Aristegui: "La salida intempestiva de MVS tiene la mecánica de un golpe autoritario"

Beneficiarios de la fibra óptica y monopolios: complicidades panistas sin castigo

Desde su arribo al poder en el gobierno de la inexistente transición de Vicente Fox Quesada, los panistas diseñaron un ambicioso y sólido plan de negocios que incluía rubros como el de la fibra óptica y otras rentables actividades del sector energético que estarían salvaguardados, incluso, ante la eventualidad de retornar a su papel de oposición, como sucedió con su aparatosa derrota en 2012.

 

El Senador PANista Anaya[promotor ley anticorrupción], con el SHCP Videgaray [casa otorgada por Higa]

Fue por ello que, desde puntos estratégicos de la administración pública, funcionarios como los exsecretarios de Energía en la administración foxista Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens tuvieron en sus manos información privilegiada que les permitió adueñarse de las concesiones otorgadas mediante oscuras licitaciones directas, como la de la red de fibra óptica que formaba parte de la infraestructura de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, extinta –y en proceso de liquidación– por el decreto de Felipe Calderón Hinojosa, en octubre de 2009. Los codiciosos panistas sabían perfectamente que la fibra óptica se convertiría en el medio de transmisión más utilizado y cotizado en el mercado de las telecomunicaciones.

Conocedores a detalle de las áreas donde se encontraban los ricos filones para despojar de sus recursos al país y a cambio de convidar del apetitoso botín a los monopolios nacionales y trasnacionales, se dieron el lujo de quitar de en medio a todo aquello que constituyera un obstáculo a sus planes privatizadores.

De hecho, la reforma a las telecomunicaciones poco o nada incidió o cambió con referencia al otorgamiento de los 22 mil kilómetros de red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que con antelación hizo el gobierno calderonista apoyado por cabilderos, embozados en su papel de servidores públicos, a monopolios como Televisa y a firmas privadas como WL Comunicaciones, esta última que se apoderó de los 1 mil 100 kilómetros de la red de Luz y Fuerza, en beneficio directo de sus accionistas mayoritarios, Martens y Canales.

A la distancia cobra sentido y la real dimensión del porqué se buscó desaparecer a la paraestatal que brindaba el servicio de energía eléctrica en el centro del país y con ella a una organización gremial independiente como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Los panistas querían allanarse el camino para hacer negocios sin ser molestados o puestos en evidencia.

Es entendible la urgencia por acallar la lucha del SME y su voz en foros parlamentarios como la Cámara de Diputados, donde el hoy aspirante al gobierno de Nuevo León y presidente de la Comisión de Energía de la LXI Legislatura, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, junto con su compañera de bancada Ivideliza Reyes Hernández, intentaron descalificar al que esto escribe, contratando a un grupo de empleados de seguridad de un bar a quienes intentaron hacer pasar por miembros de un grupo disidente, introduciéndoles de manera subrepticia a San Lázaro. Como las autoridades pudieron comprobarlo en la primavera de 2011, los propios agresores terminaron confesando el torcido plan orquestado por los panistas, pues ni siquiera les pagaron la cantidad acordada para desempeñar la ruin encomienda.

Bajo ninguna circunstancia los traficantes del poder del Partido Acción Nacional estaban dispuestos a devolver al país lo que ya le habían robado y hacían denodados esfuerzos para echar abajo la iniciativa presentada entonces por el diputado José Narro, que planteaba la creación de una nueva empresa eléctrica en la zona centro del país que sustituyera a Luz y Fuerza y devolviera su empleo a los 16 mil 599 electricistas que habían rechazado su liquidación.

El proyecto hubiera representado un beneficio directo a los 6 millones de usuarios que ya resentían el disparo de las tarifas eléctricas y los cobros indebidos, además de la imposición de un mal servicio, pero eso conllevaba echarles a perder el negocio. Su intención fue, y lo sigue siendo, obtener los máximos beneficios para sus bolsillos. Por eso, el presidente de la Comisión de Energía pretendió cancelar tal iniciativa para que no fuera llevada al pleno, es decir, anularla en comisiones en abierta violación a los reglamentos legislativos, incurriendo en un innegable conflicto de intereses.

Como señalamos en anteriores entregas, el entonces diputado Cantú Rodríguez se convirtió en un defensor directo de los intereses de los regiomontanos encabezados por Fernando Canales Clariond, a cuyo grupo empresarial debe buena parte de su carrera política, lo que lo llevó a guardar el más absoluto hermetismo cuando trascendió que el exsecretario de Energía de Fox no únicamente estaba enriqueciéndose con el ilegal otorgamiento de la fibra óptica de la desaparecida Luz y Fuerza, sino que además se había convertido en uno de los tantos ordeñadores de los gasoductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa a la que estaba saqueando a través de la gasera Solensa, firma que echó a andar a finales del sexenio de su amigo Felipe Calderón en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

En octubre de 2011, el ahora candidato panista sudaba frío cuando escuchaba la denuncia presentada en el Congreso de su estado por la diputada local perredista María de los Ángeles Herrera, quien en la tribuna de la Cámara de Diputados de Nuevo León acusó al exgobernador y a su hijo, Fernando Canales Stelzer, de robo a Pemex.

