viernes, 27 de junio de 2014

PRI y PAN en los caminos de la otontepec...

Yadira SanRoman tiene cualidades mas allá de su belleza, nunca le hemos negado el carisma que maneja desde muy jóven; pero la Escuela del PRI la ha orillado a comportarse en la línea de la simulación y la despensa!

Y me viene a la memoria el SORIANAGATE, el MONEXGATE y todos los despilfarros que tienen origen en esa práctica tan "lucrativa con la pobreza".

Pepe Cadena en Tamalin, con una gestión gris sigue sin dar pasos importantes en el Municipio. Más allá de que si realmente fue echado de Saldadero como Mary Antonio de Potreros, es un ejemplo manifiesto de que el tiempo de tolerancia de la gente tiene un límite. Por lo que tiene que dar resultados concretos y no esperar el 2015, año de elecciones para manejar las obras(y los dineros) electoralmente.

Luego de que los conflictos internos dentro de su círculo más cercano, es claro y evidente. Lo cual es muestra clara de la falta de liderazgo del "cachetoncito regiomontano", quien volviera a su pueblo a realizar "acciones que hacen historia".


Mientras Chinampa de Gorostiza no canta malas racheras! A Nacho Ponce los empleados del Municipio le recriman su "mal trato", - Piensa que está tratando a sus empleados de sus negocios", dicen... inflar las obras, también es otro de los típicos comportamientos de los políticos de nuestra región, mientras la impunidad permanezca.





martes, 24 de junio de 2014

Expropiación de tierras: ley secundaria sospechosa


El procurador fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, dijo ayer en un foro de discusión organizado por la Cámara de Diputados que no habrá “expropiaciones de facto” de tierras en favor de corporaciones energéticas contratistas y concesionarias, posibilidad prevista en las iniciativas presidenciales de leyes secundarias recientemente enviadas desde Los Pinos al Legislativo. El funcionario reconoció, sin embargo, que se mantiene el recurso de la expropiación inmediata por causas de utilidad pública.

Lejos de resultar tranquilizante, la exposición de Laynez Potisek ratifica la vasta inquietud social generada por las propuestas presidenciales de leyes secundarias. Por una parte, el procurador fiscal confirma el sentido equívoco con que el gobierno federal utiliza el concepto de utilidad pública, toda vez que los eventuales beneficiarios de la disposición en debate serían principalmente entidades privadas y se perjudicarían gravemente con ello categorías públicas como la certidumbre en la tenencia de la tierra por comunidades, ejidos y poblaciones, y, con tal de satisfacer intereses particulares se pondría en riesgo la paz social que aún queda en el país.

Por la otra, si el gobierno no tiene la intención de recurrir a las expropiaciones, no es fácil entender el empecinamiento del grupo en el poder por mantener en el texto legal el margen para ello. Ninguna disposición legal se redacta, aprueba y promulga para no ser usada, y ésta no tiene por qué ser la excepción. Si en la ley secundaria se mantiene una puerta abierta a despojos de tierras disfrazados de expropiaciones por causa de utilidad pública es claro que, más temprano que tarde, habrá de recurrirse a tal figura, con las trágicas consecuencias que conllevaría.

Una vez más, pues, como ha ocurrido desde que empezó a promover su reforma energética, la autoridad no habla claro sobre los alcances e implicaciones de esta alteración mayúscula al ordenamiento constitucional que ha regido en el país por décadas. Un pequeño recuento permite recordar que el Ejecutivo federal empezó su campaña para legitimar la privatización de la industria petrolera afirmando que esa medida había sido una intención del general Lázaro Cárdenas, lo cual constituye una palmaria mentira. Luego dijo que la intención no era privatizar Pemex; esto, en rigor, es cierto, pero se engañó por omisión al ocultar que el verdadero propósito de la reforma era privatizar la mayor parte de la industria petrolera; se aseveró después que el Estado conservaría la totalidad de la renta petrolera, propósito imposible de cumplir en la medida en que ésta se compartirá con corporaciones petroleras privadas, o se les cederá.

Esas y muchas otras inconsistencias en el discurso oficial agravan el malestar social ante las modificaciones legales impulsadas por la actual administración, hacen pensar que los dichos de funcionarios, lejos de buscar una comunicación transparente, procuran confundir a la opinión pública, y confirman la necesidad de que se consulte a la sociedad, en ejercicio de un espíritu verdaderamente democrático, acerca de si debe o no alterarse el estatuto público y nacional del sector energético.

domingo, 22 de junio de 2014

Las narcofosas que pasmaron a Duarte

‘Aquí hay dos lecturas muy claras: o se recrudece la violencia con esto que pasó y se pone feo, o se detiene, porque las fuerzas federales van a sitiar Tres Valles y van a estar muy al pendiente’, dice el Alcalde de Tres Valles

