La red de funcionarios para usar en forma ilegal los programas
antipobreza, descobijan al gobernador de Veracruz y al propio presidente
Enrique Peña Nieto.
MÉXICO, DF (Apro).- La red de funcionarios federales, estatales y
municipales para usar ilegalmente los programas antipobreza a favor del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, puesta al
descubierto por el Partido Acción Nacional (PAN), no sólo exhibe al
gobernador Javier Duarte como jefe de delincuentes electorales, sino
también al presidente Enrique Peña Nieto y a la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) que opera el programa emblema del sexenio: La Cruzada
contra el Hambre.
En la denuncia penal que presentó el PAN ante la Procuraduría General
de la República (PGR), a través del diputado federal Humberto Alonso
Morelli, no queda duda: Duarte está al frente de la "estructura
paralela" al PRI en Veracruz, como lo confiesan los responsables
políticos y operativos de ésta, miembros del primer círculo del
gobernador priísta.
A lo largo de las 50 cuartillas de la denuncia penal, presentada el
martes 16 y de la que Proceso tiene copia, los involucrados describen, a
detalle, el plan para hacer triunfar al PRI con base en el uso ilegal
de programas federales, estatales y municipales, una trama en la que
intervienen al menos 59 servidores públicos –no 57–, la mayoría
priístas.
Pero también en la denuncia contra "El cártel rojo de Veracruz" –como
lo denomina el PAN– se identifica como "cómplices" a funcionarios del
Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Electoral Veracruzano
(IEV), quienes facilitan la infiltración de priístas como funcionarios y
realizan cambios de credenciales de elector indebidamente.
Según la denuncia, están involucrados el vocal ejecutivo del Registro
Federal de Electores (RFE) en esa entidad, Sergio Vera Olvera; Mariana
Sánchez "y los encargados de los módulos" del IFE, así como la
presidente del IEV, Carolina Viveros González; el vocal de capacitación,
que no identifica, y "los capacitadores asistentes electorales".
ESTRUCTURAS PARALELAS
La denuncia refiere que los funcionarios del IFE "autorizaron cambios
de domicilio de electores entre municipios que no son procedentes de
acuerdo con la normatividad legal, principalmente a los municipios de
Boca del Río y Veracruz".
Por ello pide a la PGR que solicite al IFE cuántos de esos cambios se
hicieron este año de otros municipios del estado a la zona conurbada
Veracruz-Boca del Río, "así como de municipios de los estados limítrofes
con Veracruz proporcionando los nombres y demás datos de dichos
electores".
En la denuncia ante la PGR, el PAN asegura: "Se tiene conocimiento de
que en todo el estado está operando una estructura paralela similar a la
de Boca del Río y de que se ha estado contratando a personas con
residencia en otros estados para que voten a favor de los candidatos del
PRI a cambio de dinero, transportándolos de sus lugares de origen y
regresándolos al terminar la jornada electoral."
Añade: "Según sabemos, ya realizaron trámites de cambio de domicilio a
diversas ciudades del estado, principalmente Veracruz y Boca del Río,
con la complicidad de los funcionarios y empleados del Registro Federal
de Electores antes mencionados, quienes no exigen un documento que
acredite fehacientemente su residencia efectiva".
En el caso de los funcionarios del IEV, la denuncia recoge testimonios
en el sentido de que ese órgano "está de nuestro lado", pero también se
planea colocar como funcionarios de mesa directiva de casilla a
priistas, como lo planteó en una reunión la representante del PRI ante
el IEV, Rosa María Adriana Mendoza.
La priísta dice que se debe trabajar "para que nuestra gente ocupe las
primeras posiciones en este proceso electoral" y por eso pide que se
invite a priistas para que se capaciten: "Y, bueno, nosotros nos
encargamos de lo demás a través del capacitador de convocarle una
posición de escolaridad alta para que él ocupe la integración (de mesas
directivas de casilla) como presidente, secretario y como escrutador".
ASOCIACIÓN DELICTUOSA
Esta estructura, dijo Madero, constituye una asociación delictuosa,
porque opera en todos los municipios de Veracruz con recursos de los
programas sociales públicos para ponerlos al servicio de los candidatos
del PRI, lo que constituye una violación grave a la Constitución de la
República, a la local y a las leyes penales y electorales.
"Violenta también el espíritu democratizador del Pacto por México, pero
sobre todo constituye un abuso y una falta absoluta de moral pública,
de ética política y de respeto a la dignidad humana", puntualizó al dar a
conocer las grabaciones de los funcionarios implicados.