Lo expuesto por la legisladora no era obra de ninguna especulación o rumor, pues la denuncia AP/PGR/NL/ESCIII/2772/D/ 2010 fue presentada por el entonces apoderado legal de Pemex Gas y Petroquímica, Juan Mendoza Contreras, bajo la configuración del delito de robo de combustible.

Hasta la fecha, no parece casual que el exsecretario de Energía haya escogido para instalar su gasera nada menos que un punto aledaño a la terminal de Pemex del municipio de Apodaca, de la cual seguramente tenía los planos y ubicación exacta de las válvulas y el paso del gasoducto. El gobierno cómplice de Calderón mandó la averiguación al archivo muerto de la Procuraduría General de la República y el hoy candidato del PAN al gobierno de Nuevo León se abstuvo de hacer comentarios sobre el escándalo en que se vio inmerso su padrino político. También se guardó de explicar en el Congreso la opacidad con que fue entregada la concesión de la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro; y menos todavía abordó el tema de la adjudicación directa de la red de la CFE, a un precio ocho veces menor de su valor real, al monopolio de Televisa, donde metió la mano el exsecretario del Trabajo y Previsión Social Javier Lozano Alarcón, el amanuense que en la Cámara de Senadores ha demostrado estar al servicio de empresarios como Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas, quienes, a cambio de unas monedas, lo usan lo mismo de tapete que de apagafuegos cuando así lo requieren.

La fibra óptica, como se aprecia, ha tenido como beneficiario a un reducido grupo de políticos y empresarios que, contra lo planteado en la reforma a las telecomunicaciones, no tienen ni tendrán la intención de favorecer con sus proyectos y tarifas al pueblo de México.

Es momento de que no sólo los traficantes del poder sino además el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes le rindan cuentas a los mexicanos sobre los inventarios de Luz y Fuerza; entre ellos, deberán de informar sobre la explotación de la fibra óptica, que ahora favorece la expansión de un mercado cautivo del que buscan sacar el máximo rendimiento los conocidos monopolios a costa de los bienes hurtados a la nación.

Martín Esparza Flores*

*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas

Algo peor que el ministro

Hay males que usan máscara. Hay máscaras que asustan al mismo tiempo que embozan cosas peores. Es el caso del ministro Medina Mora. Nada sabía de inteligencia y asumió el cargo de director del Cisen, no sabía nada de policía y fue secretario, nada de procuración de justicia y fue procurador, nada de relaciones internacionales y fue dos veces embajador, nada de administración de justicia y hoy es juez supremo. Qué lección queda: se trata de un hombre sin integridad. Pero hay algo peor, que es lo que estuvo atrás; sí hay algo peor.

Algo que debiera tener en estado de alerta a los mexicanos son las arenas movedizas del autoritarismo en que estamos. Son muchos los casos recientes y son augures de que vendrán más: el caso extremo por hoy fue el del ministro Medina Mora, por el irrespeto a todo que arrastró en su desprestigio al Senado de la República, y remató con otro caso, la caída de Carmen Aristegui.
Peña es así un caudillo arcaico. Admira la forma de gobierno autoritaria e inescrupulosa de Álvaro Obregón, como lo demostró en su tesis de recepción como abogado. Admira a su paisano Adolfo López Mateos, el sonriente represor. Admira la fuerza y su aplicación, admira los resultados y no para en los medios. Es hombre efectista, no de principios. ¡¡Aquí sólo mis chicharrones truenan!!
Si la llamada transición mexicana fue aceptada como la introducción a la democracia, y si ciertamente se iniciaron cambios, hoy vamos en una vuelta en U, de regreso hacia lo abjurado. Estamos involucionando. En el discurso se aplica cualquier esfuerzo por pintar a México como una democracia surgente, en los hechos estamos de rebote al absolutismo.
Absolutismo y sus consecuencias: la corrupción, la impunidad, la protección al clan, la promoción y tolerancia indiscriminada a los sumisos, la intolerancia a la crítica, y con mucho es también la ambición de perpetuarse por la vía de la sangre, la del clan. Un modelo de gobierno cuya fuerza viene de Dios y a nadie más debe dar cuentas.
El absolutismo históricamente ha sido una respuesta con muchas ediciones a ciertas crisis de gobierno, pero se ha dado en versiones extremas: las órdenes ejecutivas de los presidentes de Estados Unidos que surgieron con Roosevelt en la Segunda Guerra Mundial, que son decretos promulgados por el Ejecutivo con el mismo peso que una ley. La otra cara de este recurso es Nicolás Maduro y sus pantomimas demoledoras de una mínima confiabilidad.
En México somos más sutiles. No necesitamos acudir a recursos constitucionales para ampliar la fuerza del Presidente. Somos sutiles, sabemos hacerlo, suavecito, corrompiendo o reprimiendo. El Presidente habla todos los días de un país inexistente mientras pasa por encima del espíritu de las leyes, habla de vencer la corrupción y protege a corruptos: Montiel, Moreira, Genaro García Luna y 100 más.
Quiere gobernar a sus vasallos a capricho imponiendo ocurrencias que hace pasar por trascendentes proyectos. Compromete el futuro del país y su propio registro histórico, pero eso… al tiempo. Esta es la situación hoy, pero para amarrar el futuro nos viene el plebiscito presidencial.
El calculado plebiscito presidencial del 7 de junio será la confirmación de que el pueblo ama a Peña Nieto, de que gobierna exitosa y acertadamente y que ese pueblo quiere más de lo mismo. Para lograrlo, ese día el obsceno PRI/Verde pondrá en juego todas sus habilidades, virtuosas y viciosas, tradicionales y novedosas. Mandará toda la carne al asador, dinero, dinero y más dinero, por aquí y por allá. Otro Monex, Sedesol o embutes, lo que se requiera para ganar.
Si esto sucede hoy y aceptando las leyes de la inercia, habría que pensar en los próximos tres años y medio. Nada cambiará aunque así lo haya anunciado el Presidente a través de The Economist. No cambiará el genio, ni su ánima ni estilo, aunque sería imposible predecir qué ocurrencia lo instigará, cuándo y con qué terribles consecuencias gobernará. La autocracia es así.
Se hará lo que sea para demostrar que México se mueve y se moverá a su capricho, para eso ganará el control de la Cámara de Diputados y, por ende, del Congreso de la Unión. De ello que el caso Medina Mora, con toda su gravedad, sea sólo un botón. Hay algo peor.
El poder y la ley no son sinónimos. La verdad es que con frecuencia se encuentran en irreductible oposición.
Cicerón