Las narcofosas que pasmaron a Duarte

TRES VALLES, VER. (Apro).- En la Cuenca del Papaloapan se cometió la mayor "carnicería humana" de la que Veracruz tenga memoria, como lo refieren los lugareños de Tres Valles, Cosamaloapan y Carlos A. Carrillo tras el hallazgo de por lo menos 31 cadáveres en 12 fosas clandestinas cavadas en el rancho El Diamante, lo cual confirmó que la delincuencia organizada, sobre todo Los Zetas, operan en la región.
De la treintena de cuerpos descubiertos, una decena —según elementos de la Marina-Armada de México y policías ministeriales— estaban decapitados y otros aparecían sin manos o brazos. La mayoría tenían el tiro de gracia y huellas de haber sido atados y torturados.
Desde la madrugada del lunes 16 y hasta la tarde del miércoles 18, peritos forenses, marinos, policías estatales y municipales escarbaron y sacaron uno por uno los cuerpos del llamado kilómetro 11, camino de terracería que conduce de la cabecera municipal de Tres Valles al ejido de Nopaltepec.
La Subprocuraduría Regional de Justicia con sede en Cosamaloapan tuvo que pedir el apoyo de su homóloga en el puerto de Veracruz, además de solicitar a las funerarias de la región y al panteón municipal de la zona que prestaran a sus "peones", "cuerdas", "picos y palas" para la faena.
El Diamante es un rancho que en 2010 lucía boyante con el ganado que allí se criaba y por sus vastas áreas de arroz y pastizales. El dueño, Fernando Cano Cano —ex presidente municipal de Tres Valles—, lo cuidaba como su mayor patrimonio, pero al morir en mayo de 2011 el terreno cayó en desgracia.
Marcos Nelson Cano, actual alcalde de esa localidad, asegura que El Diamante se encuentra en litigio entre la segunda esposa de Fernando Cano y los hijos del primer matrimonio del ex edil. Mientras tanto, el rancho quedó en el abandono y ha sido utilizado por la delincuencia organizada, admite el Presidente municipal.
‘A MÍ ME LEVANTARON’
"Espérenme tantito, hoy no voy a dar tantas audiencias…Tengo un problemita", dice el alcalde de Tres Valles, Marcos Nelson Cano, a los habitantes que esperan hablar con él para resolver problemas relacionados con el agro, la caña de azúcar y con gestiones sociales. En lugar de atender a la gente, se encierra con cuatro elementos de la Marina-Armada de México que le advierten: "Aquí vamos a andar patrullando en estos días".
Líder cañero, de sombrero vaquero, Cano reconoce que las narcofosas lo tomaron "por sorpresa", pues el ayuntamiento que gobierna venía saliendo apenas de las fiestas del carnaval, y a su juicio la violencia, los secuestros y la inseguridad habían cesado.
"Aquí hay dos lecturas muy claras: o se recrudece la violencia con esto que pasó y se pone feo, o se detiene, porque las fuerzas federales van a sitiar Tres Valles y van a estar muy al pendiente", dice.
Justifica lo ocurrido en El Diamante al reprochar el hecho de que hace dos meses, por órdenes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los 35 militares adscritos al patrullaje del municipio fueron "enviados" a apoyar las labores de combate al crimen organizado en Michoacán.
Refiere que la delincuencia organizada en el área había sido extirpada a principios de 2012, cuando entraron fuerzas federales a hacer detenciones masivas e "imponer" orden. Incluso rememora que él también ha sido víctima del narcotráfico.
El 9 de mayo de 2011, un comando armado, integrado por varios hombres encapuchados, interceptó su vehículo cuando viajaba del ingenio cañero a su domicilio. Con armas de alto calibre, lo sometieron rápidamente y lo subieron a una camioneta.
"Querían mi dinero. No sé cómo, pero se enteraron de que acababa de vender un rancho. Los sicarios me decían que estuviera tranquilo, que en cuanto mis familiares entregaran el dinero que acababa de recibir yo volvería a casa", expresa.
Tras ocho días de negociaciones, Nelson Cano —en aquel entonces líder regional de la CNPR— fue liberado y nunca volvió a saber de sus captores.
El hoy secretario del ayuntamiento de Tres Valles, José Antonio Herrera, afirma que en 2011 también fue víctima de la delincuencia organizada, pues en pleno centro histórico del municipio un comando armado le marcó el alto para despojarlo de su vehículo.
La estela de impunidad en Tres Valles en aquel entonces se explica por los nexos de fuerzas policiacas con la delincuencia. Esto, al grado de que la SIEDO detuvo en 2011 a siete policías por presuntos vínculos con el crimen organizado, entre ellos al comandante de la corporación, Daniel Villagómez.
No fue sino hasta el jueves 19 cuando el gobierno de Duarte intervino para sellar los accesos al inmueble. Pero un día antes, reporteros y fotógrafos regionales pudieron ingresar sin problemas al rancho.
A un costado de las fosas encontraron una casa de seguridad y un área de descanso, mas quedaron estupefactos al ver un altar y efigies de la Santa Muerte, con decenas de veladoras en honor de la "señora blanca". También había botellas de whisky, cervezas sin terminar, sopas y chiles sin cocinar, restos de comida, así como colchonetas, sábanas y sandalias.
