Soldados, marinos y policías federales abatieron a 4 mil 182 civiles entre diciembre de 2006 y marzo de 2013, indican estadísticas oficiales entregadas a Contralínea. Según las autoridades, las personas perecieron en escenarios de combate, tras agredir a las fuerzas del orden. Sin embargo, en la CNDH se integraron 185 expedientes por un número igual o mayor de ejecuciones extrajudiciales, una de las más graves violaciones a los derechos humanos. En Tamaulipas, territorio que estaría bajo el dominio de Los Zetas, se registró la mayor cantidad de civiles abatidos (1 mil 556), mientras que en Sinaloa, controlado por el Chapo Guzmán, sumaron 121 personas muertas a manos de agentes del Estado en el mismo lapso
Al menos 4 mil 182 civiles fueron abatidos por integrantes de las fuerzas federales, revelan a Contralínea
las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y
Gobernación (Segob) por medio de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental. Según las autoridades,
los hechos ocurrieron entre diciembre de 2006 y marzo de 2013 en
enfrentamientos con personas armadas.
Día con día se acrecienta este fenómeno
de violencia extrema, como parte de las secuelas de la aún vigente
“guerra contra el narcotráfico”. Tan sólo en la crisis de seguridad que
enfrenta Michoacán, el pasado 13 de enero un civil falleció en un
“forcejeo” con un militar, según la versión de la propia Segob. Dicha
muerte ocurrió durante el operativo para desarmar a los grupos de
autodefensas que se realizó en el municipio de Parácuaro.
Sin embargo, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) apuntó que fueron dos las víctimas mortales del
lado civil, mientras que los integrantes de las autodefensas hablaron de
cuatro civiles asesinados. Ninguna de las víctimas estaba armada,
aseguraron.
Respecto de las 4 mil 182 personas que
las autoridades reconocen haber abatido tanto en el sexenio de Felipe
Calderón como en los primeros días del gobierno de Enrique Peña Nieto, 3
mil 684 fueron a manos de la milicia: los soldados abatieron a 3 mil
407 (el 81.5 por ciento), y los marinos a 277 (el 6.6 por ciento). El
resto, 498 (el 11.9 por ciento), corresponde a las cifras proporcionadas
por la Segob, a nombre de la Policía Federal.
Entre los caídos en las condiciones descritas por las autoridades figuró Arturo Beltrán Leyva, el Jefe de Jefes,
quien murió junto con tres de sus escoltas el 16 de diciembre de 2009 a
manos de marinos; su cuerpo fue maltratado, desnudado y expuesto con
billetes ensangrentados ante la prensa. Sin embargo, algunos reportes
periodísticos señalaron que en la zona donde falleció el líder del
Cártel de los Beltrán Leyva también murió una mujer que no tenía
relación con el crimen organizado.
Otro caso similar fue el de Ignacio Coronel Villarreal, el Nacho Coronel, ejecutado
por miembros del Ejército el 29 de julio de 2010 en un operativo
exclusivamente militar que, no obstante, se realizó mediante el uso de
vehículos civiles.
Abel Barrera, director del Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, explica que la
militarización del país sólo ha impactado en contra de los derechos
humanos de la sociedad, pues el crimen organizado no sólo no ha
disminuido, sino que se ha incrementado.
“En los hechos, los actores armados como
el Ejército y la Marina son los que han copado las regiones y esto no se
ha traducido en mayor seguridad”. El antropólogo ejemplifica con el
caso de Guerrero, que es uno de los estados más militarizados y al
tiempo de los más violentos e inseguros. Ahí “siguen intocados todos los
grupos de la delincuencia organizada. Éstos no han amainado; al
contrario, se han fortalecido, y eso nos habla del fracaso de este
modelo de colocar a las fuerzas castrenses como la punta de lanza para revertir esta situación de violencia”, explica en entrevista.
Violaciones a derechos humanos
Para “justificar” las muertes de los 4
mil 182 civiles, las tres instituciones federales argumentan que éstos
fallecieron en contextos de enfrentamiento. La Sedena, por ejemplo,
indica en la respuesta a la solicitud de información 0000700011713 que
se trata de “la relación de agresores que han fallecido (presuntos
delincuentes) [sic] durante las agresiones a personal militar”.
En respuesta a la solicitud
0001300005713, la Semar refiere que es la “información de los probables
responsables de ilícitos que han sido abatidos durante las operaciones
que realiza [la institución] para restablecer el estado de derecho en
lugares donde la delincuencia organizada ha dañado a la ciudadanía con
sus actividades ilícitas”.
Y en cumplimiento a la resolución RDA
0541/13 –dictada por el Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos a favor de Contralínea–, la Secretaría de
Gobernación indica que “se proporciona la cifra de personas fallecidas
por enfrentamientos con elementos de [la] Policía Federal”.
No obstante, hay casos como el de Michoacán que evidenciarían ejecuciones extrajudiciales, donde las víctimas se encontraban desarmadas al momento de los hechos y nunca se les comprobó ser criminales.
