El Senador PANista Anaya[promotor ley anticorrupción], con el SHCP Videgaray [casa otorgada por Higa]
Fue por ello que, desde puntos
estratégicos de la administración pública, funcionarios como los
exsecretarios de Energía en la administración foxista Fernando Canales
Clariond y Ernesto Martens tuvieron en sus manos información
privilegiada que les permitió adueñarse de las concesiones otorgadas
mediante oscuras licitaciones directas, como la de la red de
fibra óptica que formaba parte de la infraestructura de la paraestatal
Luz y Fuerza del Centro, extinta –y en proceso de liquidación– por el
decreto de Felipe Calderón Hinojosa, en octubre de 2009. Los codiciosos
panistas sabían perfectamente que la fibra óptica se convertiría en el
medio de transmisión más utilizado y cotizado en el mercado de las
telecomunicaciones.
Conocedores a detalle de las áreas donde
se encontraban los ricos filones para despojar de sus recursos al país y
a cambio de convidar del apetitoso botín a los monopolios nacionales y
trasnacionales, se dieron el lujo de quitar de en medio a todo aquello
que constituyera un obstáculo a sus planes privatizadores.
De hecho, la reforma a las
telecomunicaciones poco o nada incidió o cambió con referencia al
otorgamiento de los 22 mil kilómetros de red de fibra óptica de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), que con antelación hizo el
gobierno calderonista apoyado por cabilderos, embozados en su papel de
servidores públicos, a monopolios como Televisa y a firmas privadas como
WL Comunicaciones, esta última que se apoderó de los 1 mil 100
kilómetros de la red de Luz y Fuerza, en beneficio directo de sus
accionistas mayoritarios, Martens y Canales.
A la distancia cobra sentido y la real
dimensión del porqué se buscó desaparecer a la paraestatal que brindaba
el servicio de energía eléctrica en el centro del país y con ella a una
organización gremial independiente como el Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME). Los panistas querían allanarse el camino para hacer
negocios sin ser molestados o puestos en evidencia.
Es entendible la urgencia por acallar la
lucha del SME y su voz en foros parlamentarios como la Cámara de
Diputados, donde el hoy aspirante al gobierno de Nuevo León y presidente
de la Comisión de Energía de la LXI Legislatura, Felipe de Jesús Cantú
Rodríguez, junto con su compañera de bancada Ivideliza Reyes Hernández,
intentaron descalificar al que esto escribe, contratando a un grupo de
empleados de seguridad de un bar a quienes intentaron hacer pasar por
miembros de un grupo disidente, introduciéndoles de manera subrepticia a
San Lázaro. Como las autoridades pudieron comprobarlo en la primavera
de 2011, los propios agresores terminaron confesando el torcido plan
orquestado por los panistas, pues ni siquiera les pagaron la cantidad
acordada para desempeñar la ruin encomienda.
Bajo ninguna circunstancia los
traficantes del poder del Partido Acción Nacional estaban dispuestos a
devolver al país lo que ya le habían robado y hacían denodados esfuerzos
para echar abajo la iniciativa presentada entonces por el diputado José
Narro, que planteaba la creación de una nueva empresa eléctrica en la
zona centro del país que sustituyera a Luz y Fuerza y devolviera su
empleo a los 16 mil 599 electricistas que habían rechazado su
liquidación.
El proyecto hubiera representado un
beneficio directo a los 6 millones de usuarios que ya resentían el
disparo de las tarifas eléctricas y los cobros indebidos, además de la
imposición de un mal servicio, pero eso conllevaba echarles a perder el
negocio. Su intención fue, y lo sigue siendo, obtener los máximos
beneficios para sus bolsillos. Por eso, el presidente de la Comisión de
Energía pretendió cancelar tal iniciativa para que no fuera llevada al
pleno, es decir, anularla en comisiones en abierta violación a los
reglamentos legislativos, incurriendo en un innegable conflicto de
intereses.
Como señalamos en anteriores entregas, el
entonces diputado Cantú Rodríguez se convirtió en un defensor directo
de los intereses de los regiomontanos encabezados por Fernando Canales
Clariond, a cuyo grupo empresarial debe buena parte de su carrera
política, lo que lo llevó a guardar el más absoluto hermetismo cuando
trascendió que el exsecretario de Energía de Fox no únicamente estaba
enriqueciéndose con el ilegal otorgamiento de la fibra óptica de la
desaparecida Luz y Fuerza, sino que además se había convertido en uno de
los tantos ordeñadores de los gasoductos de Petróleos Mexicanos
(Pemex), empresa a la que estaba saqueando a través de la gasera
Solensa, firma que echó a andar a finales del sexenio de su amigo Felipe
Calderón en el municipio de Apodaca, Nuevo León.
En octubre de 2011, el ahora candidato panista sudaba frío
cuando escuchaba la denuncia presentada en el Congreso de su estado por
la diputada local perredista María de los Ángeles Herrera, quien en la
tribuna de la Cámara de Diputados de Nuevo León acusó al exgobernador y
a su hijo, Fernando Canales Stelzer, de robo a Pemex.
Lo expuesto por la legisladora no era
obra de ninguna especulación o rumor, pues la denuncia
AP/PGR/NL/ESCIII/2772/D/ 2010 fue presentada por el entonces apoderado
legal de Pemex Gas y Petroquímica, Juan Mendoza Contreras, bajo la
configuración del delito de robo de combustible.
Hasta la fecha, no parece casual que el
exsecretario de Energía haya escogido para instalar su gasera nada menos
que un punto aledaño a la terminal de Pemex del municipio de Apodaca,
de la cual seguramente tenía los planos y ubicación exacta de las
válvulas y el paso del gasoducto. El gobierno cómplice de Calderón mandó
la averiguación al archivo muerto de la Procuraduría General de
la República y el hoy candidato del PAN al gobierno de Nuevo León se
abstuvo de hacer comentarios sobre el escándalo en que se vio inmerso su
padrino político. También se guardó de explicar en el Congreso la
opacidad con que fue entregada la concesión de la fibra óptica de Luz y
Fuerza del Centro; y menos todavía abordó el tema de la adjudicación
directa de la red de la CFE, a un precio ocho veces menor de su valor
real, al monopolio de Televisa, donde metió la mano el
exsecretario del Trabajo y Previsión Social Javier Lozano Alarcón, el
amanuense que en la Cámara de Senadores ha demostrado estar al servicio
de empresarios como Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas, quienes, a
cambio de unas monedas, lo usan lo mismo de tapete que de apagafuegos
cuando así lo requieren.
La fibra óptica, como se aprecia, ha
tenido como beneficiario a un reducido grupo de políticos y empresarios
que, contra lo planteado en la reforma a las telecomunicaciones, no
tienen ni tendrán la intención de favorecer con sus proyectos y tarifas
al pueblo de México.
Es momento de que no sólo los traficantes
del poder sino además el Servicio de Administración y Enajenación de
Bienes le rindan cuentas a los mexicanos sobre los inventarios de Luz y
Fuerza; entre ellos, deberán de informar sobre la explotación de la
fibra óptica, que ahora favorece la expansión de un mercado cautivo del
que buscan sacar el máximo rendimiento los conocidos monopolios a costa
de los bienes hurtados a la nación.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
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