Policías ministeriales declararon que algunos cuerpos "no tienen más de tres días de ejecutados".
UN ABISMO NEGRO
La cabecera municipal de Cosamaloapan —a sólo 49 minutos de Tres Valles en taxi— hoy es un pueblo desolado: comercios cerrados, casas habitacionales en renta y/o en venta vacías, viviendas abandonadas de familias adineradas que huyeron por la inseguridad, y barrios —como La Playa, La 42 y San Felipe— que a decir de lugareños son "zona cero", pues ni la policía se atreve a entrar porque ahí pululan los sicarios y narcomenudistas.
De enero de 2014 a la fecha han desaparecido más de un centenar de personas en la Cuenca del Papaloapan, en secuestros y levantones, pero también —señalan los habitantes— como parte de un "operativo limpieza" similar a las "ejecuciones extrajudiciales".
Algunos ganaderos y comerciantes aceptan hablar con el reportero bajo el anonimato, ya que han sido víctimas de secuestro o asesinato de algún amigo.
"Aquí ha sido un infierno. Antes de diciembre de 2012, la delincuencia secuestraba y levantaba con total impunidad. Fueron afectados hijos de ganaderos, de políticos, de trabajadores de Pemex. Todo aquel que tenía dinero era susceptible de secuestro; también arremetían contra comerciantes, dueños de cantinas y ejidatarios cañeros que no pagaban la cuota (derecho de piso). Pero, al menos, si pagabas lo que te pedían, te regresaban vivo", expone uno de ellos.
Otro detalla que en todo 2013 operó una banda de secuestradores conocida como Los Taqueros, quienes en 95% de los casos no regresaban vivo al familiar. Ese grupo ya fue detenido en Puebla.
En lo que va del año, asegura, las ejecuciones y levantones que se cometen en la cabecera municipal se deben a "ajustes de cuentas" o a una "especie de operativo limpieza".
"La ciudadanía, la gente de bien, ya sabe que cuando empieza a ver camionetas negras sin placas patrullando en la noche se trata de fuerzas federales vestidas de civil, que sólo vienen rastreando a narcomenudistas y extorsionadores. Los sacan de esos barrios (La Playa, La 42 y San Felipe), se los llevan y ya no regresan".
En dicho municipio sin ley, coinciden pobladores, ha habido momentos en que hay que pagar "a los malandros" derecho de piso por "vender" o "comprar" carro o casa: "Dese una vuelta por el pueblo: aunque la gente tenga dinero, verá que la mayoría jala carros viejos".
‘TENEMOS MIEDO’
Francisco Molina y su esposa son dueños de una funeraria en Cosamaloapan, municipio de apenas 35 mil habitantes. Los Molina viven con dolor y con miedo desde que su hija, María del Carmen Molina Gamboa, de 22 años, fue secuestrada el 12 de diciembre de 2013. Siete semanas después, la detención de uno de sus victimarios permitió a la Procuraduría General de Justicia del estado encontrarla en una fosa clandestina en el municipio de Carlos A. Carrillo.
"Mire ahora dónde tengo a mi hija", dice Francisco Molina mientras señala una pequeña urna de latón macizo, dentro de las oficinas de la funeraria.
"Aún tenemos miedo. Vivimos encerrados", confiesa la familia Molina Gamboa, pues detalla que aunque los victimarios de su hija cobraron un cuantioso rescate que los dejó con múltiples deudas, han recibido llamadas intimidatorias de grupos criminales o extorsionadores.
"Siguen hablando a la oficina. Nos dicen que están en la esquina con armas largas, que nos van a levantar si no les entregamos dinero. Después de lo que nos pasó, uno ya sabe qué tiene que hacer en esos casos: colgarles el teléfono", comenta.
La familia Molina Gamboa y otras mil 500 personas participaron en una marcha inédita para exigir "paz", "seguridad" y el cese de los secuestros y extorsiones. El contingente —convocado por la Iglesia Católica— partió de la parroquia de Carlos A. Carrillo y concluyó en el parque de Cosamaloapan; concurrieron familiares y amigos de desaparecidos y asesinados en la región.
PIFIAS DUARTISTAS
El hallazgo dejó pasmado al gobierno de Javier Duarte. Aunque el lunes se le informó de las 12 fosas, negó el hecho hasta el miércoles. Inclusive Duarte y su vocero, Alberto Silva, que frecuentan las redes sociales, disminuyeron notablemente su intervención en el ciberespacio.
El miércoles 17, el subprocurador de Justicia de Veracruz, Arturo Herrera Cantillo, admitió ante una radiodifusora que se habían hallado sólo 27 cuerpos. Pero enseguida, sin decir por qué, apagó su celular y ya no quiso volver a hablar del tema.
Al mediodía, el subprocurador regional de Justicia de Cosamaloapan, Guilebaldo Maciel Mercado, citó a rueda de prensa en su oficina para dar pormenores del descubrimiento. Pero antes de las 11:30, cuando afuera del inmueble había ya reporteros de Veracruz, Alvarado, Santiago Tuxtla, San Andrés, Tierra Blanca, Tres Valles, Minatitlán, Coatzacoalcos y hasta de Tuxtepec, Oaxaca, un "telefonazo" de Xalapa ordenó a Maciel cancelar dicha rueda de prensa.
El silencio oficial del gobierno de Duarte prevaleció hasta el viernes 20, cuando el fiscal de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, aceptó hablar únicamente con la periodista Carmen Aristegui para, de forma escueta, ahondar en los datos ya conocidos. Aceptó que no había un solo detenido.