En este nuevo videoescándalo, cuya grabación los Yunes se la atribuyen a
lapriísta Aurora Delgado Huerta –que ya lo negó–, Robles salió
perjudicada: Será sujeta a una demanda de juicio político en la Cámara
de Diputados.
Y es que los propios involucrados, que fueron audiograbados y
videograbados a pesar de extremar precauciones para mantener en secreto
el plan, se ufanan de que el PRI siempre ha operado electoralmente
mediante la compra de votos de los ciudadanos más pobres del país.
"Así se ha hecho siempre en nuestro partido, de darles las cosas",
confiesa Pablo Anaya Rivera, secretario de Salud de Duarte hasta el 7 de
marzo y desde entonces coordinador operativo de la "estructura
paralela", quien, en sus intervenciones, es prolijo en el repertorio de
prácticas de defraudación electoral.
Comprar votos no es sencillo, acepta el propio Anaya: "No es fácil
comprar una elección, el ir y comprar votos, porque hay que saber a
quién comprárselos. Y lo han visto y lo han vivido y lo hemos visto
todos los que sabemos de esto: No es fácil, porque a veces damos el
dinero a quien no nos va a responder o al menos nos agarran de
pendejos".
ALARDE DE MAPACHES
Justamente para "saber a quién" comprarle los votos es que los
operadores de la estrategia encabezada por Duarte consiguieron los
padrones de beneficiarios de los programas sociales, que los propios
funcionarios les proporcionaron en las reuniones secretas.
Así consta en las grabaciones que se anexan a la denuncia presentada
ante la PGR, en las que participaban funcionarios de la Sedesol, cuyo
delegado Ranulfo Márquez Hernández fue separado del cargo por la
secretaria Rosario Robles, el jueves 18, un día después de que el PAN
estalló el escándalo.
Sin embargo, si bien destituyó a otros seis funcionarios menores de la
Sedesol, Robles mantuvo en el cargo a Alejandro Baquedano Sánchez,
coordinador estatal de Oportunidades, el principal programa para captar
votos conforme al plan de Duarte.
La relevancia de Oportunidades la puso de relieve el coordinador
general de la "estructura paralela", Salvador Manzur Díaz, secretario de
Finanzas y Planeación del gobierno de Duarte, presidente municipal con
licencia de Boca del Río y delfín de Duarte para sucederlo en la
gubernatura:
"Quiero comentarles que hay muchísimas oportunidades que aprovechar y
seguir realizando una inercia con esta estructura, y hablo de que hay
muchísimas oportunidades, porque precisamente hablo del programa
Oportunidades (por lo) que invité a los encargados que están aquí: César
Perdomo y Mariano Molina. Ellos son los responsables encargados de este
programa Oportunidades aquí en esta zona y quiero decirles que les
reconozco que se han comprometido muchísimo con lo que es la acción
operativa de este programa."
JALAN O JALAN
El uso ilegal de este programa incluye, como él mismo lo confesó,
remover a las vocales identificadas con el PAN y sustituirlas con
priístas, por las buenas o por las malas: "(…) mandar el mensaje de que
jalan o jalan, ¿no?, así es. De alguna manera es un tema natural, ¿no?".
El plan priísta implica remover a la mayoría de las 4 mil vocales de
Oportunidades en Boca del Río, según el coordinador operativo, Pablo
Anaya Rivera, delegado priísta en ese municipio:
"No se puede quitar ni borrar a los beneficiarios, pero quienes
coordinan a los beneficiarios son las vocales y a esas sí las tenemos
que quitar a todas, a todas. Ahora, ¿a quién vamos a proponer? A las que
proponga el partido y a las que propongan ustedes."
Para eso lo de menos es falsificar actas de asamblea, como lo aclaró el
mismo Anaya: "Nosotros somos expertos en hacer actas allá con el doctor
Raúl Zamora. ¿Sí o no, Raúl? Así es, nosotros fabricamos el acta y
decimos que fue electa como Susana Pérez por parte del vocal de
Oportunidades. O sea, ese no es problema. Hay que hacerlo ya. Ya, porque
tenemos que adoctrinarlas a través de nuestras vocales".
Si bien Robles destituyó a Mariano Molina Rodríguez, César Perdomo
Buenrostro se mantiene en el cargo, aunque forma parte de los cinco
funcionarios de la Sedesol denunciados ante la PGR: Felipe Sosa Mora
–quien sigue en su cargo–, Alejandro Baquedado y Graciela Tejeda
Martínez.