Jorge Carrillo Olea

Carmen Aristegui responde #MexicoWantsAristeguiBack

La lucha de Carmen Aristegui vs el Autoritarismo gubernamental y Empresarial...

Los "400 Pueblos" es una organización PRIísta que lucra con los campesinos

Xalapa, Ver. 17 de marzo 2015.- Nuevamente mujeres de los 400 pueblos se desnudaron en la capital del estado ante la mirada de niños y civiles que pasaban por el Parque Juárez, al cuestionarle a César del Ángel, líder de esa agrupación, en tono molesto le dijo a la prensa que no tenía que darle explicaciones a nadie y que para eso él tenía a su prensa.

La agresión a Carmen Aristegui

La plataforma Méxicoleaks no es el problema, afirmó MVS. El conflicto obedece a que ‘es inaceptable’ que algunos de nuestros colaboradores comprometan y dispongan de recursos y marcas de la empresa para realizar alianzas, sin conocimiento y la autorización de la administración

MÉXICO, DF (Apro).- A unos cuantos días de que Eduardo Sánchez, ex abogado general de Grupo MVS, asumiera las funciones de coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, la empresa de Joaquín Vargas inició una escalada contra Carmen Aristegui y su equipo de investigación, el mismo que reveló el escándalo de la Casa Blanca del primer mandatario Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera.

El acoso se inició como una reacción airada de la empresa contra la presentación de la nueva plataforma digital Méxicoleaks.

En desplegados a página entera en la mayoría de los periódicos capitalinos y con spots en sus propios espacios informativos, Grupo MVS afirmó el miércoles 11 que no forma parte de Méxicoleaks y calificó "no sólo como un agravio y una ofensa, sino un engaño a la sociedad", el uso de su marca.

El jueves 12 se difundieron más desplegados y spots de Grupo MVS donde corrigieron su posición original: "La plataforma Méxicoleaks no es el problema", afirmaron. El conflicto obedece a que "es inaceptable" que "algunos de nuestros colaboradores comprometan y dispongan de recursos y marcas de la empresa para realizar alianzas, sin conocimiento y la autorización de la administración.

"El problema obedece y se limita a la disposición indebida de recursos, marcas y facultades de la empresa", afirmó Grupo MVS. El texto no mencionaba a Aristegui ni a sus colaboradores, pero la alusión era evidente.

En menos de 48 horas MVS decidió despedir —al mediodía del jueves 12— a los reporteros Daniel Lizárraga e Irving Huerta, ambos de la unidad de investigaciones especiales del equipo de Carmen Aristegui, con el argumento de la "pérdida de confianza" y "el uso indebido de nuestros recursos humanos tecnológicos y materiales".

Aristegui no fue notificada ni consultada antes sobre los desplegados ni sobre el despido de los dos periodistas que realizaron el trabajo de investigación en torno al escándalo de la Casa Blanca, revelado en noviembre de 2014, y otros asuntos importantes, como el seguimiento de la matanza de Tlatlaya y el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Desde su cabina radiofónica, Aristegui respondió primero con extrañeza ante la hostilidad de MVS. Ningún encuentro entre Joaquín Vargas y ella se produjo en ese contexto. La conductora consideró el jueves 12 que el caso Méxicoleaks era un "conflicto artificial" para forzar una ruptura o una salida del espacio noticioso.

El ombudsman de MVS, Gabriel Sosa Plata, emitió un posicionamiento público de 10 puntos, en el cual consideró que "sí se debió solicitar autorización" de los directivos del grupo para el acuerdo con Méxicoleaks, pero criticó la campaña mediática calificándola de "mecanismo de presión inédito de una empresa hacia algunos de sus propios periodistas y conductores que podría afectar su desempeño periodístico".

Sosa Plata exhortó a directivos de MVS Radio y al equipo de Aristegui a "retomar el diálogo, evitar las descalificaciones y dar solución pronta al uso de la marca y el establecimiento de alianzas estratégicas".