NOÉ ZAVALETA

jueves, 19 de junio de 2014

Carnicería humana en Veracruz; un infierno llamado Cosamaloapan

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31 cuerpos en fosas clandestinas
Por: Luis Velázquez/@BlogExpediente

Veracruz, El martes 17 de junio, 2014.-- fue un día terrible, duro, adverso, lacerante, para Veracruz. Los marinos llegaron a Cosamaloapan y en un rancho del poblado Nopaltepec (a la fama pública porque ahí nacieron con una hora de diferencia Fidel Herrera Beltrán y Rafael “El negro” Cruz) hallaron, primero, siete cadáveres; luego, 15; después, 17, y hacia las once de la noche, iban 27; luego, 31; todos, sepultados en fosas clandestinas.
De ellos, 24 son hombres y siete son mujeres. Del total de cadáveres, 11 iban sin cabeza y un número importante sin manos, pies o alguna extremidad. Siete ya fueron reclamados; el resto, ya está en Xalapa.
En el forense de Cosa (así le llaman al pueblo de cariño quienes han emigrado, entre ellos, los gemelos Gustavo Arróniz y Tomás Carrillo junior) decenas de familias de secuestrados y desaparecidos esperaban con dolor, muchísimo dolor, desde hace uno y dos años, que por fin les entregaran los cuerpos de sus parientes.
Pudiera acaso, quizá, escribirse que ha quedado cerrado el primer capítulo de la extensa lista de personas víctimas de una banda que durante meses sembró el terror, el miedo, la zozobra y la incertidumbre en la Cuenca del Papaloapan conocida con el nombre de “Las brazas”, porque el jefe máximo, Williams Castro Sánchez, tenía cuatro taquerías con ese nombre en Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo y Tierra Blanca, en Veracruz; y una más en Cerro Gordo, Ecatepec, Estado de México.
La gota que derramó el vaso para su captura fue el secuestro y crimen el 12 de diciembre, 2013, de la chica de 22 años, María del Carmen Molina Gamboa, sobrina del entonces alcalde de Carlos A. Carrillo, Enrique Molina Arrioja.
Entonces, la banda de “Las brazas” solicitó un rescate de 2 millones de pesos, y aun cuando sólo pagaron 300 mil pesos, fue asesinada y sepultada en una fosa clandestina.
Para entonces, en el registro oficial iban unos 26 secuestros, teniendo como epicentro Cosamaloapan y Carlos A. Carrillo.
II
Así, el alcalde movilizó amigos y relaciones sociales y políticas en el gobierno de Veracruz y el federal y desde las unidades de Inteligencia de las secretarías de Seguridad Pública armaron un operativo para seguir la pista.
Y poco a poco la banda de “Las brazas” fue detenida, a excepción, hacia el mes de enero, 2014, de dos que andaban prófugos. Se ignora si todavía.
La banda, que ninguna relación tenía con los carteles tradicionales adueñados de Veracruz, estaba formada por las siguientes personas:
Williams Castro Sánchez, alias “El Williams”. El jefe. Levantaba a los secuestrados, negociaba y los ejecutaba.
José Gustavo Enríquez Sánchez, alias “El Tavo”. Halconeaba y cuidaba a las víctimas.
Maribel Cruz Sánchez, alias “La maru”. Su chamba era halconear.
Juan Carlos Cruz Tadeo, alias “El mono”. Segundo al mando de la banda. Encargado de levantar.
Anahí Luna García, alias “Laura Cruz Castro” y/o “La güera”. Cuidaba.
Inocencio Sánchez Amador, alias “El Ino” y/o “El dino”. Levantaba y cuidaba.
Francisco Soto Cruz, alias “El Paco”. Levantaba y ejecutaba. 
Víctor Manuel Soto Cruz, alias “El Víctor”. Levantaba.
Alondra Zarrabal Yepes, alias “La cabezona”. Cuidaba. Ella se encargó de María del Carmen Molina Hernández.
Minerva Luna García, alias “La Mine” y/o “Minerva Luna Gamboa”. Cuidaba.
Gerardo Romero Lunas, alias “El Gera”. Levantaba.
Vianey Romero Luna, alias “La campana”. Halconeaba y cuidaba.
Candelaria Soto Cruz, alias “La Cande”. Halconeaba y cuidaba a las víctimas.
Jair Enríquez Sánchez. Levantaba, llevaba de comer y negociaba.
Juan Roberto Tadeo Marcelo, alias “La paca”. Halconeaba y cuidaba.
Octavio Sánchez, alias “El Octavio” y/o “Octavio Avendaño”. Levantaba.
Josué Cruz Gallardo, alias “El tribilín” y/o “El Ché” y/o “El chejere”. Halconeaba y conducía un taxi, al parecer, el número 205 de Tele-taxi.
III
Hacia el mes de enero, y atrás de la localización de María del Carmen Molina Hernández, las fuerzas policiacas detuvieron a  José Gustavo Enríquez Sánchez, de 21 años de edad, y quien identificó a la banda, diciendo que estaba integrada por unas 17 personas.
