Lo dijo el jueves 12 en conferencia de prensa: el camino a seguir es el
de la resistencia civil, a contrapelo de lo que aconsejan algunos
perredistas, empresarios e incluso priístas. Ese día Andrés Manuel López
Obrador habló de las dos vías que tomará su movimiento. La primera,
documentar el cúmulo de irregularidades del proceso electoral; la
segunda, organizar nuevas movilizaciones en las calles para impedir que
Enrique Peña Nieto sea impuesto ‘por la minoría que domina el país’
MÉXICO, DF (Apro).- A contracorriente de grupos de poder, gobernadores,
empresarios, militantes del PRI y hasta miembros del PRD, quienes le
piden aceptar la derrota para no romper con "la armonía del país",
Andrés Manuel López Obrador insiste en que el camino a seguir es el de
la resistencia.
Ya dio el primer paso al documentar ante las instancias electorales que
sí hubo fraude en la elección presidencial y ahora prepara las nuevas
movilizaciones en las calles para impedir, dice, que Enrique Peña Nieto
sea impuesto "por la minoría que domina el país".
El jueves 12, acompañado de Jesús Zambrano, dirigente del PRD, Luis
Walton, del Movimiento Ciudadano, y Alberto Anaya, del Partido del
Trabajo, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena),
que cuenta con más de 4 millones de simpatizantes, llamó a los mexicanos
a no permitir que se viole impunemente la Constitución y se cancele la
vía democrática.
Se veía cansado por la desgastante campaña iniciada hace cinco años
pero sobre todo por los resultados adversos de la jornada del domingo 1.
Eso no le impidió esbozar su Plan Nacional para la Defensa de la
Democracia y de la Dignidad de México: "Todo lo que hagamos será en
estricto apego a nuestros derechos ciudadanos consagrados en la
Constitución. Reitero que siempre actuaremos por la vía pacífica. No
daremos ningún pretexto para que los violentos nos acusen de violentos".
En la conferencia de prensa de ese día López Obrador expresó: "No
aceptemos que la corrupción domine por entero la vida nacional. Luchemos
por el renacimiento moral de México". Y definió su estrategia, que va
en dos vías. La primera será impugnar la elección presidencial ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); la
segunda, salir a las calles para convocar a todos los ciudadanos a
defender el voto.
El miércoles 11 en entrevista radiofónica respondió a quienes le piden
aceptar el resultado de la elección: "No podemos ser cómplices de la
corrupción. Pido disculpas por anticipado por las molestias que pueda
provocar nuestra postura. Pero pierdan cuidado, voy a actuar pacífica y
legalmente, sin violencia. Un dirigente puede poner en riesgo su vida
pero no tiene derecho a poner en riesgo la vida de los demás".
Junto con su equipo, encabezado por su asesor jurídico Jaime Cárdenas
Gracia, insistió en que documentará las irregularidades electorales para
demostrar que Peña Nieto no ganó.
LA SIMULACIÓN
Después de revisar con detalle las pruebas que el Movimiento
Progresista presentó ante el TEPJF como causales de anulación, Cárdenas
Gracia concluye que el proceso fue una simulación.
"En todos los sentidos –dice –. Aunque formalmente se pusieron las
urnas y se contaron los votos, todo se desarrolló con una gran
inequidad; las encuestas se usaron con fines electorales, como si fueran
spots diarios, y el propio IFE (Instituto Federal Electoral) cayó
finalmente en la inacción".
Doctor en derecho por la UNAM y por la Universidad Complutense de
Madrid, Cárdenas Gracia y el equipo que encabeza presentaron ante el
tribunal un expediente con más de 600 páginas, 300 videos y 400
denuncias de seis graves irregularidades cometidas por el PRI, la
primera de ellas por la compra y coacción del voto presentada ante la
Fiscalía Especial de Delitos Electorales (Fepade).
Tras el análisis de los documentos, el ex consejero electoral insiste
en que hay elementos suficientes para que el tribunal declare la
invalidez de la jornada del domingo 1 y llame a elecciones
extraordinarias. Todo depende de cómo actúe. Por ejemplo, sólo él puede
obtener las averiguaciones previas interpuestas ante la Fepade.