TEMA DE INTERÉS

El tono de la respuesta de Aristegui cambió el viernes 13 en su emisión radiofónica. Tras conocerse la salida de Lizárraga y Huerta, la periodista rechazó "categóricamente" el despido de sus colaboradores. Hizo un llamado a MVS para que "los reinstale voluntariamente" y advirtió: "Todo parece indicar que hay una clara intención para que esto se convierta en un conflicto interno, de manera artificial, y con unas preguntas sin contestar".

Aristegui subrayó que este despido "contraviene seriamente el acuerdo fundamental, de carácter contractual, entre MVS y yo", haciendo alusión al contrato de autonomía e independencia editorial que firmó en 2009 con la empresa.

"No es tiempo de sometimientos, no es tiempo de aceptar regresiones… No tenemos derecho a aceptar lo que parece ser ya no un aroma, sino un vendaval autoritario de regresiones en el mapa nacional con capítulos que aquí hemos abordado muy ampliamente, como lo que acaba de pasar en la Suprema Corte", sentenció Aristegui, en relación con las críticas por la elección de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte.

En ese momento el acoso a Aristegui y a sus colaboradores ya era tema de interés en los medios internacionales y en las redes sociales. En menos de dos días se juntaron más de 135 mil firmas en la plataforma Change.org con la frase #EnDefensaDeAristegui. En Twitter más de 250 mil menciones a este hashtag lo convirtieron en trending topic. The Washington Post, The Wall Street Journal, Telesur y agencias internacionales mencionaron el caso como un diferendo por la plataforma Méxicoleaks y destacaron que MVS despedía al equipo que dio a conocer el escándalo de la Casa Blanca.

"Lógica mexicana: descubrimos conflictos de intereses en la compra de tres casas. ¿A quiénes despiden en México? A quienes lo descubrieron", escribió el periodista de Univisión Jorge Ramos en su cuenta de Twitter.

El jueves 12 por la tarde, decenas de jóvenes y activistas protestaron con chayotes frente a las instalaciones de Grupo MVS. "Es censura", escribieron en la calle reclamando la reinstalación de los reporteros despedidos.

Durante la protesta, los manifestantes notaron la presencia entre ellos de Javier Tejado Dondé, vicepresidente de asuntos informativos de Televisa, el mismo personaje que encabezó la campaña para sacar a Carmen Aristegui de W Radio en enero de 2008 (Proceso 1627).

Increpado y cuestionado por los manifestantes, Tejado Dondé sólo atinó a decir que él estaba ahí "de paso", pues se dirigía a una consulta médica, hecho registrado en un video que circula en internet.

EL ‘ALINEAMIENTO’ DE MVS

La respuesta de la empresa de Joaquín Vargas a las preguntas y demandas de Aristegui y a las protestas en las redes sociales no fue la reinstalación de los periodistas ni el diálogo con la conductora, sino la emisión de 16 nuevos "lineamientos" aplicables a la relación entre Noticias MVS y los conductores de sus emisiones informativas. De acuerdo con el documento, publicado en el sitio oficial de MVS Radio, a partir del lunes 16 se centralizará la contratación de personal adicional, de unidades de investigaciones especiales y los conductores deberán abstenerse "de comprometer acciones y recursos de la empresa sin contar con visto bueno y autorización previa de la misma, a través del director de noticias".

Los "lineamientos" de la empresa anunciaron la contratación de "empresas especializadas" que llevarán a cabo "una valoración periódica de todas aquellas secciones, investigaciones, mesas de debate, comentaristas, etc. con las que cuenta cada una de las emisiones".

MVS anunció que prescindirá de corresponsales extranjeros y la cobertura se llevará a cabo "vía agencias internacionales, que darán servicio a todas las emisiones noticiosas de la empresa". Este punto implicará el despido de la corresponsal en Washington, Dolia Estévez, quien mantuvo una cobertura crítica del papel de Eduardo Medina Mora como embajador en Estados Unidos en casos como Rápido y Furioso.

Se prohíbe utilizar algún contenido producido o generado en MVS "en ningún otro medio o plataforma" y "ningún conductor de noticias podrá promover medios o plataformas ajenas a MVS en los espacios que corresponden a sus emisiones", en clara alusión a la cobertura on line y a las colaboraciones de Aristegui.

El punto 14 de los lineamientos afirma que "la empresa y sus conductores no representan a ningún partido político, grupo beligerante, ni protegen intereses de organizaciones, asociaciones, movimientos políticos, sociales o gobiernos".

CASO DE CENSURA

Para la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) estos lineamientos constituyen "un caso de censura".

"La Amedi considera preocupante el curso que ha tomado este diferendo, por el contexto de los hechos y por las consecuencias que tiene ya el día de hoy con el despido de dos periodistas y el intento de imponer ‘lineamientos’ con los que se pretende desdibujar la independencia editorial de los periodistas que colaboren en MVS, quienes no podrán realizar ninguna investigación sin pedir antes autorización e, incluso, deben firmar que no ‘representan’ a ningún ‘grupo beligerante’", afirmó la agrupación en su comunicado del viernes 13. La Amedi lanzó varias preguntas a raíz de esos "lineamientos": "¿Considera MVS que el espacio de Carmen Aristegui promueve o representa grupos ‘beligerantes’? ¿MVS considera que no deben darse a conocer en sus noticiarios posturas de movimientos sociales o movimientos políticos?".