Esta última proporcionó a los priístas, en las reuniones en que
participó, información confidencial sobre la operación del programa de
Adultos Mayores de la Sedesol, Sesenta y Cinco y Más, que hizo exclamar a
Manzur Díaz: "¡Esto es oro molido!".
Tejeda Martínez dijo que sólo en Boca del Río podrían darse apoyos a
mil personas mayores de 65 años y que recomenzaba el PRI a localizarlos
para "acarrearlos" a afiliarse.
En esa reunión, celebrada el 7 de abril, Rivera Cortés le pregunta si
puede proporcionarle el padrón de adultos mayores: "Tenemos el padrón de
Oportunidades, nos lo confiaron y tenemos la oportunidad de
movilizarnos casa por casa. ¿Tienes el padrón de los viejitos? Dices que
nos están ganando a los viejitos.
Ahora es mil 50 cada dos meses,a pensión.
–Y se les paga por eso, por participar políticamente –reflexiona
Manzur, quien se dirige a Anaya, como coordinador operativo del plan
priísta:
"Entonces es realmente oro molido lo que tenemos en la mano, hay que
aprovecharlo, no nada más es la única instrucción que lo hagamos con el
sentido político y que se considere, doctor, esto ya es de manera
importante de manera formal."
DUARTE, EL JEFE
En la denuncia los propios implicados colocan a Duarte como el artífice
de la "estructura paralela" al PRI, mediante la cual pretende ganar las
elecciones de julio, cuando se renovarán los ayuntamientos y el
Congreso local".
Expone la denuncia: "De manera reiterada, tanto el doctor Pablo Anaya
Rivera, secretario de Salud del gobierno del estado, como Salvador
Manzur Díaz, secretario de Finanzas y Planeación; Raúl Zarrabal Ferat,
secretario de Comunicaciones, señalan que han recibido instrucciones del
gobernador del estado de integrar esa estructura paralela para
favorecer al PRI y a sus candidatos en las elecciones del próximo 7 de
julio".
Anaya Rivera: "A él le conviene que ganemos nosotros, sí, porque yo
trabajo para un gobernador, ¿sí? Y al final de cuentas es hacer un
esfuerzo extra por una situación. O sea, ¿cuántos estamos en esta
posición? Yo no quiero fallarle al gobernador, eso me queda claro a mí".
Manzur Díaz, en la reunión del 11 de marzo, un día antes de rendir
protesta como secretario de Finanzas: "No necesitaba el gobernador
decírmelo por moral, por compromiso ético, yo de igual manera lo hubiera
hecho, pero él me lo instruyó que yo sea el enlace del gobierno del
estado aquí en Boca del Río, por lo tanto me voy pero no me voy".
OTRO VIDEOESCÁNDALO
Con base en más de 13 horas de grabaciones, el PAN acusa a Duarte de
violar los artículos 108 de la Constitución –que establecen que los
gobernadores son responsables por las violaciones a ésta, así como por
el manejo indebido de fondos y recursos federales–, y 134, que obliga a
aplicar con imparcialidad los recursos públicos.
También se le imputa al gobernador y a los otros 56 denunciados cometer
numerosos delitos previstos en el Código Penal y en cuatro leyes
–asociación delictuosa, entre ellos–, así como el Programa de Blindaje
Electoral 2013 de la Sedesol por condicionar la entrega de los programas
sociales, como Oportunidades, pensiones, despensas, sillas de ruedas,
prótesis auditivas…
Este golpe político del PAN a Duarte, difundido el miércoles 17 y cuyo
artífice es el ex priísta Miguel Ángel Yunes, se produce en medio del
lanzamiento de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a la que fue
invitado el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva.
La operadora de este plan, la ex perredista Rosario Robles, titular de
la Sedesol, fue ubicada por el PAN como la artífice del uso clientelar
de los programas sociales en varios de los 14 estados donde habrá
elecciones locales en julio de este año, como Aguascalientes, Coahuila,
Quintana Roo, Durango, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
El presidente del PAN, Gustavo Madero, advirtió que esos estados son
"focos rojos" y, entre otras demandas, exigió a Peña Nieto, en una
carta, separar de sus cargos a Robles y a Duarte, así como a todos los
funcionarios involucrados, e integrar "con rapidez y eficiencia" la
averiguación previa derivada de la denuncia presentada.
ÁLVARO DELGADO