteos. Los fallecimientos se fueron acumulando. Se reportaron primero 25 y después 27. Cuando la noche avanzó, la cifra llegó a 28. En la tarde sesionó el grupo de coordinación regional en materia de seguridad en la zona naval. Al final de ese encuentro el secretario general de Gobierno definió la crisis como disputas de grupos delincuenciales.
Gustavo Torres hizo un llamado a quienes se expresan en redes sociales a hacerlo con responsabilidad y no sembrar sicosis: Agradecemos a los usuarios de redes sociales que de manera responsable y objetiva han realizado denuncias sobre hechos violentos o situaciones de riesgo.
El alcalde dice que hace 4 años tuvieron una situación difícil. Con el tiempo todos nos repusimos. Los empresarios, la ciudadanía... muchos trajeron otra vez sus capitales. Por eso nos desconcertó tanto esta situación, pensamos que había quedado atrás.
El miércoles y el jueves no hubo incidentes. La población comenzó a respirar con alivio. En las redes sociales empezó a hablarse de una tregua. El titular de la Procuraduría General de la República (PGR) vino a Tampico el viernes por la mañana y la ciudad estaba abarrotada de policías, militares y marinos. Eran ya 48 horas de alto el fuego.

El doble mensaje

Mientras Murillo daba su discurso en la reunión regional de procuradores, en un hotel de Ciudad Madero, una manta fue colocada en un puente peatonal cercano a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Tampico. Había doble mensaje. A la ciudadanía se llamaba a estar tranquila y se le garantizaba que no se permitiría que alguien cobrara derecho de piso o secuestrara; a las autoridades, que el pleito no era con ellas. La firmaba el cártel del Golfo.

El mensaje circuló de inmediato. Por la cantidad de personas que salieron a las calles, podría decirse que para muchos era de fiar. Aunque con mucha vigilancia, francotiradores en las azoteas y arcos detectores de metales en la plaza principal de la ciudad, el gobernador Egidio Torre Cantú encabezó el sábado las festividades por el 191 aniversario de la fundación de Tampico. Hubo versiones de tres enfrentamientos en el transcurso de la mañana, pero ninguna oficial. La sicosis de días anteriores no regresó.
En la plaza hay bandas de música, antojitos gratis. No más de 500 personas celebrando el 191 aniversario de la fundación del Tampico moderno –el antiguo nació en Tampico Alto, Veracruz, del otro lado del Pánuco– y decenas de policías que revisan a los visitantes en los accesos de la explanada. Una señora, quien no suelta al niño de cinco años y cada tanto lo aferra a su mano, dice que decidió salir con todo y miedo, porque a pesar de la situación aquí nos tocó vivir. No nos vamos a ir, porque no tenemos a dónde y la vida tiene que seguir. Así parece. La familia del joven ejecutado en el estacionamiento del Walmart de Alijadores –atrás está el hospital de ese gremio portuario que le da referencia– veló el cuerpo una hora. Antes de que se metiera el sol, esa tarde lo llevó a sepultar.

Las lenguas americanas en la mira imperial

Víctor de la Cruz

 

Los Altos de Chiapas. Foto: Enrique Carrasco

 