Incluso, confesó que él había participado en el secuestro de José Alberto Muñoz, donde su trabajo fue cuidar al plagiado, cuya familia pagó el rescate y no obstante fue ejecutado y sepultado en una fosa clandestina.
A cambio, “El Williams” le pagó 30 mil pesos que utilizó para un negocio de plásticos en Cosamaloapan.
También reveló que la mayor parte de la banda vivía en el estado de México, en el poblado de Lechería, donde tenían, además, un taller de laminación con razón social “S”, mientras vivían en una casa de dos plantas en obra negra.
IV
Se trata del mayor hallazgo de cadáveres en fosas clandestinas en el Veracruz del sexenio próspero.
Ni siquiera, vaya, en el norte de Veracruz, por donde, siempre ha sido afirmado, entrara la delincuencia organizada al territorio jarocho.
Incluso, superó en crudeza y barbarie el asesinato de los diez reporteros y fotógrafos y el secuestro y desaparición de los cuatro reporteros de la fuente policiaca.
Tantito peor, rebasa los hechos y circunstancias de las decenas de personas, mujeres y hombres, plagiados y desaparecidos de norte a sur de Veracruz, que se han dado uno por uno, pues aquí, en el caso de Cosamaloapan, hallar de pronto 31 cadáveres significa la más espantosa pesadilla.
Quizá, acaso, y en todo caso, la barbarie en el norte de Veracruz, en la carretera de Tempoal a Pánuco, cuando los malandros rafaguearon por vez primera en el país unos autobuses de pasajeros y mataron a un bebé que iba en los brazos de su madre, entre otros, pues el saldo fue de 15 muertos.
Y/o como cuando en Paso de Ovejas, ejecutaron a una familia completa, entre ellas, a dos niños de 7 años de edad y a un recién nacido, también en los brazos de su mami.
Y/o cuando en Manlio Fabio Altamirano, en la congregación de Mata Loma, los malosos levantaron a una familia, incluidos cuatro niños, que nunca, jamás, aparecieron.
Nada, claro, supera al horror. Desde la reportera, Yolanda Ordaz, que fuera secuestrada y decapitada y arrojada en la vía pública su cabeza por un lado y a un metro su cuerpo, ni tampoco la historia de aquel joven secuestrado en “la ciudad más bella de Mèxico”, Veracruz, y cuya cabeza decapitada fuera colocada en la mesa de un antro en el bulevar Ávila Camacho, en Boca del Río, en la madrugada de un fin de semana.
Cada episodio, cada secuestro y crimen, no obstante el pago del rescate, ha sido la noche más extensa “de los cuchillos largos” que todavía se vive y padece, a pesar de que el tercer procurador de Justicia, Luis Ángel Bravo Contreras, dijera que “apenas tomé posesión… los carteles huyeron” de Veracruz.
V
Familias velan los restos de sus parientes en la Cuenca del Papaloapan. Todos, al mismo tiempo. Quizá de igual manera en la iglesia les oficien misa de cuerpo presente. Y todos sean sepultados en el panteón al mismo tiempo en la más terrible y espantosa noche de Veracruz.
Y a todos, al mismo tiempo, en cada hogar les recen el novenario.
En Veracruz, la barbarie inició con Patricio Chirinos y se repitió con Miguel Alemán, cuando, y por ejemplo, el capo José Albino Quintero Meraz era dueño de la plaza estatal y operaba con tanta seguridad que hasta era vecino del gobernador Alemán Velazco en su residencia en el fraccionamiento Costa de Oro, en Boca del Río.
El mismo esquema se reprodujo en una parte del sexenio de Fidel Herrera, operando todos con bajo perfil.
Pero apenas llegó Felipe Calderón a Los Pinos los militares fueron sacados del cuartel y metidos a una guerra que todavía dura y que en el sexenio felipista dejara más de 20 mil desaparecidos.
Cierto, por ahora, el genocidio se ha concentrado en los estados de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y el estado de México, luego de que pasara por Veracruz como un huracán intempestivo y furioso.
Sin embargo, los carteles todavía disputan la plaza jarocha porque aquí han encontrado tierra fértil desde sexenios anteriores, en tanto los funcionarios de seguridad del duartismo son más protagónicos que Batman y Robin y alardean de un Estado de Derecho… bajo sospecha, con mentiras que, acaso, quizá, ni ellos mismos se creen en la soledad del poder y que sólo sirven para fanfarronear en la intimidad del tálamo.
¿Cómo, de qué manera superar, olvidar, el espantoso dolor en los 31 hogares de la Cuenca del Papaloapan, donde las familias pagaron el rescate y sus parientes fueron ejecutados con alevosía, ventaja y premeditación, toda la saña del mundo?