Tan sólo en la CNDH se levantaron 185
quejas por un número igual o mayor de ejecuciones extrajudiciales, que
el organismo autónomo identifica como delitos de “privación de la vida” y
“violación al derecho a la vida” cometidos por integrantes de la
Sedena, la Marina y la Policía Federal.
De esos 185 expedientes de queja, 167 se
consignaron como privación de la vida. El resto, 18, como violación al
derecho a la vida. En todos los casos, quienes interpusieron las quejas
presumen que los supuestos responsables violentaron el derecho humano a
vivir.
Los reportes generales de las quejas –de los que Contralínea
obtuvo copias por medio de la Ley Federal de Transparencia– refieren
que hasta enero de 2013 se habían abierto 210 expedientes por esos
delitos, cometidos por los tres niveles de gobierno; es decir que las
fuerzas federales concentraron el 88 por ciento de los presuntos
crímenes que investiga la CNDH.
Al evaluar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que han
cometido las fuerzas federales, Jaqueline Sáenz Andujo considera que la
política de seguridad del gobierno se debe modificar. Para la
coordinadora del Programa de Derechos Humanos de Fundar, Centro de
Análisis e Investigación, es imprescindible reducir el presupuesto en
esa materia. El dinero público, indica, se debe destinar a una
estrategia integral de prevención del delito “que actualmente no existe
[...]; se debe reducir la estrategia de militarización a la par de las
funciones castrenses”, indica.
Según su definición, la ejecución
extrajudicial es la privación arbitraria de la vida de una o varias
personas por parte de agentes estatales: “Una forma de pena sin proceso o
pena extralegal, aplicada al margen de un proceso legal y en
contravención al principio de legalidad”.
Y aunque las autoridades aseguran que los civiles caídos formaban parte
de la delincuencia y murieron en combate, los asesinatos de los niños
Almanza Salazar, del indígena Bonfilio Rubio y de los estudiantes Jorge
Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo ejemplifican una de las más
graves e irreparables violaciones a los derechos humanos cometidas en
México en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico”, que es
justamente la ejecución extrajudicial.
Para Santiago Cantón, director del Centro
Robert F Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos,
“indudablemente es necesario modificar la política de seguridad [de
México]. Dicha política tiene que tener un enfoque en derechos humanos.
Si bien es cierto que estamos enfrentados a una realidad muy difícil, no
podemos olvidarnos de los principios básicos de derechos humanos que
tienen que ser parte de cualquier política relacionada con la lucha
contra la violencia”.
Los objetivos
De los datos proporcionados por la
Sedena, la Marina y la Secretaría de Gobernación destaca también que de
los 4 mil 182 civiles abatidos, la mayoría perecieron en territorios
controlados por Los Zetas o que éstos disputan intensamente a su
principal enemigo, el Cártel de Sinaloa; en tanto, las zonas de
influencia de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, presentan un menor índice de abatidos.
Así, Tamaulipas es la entidad con el
mayor número de civiles abatidos por las fuerzas federales: 1 mil 556.
De éstos, 1 mil 359 perecieron a manos de integrantes de la Sedena; 117,
por la acción de integrantes de la Semar; y 80, bajo el fuego del
personal de la Policía Federal.
De acuerdo con las estadísticas
oficiales, 2012 fue el año en que los soldados abatieron más civiles en
ese estado: 501. Le siguió 2011, con 461; 2010, con 353; 2009, con 28;
los primeros 3 meses de 2013, con 11; y 2008, con cinco; mientras que en
2007 y diciembre de 2006 no hubo abatidos en esa entidad.
En segundo lugar se ubica Nuevo León, también controlado por Los Zetas, con 572 abatidos. De los territorios zeta le sigue Veracruz, con 309; Zacatecas, con 284, y Coahuila, con 201.
A la par de Veracruz, sin embargo, se
coloca Guerrero, al registrar un total oficial de 309 civiles abatidos.
La diferencia es que, según la más reciente información de inteligencia
de la Agencia Antidrogas estadunidense (DEA, por su sigla en inglés),
esa entidad es disputada por los cárteles de Los Caballeros Templarios y
los Beltrán Leyva, mientras que Los Zetas dominan sólo el puerto de
Acapulco.
Michoacán también destaca por el número
de civiles abatidos entre diciembre de 2006 y marzo de 2013, al
registrar 272. La entidad es dominada por Los Caballeros Templarios,
antes conocidos como La Familia Michoacana.
Le sigue Durango, donde fallecieron 122
personas a manos de las fuerzas federales. En este caso, el control del
territorio se lo disputan los cárteles de Los Zetas y Sinaloa, según la
DEA.
En el territorio ciento por ciento del
cártel de Joaquín Guzmán Loera, Sinaloa, registró oficialmente 121
civiles abatidos. Por incidencia de casos, le sigue Chihuahua, con 113.
Este último estado es dominado por los cárteles de Sinaloa y Juárez.
El resto de las entidades federativas
presentan de 2 a 61 civiles abatidos, mientras que los casos de
Campeche, Puebla, Tlaxcala y Yucatán no registran, oficialmente, una
sola persona fallecida en combate con los soldados, marinos y policías
federales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario