Andrés Manuel López Obrador tiene, de nueva cuenta, su propio futuro en las manos, afirma el
periodista Francisco Cruz Jiménez en su más reciente libro La Biografia No Autorizada. AMLO. Mitos, Mentiras y Secretos, publicada por Editorial Planeta Mexicana, en su colección “Temas de hoy”.
Durante 15 años, expone en la presentación de esta pieza, AMLO ha mantenido ocupados, “al punto de desquiciarlos”, a los hacedores de opinión; ha irritado a los intelectuales de derecha, ha inquietado
profundamente a los dueños del dinero, pero también ha cautivado a un gran número de electores.
“Se simpatiza con AMLO o se le detesta. No hay más. Son las dos caras de una moneda que ya ha sido lanzada al aire y con Morena se está jugando el todo por el todo”, sentencia la presentación de este libro.
Con el permiso de la editorial y del autor, presentamos a los lectores de SinEmbargo.mx el Capítulo X de este ejemplar, en el que se detalla quién es el candidato del PRI a la Presidencia de la República, Enrique
Peña Nieto, sin duda quien se presenta más fuerte en las encuestas y quien los lopezobradoristas tienen como el rival a vencer.
Capítulo X
Rival inevitable…
el lado oscuro de Peña Nieto
SIN DESDEÑAR A LOS ELECTORES FIELES,
duros, de las clases media, media-alta y alta, amarrados ciegamente al PAN, que aspiran a un tercer mandato con Josefina Vázquez Mota a pesar del desastre en el que se encuentra el país por las incapacidades de Felipe Calderón, en particular, y de los panistas, en general, desde hace tiempo Andrés Manuel tiene la mirada fija en el candidato presidencial priista oriundo
de Atlacomulco: Enrique Peña Nieto.
Enrique mantiene firmes sus ambiciones de mudarse a Los Pinos y despachar en Palacio Nacional a partir del 1 de diciembre de 2012. Ello a pesar de que él mismo ha sembrado dudas acerca de su preparación
política, académica e intelectual, e incertidumbres respecto a la muerte de su primera esposa, Mónica Pretelini Sáenz. Inclusive, y como se verá más adelante, sobre el Estado de México pesan serias sospechas por la ejecución de cuatro escoltas de la familia Peña Pretelini en el puerto de Veracruz.
Si es o no un error minimizar a Josefina y confiarse en el sentido común del electorado, sólo el tiempo lo dirá. El punto es que la situación es recíproca. Los priistas mantienen un ojo vigilando el desarrollo de las
campañas panistas, pero los múltiples traspiés de Calderón —quien pasará a la historia como uno de los tres presidentes más mediocres del México contemporáneo— los han obligado a tener, también, la mira puesta en Andrés Manuel.
Los priistas mexiquenses saben que, por cuestiones de honor, el choque con AMLO es inevitable. En el primer grupo de colaboradores de Peña todavía se recuerda la dolorosa derrota que les propinó el efecto López Obrador en los comicios de 2006. Por Andrés Manuel, el joven e inexperto Enrique hizo el ridículo cuando perdió prácticamente todo: las 45 diputaciones federales y las tres senadurías. Ahora, el peñanietismo ha tomado julio de 2012 como una revancha directa. Su venganza será enterrar al lopezobradorismo.
A casi 12 años del estupor causado por la pérdida de la Presidencia y a seis del vano intento del tabasqueño Roberto Madrazo Pintado por recuperarla, los priistas mexiquenses ven signos inquietantes porque, contra todos los pronósticos, Andrés Manuel mantuvo su presencia, consolidó una organización propia a través de Morena, le ganó la candidatura perredista a Marcelo Ebrard Casaubón y, por consiguiente, tendrá el apoyo de la estructura formal del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano.
Los priistas se han hecho a la idea de que, a fin de cuentas, Enrique, y nadie más, contará con el respaldo de los dueños del dinero y de la jerarquía de la Iglesia católica; confían además en que los poderes
mediáticos terminarán por someter a Felipe Calderón. Pero el recuerdo de la derrota de julio de 2006 —sumado a las impericias, debilidades e incapacidades que se mostraron en el arranque de la precampaña peñista— sintetiza los temores y las heridas del priismo.