Un principio general de derecho reza que “quien es primero en tiempo es primero en derecho”. Este principio permanentemente es invocado en los tribunales y órganos de gobierno, siempre y cuando no se trate de los indígenas; porque entonces la sociedad política, los jueces y los administradores piensan que dicho principio no es aplicable a quienes se llama despectivamente “indios”.
Existe una contradicción entre ese principio y el trato a los descendientes de los primeros habitantes del territorio que conforma este país, como lo existe entre el concepto de cultura nacional —tal como ha sido adoptado por las élites intelectuales y políticas—, y la cruda realidad de estructuras sociales y económicas fragmentadas, desintegradas y sumamente polarizadas, así como en algunos países como México: una composición de la población altamente diferenciada en términos étnicos y culturales.
Estas contradicciones estallaron el 1 de enero de 1994, cuando los descendientes chiapanecos de los mayas se levantaron en armas contra el gobierno federal y contra el pacto social escriturado en la Constitución de la República, que permite el despojo de sus tierras, recursos naturales y la exterminación de sus culturas y lenguas.
Supuestamente para combatir las causas de la rebelión zapatista, el gobierno federal inició un diálogo, en varias etapas y mesas, con los representantes de los indígenas rebeldes, que culminaron en los Acuerdos de San Andrés firmados el 16 de febrero de 1996 por los representantes de ambas partes. Los puntos sustanciales de esos acuerdos fueron traducidos a una “Propuesta de Iniciativa de Reformas Constitucionales en materia de Derechos y Cultura Indígena”, presentada el 29 de noviembre de 1996 por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) del Congreso. Sin embargo, el gobierno de la federación encabezado por Ernesto Zedillo, como han hecho otros gobiernos criollos en la historia de México, no hizo honor a su palabra y a la firma de sus representantes, oponiéndose a que dicha iniciativa fuera presentada como un acuerdo de ambas partes, pretextando problemas de técnica jurídica.
El siguiente gobierno, que había prometido el cambio y resolver el conflicto chiapaneco en 15 minutos, hizo suya la iniciativa de la Cocopa y la presentó al Congreso de la Unión, vía la cámara de senadores, en diciembre del 2000; pero allí los distinguidos jurisconsultos hicieron engrudo el atole. No se acordaron de los problemas de técnica jurídica ni de la teoría del derecho constitucional, que divide las constituciones clásicas en dos partes: la dogmática y la orgánica, estableciéndose en la primera las garantías individuales y en la segunda la organización política de la sociedad.
Lo que hicieron fue quitar el anterior contenido del Artículo 2° pasándolo al primero y retacaron aquél de cuantas ideas criollas tuvieron en la cabeza. Empezaron con un principio monárquico-centralista que niega el federalismo del Estado mexicano: “La Nación mexicana es única e indivisible”; confundieron el concepto de nación con el de pueblo, éste con el de comunidad; convirtieron a las comunidades indígenas en objetos de interés público en vez de sujetos de derecho público como piden, además de agregar un apartado B donde enumeraron los objetivos de una secretaría de Estado que se ocupe de los indígenas, cuando sea creara, lo cual todavía no ha sucedido. Todo como si la Constitución general de la República fuera una ley reglamentaria. En conclusión, produjeron un mazacote, un bodrio jurídico que remite a las constituciones y leyes de las entidades federativas “el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas”. Tanto ruido para tan pocas nueces y aquí tienen ustedes la responsabilidad de arreglar las cosas.
En los organismos internacionales, que sólo son foros de imágenes o para tomarse la foto, que todavía subsisten a pesar de las violaciones del gobierno estadunidense a la legalidad internacional; después de varios decenios de discusión, la Conferencia General de la unesco finalmente adoptó la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural el 3 de noviembre de 2001.
Su artículo quinto establece: “Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal como los define el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe, así, poder expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna; toda persona tiene derecho a una educación y formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural; toda persona debe poder participar en la vida cultural que el elija ejercer sus propias prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.
Pero no todo es color de rosa. Dos gobiernos anglosajones y el hispano, enloquecidos de soberbia, han declarado la guerra a la pluralidad en el mundo, con el pretexto de combatir el terrorismo buscan globalizar su cultura, su religión y su lengua. Mientras Estados Unidos quiere imponer al mundo entero su destino manifiesto, en la España imperial soñada por Antonio de Nebrija, la de José María Aznar y el juez Baltazar Garzón, se busca aniquilar a las minorías étnicas que se oponen al centralismo madrileño (ver Ojarasca de febrero).
¿Cómo es posible preocuparnos por la biodiversidad de la flora y la fauna y olvidemos la pluralidad lingüística y cultural en Estados Unidos, España, México, en todo el mundo? ¿Es posible que defendamos la diversidad de plantas y animales y permitamos la extinción de la diversidad en el ser humano? Los gobiernos español y estadunidense creen que sí, pero en nuestro país debemos abrir los ojos y el corazón dejando de ser seguidores de políticas genocidas de los criollos centralizadores de toda visión del mundo.
Ante los tambores de guerra que se oyen actualmente anunciando un nuevo Apocalipsis, citaremos parte de la respuesta de Ignacio Ramírez al español Emilio Castelar, en una polémica que sostuvieron en los años sesenta del siglo xix  (“La despañolización”, en Ignacio Ramírez, El Nigromante. Prólogo y selección de Francisco Monterde, Secretaría de Educación Pública, 1944):
¡Qué ruin sería la América a los ojos de nuestro ilustre antagonista si no aspirara a remedar a la España! Un astro más noble descubre la inteligencia entre las tempestades que rodean al mundo; con sus rayos descubrimos el trono conservado para la libertad y el altar para la ciencia; no es el orgullo español ni la ambición francesa quienes hacen desaparecer los Pirineos y precipitan al mar las columnas de Hércules; es la fraternidad universal: lo que hay de más puro, de más noble, de más sublime, pertenece a todos los pueblos, todas las glorias se confunden en una. Homero y Confucio, Washington y Voltaire, Bolívar y Lutero, todo hombre que se apellida grande, lo mismo pertenece a la China que a la España, y en México son igualmente queridos los nombres de Castelar y de Hidalgo. La electricidad, el vapor, la imprenta, lo mismo hablan, se deslizan, vuelan cuando se lo pide un español que cuando se lo demanda un azteca; para entenderse no es necesario hablar castellano; los que vieron en Babel confundidas, extraviadas sus lenguas, han recobrado la voz y emprenden de nuevo la conclusión de la torre prodigiosa, el escalamiento del cielo.