La agrupación, presidida por Agustín Ramírez, advirtió que tales medidas constituyen "un enorme retroceso que inhibe y sanciona la libertad de expresión y un lamentable regreso a las peores prácticas autoritarias en contra de nuestros derechos humanos fundamentales, la transición hacia la democracia, así como a la pluralidad de contenidos que mandata la reforma constitucional".

Consultados por Proceso, distintos especialistas y observadores coinciden en que estos "lineamientos" de MVS son muy similares a los que en 2008 pretendieron imponer Televisa y Grupo Prisa en la estación W Radio, antes de la salida de Carmen Aristegui de aquella compañía.

En aquella ocasión, W Radio decidió suspender abruptamente el contrato que mantenía con Aristegui bajo el pretexto del "proceso de renovación, actualización y expansión" de la estación y de "un nuevo modelo de organización y trabajo".

JENARO VILLAMIL

Carmen Aristegui habla sobre méxico leaks @Mexleaks Censura de MVS o SEGOB?

Finanzas de un gobierno Prospero II

Lunes, 09 Marzo 2015

• Por:  Marco Antonio Aguirre Rodríguez

• Desconocido, el monto de la deuda de Veracruz
• Doble (¿o triple) contabilidad en la deuda

El monto real de la deuda financiera del gobierno del estado de Veracruz finalmente no se conoce, porque este lleva una doble o tal vez hasta una triple contabilidad en cuanto a su deuda financiera, además de que hay operaciones que no se reportan.
Pero además, existen cuentas que en lugar de disminuir han incrementado en la deuda, como en la línea de la bursatilización de 2006, contratada a 30 años; así pues, esa compromiso en lugar de concluirse en el 2036, ¿cuándo se concluirá?.
Pues bien, la primera contabilidad es la que el gobierno del estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) le presentan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cada mes, según la cual los compromisos financieros al cierre de 2014 son de 37,685 millones 400 mil pesos.
Con esa cantidad el gobierno del estado de Veracruz es el tercero con mayor deuda en el país, después de que fue desbancado del segundo lugar por la administración de otro Duarte, César Duarte, el gobernador de Chihuahua, quien incrementó la deuda de esa entidad más de tres veces en menos de 3 años.
La segunda cuenta que lleva el gobierno del estado es la que corresponde al monto de los compromisos adquiridos y esa está plasmada en la página 96 de la Gaceta Oficial del Gobierno del estado de Veracruz, correspondiente al 30 de diciembre de 2014.
Ahí se anota claramente que el monto de la deuda contratada que tiene el gobierno del estado de Veracruz es por  43,006 millones 954 mil 927 pesos.
Bueno, se podría decir que esto es el monto original de la deuda y que por los pagos hechos ya debió reducirse.
Pues así, debería de ser, con la salvedad de que el gobierno del estado de Veracruz no paga sus cuentas pendientes, incluyendo las que puede evadir con los bancos.
¿Cuánto es lo que se le ha reducido realmente a la deuda financiera de Veracruz?.
Ese es un dato que guarda la Sefiplan con mucha cautela.
Por ejemplo, un “registro de obligaciones y empréstitos vigentes” que publicó la Secretaría de Hacienda con cierre a marzo de 2014, mostró el monto de la reducción de la deuda en varias de las cuentas, pero también evidenció estos manejos no informados sobre los requerimientos financieros, al mostrar cuadros en blanco en lo correspondiente a los saldos al 31 de marzo de 2014, sobre todo en las líneas de crédito abiertas por Banobras.
Otro caso extraño que se evidenció ahí fue un crédito con banco del Bajío, contratado el 15 de diciembre de 2010, por 1,500 millones de pesos, el cual se mostraba como una deuda por el mismo monto, al 31 de marzo de 2014; en tres años y tres meses nada se le había reducido.
El cuadro de la Secretaría de Finanzas sobre las obligaciones financieras del gobierno del estado de Veracruz muestra 14 créditos bancarios contratados, entre ellos 13 créditos simples y uno en cuenta corriente.
¿Un crédito en cuenta corriente?, ¿para qué?. Porque además todos estos empréstitos fueron adquiridos al son de que se destinarían para “inversión pública productiva”.
El crédito en cuenta corriente se firmó con Interacciones el 31 de mayo de 2012 por 1,500 millones de pesos, a 48 meses, lo que significa que para el 31 de mayo de 2016 deberá estar liquidado, según el cuadro de la Secretaría de Finanzas.
Sin embargo el registro de la SHCP al 31 de marzo del 2014 no muestra ninguna cuenta con Interacciones contratada en esa fecha, aun cuando si apunta 4 líneas abiertas, al igual que el otro documento, con la misma institución.
De hecho, en ambos documentos, ninguna fecha coincide en las 4 líneas de crédito de Interacciones. ¿Esto es normal?, ¿error al momento de proporcionar la información o al capturarla?, ¿o mala fe para que no se puedan ubicar?.
Los créditos bancarios marcados por la Sefiplan alcanzan un monto de 27,565 millones de pesos.
Después están 4 líneas de crédito contratadas con Banobras, bajo el llamado esquema de bonos Cupón Cero, en el que las entidades federativas solo pagan los intereses.
Estos representan un monto de 6,030 millones 724 mil 014 pesos, los cuales están a un interés de “tasabase+1.52”, “tasabase +1.28” y “tasabase+1.27”.
El concentrado de marzo de 2014 elaborado con información de la Secretaría de Hacienda muestra que no hay información sobre la deuda pendiente, ni sobre los pagos que se realizan en este esquema.
¿Será aquí donde se descuadran las cuentas?.
Pues bien, el concentrado de la Sefiplan también marca dos bloques de bursatilización de las participaciones federales al gobierno del estado de Veracruz.
El primer bloque fue el que se puso a la venta el 24 de noviembre de 2006, que alcanzó la cifra de 6,299 millones 999 mil 959 pesos con 15 centavos., mientras que el segundo fue el que se puso a disposición de los inversores el 12 de noviembre de 2012 y que alcanzó una colocación de 4,864 millones 769 mil 005 pesos.
Pues bien, el primer bloque aparece en el concentrado con cierre a marzo de 2014, como inscrito el 20 de mayo de 2009, dos años y medio después de que se puso a disposición de los inversionistas.
Pero también tiene la característica de que una de sus líneas, en lugar de disminuir, se acrecentó.
Así un paquete que originalmente se contrató por 5,193 millones 081 mil 559 pesos, aparecía al 31 de marzo con 6,690 millones 300 mil 938.
La deuda creció 1,497 millones 219 mil 379.
¿Cómo fue que esto ocurrió?
Si 8 ó 6 años después de que se contrató, esta línea marcada a 30 años, en lugar de disminuir, incrementó, ¿cuándo terminará de pagarse?
Pero no es el único caso. En el paquete inscrito el 12 de noviembre del 2012, hay también otra línea bursátil que en lugar de disminuir también aumentó. De un monto original por 2,299 millones 899 mil 005 pesos pasó a 2,407 millones 807 mil 597 pesos.
El incremento fue de 107 millones 908 mil 592 pesos.
Entonces, con todos estos elementos ocultos y oscuros, ¿cuál es el monto real de la deuda del estado de Veracruz?.
Pero además existe otro elemento que abre la posibilidad a un tercer sistema de cuentas en las obligaciones financieras del gobierno del estado de Veracruz: los créditos adquiridos y no reportados.
El 9 de mayo de 2014 la calificadora financiera Fitch Ratings emitió calificación para un crédito adquirido por 695 millones de pesos con Interacciones; el anuncio se hizo 5 meses después de que se entregó el préstamo, lo que supuestamente ocurrió el 4 de diciembre del 2013.
Sin embargo este nuevo credito no se vio impactado en la cuenta de las obligaciones financieras del gobierno del estado de Veracruz de 2013, ni en las de 2014; tampoco está en el concentrado elaborado por Sefiplan y difundido a finales del 2014.
¿Porqué no se inscribió este préstamo en las cuentas pendientes del gobierno del estado de Veracruz?.
¿La Secretaría de Hacienda no se enteró o no le importó?
¿Cuál es el monto real de la deuda financiera del estado de Veracruz?
¿Cuántas formas de contabilidad llevan en la Sefiplan para este fin?
¿Cuánto tiempo en realidad se tardará en cubrirse la actual deuda?
¿Porqué la Cámara de Diputados local es tan omisa y no pone atención a este punto?

