Una deuda oculta de unos 150,000 mdp detectó la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado; los gobiernos estatales están en franca quiebra, dice Ramón Galindo, presidente de dicha comisión.
Por: Isabel Mayoral Jiménez
Al primer trimestre de 2011, las obligaciones financieras de los gobiernos subnacionales ascendieron a 315,000 millones de pesos y "con mucha certeza puedo decir que la Comisión estima que al menos un 50% adicional serían pasivos ocultos, otros 150,000 millones de pesos adicionales", dijo el senador panista Ramón Galindo, presidente de esta comisión.
Advirtió que la deuda de estados y municipios es "una bomba de tiempo" y reiteró que el gobierno subnacional está en franca quiebra tanto en los administrativo, como en lo político y tributario.
"Esto no se puede atender solo con parches superficiales, respiros momentáneos, que no resuelvan el problema de fondo y que por el contrario a la vuelta de unos años estemos en el mismo problema o peor".
Por ello, "estamos haciendo apenas la investigación sobre los datos de la deuda de estados, pero lo que estamos encontrando es francamente alarmante. Estos 315,000 mdp casi todos son de los gobiernos de los estados, un 12% corresponde a municipios, donde también hay deuda encubierta, no está registrada o al menos no está expuesta para el público o para sus propios Congresos", alertó el senador por Chihuahua.
El saldo de las obligaciones financieras subnacionales registrado en 2010 representa el 72% de los recursos que el Gobierno federal les transfirió por medio del Fondo General de Participaciones (437,334.5 mdp) y el 92% de lo que se pagó por el concepto de pensiones (343,350 mdp), revela un estudio de esta Comisión.
De las 32 entidades federativas del país, sólo 12 -Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Quintana Roo, Puebla y Baja California- concentran el 76.3% del saldo total de las obligaciones financieras, es decir, 240,141.1 mdp.
De ellos, ocho cuentan con una ley estatal de deuda pública -Jalisco, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Quintana Roo, Puebla y Baja California-, mientras que el resto se rige a través de sus códigos financieros.
Deuda de fin de sexenio
Un factor del que también dio cuenta Carlos Garza Cantú, Titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas (USEF) de la Secretaria de Hacienda, fue la deuda de corto plazo que contrataron los gobiernos estatales prácticamente antes de terminar la administración.
"La evidencia nos muestra que sí hay un uso de deuda en el último año y lo vemos en varios estados. Lo vimos en Veracruz y lo estamos viendo en Coahuila, en varios estados, y que uno diría y cómo para qué (la contrataron)", indicó Garza Cantú.
Por ello el senador del PAN, Juan Bueno Torio, denunció que las administraciones estatales que renovaron autoridades en 2010, la gran mayoría legó a los gobiernos entrantes niveles de pasivos que ponen en riesgo la ejecución de proyectos de obra pública y desarrollo social.
En enero pasado, exhortó a los Ejecutivos de las entidades federativas a presentar informes detallados sobre la situación financiera y el endeudamiento de sus gobiernos, y a los 31 congresos estatales y a la Asamblea Legislativa de DF, a instruir a sus órganos de fiscalización para auditar las haciendas públicas.
Puso el caso de los gobiernos de Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Así, el gobierno saliente de Chihuahua legó al sucesor la mayor deuda en la historia de la entidad: 13,261 mdp a septiembre de 2010, que en términos nominales es 869% superior a la que tenía en 2004.
Por otra parte, al cierre de 2009, el actual Ejecutivo de Nuevo León tenía compromisos fiscales por más de 27,000 mdp, monto 193% superior al que había en 2004. En Veracruz, la situación no es diferente, precisó que en enero, con datos actualizados a septiembre de 2010, el saliente gobierno estatal habría entregado al sucesor una deuda de 9,289 mdp, 163% superior en términos nominales a la que había en 2004 y hubo desconcierto porque en los últimos días del Gobierno se contrató deuda, que no ha sido clarificada.
En cuanto a Sonora, el Gobierno estatal saliente dejó al sucesor pasivos por 11,258 mdp, lo que implica un incremento de 107% respecto a la deuda de 2004. En el caso de Tamaulipas, el Gobierno local, que el 31 de diciembre pasado dejó las funciones, tenía pasivos financieros por 9,165 mdp, a septiembre de 2010, 580% mayor a la que había al cierre de 2004.
Los datos también muestran que esa preocupante situación se volverá a observar en 2011, advirtió. Por ejemplo, al cierre de 2009 el gobierno de Coahuila tenía una deuda de 1,561 millones de pesos, cuando en 2004 era de 273 millones; es decir, ha habido un incremento en términos nominales de 472%.
Ingresos de la federación
El presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Senado puntualizó que los ingresos de los estados dependen en un 90% de las transferencias federales, en promedio. De cada peso que gastan 90 centavos son transferencias y 10 centavos ingresos propios.
"Es raro que teniendo tan pocos ingresos propios decidan suspendan el cobre de las tenencias y no están haciendo ningún esfuerzo serio por aumentar sus ingresos propios, ni tampoco están haciendo una propuesta fiscal diferente a la actual que es pedir más recursos".
La Comisión de Desarrollo Municipal está indagando una serie de factores como por ejemplo los sueldos y compensaciones de los alcaldes, porque "de repente resulta que hay alcaldes que reciben 2,000 o 3,000 pesos de sueldo y luego 90,000 de compensaciones", puntualiza el senador Galindo.
Por ello, el Senado está trabajando 3 diferentes líneas de acción legislativa. Una relacionada con mayores espacios de autonomía administrativa para los municipios; otra con mayores espacios de participación ciudadana para darle forma a modelos de desarrollo local con la participación de la gente y, tercera, se trabaja en una figura de relación fiscal casuística con los municipios.
Además, comentó que hay tres grandes iniciativas en el Senado relacionadas con el mismo tema: una fiscal que se ubica en el artículo 115, en el 122 para la ciudad de México y en la Ley de Coordinación Fiscal en donde se establecen la posibilidad de convenios casuísticos, fiscales entre estados y municipios con la Federación.
Sin embargo, no está muy a favor de que se limiten las facultades a estados y municipios a la hora de contratar deuda, como propone una de las iniciativas. En cambio, consideró que establecer un programa fiscal para municipios emprendedores podría ayudar.
La iniciativa, que ya tiene tres años de haberse presentado, motiva a las entidades a ser más responsables, no sólo en la recaudación, sino también en la ejecución del gasto, al recibir un tratamiento fiscal presupuestal especial por parte de la Federación.
Pero advirtió que la situación general de los estados y municipios es preocupante y "esta situación de crisis va a generar que estemos obligados a rediseñar el esquema tributario nacional, empezar a ver si es lo más correcto que le está pasando al país o si debamos empezar a que el impuesto al consumo se diseñe de manera diferente a como lo estamos haciendo".
También puso en evidencia que los gobernadores están ejerciendo presión sobre la Secretaría de Hacienda para que "los saque del hoyo, por ellos por sí solos no pueden hacerlo, como tampoco pueden hacer nada con la inseguridad pública, ni pueden hacer nada con la economía, ni con la impartición de justicia".
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