Víctor de la Cruz, poeta, escritor e investigador zapoteco. En 2013 la UNAM publicó una nueva edición de su clásico La flor de la palabra/Gui’st’ diidxazá, sobre la literatura de su pueblo. Con este artículo culmina su serie de escritos sobre las lenguas originarias, publicados en estas páginas febrero y marzo pasados.

Zapata vive, la lucha sigue...Zapata ayer, zapata hoy....

"Ataque directo a la libertad de expresión", la iniciativa de Peña en telecomunicaciones

Zimmermann, hacker defensor de los derechos digitales, condena la regresión oficial

Cuento con ustedes para ganar neutralidad de la red en México, dice el activista francés a mexicanos

Jérémie Zimmermann durante la conferencia de ayer en el Hackerspace rancho electrónico, en la ciudad de México Foto Jesús Villaseca

Ciro Pérez Silva

 

Periódico La Jornada
Miércoles 9 de abril de 2014, p. 23

 

Cualquier intento por restringir o limitar el acceso a Internet debe entenderse como un ataque directo a la libertad de expresión, advirtió Jérémie Zimmermann, tras señalar que la iniciativa de regulación secundaria a la Ley de Telecomunicaciones, enviada por el gobierno de Enrique Peña Nieto al Congreso, es absolutamente contraria a la apertura que se buscaba con la reforma en el sector, pues tiende a monopolizar este servicio.

Zimmermann, hacker activista de los derechos digitales y cofundador del proyecto La quadrature du net, condenó esta regresión del gobierno mexicano y alertó sobre los efectos que las leyes secundarias, de ser aprobadas en sus términos, tendrían sobre la libertad de expresión, la seguridad y la privacidad digital.
Durante un largo encuentro con la comunidad del Hackerspace rancho electrónico, asociación de piratas informáticos mexicanos que aportan herramientas de comunicación en línea para quienes trabajan en un cambio social libertario a partir de software libre y arquitectura descentralizada, entre otros, compartió una serie de experiencias en su larga batalla contra la tiranía de las marcas comerciales y la injerencia de éstas y los gobiernos en la información que maneja la sociedad.
Coautor de Cypherpunks: freedom and the future of the Internet (Criptopunks: la libertad y el futuro de Internet), escrito por iniciativa de Julian Assange y en el que participaron también Jacob Appelbaum y Andy Müller-Maguhn, Zimmermann aludió al control sobre las comunicaciones mundiales que tienen Estados Unidos y las empresas que lo ayudan, como las proveedoras de servicios por Internet.
Reconoció el trabajo de héroes como Edward Snowden (ex agente de la CIA), que nos ayudó a despertar para entender que nuestra intimidad e identidad son indisociables de la tecnología, y es posible que ambas estén ya en manos de un gobierno y sus aliados.

El software pertenece a la humanidad

Mencionó la vigilancia de Estados Unidos sobre intereses económicos, como la petrolera brasileña Petrobras. En estos casos, el surgimiento de esta red global de vigilancia se traduce en un desbalance de poder que puede llevar a injusticias tremendas.

Defendió el software libre que, dijo, pertenece a la humanidad. Nos da libertad de saber si se está utilizando en contra nuestra, y para liberarnos de cualquier control. La descentralización de los servicios es para conocer dónde están todos nuestros datos y comunicación, con base en relaciones de confianza y el cifrado de punto a punto, donde los usuarios se encargan de mantener sus llaves de seguridad, en vez de confiar en este esquema de certificación, donde las compañías encargadas de dicha tarea colaboran con la NSA (Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos).
Dijo que Rancho digital –uno de los mil 600 hackerspaces del mundo– es una de las maneras que hemos creado para compartir conocimiento de manera descentralizada. Inventamos el software libre, inventamos Wikipedia, BitTorrent, OpenStreetMaps, y ya demostramos que los modos descentralizados de organización pueden vencer a las compañías más grandes. Derrotamos las leyes Acta (contra la falsificación en Internet), Sopa (contra la piratería) y Pipa (para proteger la propiedad privada), que fueron impulsadas por gobiernos y empresas. Se obtuvo el marco civil en Brasil, y cuento con ustedes para ganar la neutralidad de la red en México.