Agua del noreste: ¿para uso popular y productivo o para trasnacionales?

Antonio Gershenson

 

 

Esta vez nos llegan de Estados Unidos protestas contra el fracking o ruptura de rocas con agua a presión, para obtener sobre todo gas, y también en ocasiones petróleo sintético. En varios países se ha prohibido, en varias partes de Estados Unidos también, y en México las nuevas leyes les abren las puertas a costa de los mexicanos. Hay toda una polémica en torno al acueducto Monterrey VI, es sabido que ahí el agua no abunda, pero esa obra no es necesaria para la ciudad, y es clara la intención de hacer negocio con el asunto.

En Estados Unidos nos recuerdan que ciudades de California, Nueva York, Ohio, Pennsylvania, Texas, Colorado, Hawai y Nuevo México lo prohibieron temporal o definitivamente. Y nos recuerdan que en otros países, incluidos Francia, Alemania, Irlanda, Holanda y Australia, prohibieron total o parcialmente este fracking.
Mientras en varios países se buscan formas de limitar, o de plano se prohíben, las actividades del fracking, en México tuvimos, primero, que la reforma energética que no sólo no se les limita sino que se les dan privilegios para apoderarse de tierras con posibilidades de energía, incluso de fracking. Y ahora, peor aún, está en curso la aprobación de otra Ley General de Aguas, que limita el derecho del individuo al agua, poniendo en riesgo la salud. Como el agua no alcanza, se da preferencia a las trasnacionales que la van a derrochar y a contaminar en grandes cantidades, a costa de la población y de las demás actividades productivas.
Recordamos tres párrafos de nuestro artículo del 28 de diciembre pasado:
“Un hecho influye en el cuadro: Hillary Clinton, importante en el Partido Demócrata, del que es precandidata presidencial, se pronunció contra el uso indiscriminado de la fractura hidráulica, sin mencionarla explícitamente. El periódico The Guardian hizo notar que se distinguía de la posición del presidente Obama, y dos semanas después, el gobernador demócrata Cuomo, de Nueva York, alegando riesgos para la salud, prohibió tajantemente esa fractura en todo el estado. La posición de la población neoyorquina ya se había expresado en ese mismo sentido en diversas formas, y lo volvió a hacer ante una encuesta:

