#SEMEFO de #Veracruz, mantiene los 35 cuerpos tirados en el EstacionamientoDesde Los Pinos, por diversos conductos y con sospechosa insistencia –para que todo el mundo lo sepa, pues–, están revelando” el plan “secreto” de Felipe Calderón hacia las elecciones de 2012: imponer a Ernesto Cordero como candidato del PAN –derrotando a Josefina Vázquez Mota en la contienda interna, haiga de ser como haiga de ser–, y luego obligarlo a declinar en favor de Marcelo Ebrard, para forjar un “gobierno de coalición”.
Mientras el rumor se propaga, han ocurrido tres hechos públicos que lo fortalecen. El primero fue un “prolongado” encuentro que la tarde del 15 de septiembre sostuvieron en un restaurante capitalino (Reforma, 16/09/11) los diputados Javier Corral Jurado (PAN) y Armando Ríos Piter (PRD), los ex candidatos a los gobiernos de Hidalgo (Xóchitl Gálvez, PAN) y Nayarit (Guadalupe Acosta Naranjo, PRD) y otros “antílopes” (como les dicen ahora, en las filas del Morena, a quienes intentan por todos los medios impedir la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador).
En el ágape, tanto el apasionado defensor de la Ley de Seguridad Nacional (Corral) como el coordinador de los diputados perredistas (el ex priísta y ex panista Ríos Piter) y el prominente miembro de la facción de Los Chuchos (Acosta Naranjo), hablaron de formar un “gobierno de coalición” (¿con Ebrard como presidente?) y, en el Congreso, una “mayoría legislativa” para impulsar una “agenda común”.
Tres días después, Manuel Camacho Solís, padrino político de Ebrard, publicó un artículo (El Universal, 19/09/11) para exaltar las supuestas bondades que ofrecería al país ese “gobierno de coalición”. Entre ellas, “reducir la confrontación en 2012, conformar una nueva mayoría, hacer frente a la crisis de seguridad y a la difícil situación de la economía” y “transitar a un nuevo régimen semipresidencial que nos aleje de los riesgos de anarquía, retorno autoritario y metástasis de la corrupción”.
El tercer hecho público –aunque paradójicamente menos visible, pues lo transmitió el Canal del Congreso, que casi nadie ve– se verificó el 20/09/11, durante la sesión de la Cámara de Diputados, cuando la bancada del PRI elevó su enérgica protesta contra la Secretaría de Marina por el allanamiento ilegal del domicilio de Eduardo Bailey Elizondo, legislador federal, cuya casa en Monterrey fue invadida por elementos de la Armada, que cometieron destrozos y aterrorizaron a su esposa y a sus hijos, sólo 24 horas después de que el diputado exigiera que una comisión de esa cámara investigue a fondo el negocio de los casinos, en el cual los panistas, empezando por Santiago Creel, tienen mucha cola que les pisen.
Pero mientras los del PRI se quejaban por ese cateo y por el asesinato del diputado federal guerrerense Moisés Villanueva, los panistas, encabezados por Javier Corral, aprovecharon el debate para insistir en que se apruebe la Ley de Seguridad Nacional, que no aspira sino a extenderle un certificado de legitimidad al cuartelazo que estamos sufriendo pero todavía no se atreve a decir su nombre.
A los ridículos e insostenibles argumentos de Corral –“la Ley de Seguridad Nacional va a armonizar los derechos humanos con la presencia de las fuerzas armadas en las calles”– se opusieron rotundamente el perredista Alejandro Encinas y no pocos diputados del PT –Mario di Costanzo, Jaime Cárdenas Gracia, Gerardo Fernández Noroña, entre ellos– que se identifican con el Morena. Lo escalofriante, sin embargo, fue que ninguno de los perredistas que coordina Ríos Piter abrió la boca. ¿Para “reducir la confrontación”, como escribió Manuel Camacho? ¿Para amarrar la “agenda común”?
¿Qué pretende con estos malabarismos el hombrecito de Los Pinos? ¿A qué le apuestan Ebrard y Camacho al seguirle la corriente? Lo cierto es que mientras todos ellos intentan jugar al mago Chen Kai, en el puerto de Veracruz 35 cadáveres fueron dejados en la calle a las puertas de la reunión nacional de procuradores de justicia, al mismo tiempo que el dólar se iba a 14 pesos y la Bolsa Mexicana de Valores se venía abajo.
En 1998, mientras la humanidad entera contemplaba la primera fase eliminatoria del campeonato mundial de futbol, en México hubo una efímera pero brusca devaluación: el dólar saltó de 10 a 12 pesos. Sin duda para opacarla, el gobierno de Ernesto Zedillo, con escasos días de diferencia, generó dos terribles noticias: las fuerzas armadas atacaron a los zapatistas en el paraje de El Bosque, allá en Chiapas, y acribillaron a un grupo de supuestos guerrilleros en El Charco, Guerrero.