"Si se asume como autoridad administrativa resolverá conforme a las
pruebas que presentemos, solamente. Pero si se asume como tribunal
tomará en cuenta no sólo lo que le presentemos, también podrá requerir a
otras autoridades información o pruebas y dictar medidas para mejor
proveer. Eso va a ser muy importante", dice a Proceso.
Confía en que para septiembre, cuando concluya el plazo, el tribunal se
pronuncie y declare la invalidez de la elección presidencial. La
impugnación, explica, seguirá una "ruta indicial" similar a la del
Pemexgate. En ese caso el IFE conminó al PRI a pagar una multa de mil
millones de pesos, la más grande en la historia electoral de México,
luego de corroborar el uso ilegal de 500 millones de pesos del sindicato
petrolero para la campaña presidencial de Francisco Labastida en 2000.
Ahora, dice, se presentan alrededor de 4 mil pruebas y documentos para
configurar el delito de compra y coacción del voto e inequidad en la
campaña presidencial mediante las tarjetas de Soriana y Monex que
repartió el PRI antes de la votación.
También las denuncias de compra de votos en zonas rurales donde la
participación aumentó hasta 85%, los contratos de los miles de
espectaculares comprados desde el inicio de la campaña, las pruebas de
contratos de promoción de Peña Nieto en Televisa desde hace cinco años,
la actuación de los gobernadores del PRI, además de bases de datos,
testimonios notariales, informes de la ONU y la OEA sobre la
concentración de medios y resoluciones de otros casos donde se
invalidaron elecciones por razones similares, como las de Morelia,
Michoacán, y Zimapán, Hidalgo, en 2009.
"La autoridad electoral ya ha resuelto casos con indicios, por ejemplo
en el del Pemexgate, en el cual participé. Te puedo decir que no
teníamos prueba directa, la que tuvimos fue que el sindicato de Pemex
había depositado en Banorte más de 500 millones de pesos y que unos
empleados del PRI sacaron en 10 días esa suma.
"Y aun cuando no supimos a dónde se fue ese dinero —nunca tuvimos
prueba de que haya llegado a las cuentas del PRI o se haya ido a la
campaña— nosotros sólo dijimos que hubo violación constitucional y legal
porque se utilizó para fines electorales. Al final, a partir de las
pruebas indiciales, no directas, se multó al partido con mil millones de
pesos", relata Cárdenas.
LA INACCIÓN DEL IFE
El asesor jurídico del Movimiento Progresista advierte, como lo hizo
Arturo Núñez Jiménez, el candidato triunfador en los comicios por el
gobierno de Tabasco de la coalición de izquierda y uno de los primeros
directores del IFE: lo más difícil será comprobar la compra y venta de
votos.
Por ello incluyeron videos con testimonios de ciudadanos según los
cuales el PRI les dio dinero o la tarjeta de Soriana o Monex a cambio de
su voto. Asimismo, dice Cárdenas, aportaron pruebas de cómo los
gobernadores del PRI y las estructuras paralelas del partido desviaron
millones de pesos para conseguir 5 millones de sufragios, tal como
denunció López Obrador durante la campaña.
Comenta que la triangulación de esos fondos de origen ilícito puede
tipificarse como lavado de dinero, al igual que el caso de Amigos de Fox
en 2000, cuando el candidato panista recibió financiamiento de
empresarios mexicanos y del extranjero. "Con esos elementos vamos a
construir un argumento para demostrar la compra y coacción del voto",
sostiene Cárdenas.
En lo concerniente al rebase de gastos de campaña y en el asunto de la
inequidad, el movimiento tiene pruebas directas para comprobar las
irregularidades del PRI y su candidatos, como facturas, notas y
documentos. En ellas, según el asesor jurídico, se evidencian gastos por
4 mil 599 millones de pesos, superiores a los 336 millones autorizados
por el IFE.
Y sobre las encuestas, el propósito de la demanda es "construir" el
argumento legal para demostrar su uso como propaganda. Un ejemplo son
los sondeos de la empresa GEA-ISA publicados por el grupo Milenio en su
periódico todos los días y retransmitidas en noticiarios televisivos, en
los cuales Peña Nieto siempre llevó una cómoda ventaja sobre sus
contrincantes.