El 27 de noviembre de 2011, Peña fue entronizado formalmente —porque nada más hacía falta la formalidad— como el hijo pródigo del priismo, la cabeza del plan de reconquista, el hacedor del milagro de llevar, por primera vez, al Grupo Atlacomulco hasta la Presidencia de la República, una lucha que tiene sus orígenes en marzo de 1942, cuando el presidente Manuel Ávila Camacho impuso ilegalmente al diplomático y humanista Isidro Fabela Alfaro como gobernador sustituto del Estado de México.
Según su edulcorada biografía oficial, Enrique Peña Nieto es hijo del ingeniero Gilberto Enrique Peña del Mazo y de la señora María del Perpetuo Socorro Nieto Sánchez, y nació el 20 de julio de 1966 en Atlacomulco, municipio del norte mexiquense. El árbol genealógico familiar establece que su padre era pariente cercano de los ex gobernadores Alfredo del Mazo Vélez y Alfredo del Mazo González, padre e hijo respectivamente, ambos, a su vez, familiares del extinto Fabela, y de su excelencia, Arturo Vélez Martínez, primer obispo de la Diócesis de Toluca. Por el lado materno, doña Socorrito o Soco —como se conoce coloquialmente en Atlacomulco a la madre de Enrique— es, como dicen los médicos, consanguínea del ex gobernador Salvador Sánchez Colín. Y aunque perdió el apellido porque venir éste de la familia materna, es descendiente directa de Constantino Enrique Nieto Montiel. En resumen, es parte de la numerosa parentela del ex gobernador y fallido candidato presidencial Arturo Montiel Rojas. Todavía hay quien recuerda a la fallecida Mónica Pretelini Sáenz —de Peña— llamando, cariñosa y formalmente, “tío” a Víctor Gregorio Montiel Monroy, alcalde sustituto de Atlacomulco en 1969 y, para más señas, padre de Arturo. Enrique tiene dos hermanas, Ana Cecilia y Verónica, y un hermano llamado, curiosamente, Arturo. Hecha la aclaración, es necesario traer a colación un nombre; uno que no dice nada a nadie. Bueno, a casi nadie. Con su muerte, a principios de la década de 1950, se olvidaron su historia y sus logros. Pero, como se verá más adelante, fue y es fundamental en la formación “espiritual” de la aristocracia atlacomulquense. Y éste no es un tema menor, de hecho, es imposible hacerlo a un lado. Se trata de monseñor, el excelentísimo Maximino Ruiz y Flores, familiar muy cercano de Eulalia Flores de la Vega, esposa del primer cacique del Grupo Atlacomulco: Maximino Montiel Olmos.
Desde principios del siglo XX, Maximino Ruiz se convirtió en guía “moral” de los caciques atlacomulquenses. Y todavía tuvo tiempo de ver sus frutos al ordenar como sacerdote a Vélez Martínez. Por su parte, pasada la Revolución, Maximino Montiel llevó a la práctica las enseñanzas de otros de sus familiares: reagrupó a la elite local y se lanzó a la conquista de la presidencia municipal. Él repartía todos los puestos. Era una especie de semidiós. En 1918, por ejemplo, impuso como alcalde a Manuel del Mazo Villasante, padre de Alfredo del Mazo Vélez y abuelo de Alfredo del Mazo González. Como anécdota, vale la pena señalar que el más sobresaliente de los Montiel fue el pintor José Vicente Montiel Rodríguez (1815-1875), cuyas biografías reconocidas destacan que fue hijo de doña María Manuela Rodríguez y de Manuel Montiel, un hombre amante de la pintura, pero que ter- minó dedicándose a otras labores para poder mantenerse a sí mismo y luego a su familia. Después de estudiar seis años en la Academia de San Carlos, en la Ciudad de México, José Vicente regresó a su tierra, donde se convirtió en la raíz de todos los pintores sacros que se darían en la zona norte mexiquense. Su obra es aún reconocida, y algunos de sus cuadros se valoran en varias decenas de miles de dólares. Él fue el progenitor del primer Montiel que se dedicó a la política, pero ésa es otra historia. En lo que es considerado un golpe de suerte o una mera coincidencia, a mediados de la década de 1970 —cuando el primo Alfredo del Mazo González encajaba en la estima de Miguel de la Madrid, secretario de Programación y Presupuesto del presidente José López Portillo— la familia Peña Nieto abandonó Atlacomulco para asentarse en Toluca. En la capital mexiquense Enrique terminó quinto y sexto años de primaria, hizo dos de secundaria —segundo y tercero, pues cursó el primero en un exclusivo internado de un pueblo de Maine, en Estados Unidos— y la preparatoria, estas últimas en colegios particulares. De allí, el joven Peña se fue directo a las aulas de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México y luego a las del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. El