Zedillo acaba de ser acusado por un despacho jurídico de Estados Unidos como el máximo responsable de la matanza de Acteal (22 de diciembre de 1997), pero sus enseñanzas, al parecer, han sido puestas en práctica en Veracruz. ¿Alguien recuerda que, apenas en julio, el sacerdote Alejandro Solalinde denunció el secuestro de alrededor de 80 migrantes centroamericanos que viajaban a bordo del tren de la muerte a su paso por aquella entidad? Nunca más volvió a saberse de ellos.
Ahora, con una ligereza que indigna y a la vez horroriza, el procurador veracruzano, Reinaldo Escobar Pérez, sólo unas horas después del hallazgo de los 35 cadáveres en Boca del Río, “informó (sic) que la mayoría de los cuerpos fueron identificados y que se sospecha pertenecen a una célula del crimen organizado” (La Jornada, 21/09/11). Dos días más tarde, de acuerdo con funcionarios del Servicio Médico Forense del puerto de Veracruz “solamente han sido identificados seis de los 35 cuerpos” (La Jornada, 23/09/11).
¿Quiénes eran esas 35 personas? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué edad tenían? El pasado 17 de junio, en la comunidad de El Lencero, a las afueras de Jalapa, soldados y marinos torturaron y dieron muerte a tres pacíficos profesionistas de una empresa constructora que viajaban a bordo de una camioneta blanca. Sus cadáveres, desfigurados por los golpes de la tortura y de las balas, fueron retratados a bordo de una camioneta negra. El procurador Escobar Pérez y el gobernador Javier Duarte aseguraron a la prensa que eran “sicarios”. Desde ese momento su credibilidad es nula.
Pero como estamos en pleno naufragio, y todo se hunde bajo nuestros pies, en medio del torbellino de noticias negativas, Calderón envía al Congreso una iniciativa de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales que vuelve a exigir del Poder Legislativo la aprobación de normas que anulan las garantías individuales: cateos a domicilios sin orden de un juez, “en atención a una denuncia anónima”, grabaciones de conversaciones telefónicas que pueden ser utilizadas como pruebas de culpabilidad en contra de un acusado, “detenciones urgentes”, etcétera. Si en 2007 fracasó su intento de imponernos la Ley Gestapo, ahora vuelve a la carga con este proyecto que parece un complemento, o quizá un sucedáneo, de la Ley de Seguridad Nacional. Qué bien que ponga todas sus cartas sobre la mesa.
Porque ahora llegó el momento de quitarse las máscaras. Los panistas van por un régimen de mano durísima. ¿Quiénes, desde el PRD, los acompañarán en esa aventura, jugando a cogobernar con ellos en coalición? ¿Quiénes impulsarán las reformas a la Ley de Seguridad Nacional y al Código Federal de Procedimientos Penales formando con la extrema derecha una “nueva mayoría legislativa” para impulsar “una agenda común”? ¿Su idea de “reducir la confrontación en 2012” significa dejar fuera de la contienda a López Obrador? Urgen las respuestas a estas preguntas.
jamastu@gmail.com
Mientras el rumor se propaga, han ocurrido tres hechos públicos que lo fortalecen. El primero fue un “prolongado” encuentro que la tarde del 15 de septiembre sostuvieron en un restaurante capitalino (Reforma, 16/09/11) los diputados Javier Corral Jurado (PAN) y Armando Ríos Piter (PRD), los ex candidatos a los gobiernos de Hidalgo (Xóchitl Gálvez, PAN) y Nayarit (Guadalupe Acosta Naranjo, PRD) y otros “antílopes” (como les dicen ahora, en las filas del Morena, a quienes intentan por todos los medios impedir la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador).
En el ágape, tanto el apasionado defensor de la Ley de Seguridad Nacional (Corral) como el coordinador de los diputados perredistas (el ex priísta y ex panista Ríos Piter) y el prominente miembro de la facción de Los Chuchos (Acosta Naranjo), hablaron de formar un “gobierno de coalición” (¿con Ebrard como presidente?) y, en el Congreso, una “mayoría legislativa” para impulsar una “agenda común”.
Tres días después, Manuel Camacho Solís, padrino político de Ebrard, publicó un artículo (El Universal, 19/09/11) para exaltar las supuestas bondades que ofrecería al país ese “gobierno de coalición”. Entre ellas, “reducir la confrontación en 2012, conformar una nueva mayoría, hacer frente a la crisis de seguridad y a la difícil situación de la economía” y “transitar a un nuevo régimen semipresidencial que nos aleje de los riesgos de anarquía, retorno autoritario y metástasis de la corrupción”.
El tercer hecho público –aunque paradójicamente menos visible, pues lo transmitió el Canal del Congreso, que casi nadie ve– se verificó el 20/09/11, durante la sesión de la Cámara de Diputados, cuando la bancada del PRI elevó su enérgica protesta contra la Secretaría de Marina por el allanamiento ilegal del domicilio de Eduardo Bailey Elizondo, legislador federal, cuya casa en Monterrey fue invadida por elementos de la Armada, que cometieron destrozos y aterrorizaron a su esposa y a sus hijos, sólo 24 horas después de que el diputado exigiera que una comisión de esa cámara investigue a fondo el negocio de los casinos, en el cual los panistas, empezando por Santiago Creel, tienen mucha cola que les pisen.