martes, 17 de junio de 2014

Servidumbre de hidrocarburos y resistencia rural



Durante la Edad Media en Europa los siervos vestí­an túnicas con el escudo de su señor feudal. Hoy en día los campesinos, en lugar de su tradicional sombrero, usan gorras con el logotipo de sus amos empresariales: Monsanto, Cargill o John Deere. A partir de ahora, deberán usar cachuchas de sus nuevos señores trasnacionales: British Petroleum, Halliburton o Shell.
Y es que, con las leyes secundarias en materia energética, se establecerá en la sociedad rural la servidumbre de hidrocarburos y electricidad. El despojo a ejidatarios, pequeños propietarios y comunidades indígenas de sus bienes, tierras y territorios en las áreas en los que haya yacimientos de petróleo, gas e instalaciones eléctricas, será legalizado.
Lo que quedaba del viejo pacto social entre Estado y campesinos, roto con las reformas al artículo 27 constitucional del 6 de enero de 1992, pretende ser definitivamente enterrado. El derecho de los labriegos a que su tierra sea intransferible ha sido cancelado. El futuro de la propiedad social de la tierra está en entredicho.
Para sortear el proyecto privatizador presente en las reformas al artículo 27 constitucional, campesinos e indígenas con tierras ejidales se incorporaron masivamente al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede). De los cerca de 31 mil núcleos agrarios sólo 2 mil 700 quedaron fuera del Programa. Sin embargo, 70 por ciento de su tierra fue titulada como propiedad de uso común. De esta manera, conservaron los atributos centrales del ejido: inembargable, intransferible e inalienable.
Las leyes secundarias en materia energética inhabilitan este recurso. A partir de ahora, ejidatarios y comuneros deberán entregar sus tierras a empresas petroleras y eléctricas extranjeras, con la amenaza de que, de no hacerlo, se les expropiarán de manera acelerada, pagándoles en especie o contratándolos. De ser propietarios y poseedores de su territorios se convertirán en una especie de semisiervos al servicio de señores trasnacionales.
Las nuevas iniciativas arrinconan aún más a campesinos e indígenas. Según datos de la Comisión para el Diálogo de los Pueblos Indígenas, el Estado mexicano ha entregado a compañías extranjeras (en su mayoría de capital canadiense o que operan como tales) más de 2 mil 600 concesiones que permiten explotar 35 millones de hectáreas, 17.6 por ciento del territorio nacional.
El despojo minero ha propiciado casi 200 conflictos entre empresas y comunidades indígenas en el país. Al menos una decena de opositores a estos proyectos en Oaxaca, Chiapas, Sinaloa y Chihuahua han sido asesinados por pistoleros. Lejos de disminuir, con el paso del tiempo la resistencia ha crecido y se ha radicalizado.
La aprobación de las leyes secundarias en materia energética, la amenaza de una nueva reforma a la ley agraria y de una reforma rural han reanimado los procesos de convergencia y movilización de las organizaciones campesinas nacionales, en los que incluso participan centrales ligadas al PRI. Por todo el país se realizan encuentros y se emiten manifiestos. Así sucedió en Torreón, el pasado 7 de junio, y en Playa del Carmen, el 14 del mismo mes. El 21 de junio la cita será en Oaxaca, y el 27 en Celaya, Guanajuato. Curiosamente, mientras los dirigentes rurales solicitan participar en el proceso de reformas, los legisladores las aprueban sin escucharlos.
Las organizaciones campesinas nacionales son un archipiélago de centrales, coordinadoras, redes y uniones que viven desde hace más de 20 años profundas divisiones. Están dedicadas, en los esencial, a gestionar proyectos gubernamentales de bienestar y desarrollo rural. A pesar de las fracturas, ninguna desaparece.
En la última etapa de lucha, una amplia convergencia de ellas se reunió el 11 de junio con Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada del PRI en el Senado. Los líderes le hicieron reclamos sobre las leyes secundarias, especialmente acerca de las servidumbres de paso. La respuesta del senador fue remitirlos con el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda. Con él hablaron. Cuando la comisión abordó el punto de las leyes secundarias, el funcionario les manifestó que eso estaba fuera de su competencia, que no se discutía y que aún se encontraba en el terreno del Legislativo. Finalmente les propuso la posibilidad de abordar la reforma para el campo, y de que la Sagarpa pagara al jurista que elaborara los decretos o leyes necesarios.
Adicionalmente al descontento contra la servidumbre de los hidrocarburos, las organizaciones enarbolan distintas demandas regionales y sectoriales. Los productores de maíz de Sinaloa exigen el pago de 3 mil 850 pesos por tonelada del grano. Los frijoleros de Zacatecas, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, piden que se les pague sus cosechas y un apoyo adicional de dos pesos. Casi en todo el país se demanda castigo a las empresas que sobrexplotan los mantos acuíferos.
Por lo pronto, la convergencia ha anunciado la formación de comités de defensa de la tierra y la realización de una movilización nacional en la ciudad de México el 23 de julio. “La tierra –amagó uno de los líderes– se va a defender con sangre.”
Pero, más allá de los desplantes de los dirigentes campesinos contra la servidumbre de los hidrocarburos y de sus amagos de incendiar la pradera, cada organización tiene sus propios intereses. Aunque algunas de ellas son combativas, muchas han utilizado en el pasado movilizaciones nacionales por demandas generales para arreglar sus asuntos particulares. De cara a las elecciones de 2015 no son pocos los líderes que tienen interés en aprovechar el descontento contra la reforma para proyectarse como posibles candidatos a diputados.
Sin embargo, muchas de las más importantes luchas rurales recientes en el país se han dado al margen de estas organizaciones. En las movilizaciones de los pueblos indios por el reconocimiento de sus derechos, la construcción de su autonomía de facto, la resistencia a la devastación ambiental, la oposición a los transgénicos, las tomas de tierras y la formación de policías comunitarias y autodefensas, los líderes campesinos tradicionales han estado ausentes o, a lo sumo, han desempañado un papel marginal. Un arreglo en las alturas con algunos de ellos, que deje de lado el rechazo a la servidumbre de los hidrocarburos a cambio de proyectos particulares, garantiza muy poco.