La Universidad Quinnipiac hizo la encuesta. Del total, 55 por ciento estuvo en favor y 25 por ciento en contra. Incluso, de los republicanos 42 fueron en favor y 40 en contra, y de la ciudad de Nueva York, 56 por ciento estuvo en favor y 19 por ciento en contra.
“Se nota una importante corriente en el Partido Demócrata en ese sentido; el Partido Republicano, en cambio, defiende a como dé lugar al fracking y a las empresas que lo impulsan. Se ve que puede ser un importante punto polémico en las elecciones presidenciales de 2016.”
En el noreste de México el agua no es mucha, y es necesaria para riego, para uso industrial, para bañarse obviamente y para cocinar y beber. Un proyecto de fracking de tamaño amplio, requiere por cada pozo de petróleo o de gas, varios millones de litros de agua, la cual al tener este uso queda totalmente contaminada.
En México, según el censo, 55 por ciento de la población recibe el agua sólo temporalmente. Y ya hemos mencionado los daños por los terremotos producidos por las explosiones del agua lanzada a presión.
Esta actividad tan destructiva arrasa con agricultura, ganadería, viviendas e industrias con los terremotos, y con casi cualquier actividad en la región arruinada.
Hablamos del noroeste, porque ahí se está preparando y porque ahí no sobra el agua. Pero la nueva legislación les abre la puerta a las trasnacionales en cualquier parte del país.
Y ahora vemos algunos títulos en este periódico:
Cerraron 30 mil tiendas por caída del mercado y las exigencias impositivas.
Se desplomaron 41.5% las utilidades de las principales empresas del país: BMV.
México promete otorgar más ganancias y contratos flexibles a grandes petroleras.
¿Qué podemos esperar si el país tolera, y hasta premia, también la ola destructiva del fracking? ¿Y las tierras perdidas o arrebatadas? ¿Y los ejidos, las comunidades y las poblaciones, de qué van a vivir?
Claro, los de arriba, felices, recibiendo dinerales, recibiendo el agradecimiento de las trasnacionales petroleras y gaseras.

Alarma en la Huasteca ante la embestida del fracking-Ecocidio neoliberal

Riesgo inminente en 110 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo y SLP
Alertan campesinos sobre daños al agua, subsuelo y población
Schlumberger y Halliburton ya operan varios pozos
La entrega de recursos data, cuando menos, de 2010

Foto Hermann Bellinghausen

Huayacocotla, Ver.

Lenta pero inexorable, corre la alarma en las serranías del norte y la tierras bajas de la Huasteca: una amenaza se cierne sobre los derechos territoriales de miles de comunidades. Y ésta tiene un nombre, aunque no sea el único: fracking, o fractura hidráulica, nuevo y agresivo procedimiento para extraer gas y petróleo debajo y dentro de las grandes rocas subterráneas. Más de un centenar de municipios de cuatro estados se encuentran amenazados por el fracking en las rondas cero y uno de la Secretaría de Energía, de acuerdo con los mapas de Advanced Resources Internacional de la Huasteca y el Totonacapan, según documenta la Alianza Mexicana contra el Fracking.
En Veracruz son 49 los municipios en riesgo inminente. En Puebla, 22. En Hidalgo, 21. Y en San Luis Potosí, 18. Comunidades y campos agrícolas de los pueblos nahua, tenek, otomí, tepehua y totonaca. El representante del municipio poblano de Francisco Z. Mena, uno de los primeros afectados por las dos rondas, describe la arrogante presencia actual de vehículos, maquinaria y personal de las empresas Schlumberger y Halliburton. Ya operan varios pozos. Llegaron ofreciendo las estrellas y no han dejado nada. Exigimos que nos arreglaran la carretera que dejaron inservible; al protestar nos echaron a la fuerza pública y nos encarceló el gobierno de Puebla.
Como lo ven los comuneros y ejidatarios conscientes del futuro que les espera, este es sólo el primero de los jinetes del Apocalipsis soltados por las reformas constitucionales en materia energética que liberalizan en extremo quién y cómo extraerá los hidrocarburos en los territorios indígenas y campesinos por encima de cualquier otra consideración social o productiva, expresa Óscar Espino, miembro de la mencionada alianza en Papantla.
Las preocupaciones por lo que se viene, acumuladas sobre la ya grande cantidad de cosas graves que están ocurriendo (o peor, ocurrieron), asoman bajo las alas de los sombreros de los campesinos. Hay una sombra de preocupación en los rostros de los representantes de diversas comunidades indígenas y campesinas de Veracruz, Hidalgo y Puebla, reunidos en un pequeño hotel de arquitectura delirante y a medio construir en Huayacocotla, para discutir la inminencia de la fractura hidráulica a gran escala en sus pueblos y municipios.
Los asistentes proceden de Veracruz, Puebla e Hidalgo. Tienen en común ser personas de edad, que en su vida ya fueron y vinieron, han sido autoridades ejidales o comunales, han tratado con los gobiernos toda la vida, alguno fue alcalde. Su compromiso con los territorios y los derechos de las comunidades es pues madurado y realista. Esteban Mayorga, de Los Parajes, ha concluido que la autonomía es muy importante para poder dialogar con las personas. Se refiere lo mismo a sus paisanos que a los funcionarios y a los personeros de las empresas trasnacionales. Si no hay paz no hay nada. Pero sobre todo, la idea que yo traigo es de ser autónomo, sin eso van a acabar con nosotros y los bosques que todavía cuidamos, el agua, la vida.