Pero mientras los del PRI se quejaban por ese cateo y por el asesinato del diputado federal guerrerense Moisés Villanueva, los panistas, encabezados por Javier Corral, aprovecharon el debate para insistir en que se apruebe la Ley de Seguridad Nacional, que no aspira sino a extenderle un certificado de legitimidad al cuartelazo que estamos sufriendo pero todavía no se atreve a decir su nombre.
A los ridículos e insostenibles argumentos de Corral –“la Ley de Seguridad Nacional va a armonizar los derechos humanos con la presencia de las fuerzas armadas en las calles”– se opusieron rotundamente el perredista Alejandro Encinas y no pocos diputados del PT –Mario di Costanzo, Jaime Cárdenas Gracia, Gerardo Fernández Noroña, entre ellos– que se identifican con el Morena. Lo escalofriante, sin embargo, fue que ninguno de los perredistas que coordina Ríos Piter abrió la boca. ¿Para “reducir la confrontación”, como escribió Manuel Camacho? ¿Para amarrar la “agenda común”?
¿Qué pretende con estos malabarismos el hombrecito de Los Pinos? ¿A qué le apuestan Ebrard y Camacho al seguirle la corriente? Lo cierto es que mientras todos ellos intentan jugar al mago Chen Kai, en el puerto de Veracruz 35 cadáveres fueron dejados en la calle a las puertas de la reunión nacional de procuradores de justicia, al mismo tiempo que el dólar se iba a 14 pesos y la Bolsa Mexicana de Valores se venía abajo.
En 1998, mientras la humanidad entera contemplaba la primera fase eliminatoria del campeonato mundial de futbol, en México hubo una efímera pero brusca devaluación: el dólar saltó de 10 a 12 pesos. Sin duda para opacarla, el gobierno de Ernesto Zedillo, con escasos días de diferencia, generó dos terribles noticias: las fuerzas armadas atacaron a los zapatistas en el paraje de El Bosque, allá en Chiapas, y acribillaron a un grupo de supuestos guerrilleros en El Charco, Guerrero.
Zedillo acaba de ser acusado por un despacho jurídico de Estados Unidos como el máximo responsable de la matanza de Acteal (22 de diciembre de 1997), pero sus enseñanzas, al parecer, han sido puestas en práctica en Veracruz. ¿Alguien recuerda que, apenas en julio, el sacerdote Alejandro Solalinde denunció el secuestro de alrededor de 80 migrantes centroamericanos que viajaban a bordo del tren de la muerte a su paso por aquella entidad? Nunca más volvió a saberse de ellos.
Ahora, con una ligereza que indigna y a la vez horroriza, el procurador veracruzano, Reinaldo Escobar Pérez, sólo unas horas después del hallazgo de los 35 cadáveres en Boca del Río, “informó (sic) que la mayoría de los cuerpos fueron identificados y que se sospecha pertenecen a una célula del crimen organizado” (La Jornada, 21/09/11). Dos días más tarde, de acuerdo con funcionarios del Servicio Médico Forense del puerto de Veracruz “solamente han sido identificados seis de los 35 cuerpos” (La Jornada, 23/09/11).
¿Quiénes eran esas 35 personas? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué edad tenían? El pasado 17 de junio, en la comunidad de El Lencero, a las afueras de Jalapa, soldados y marinos torturaron y dieron muerte a tres pacíficos profesionistas de una empresa constructora que viajaban a bordo de una camioneta blanca. Sus cadáveres, desfigurados por los golpes de la tortura y de las balas, fueron retratados a bordo de una camioneta negra. El procurador Escobar Pérez y el gobernador Javier Duarte aseguraron a la prensa que eran “sicarios”. Desde ese momento su credibilidad es nula.
Pero como estamos en pleno naufragio, y todo se hunde bajo nuestros pies, en medio del torbellino de noticias negativas, Calderón envía al Congreso una iniciativa de reforma al Código Federal de Procedimientos Penales que vuelve a exigir del Poder Legislativo la aprobación de normas que anulan las garantías individuales: cateos a domicilios sin orden de un juez, “en atención a una denuncia anónima”, grabaciones de conversaciones telefónicas que pueden ser utilizadas como pruebas de culpabilidad en contra de un acusado, “detenciones urgentes”, etcétera. Si en 2007 fracasó su intento de imponernos la Ley Gestapo, ahora vuelve a la carga con este proyecto que parece un complemento, o quizá un sucedáneo, de la Ley de Seguridad Nacional. Qué bien que ponga todas sus cartas sobre la mesa.
Porque ahora llegó el momento de quitarse las máscaras. Los panistas van por un régimen de mano durísima. ¿Quiénes, desde el PRD, los acompañarán en esa aventura, jugando a cogobernar con ellos en coalición? ¿Quiénes impulsarán las reformas a la Ley de Seguridad Nacional y al Código Federal de Procedimientos Penales formando con la extrema derecha una “nueva mayoría legislativa” para impulsar “una agenda común”? ¿Su idea de “reducir la confrontación en 2012” significa dejar fuera de la contienda a López Obrador? Urgen las respuestas a estas preguntas.
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