Javier Duarte: para los amigos, la impunidad

Por:  Mussio Cárdenas Arellano

  

Gabriel Deantes y Edgar Espinoso fueron protegidos por Javidú al solo despedirlos, sin pedir sanción por el dineral que se robaron

 

Enriquecidos escandalosamente, Gabriel Deantes Ramos y Edgar Spinoso Carrera pudieron pasar por el pantano en que está convertido el gobierno de Veracruz, atesorar poder, hacer e incrementar fortuna e irse cubiertos por el manto de la impunidad. Les bastó tener un cómplice: Javier Duarte de Ochoa.
Uno y otro, inútiles para el servicio público, leales a la corrupción, tuvieron encomiendas infames: comprar a la oposición para fracturar la alianza PAN-PRD en los comicios locales de 2013, y realizar negocios multimillonarios a los que, por supuesto, no es ajeno el gobernador.
Señalados, imputados, acusados de pillos y rufianes, Deantes y Spinoso pudieron tener una suerte agria de no ser porque en lo más álgido de la discusión pública, fueron tácitamente exonerados de culpa con una frase insólita de Duarte: “No hay ninguna investigación. Lo que hay es un proceso de entrega-recepción y en el caso de que se encuentren algunas anomalías tendrán que responder ante las instancias correspondientes”.
Deantes dejó la Subsecretaría de Ingresos en Finanzas y Planeación, entre gritos de desleal y ladrón, hasta de la prensa duartista, omiso ante el derroche de recursos federalizados consignados en el informe de la Auditoría Superior de la Federación.
Spinoso se fue de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, implicado en desvíos financieros con recursos también federales, embustes y mentiras que tensaron la relación con la disidencia del sindicato magisterial, y la sombra de la corrupción.
Fueron los alfiles del gordobés en operaciones turbias y componendas políticas, negocios insanos, nada que desconociera Javier Duarte, nada que se hiciera al margen de él.
Antiguo vendedor de celulares en su natal Tamaulipas, primo de Alberto Silva Ramos, ex alcalde de Tuxpan y encarcelador de periodistas, el ex favorito de la sucesión, el Cisne tuitero, Gabriel Deantes Ramos no se distinguió por su habilidad para hacer negocios sino por su falta de escrúpulos para materializarlos. Corría cualquier riesgo, exponía el pellejo y sabía salpicar… o servir de prestanombre.
Cuentan quienes lo vieron activo, hiperactivo, que en 2013, junto con Erick Lagos Hernández, hoy secretario de Gobierno, entonces líder del PRI estatal, iba y venía por todo Veracruz con la maleta en las manos. Visitaba dirigentes perredistas, alcaldes perredistas, caciques perredistas. Su encomienda era comprar a quien se quisiera vender. Y tuvo clientela.
De la Secretaría de Finanzas salieron miles de millones de pesos para mantener dividido al PRD. Y Deantes gozaba de manga ancha y el beneplácito del gobernador; lo que fuera, al precio que fuera, con cargo al erario de Veracruz.
De aquellos periplos, sensibles los perredistas a la vendimia, se obtuvo un rendimiento político: la división del PRD, con dos consejos estatales, con dos líderes, todos en el ajo, creando las condiciones para que el Tribunal Electoral de Poder Judicial de Veracruz declarara inválida la alianza PAN-PRD, sustentando la negativa del consejo espurio a jugar con el PAN.
Sabida por todos, priístas y no priístas, la historia refiere que esa treta fue fraguada por el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, financiada con recursos federales por Javier Duarte y operada por Erick Lagos y Gabriel Deantes, hasta pulverizar a la oposición, ganar el Congreso y las principales alcaldías de Veracruz.
No todo fue a dar a manos de la oposición. Fidelistas natos, obviamente una parte de los recursos, pagados en efectivo para no dejar huella, quedaron en sus manos.