De manera similar se comportaron Consulta Mitofsky en Televisa y
Telefórmula; Parametría en la Cadena Organización Editorial Mexicana que
edita El Sol de México; Ulises Beltrán para el diario Excélsior, y
Buendía y Laredo en El Universal.
"En términos legales y constitucionales eso implica una ‘adquisición
indebida de tiempos en radio y televisión’. Para medir el impacto de las
encuestas utilizaremos el monitoreo de IBOPE o los del propio IFE.
Vamos a demostrar el impacto de ese tipo de encuestas orientando a la
opinión pública durante todo el proceso. Las encuestas eran como spots y
en casos como el de del periódico Milenio se publicaron todos los
días", precisa el entrevistado.
QUEJAS RESPALDADAS
En el caso de la presencia de Peña Nieto en televisión durante los
últimos cinco años, asegura que la queja está respaldada con fotocopias
de los contratos encubiertos de Televisa, así como por las menciones del
candidato presidencial en los programas del consorcio, incluidos los de
espectáculos.
—¿Se va a pedir la invalidez o la anulación?
—Podríamos decir que hay dos tipos de nulidad o de invalidez. La
nulidad por la violación a la ley, que es una; la otra es la nulidad o
invalidez por violación a principios constitucionales. Nosotros vamos a
proponer una nulidad por principios constitucionales. Lo que decimos en
el escrito es que reclamamos la nulidad y exigimos la no declaración de
validez de la elección, por violación a principios constitucionales.
"Para nosotros los principios que se violaron fueron los de libertad,
sufragio, equidad, legalidad, certeza y autenticidad. Todos se violaron a
lo largo del proceso electoral".
Expone también que son tres los argumentos principales en el recurso de
inconformidad: el de equidad con el rebase de topes de campaña; el de
compra y coacción del voto, relacionado con el principio de libertad del
sufragio, y el de las encuestas, que tiene que ver con equidad y
autenticidad del voto.
Otro aspecto del recurso de impugnación es el de la inacción por parte
de la unidad de fiscalización del IFE, pues aunque recibió las primeras
quejas desde hace dos meses aun no las resuelve. Lo mismo sucedió con la
Comisión de Quejas del instituto, que no atendió las querellas sobre
compra o coacción de votos.
"Todo eso lo sustentamos jurídicamente como pruebas que incluyen
videos, bases de datos, testimonios notariales, resoluciones de la
autoridad, informes de la ONU y de la OEA sobre la concentración de
medios, pruebas documentales, técnicas, ‘pruebas indiciarias’, estudios
demográficos e informes de instituciones como el Inegi y el IFAI. El
expediente contiene más de 600 páginas, 3 mil o 4 mil pruebas y algunos
anexos", resume Cárdenas.
ASUNTO DE LA FEPADE
Dice que el 8 de febrero, casi un mes antes del arranque de su campaña,
López Obrador propuso al presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, 12
medidas para inhibir la compra de votos. Tres meses y medio después el
instituto contestó que era asunto de la Fepade.
"Acudimos al tribunal (electoral) pero confirmó lo que dijo el IFE.
Creo que en materia de compra y coacción del voto el instituto ha sido
una autoridad omisa. Sé que de las quejas presentadas ninguna ha sido
resuelta hasta el momento".
En materia de fiscalización fueron los propios partidos, en particular
PRI y PAN, los que desaparecieron la comisión de fiscalización en el IFE
y la convirtieron en unidad, sostiene el entrevistado, "porque la
fiscalización es a lo que más le temen los partidos luego de los
escándalos de Amigos de Fox y el Pemexgate. Inventaron esa unidad
técnica de fiscalización para, en lugar de investigar, dedicarse sólo a
imponer multas".
Además los resultados de fiscalización se dan después de la declaración
de validez de la elección, cuando ya no tiene ningún impacto en la
calificación del tribunal.
De acuerdo con Cárdenas, también están quejas como el rebase de topes
de campaña de Peña Nieto con los espectaculares, que pese a que
presentaron al arranque de las campañas "no se han resuelto".
Reitera: "Creo que en materia de fiscalización, compra y coacción del
voto el IFE ha sido insuficiente, omiso. Lo mismo pasó con las
encuestas: no hizo nada. Esos problemas los fuimos denunciando pero
todos fueron omitidos. Si el instituto hubiera tenido un plan para
atender esas contingencias, otra sería la situación".
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