Fuego en el agua

Con claridad y vehemencia, Fran­cisco Cravioto, de la organi­zación Fundar y miembro de la alianza, expone para los representantes comunitarios los efectos nocivos de la extracción de hidrocarburos en yacimientos de lutitas por fractura hidráulica y lo ilustra con un video estadunidense en el que un ama de casa, vecina a extracciones mediante fractura, abre el grifo de su cocina y cuando acerca un cerillo al chorro de agua, este coge fuego. Se dirá efectista, pero es real y comprobado. Y eso es sólo por la fuga del gas que enturbia el agua, que como exclama Eutimio Mendoza, parece pulque.

La perforación, explica Cravioto, emplea grandes cantidades de agua, la cual llega a contener hasta 600 sustancias tóxicas, además de liberar del subsuelo metales pesados y sustancias ácidas. Aunque las empresas extractoras aseguran contar con procedimientos para evitar que esa agua echada a perder no contamine los aguajes de las comunidades, es muy probable que haya filtraciones al cabo de los meses; seis años es el tiempo que dura en promedio la extracción en un sitio. Algo frecuente donde ya se hace fracking a gran escala es que el agua suba a la superficie e inunde campos. No existe tecnología aún para tratar esa agua, sostiene Cravioto.

La región del Golfo de México en conjunto es la que corre más riesgo en el país. Tras décadas de extracción petrolera tradicional, la escasez y dificultad para sacar los hidrocarburos expande los territorios a explotar, con prácticas mucho más agresivas contra los territorios y sus habitantes. Según ha escrito Manuel Llano (La Jornada del Campo, 86, 11/14), 13 pueblos indígenas tendrían comprometido su territorio, en primer lugar los yoko yinikob o chontales de Tabasco, con 85 por ciento de su territorio ocupado, seguido del totonaca con 38 por ciento, y el popoluca con 31 por ciento, ambos en Veracruz. Esto, en la ronda cero. En la uno, este año, los tenek, nahuas y totonacas verán ocupadas 320 mil hectáreas de sus territorios.
En su exposición, Cravioto refiere que la entrega de territorios y recursos a las trasnacionales data cuando menos de 2010, antes de las últimas reformas. Pero el paleocanal de Chicontepec, como se conoce un área codiciada y sobrevalorada que este año debía estar en esplendor petrolero, va en picada. Debía arrojar 22 por ciento de la producción nacional, según previeron en 2009 el gobierno federal y las cinco empresas a las que se asignaron los contratos (ya no se dice concesión aunque lo siga siendo): Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford y Tecpetrol. De acuerdo con Mauricio González González, también de la Alianza Mexicana contra el Fracking, dichos contratos de obra pública, además de ilegales, son un fiasco, pues resulta que las reservas probables no fueron probadas: apenas 5.4 por ciento de las iniciales cuentas alegres del calderonismo. Hasta 2012 se habían perforado cerca de 3 mil pozos, y operaban 2 mil 347.
Este error de cálculo justifica ahora la aplicación del fracking en la Ronda Uno, que ofrece a las empresas la extracción del gas shale. En Veracruz se prevé una asignación de 900 mil hectáreas, y en Puebla unas 90 mil, añade González, integrante del Centro de Investigación y Capacitación Rural (Cedicar).

Las instituciones nos protegen menos que nunca

Óscar Espino, de Papantla, refiere que Halliburton y Schlumberger “llegaron a Tihuatlán y Papantla desde hace 13 años, preparándose para aprovecharse en cuanto se hicieran los cambios en la Constitución ‘donde nunca se iba a tocar’, como prometían los gobiernos federales, hasta que crearon nueve leyes y reformaron 12 leyes ya existentes, en su ‘pacto contra México’”. Se trata de la mayor amenaza, en más de un siglo, para los territorios indígenas y el suelo nacional. La nueva Constitución no da derechos, los quita, abunda Espino. Ante la inminente servidumbre legal de los hidrocarburos, propone a los asistentes cuidar a las autoridades ejidales y locales, pues corrompiéndolas o atemorizándolas es como van a entrar, y las instituciones nos protegen menos que nunca porque están en favor de las empresas, no de nosotros. Los pueblos se encuentran en indefensión jurídica, y sólo resta el recurso de los instrumentos internacionales firmados por el Estado.

Un naranjero de Álamo resume todo en la necesidad de crear un frente de los pueblos en defensa del territorio. Como expresa González González, de Cedicar, éstos se enfrentan a un genocidio, pues las nuevas circunstancias harán imposible la vida de las personas de esas comunidades, que constituyen un mundo, una humanidad que no será ya posible sin determinado pueblo indígena. Un daño irreparable.

Hermann Bellinghausen