Edgar Spinoso, por su parte, ya era rico cuando nació, pero el duartismo lo llevó a las nubes. Hijo de César Spinoso Foglia y sobrino de Roque, fundador de la Unión Nacional de Productores de Caña, asesinado en 1984, pudo gozar de una fortuna que muchos ansían, según describe la periodista Silva Núñez Hernández, autora de la columna Fuera de Foco.
Spinoso es un especie de bufón en la corte duartista, junto al trovador del istmo, Fernando Charleston Hernández, secretario de Finanzas y Planeación, amigo éste de Javier Duarte porque solía prestarle su departamento en el Distrito Federal cuando la necesidad era mayor.
Spinoso posee residencias, autos, tierras, edificios que le renta al gobierno de Veracruz, aviones, departamentos, restaurantes, negocios de telefonía y la constructora Aledce, S.A. de C.V., que es la punta de la madeja para entender bajo qué corruptelas se mueven los hombres del gobernador.
Con el título “La gran estafa”, Silvia Núñez retoma en su columna la información revelada por el diputado panista Juan Bueno Torio, que alude a las inconsistencias halladas por la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de recursos federales concernientes al año 2012 y que le pegan de lleno a dos áreas claves del gobierno duartista: Finanzas y Educación. O sea, a Deantes y Spinoso.
En sus gestiones se operó o se encubrió el desvío de partidas, generando un daño a la Hacienda Federal, por diversos rubros, entre ellos una de 500 millones 599 mil 32.30 pesos por no haber aplicado recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE).
Otro: 117 millones 725 mil 408.85 pesos por no aplicar recursos reintegrados del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, que Spinoso debió detectar desde la Oficialía Mayor de la SEV.
Uno más: 60 millones 173 mil 787 pesos no aplicados del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
Otro: pagos por 74 millones 709 mil 887.96 pesos no vinculados a lo que establece el Convenio Marco de Coordinación entre el gobierno de Veracruz y el gobierno federal.
Y así otras partidas que debieron ser atendidas por Gabriel Deantes Ramos en SEFIPLAN y Edgar Spinoso Carrera en la SEV. Y que no lo hicieron porque no supieron, no quisieron, no pudieron o porque era ese el plan de usar los recursos electoralmente para comprar a la oposición y “mochar” una fracción de lo que tuvieron en sus manos.
De acuerdo con la información revelada por la periodista Ana Lilia Velásquez, reseñada por Silvia Núñez, están sujeta a investigación la constructora Alcede, de Edgar Spinoso Carrera, y sus socios, entre los que figuran su hermano Alfredo; sus otros hermanos, César y Astrid; su esposa Elvia Carlota Besil Samperi; su suegro Carlos Besil Milán, y el subdirector de Recursos Humanos de la SEV, José A. Ojeda Rodríguez.
Por parte de Gabriel Deantes, aparece en la investigación su esposa Laura Saldaña; el director de Administración de SEFIPLAN, Eduardo Contreras Rojano, y el tesorero, Antonio Tarek Abdalá Saad, vinculado a tres empresas proveedoras del gobierno de Veracruz: Veintiocho Construcciones, Siete Caminos y Sheba Constructora e Inmobiliaria. Tarek Abdalá fue el tesorero del DIF estatal en tiempos de Rosa Borunda. ¿Prestanombre de la doña?
Por las manos de Deantes y Spinoso corrieron cientos si no es que miles de millones de pesos. Debieron cuidar su aplicación o reintegro al gobierno federal. Pero no. Uno operó la compra de la oposición para frustrar la alianza PAN-PRD y el otro vio florecer negocios para enriquecerse más de lo que ya era.
Acusados de todo, de deslealtad, de haberse enriquecido a espaldas del gobernador, de ser rufiales, pillos y ladrones, pudieron acallar la embestida cuando Javier Duarte lanzó su frase infame: “No hay ninguna investigación”. Duarte les dio su bendición.
Duarte supo encubrir a Fidel Herrera, a Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”—, a Víctor Arredondo en la SEV, y ahora a Manzur, Pablo Anaya, Adolfo Mota. Cómo no hacerlo con Deantes y Spinoso, dos peones del duartismo.
Es un encubridor profesional
Archivo muerto