Luis Hernández Navarro
Twitter: @lhan55

martes, 10 de junio de 2014

Ley de hidrocarburos: expropiación al revés




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El proyecto de dictamen de la ley de hidrocarburos elaborado por el Senado de la República concede toda suerte de facilidades a los operadores de exploración, extracción y transporte de petróleo; establece que esas actividades tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectados a aquellas, y les otorga la máxima prioridad en el uso de suelo. En ese espíritu, el documento asienta que procederá la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial o a la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria de hidrocarburos; exploración y extracción se consideran de interés social y orden público; se establece que las entidades dedicadas a la explotación del subsuelo podrán hacerse de terrenos mediante arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, compraventa, permuta y cualquier otra que no contravenga la ley, y las contraprestaciones podrán ser mediante pagos en efectivo, en especie, compromiso de contratación como parte de la fuerza laboral del asignatario o contratista del propietario, poseedor o titular del derecho; adquisición de bienes e insumos o de servicios fabricados, cualquier otra contraprestación, o una combinación de las anteriores.
Por donde se le vea, la iniciativa tiene implicaciones devastadoras para todos los agentes económicos que no pertenezcan al sector petrolero: la minería, la industria, el comercio, el turismo, la agricultura, la ganadería y la pesca, entre otras, experimentarían, de aprobarse el documento, una tremenda presión legal. Los propietarios individuales no podrán negarse a vender, arrendar o ceder de alguna forma sus tierras a concesionarios petroleros. Al amparo de semejante ley, una infinidad de comunidades, pueblos y rancherías quedarían a merced de los vastos poderes de negociación, presión y chantaje propios de las trasnacionales petroleras, y las reservas ecológicas podrían ser eliminadas en aras de un interés social y orden público que, una vez consumada la desnacionalización de la industria de hidrocarburos, no serían ya ni social ni público, sino particular y privado. Si ese interés ha podido ser esgrimido en tanto el Estado ha sido receptor de la totalidad de la renta petrolera, no hay fundamento alguno para alegarlo cuando tanto la reforma constitucional como la ley secundaria han sido ideadas para transferir a manos privadas la mayor parte de esa renta.
Las facultades estatales y municipales en materia de ordenamiento territorial quedarían, por esa vía, supeditadas a las decisiones de la Secretaría de Energía, decisiones que, en cumplimiento de la misma ley, serían obligadamente favorables a los consorcios dedicados a la exploración, extracción y transporte de hidrocarburos, los cuales recuperarían, ampliados, los poderes territoriales casi omnímodos de que gozaron hasta 1938.
Si bajo el marco legal aún vigente Pemex ha cometido con excesiva frecuencia abusos y atropellos contra campesinos y pescadores, cabe imaginar lo que harían, en el ordenamiento que se pretende aprobar, consorcios sin ningún compromiso con el país e interesados únicamente en la obtención de la máxima y más rápida ganancia.
El proyecto senatorial dibuja, en suma, una expropiación petrolera inversa a la realizada por el gobierno del general Lázaro Cárdenas hace más de 70 años: en favor de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, y en detrimento del país, su población, su economía y sus instituciones. En esa medida, la aprobación de tal dictamen tendría para la integración, el desarrollo y la soberanía nacionales un efecto contrario al que tuvo la gesta cardenista.
A juzgar por el documento, da la impresión de que el grupo en el poder tiene en mente convertir el país en un inmenso campo petrolero, ocupado a discreción por trasnacionales, y en cuyo territorio cualquier otra actividad deberá supeditarse a los requerimientos y voluntades de la extracción de hidrocarburos. Para la sociedad, para la economía y para la vigencia del estado de derecho sería muy grave, en suma, que se aprobara ese dictamen.

jueves, 5 de junio de 2014

Incendio de Guardería ABC “intencionalmente provocado”

Redacción / @Revolucion3_0

(30 de mayo, 2014).- De acuerdo con documentación del  grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, integrado por padres y madres de pequeños fallecidos en la Guardería ABC, el incendio que causó la muerte de 49 menores y decenas de niños heridos el 5 de junio de 2009, fue “intencionalmente provocado”.
El motivo de la destrucción de papeles que se albergaba en la bodega contigua a la guardería, era ocultar la información de la deuda de 10 mil millones de pesos que el gobierno de Eduardo Bours Castelo había generado durante la aplicación del programa de obras Plan Sonora Proyecta, señalan los padres de las víctimas mediante un comunicado.
En los documentos entregados a Presidencia y a la Procuraduría General de la República (PGR), los familiares solicitaron a Enrique Peña Nieto intervenir para que se haga justicia y se castigue a los responsables, ya que advirtieron, la PGR ya cuenta con elementos suficientes para actuar.
A decir de Manos Unidas por Nuestros Niños, el incendio fue provocado por tres personas a cargo de Carlos Andrés López Meza, ex chofer y guardaespaldas de Juan Carlos Lam Félix a su vez ex secretario técnico del ex gobernador Bours Castelo.
Sin embargo, Carlos Andrés López Meza fue hallado “casualmente” muerto dos meses después de la tragedia por nueve impactos de bala, y cuya muerte sigue sin averiguarse, indicó Gabriel Alvarado, abogado del movimiento.
Alvarado señaló  que tanto la PGR como Presidencia cuentan con documentación suficiente que puede probar la intención de encubrir información oficial de la administración del ex gobernador Bours Castelo que se hallaba en la bodega donde comenzó el incendio.
En entrevista con Noticias MVS, el abogado declaró que fue por cuestiones de horario que la tragedia alcanzó a la Guardería, ya que pensaban realizarla durante la noche, sin embargo, ésta se adelantó.


miércoles, 4 de junio de 2014

Nuestros impuestos vuelan con el avión presidencial....