peregrinar de Enrique Peña Nieto por la política partidista tampoco es un secreto: siempre a la sombra y bajo la tutela única de su tío Arturo Montiel Rojas. De la mano de éste obtuvo sus primeros puestos partidistas y públicos: desde la coordinación del manejo de los dineros en la campaña de Emilio Chuayffet Chemor a la gubernatura mexiquense, pasando por una subsecretaría de Estado que lo impulsó a una secretaría, a la candidatura a una diputación local y a la presidencia de la legislatura, ya en el sexenio montielista. Miguel Alvarado, el periodista toluqueño que más ha escrito sobre el nuevo candidato presidencial priista, ha señalado: “Pocos recuerdan a Enrique cuando aparecía, casi tímido, al lado de Arturo en ceremonias oficiales, desfiles o las fotos que el ex mandatario concedía en entrevistas de banqueta en las calles de Toluca. Su sobrino, un joven impecable hasta en el trajeado, guardaba respetuosa distancia mientras esperaba su turno, aunque no se le notaba interesado en ocupar la gubernatura. [...] Siempre deferente con los [que] estaban arriba de él, era, sin embargo, el funcionario más asequible del montielismo, al menos para los reporteros locales que podían hasta bromear con el entonces secretario de Administración, a quien se le recuerda coqueto y amistoso. Luego los objetivos se irían imponiendo y el joven político debió cambiar su actitud. Más ensayado, comenzó a imponer lejanías en los tratos aunque siempre respondió a saludos y ademanes con la respetuosa caravana. [...] Bien parecido, muy por encima de la media de la imagen de los políticos del Edomex, a Enrique no se le dificultó sacar partido de todo y casi de inmediato, en 2005, se le mencionó como un presidenciable en potencia, [lo] que fue confirmado con el tiempo. A Peña se le puede criticar todo, menos que haya descuidado su proyecto personal, al cual se enfocó con ahínco. Ni gracias ni desgracias lo desviaron de su objetivo y hoy está a las puertas de éste. Se permite guiños, algunos innecesarios como el libro donde publica un proyecto de nación que ha venido repitiendo con santidad fervorosa desde hace seis años. [...] Su andar político se fue entreverando con la parte más privada de su vida y cuando sabía que sería sucesor de Montiel había cambiado su carácter. Irascible, se enojaba con poco con sus allegados y no le gustaba tomar de- cisiones a la ligera, menos cuando se trataba de exponer su imagen. [...] Delegó, por otro lado, las elecciones más importantes en cabezas que no estaban capacitadas para trabajar de la mejor forma y se metió en los más inverosímiles problemas, públicos e íntimos y pronto su foto pudo llegar a las revistas del corazón, de telenovelas y farándula, desplazando el factor político como eje central. Aquello era parte del tinglado, de una empresa que tenía sus orí- genes décadas antes, incluso antes de que Carlos Hank formalizara los fantasmales sustentos del Grupo Atlacomulco. [...] Peña hizo un poco más. Escribió un libro cuyo lanzamiento coincidió con la candidatura única y México, la gran esperanza, reproduce el discurso del Estado Eficaz desarrollado a lo largo de los seis años de gobierno. Y [las] lenguas, malas o buenas, aseguran que el escritor detrás de aquel legajo no es otro que el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, ferviente partidario del peñismo”. Para quedar bien, desde que llegó a la gubernatura, en septiembre de 2005, todo mundo, y eso es literal, borró de su memoria y para siempre los sobrenombres de este joven priista, algunos enraizados entre 1999 y 2004. A partir de enero de 2005, El Charal y El Patotas, apodo con el que lo hacían llorar, dieron paso al cariñoso diminutivo de Quique. En la misma campaña por la gubernatura en 2005, nació el Astroboy. Y vendrían otros: el Justin Bieber o el Luis Miguel de la política mexicana —como lo vislumbraba Mónica Pretelini—, hasta Truman Copetes, Fox reloaded, Cantin- flas 2, Gelboy, El Muñeco PN, Pena Nieto, Gaviotón, Payasito de la Tele y un centenar más nacidos a propósito del papelón que hizo en la presentación de su libro durante la FIL de Guadalajara, en diciembre de 2011. Más tarde haría su aparición el “verbo” reflexivo “apeñandejar”, que tiene un significado claro: apendejarse al hacer una declaración. Y con éste vendrían las respectivas conjugaciones en presente indicativo: yo me apeñandejo, tú te apeñandejas, él se apeñandeja, nosotros nos apeñandejamos, vosotros os apeñandejáis, ellos se apeñandejan, que se encargaron de reproducir, por ejemplo, hacedores de opinión como Manuel Ajenjo.