¿Sabrá el gobernador Javier Duarte a qué le tira cuando denuncia a la empresa ferroviaria Ferrosur por el caso de los migrantes agredidos, asesinados y las indocumentadas violadas en el sur de Veracruz?
¿Sabrá que el dueño de Ferrosur es Jorge Larrea, propietario de la tercera reserva mundial de cobre, y que lo es desde que Ferromex y Ferrosur se fusionaron en 2005, y que la concesión de Ferrosur le fue otorgada a Carlos Slim Helú, el segundo hombre más rico del mundo y a quien el mismo Duarte le abriera las puertas de Veracruz para que realice inversiones cuantiosas —fraccionamientos, plazas comerciales, hospitales—, las que le puedan salvar su deplorable y patética gestión como gobernador? Debió escuchar el gobernador a los que dicen que no hay que pelearse con el dinero. Ahora, a comerse ese pollito, don Javier. Y si ya está en ese plan, ¿por qué no denuncia a Miguel Alemán por los asaltos y crímenes que se cometen en los ADO?…
Desorganizado, botín de piratas, fue el Carnaval Coatzacoalcos 2014 el desastre que se esperaba. Deslucido, con el escándalo de la reina fea, la basura por todos los rincones, heridos, apuñalados, batallas campales, más de 35 accidentes automovilísticos, el evento no resultó más que un negocio de Andrés Azuela Berchelmann y Jaime Ruiz López y sus respectivas pandillas. Desfilaron algunas estrellas que en la TV se ven bien y de carne y hueso son más hueso que carne. Azuela controló la contratación de artistas; Jaime Ruiz el atraco de las gradas. Más adelante, la historia a detalle…
¿Quiénes son esas dos priístas, narcisistas, fanáticas del rímel, el bilé y el trapo fino, amantes de la caña, que bien flameadas y como Dios les dio a entender irrumpieron en un episodio de campaña del hoy senador Héctor Yunes Landa, en Coatzacoalcos? Por horas habían departido con el también legislador José Francisco Yunes Zorrilla y de ahí —¿será con línea?— se lanzaron a estropear el acto del nacido en Soledad de Doblado. Habrían propiciado un desastre, de no ser porque entre los priístas hay quienes tienen espíritu de cantinero: saben tratar a borrachas necias. Dos pistas: una es dirigente del PRI y la otra funcionaria municipal y querida de un editor. Las diabluras de Pepe no perdonan ni a la parentela…
Dos casos y dos ópticas: en Chumatlán fue tomado el consejo electoral municipal; en Las Choapas, no. Allá, la presencia de priístas y de gente ajena al municipio, provocó la protesta radical de los partidos opositores al PRI. Acá, en Las Choapas, todo pareciera estar bien. Pareciera, pues dos consejeros tienen lo suyo: Eduardo Carreño es priísta de toda la vida, de Coatzacoalcos, ex aspirante a dirigir el tricolor local y ligado al grupo del ex alcalde Iván Hillman Chapoy y su esposa, la hoy diputada priísta-verde, Mónica Robles Barajas de Hillman, compañera de Congreso de Renato Tronco; y Adelaido Infanzón García, ex funcionario del IFE en Coatzacoalcos, hoy empleado del INEGI, vinculado a Marcelo Montiel, cacique priísta y actual delegado de la Secretaría de Desarrollo Social federal en Veracruz. O sea, a la vista dos personajes con tufo a PRI y no hubo quien los impugnara. También la oposición es cómplice del fraude, aunque sea por omisión…
A revisión el Parque Jurásico construido y habilitado durante la alcaldía de Marco César Theurel Cotero —“Te rompo tu puta madre”— y que hoy evidencia cómo dilapidar 12 millones con tretas y corruptelas.
Destartalados, los dinosaurios mecánicos dejan de dar servicio a sólo unos meses de ser puestos en funcionamiento; el terreno donde se construyó el parque no fue bien acondicionado, y los ingresos están sujetos a revisión pues se observan lagunas financieras donde todo mundo metió mano. Cree Theurel que la tormenta pasó cuando lo que se ve venir es un tsunami… Parientes, amigos, protegidos, de todo incrusta Alfonso Morales Bustamante en el ayuntamiento de Coatzacoalcos.
Está el cuñado, la prima, el chofer y hasta el payaso Pin Pon, que funge como auxiliar del tesorero municipal, sin tareas específicas, para lo que sea, al fin que es muy chistoso…