Los presidentes de Uruguay, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana no disponen de avión oficial para sus traslados.

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Una de las decisiones que el actual gobierno no revisó del anterior es la compra de un avión presidencial (Boeing 787-8 Dreamliner), con un costo de 7 mil 520 millones de pesos (569 mdd), pagaderos a 25 años. A ello hay que agregar mil millones de peso para remodelar el hangar que habrá de albergarlo.
Hablamos del presupuesto del estado de Colima en el 2013. Del pago de un mes de la nueva pensión universal para 7 millones 802 mil adultos mayores. De 285 escuelas preparatorias para 900 alumnos, en una superficie de 4,500 metros cuadrados.
El nuevo avión presidencial, que deberá ser entregado a finales del presente año, debidamente acondicionado y equipado con lo último en tecnología y confort, para evitar las molestas escalas técnicas y reducir los efectos del jetlag, es un claro ejemplo del destino que tendrán los nuevos impuestos y la deuda pública que está creciendo aceleradamente. Impuestos y deuda para financiar gasto suntuario del gobierno. Es la fórmula del populismo lopezportillesco.
En cuanto aterrice el nuevo aparato, el gobierno de México entrará al selecto club de gobiernos ricos con empresas fiscalmente ahorcadas y ciudadanos pobres. De hecho, será el avión presidencial más caro del mundo, incluido el AirForce One de los Estados Unidos, valuado en 300 mdd o el de Vladimir Putin, con sus emblemas y chapas de oro macizo valorado en 250 mdd. El nuevo TP01 de México será la envidia de varios mandatarios del mundo árabe, asiático, africano y latinoamericano. Revisemos la lista.
Hosni Mubark, de Egipto, donde el PIB per cápita es 5 mil 400 dólares, se movía en un Airbus A340, de 200 millones de dólares.
El segundo lugar lo tenía Muamar Gadafi, de Libia, con un PIB per cápita de 13 mil 100 dólares, disponía también de un Airbus A340, de 190 millones de dólares.
En tercer lugar, Gurbanguly Berdimujamedov, de Turkistán, donde el PIB per cápita es de 9 mil 200 dólares anuales, su Boeing 767 está valuado en 170 mdd.
El cuarto lugar lo tiene Nursultan Nazarbeyev, de Kazajistán, con un PIB per cápita de 10,400 usd anuales, y un Boeing 757 de 120 mdd.
Después vienen los mandatarios de medio pelo, cuyos aviones cuestan sólo dos dígitos. Umaru Yar’Adua, de Nigeria, con un PIB per cápita de 2,200 usd al año, su Boeing 737 BBJ, vale 70 mdd.
Su vecino Teodoro Obiang, de Guinea Oriental, no se quedó atrás. Con un PIB per cápita de 12,800 usd, tiene un Boeing 737 BBJ del mismo costo, 70 mdd.
Joseph kabila, de la República Democrática del Congo, donde el PIB per cápita es de 3,700 usd anual, el Boeing 727 que lo desplaza se cotiza en 55 mdd.
Idris Deby, presidente de Chad, con un PIB per cápita anual de 1,600 usd, su Gulfstream II cotiza los 25 mdd (Rafael Salas, “País pobre, avión de rico”, La Vanguardia)
En América Latina, los aviones presidenciales se mueven en rangos de tres y dos dígitos.  El más caro es el de la presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, un Boeing 757-200, que con adaptaciones y equipo ronda los 200 mdd.
Nicolás Maduro, de Venezuela, con un PIB per cápita de 12,800 usd, su Airbus A319 ACJ está valuado en 66 mdd. Mientras que Raúl Castro, presidente de Cuba, donde el PIB per cápita es de 4,500 usd al año, se mueve en un Ilyushin IL-96, de 60 mdd.
El avión de la presidenta de Brasil (donde el PIB per cápita es superior al de México), Dilma Rousseff, utiliza un Airbus A319, cuyo costo fue de 57 mdd en 2005. Mientras que Evo Morales, de Bolivia, el Falcon 900 que lo mueve tiene un valor de mercado de 35 mdd.
Los presidentes de Uruguay, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana no disponen de avión oficial para sus traslados, realizando la mayor parte de sus recorridos internacionales en vuelos comerciales.
El costo de operación del actual TP01 es de 23,877 usd por hora. Incluye pilotos, combustible, mantenimiento y depreciación. El nuevo gadget aéreo tendrá casi el doble de costo de operación, sobre los 45 mil usd por hora.
Si consideramos que el promedio de viajes internacionales en la actual administración es uno cada tres semanas, con un promedio de 3.5 días de duración, y 48 horas efectivas de vuelo, vaya usted haciendo cálculos y anotando en qué y cómo se gastarán los nuevos impuestos y la creciente deuda pública.
 

TAMALIN, EL GABINETE DEL CACIQUE...

ANDRES RAMOS REYNO – PRESIDENTE Va por su segunda Administración en el Municipio, como  Pedro Garcés Marcial y Lerdo Ferrer; han gobe...