Si sólo fuera una broma, el reconocimiento que le dieron estos organismos a Duarte podría ser un episodio más de la historia mexicana de la infamia. Como cuando le otorgaron un doctorado Honoris Causa a Alfonso Durazo, el represor jefe de la policía capitalina, o cuando Vicente Fox, el Presidente que presumió de su analfabetismo, mandó a construir la megabiblioteca José Vasconcelos y la llenó de libros de autoayuda y de Sari Bermúdez.
Sin embargo, aquí se trata de otra cosa. El premio a Javier Duarte es un desplante, una muestra más de arrogancia de esa administración que ha ensangrentado, intimidado, perseguido, hostigado y minimizado la ola de crímenes contra periodistas, reporteros gráficos y hasta usuarios de Twitter. No hay que olvidar que Duarte se estrenó con una persecución a dos tuiteros equiparándolos a terroristas por haber difundido información falsa en redes sociales.
No hay empacho para el autohalago en el robusto gobernante. El mismo día de la premiación ignoró el nombre de los nueve periodistas asesinados, de los más de 30 que han decidido salirse de la entidad ante los empeños persecutorios de grupos de poder o de su jefa de prensa Gina Domínguez, auténtica “intocable” en la entidad.
Duarte afirmó que ese reconocimiento –sin ningún prestigio nacional– “significa mucho para Veracruz y para mi gobierno” porque “nos confirma que en la defensa y en el respeto de la libertad de expresión vamos por la ruta correcta y que en la protección a los periodistas respondimos con oportunidad y acciones concretas a un gran desafío que juntos estamos superando”.
Oportunismo vil y grosero. Las asociaciones que lo premiaron alabaron la creación de una Comisión de Atención y Protección a Periodistas. Duarte presumió que va a relanzar el Colegio de Periodistas para hacer seminarios, diplomados, maestrías, doctorados. El humor veracruzano ya lo bautizó como el “Chayo Duarte”.
Al día siguiente de esta ceremonia, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), el World Editors Forum (WEF) y el Instituto Nacional de Prensa criticaron al gobierno de Enrique Peña Nieto por no bridar mayor protección a los periodistas. Recordaron que desde el 2006, hay “41 periodistas asesinados con casi total impunidad” y calificaron a Veracruz “como una de las regiones más peligrosas del mundo para el ejercicio periodístico”.
Por supuesto, esto no lo presumen los jilguerillos de Duarte, ni sus intermediaros que llegan con millonarios convenios a los periódicos, a las estaciones de radio, a las televisoras y hasta a los blogs para cooptar a los dueños y editores para que dejen de “hacer escándalo” con las muertes de los periodistas en Veracruz.
La Lista Sangrienta
Ningún premio podrá borrar lo que tanto estas organizaciones internacionales como Reporteros sin Fronteras, Artículo 19 y decenas de organismos cívicos como las Periodistas de a Pie o las asociaciones gremiales han señalado: la administración de Duarte ha sido negligente frente a la descarada impunidad con la que han asesinado o intimidado a los reporteros.
El galardón se le entrega el mismo mes en el que fue asesinada la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, periodista valiente, reconocida por decenas de compañeros no sólo como una buena colega sino como una profesora respetada.
A Regina la asesinaron el 28 de abril de 2012 en su domicilio. El gobierno de Veracruz decidió investigar primero a sus amigos (incluyendo a los reporteros) y no a sus enemigos (explícitos u ocultos). En octubre del mismo año decidió dar “carpetazo” mostrando a un supuesto asesino, cuyo móvil fue el robo.
El caso de Regina Martínez indignó a decenas de compañeros. Provocó dos movilizaciones en la Ciudad de México y algunas en Veracruz. Generó una persecución nada discreta en contra de los más cercanos a la también ex corresponsal de La Jornada y editora del periódico local Política.
No habían pasado tres semanas cuando aparecieron los cuerpos asesinados de tres reporteros gráficos. El 3 de mayo de 2012, Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge Córdova, ambos ex fotógrafos de Veracruz News, y Esteban Rodríguez, fotógrafo del diario AZ.
El caso de estos tres fotógrafos se vinculó con el crimen de Yolanda Ordaz, reportera de Notiver, cuyo cuerpo fue encontrado el 27 de julio de 2011. El entonces procurador Reynaldo Pérez Escobar trató de vincular el homicidio de Ordaz con el crimen organizado. En otras palabras, mencionaron que Ordaz estaba relacionada con alguno de los cárteles que ha ensangrentado la entidad.
Antes de Yolanda Ordaz, fueron asesinados Miguel López Velasco, periodista de nota roja de Notiver, y su hijo Miguel López Solana, fotógrafo del mismo periódico, el 20 de junio de 2011.
El 31 de mayo de 2011 fue asesinado Noel López Olguín, colaborador de los semanarios Horizonte y Noticias de Acayucan.
El 13 de junio de 2012 Víctor Manuel Báez Chino, reportero y editor de Milenio El Portal de Veracruz, fue secuestrado. Su cuerpo fue hallado mutilado.
La lista sangrienta pudo haber sido más grande. Muchos periodistas, comentaristas, fotógrafos o editores de páginas on line decidieron abandonar Veracruz. El caso más reciente fue el de Félix Márquez, fotoperiodista de la agencia Cuartoscuro.
Márquez anunció que dejaba la entidad el 19 de marzo, como consecuencia del acoso y hostigamiento ejercidos por el gobierno de Javier Duarte en su contra. Márquez fue acusado públicamente por Duarte de difundir fotos falsas de grupos paramilitares.
Y en Veracruz ya todos saben que cuando Duarte se molesta con algún reportero, algo malo puede suceder. Sin embargo, ahora presume feliz su galardón “patito” como protector de periodistas.
Es tanto como otorgarle un premio de filantropía a “El Chapo” Guzmán o un doctorado de filosofía al “Niño Verde”.
aro Villamil
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