Veracruz: Presas hidroeléctricas, neoliberalización y resistencia civil

 

Jalcomulco (Veracruz) es una de las múltiples sedes de un conflicto de dimensiones globales. Odebrecht, el conglomerado brasileño de negocios que impulsa el proyecto de la presa hidroeléctrica en la comunidad, es una suerte de actor de reparto. El protagonista es la población en resistencia. El primero representa el procedimiento rutinario de extracción, desposesión, suspensión de soberanía. El segundo representa el ulterior acontecimiento: es decir, la condición de la posibilidad de una ruptura con el procedimiento rutinario. 

Veracruz es uno de los estados más ricos en recursos naturales. Que para el caso de una región en condición de bancarrota política, jurídicamente desprotegida, económicamente hipotecada, esta riqueza se traduce en calamidad. Cabe recordar que el territorio veracruzano tiene en puerta “más de 100 proyectos hidroeléctricos en seis cuencas del estado… [explotación] de 93 minas con 206,552 hectáreas concesionadas… [disposición] de 745 km de la costa veracruzana para la construcción de parques eólicos… [y por añadidura, no se debe soslayar] que 90% del territorio veracruzano es susceptible a la fracturación hidráulica” (El Jarocho Cuántico 9-III-2014). 

Acá no valen los análisis de especialistas, peritos o científicos. Porque el problema no es técnico; es político. Da pena observar a ciertos académicos “opositores” al proyecto invocando estudios pretendidamente científicos que confirman los efectos perjudiciales que entraña la construcción de la presa. No se difiere con el diagnóstico (la virtual nocividad de la presa); sí en cambio con la estrategia discursiva (inconscientemente convalidando la supuesta necesidad de un análisis de orden científico, por oposición a una consulta ciudadana). Omiten tercamente al actor central, y tratan condescendientemente al ciudadano. La ilegitimidad del proyecto antecede a cualquier tipo de estudio: es el resultado de una iniciativa privada, que no reconoce siquiera como interlocutor marginal a la gente de la comunidad. Típica política neocolonial: usufructo privado de los recursos, desconocimiento agravante de la soberanía de un territorio y población. En el marco de la neoliberalización, la incautación de recursos naturales se discute o dirime en términos científicos o técnicos. Es preciso repolitizar este remedo chiclero de saber tecnocientífico. 

En esta era de recolonización silenciosa, cualquier transnacional puede conducir los hilos de un Estado soberano. Las legislaciones nacionales se ocupan casi neuróticamente de ofrecer eso que eufemísticamente se conoce como “seguridad jurídica” a la inversión privada, que no es otra cosa que redes de protección legal para los abusos del capital. Veracruz es un caso paradigmático. Que no vengan acá con cuentos chinos. Mientras ciertas empresas foráneas como Goldgroup, la minera canadiense, u Odebrecht, la compañía brasileña en cuestión, consiguen permisos inmoderados para la extracción de minerales a gran escala (Caballo Blanco), o para la explotación de recursos energéticos-acuíferos (río Pescados), respectivamente, la población del estado sigue cuesta abajo en estándares de vida y tenencia de patrimonio. De acuerdo con un reporte reciente de la Auditoría Superior de la Federación, el índice de pobreza en el estado aumentó de 17 a 59% en los últimos cuatro sexenios. El informe “ubica a Veracruz en los primeros lugares de marginación pues 28 por ciento de su población, es decir un millón 900 mil 503 personas viven en una situación de pobreza alimentaria. Al hablar de pobreza de capacidad el porcentaje se eleva a 36.2 con 2 millones 582 mil 256 veracruzanos; y finalmente en pobreza patrimonial se encuentra en 59.3 por ciento equivalente a 4 millones 216 mil 24 habitantes” (La Jornada Veracruz 2-III-2014). En otras palabras: la concesión extraordinaria de facultades extractivas a las grandes empresas (extranjeras o domésticas) redunda naturalmente en confiscación de patrimonio vital para una multiplicidad de sectores poblacionales, especialmente los más desposeídos. 

El alegato científico o técnico puede contribuir a respaldar un posicionamiento, en este caso el rechazo categórico al proyecto de la represa. Pero el primer fundamento debe ser de orden político. Se ha sostenido que la construcción de la presa afectará a más de un millón 200 mil habitantes (cerca del 13% de la población total del estado), particularmente en lo correspondiente a servicios turísticos, agricultura, pesca, ganadería, provocando alteraciones en toda la cadena de la actividad productiva, en los ciclos de inundación y sequía, y en el quehacer cotidiano de la comunidades contiguas. De acuerdo con ciertas versiones que acierta en señalar La Jornada Veracruz, “la construcción de la hidroeléctrica está mucho más asociada a las necesidades de alimentación de energía para un proyecto de parque industrial cercano a la ciudad comercial administrativa de Xalapa… un parque industrial en la zona de Cerro Gordo [que está en curso] desde 2011”. Acá el tema no es el abastecimiento de agua a la capital, como sugieren los informes de la empresa que han avalado solícitamente la Conagua, la Semarnat y la Profepa. El tema es de orden estrictamente privado: el de una empresa particular con fines públicamente inconfesables con fingida preocupación social. Para el caso de estos conflictos típicamente latinoamericanos, “los pretextos invocados ofenden la inteligencia; las intenciones reales encienden la indignación” (Eduardo Galeano). 

La resistencia civil en curso, que cobra forma en la modalidad de un amplio movimiento antirepresas en Veracruz, es una consecuencia natural de un sistema sostenido en la desposesión, y no pocas veces en el exterminio de la oposición ciudadana. En diversos espacios se discute la pertinencia de esta insubordinación. Pero en todo caso, lo que cabría discutir (o acaso condenar) es la pertinencia de un modelo que coloca a las poblaciones en condición de agentes sobrantes, insistentemente ignorados. Las resistencias son criaturas de la neoliberalización, cuya operatividad no es aceptable ni sostenible aún con toda la parafernalia tecnocientífica. Hace falta desvelar la naturaleza de esta estrategia política de alcance global. Y en lo tocante a la resistencia, corresponde apoyar irrestrictamente la movilización, e involucrarnos activamente en la agenda transformacional de nuestro pares ciudadanos. 

Arsinoé Orihuela

Quieren una Internet sin libertad de crítica..#Telecom

Quieren una Internet sin libertad de crítica
Hervor de corrupción en la línea 12 del Metro
Solicitan que Fox ‘‘reunifique’’ a las dos Coreas

Enrique Galván Ochoa

 

Mientras la atención pública se mantiene entretenida con la guerra de las televisoras y los ‘‘preponderantes’’, el gobierno priísta maquina un golpe contra el espacio de expresión más libre del país: Internet y las redes sociales. La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que envió Enrique Peña Nieto al Senado atenta contra los derechos humanos y la privacidad de los usuarios de Internet, dice Luis Fernando García, abogado especialista en la materia e integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Uno de los aspectos más preocupantes es el referente a la llamada ‘‘colaboración con la justicia’’. En el artículo 197, fracción 7, se establece que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones deben bloquear o inhibir la señal en lugares críticos para la seguridad nacional, lo cual abre la puerta para que se bloqueen las comunicaciones en manifestaciones y marchas, o concentraciones, impidiendo a las personas que se comuniquen entre sí y denuncien abusos de autoridad. ‘‘Se trata de una medida desproporcionada y violatoria de la libertad de expresión y los derechos humanos, y así lo ha dicho ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos’’, apuntó García. En cuanto a la privacidad de los usuarios, la ley indica que las empresas deberán conservar registro de las comunicaciones de todos sus usuarios por dos años o hasta por tiempo indefinido. Esto incluye llamadas, mensajes, nombres e incluso datos de geolocalización de los celulares, con lo que ‘‘se revelará mucha información del contenido de las llamadas, el dónde, a qué hora y para qué de las comunicaciones’’. La iniciativa plantea además que las policías, la Sedena, la Marina o el Cisen puedan solicitar esta información sin autorización judicial. No resistió el gobierno las críticas en las redes sociales, aun cuando tiene contratados a todo tipo de bots que lo defienden y alaban su actuación. La idea es tener una Internet parecida a Televisa: que calle lo malo que sucede en el país.

No embonan ruedas ni cuentas

¿Dónde andarán los amigos superpoderosos de Marcelo Ebrard, aquellos a quienes ayudó asignándoles cuantiosos contratos, o protegió, como la inmobiliaria que levanta la Torre del Bicentenario? ¿Irán a salir en su defensa? Porque la cosas se le están poniendo difíciles. La Secretaría de la Función Pública dio a conocer que el Gobierno del Distrito Federal debe regresar a la Federación 489 millones 422 mil pesos de gastos que no pudo comprobar por la construcción de la línea 12 del Metro, la de las ruedas que no embonan con las vías. El subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Julián Olivas Ugalde, explicó que durante la administración de Marcelo se destinaron 14 mil 361 millones de pesos de recursos federales para las obras de la Línea Dorada. Los fondos federales fueron auditados y como resultado se hicieron observaciones sobre los procesos de contratación y construcción. ‘‘A pesar de esta revisión exhaustiva que llevamos a cabo, no se pudo justificar el pago que se realizó con recursos del Fondo Metropolitano de diversos convenios, reconocimientos de adeudos de obras inducidas por la cantidad de 489 millones 422 mil pesos que no fueron formalizados en contratos conforme a las disposiciones jurídicas’’, indicó Olivas. El subsecretario afirmó que también se reunirán con la Auditoría Superior de la Federación para revisar la Cuenta Pública del año pasado, en la que se verificarán recursos por 3 mil 400 millones de pesos. ¡Zas!