EL SEXTO HIJO DE ATLACOMULCO
Con una agenda cuidadosamente elaborada para aprovechar los adelantos tecnológicos, es decir, a través de millonarios presupuestos destinados a los medios de comunicación, en particular Televisa y las revistas del corazón, Montiel heredó a su sobrino un imperio originalmente construido para él. La agenda montielista labró una imagen pública que convirtió a Peña en un showman, una celebridad que hizo de su vida privada un asunto de trascendencia política, como ocurrió con la muerte de su esposa Mónica. Con Arturo como operador político, y mientras salinistas y del macistas —por Carlos Salinas de Gortari y Alfredo del Mazo González, el otro tío cercanísimo de Atlacomulco— recibían la encomienda de preparar la agenda para allegar fondos para una campaña presidencial que inició de inmediato, en 2005, Enrique fue impuesto ese mismo año como candidato del PRI a la gubernatura mexiquense. Así, en 2011 no tuvo problemas para arrollar a su único rival en la lucha por la precandidatura presidencial priista: por voluntad propia, doblegado por una convocatoria amañada, el senador sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera se hizo a un lado. Si bien su principal enemigo es él mismo, hay cuatro acontecimientos recientes y uno muy lejano, todos de trascendencia, que marcaron el desarrollo político de Enrique y lo encauzaron en la búsqueda de la Presidencia de la República. El primero fue el fracaso de Arturo Montiel en 2006. En aquel año, y desde 2005, pocos priistas mexiquenses creían que Montiel tendría éxito en su lucha por convertirse en el sucesor de Vicente Fox. Los priistas mexiquenses jamás vieron a Montiel Rojas como candidato. Mucho menos lo imaginaban como presidente de la República. En realidad les asustaba la idea: había desconfianza e inquietud. Y es que, en su alocada carrera hacia la candidatura presidencial, Montiel gastó demasiado en los medios, sobre todo en televisión, pero descuidó a su más sólido rival interno: Roberto Madrazo, quien desde la presidencia nacional priista moldeó la convocatoria para erigirse como candidato en 2006. Segundo, los mexiquenses conocían las fisuras de Montiel debido a su paso por la gubernatura. No sólo había acusaciones de corrupción personal y familiar que explotarían en Televisa, empresa a la que entregó gran parte del presupuesto con tal de hacerse de imagen y capital político y, al mismo tiempo, labrar los de su sobrino. No, las sospechas también recaían sobre su trabajo: había encabezado un gobierno marcado por la improvisación e inestabilidad de funcionarios, por el amiguismo, el compadrazgo, el dispendio, el nepotismo y la protección grupal, que luego heredaría el joven Peña. Tenía, en fin, una cola larga, muy larga: de Atlacomulco a Toluca, ida y vuelta. La tercera condición, fundamental, aunque misteriosa, fue la inclusión de Enrique en la lista de líderes mundiales juveniles, que en febrero de 2007 hizo pública el Foro Económico de Davos. Esto colocó a Peña en otra dimensión: alimentó la esperanza y le dio el impulso definitivo. Fue como un banderazo de arranque. En esa misma relación, pero años antes, se había escrito el nombre del panista Felipe Calderón Hinojosa. Davos es la tribuna habitual de los dueños del dinero y del poder. La directriz de las agendas del neoliberalismo se dicta en aquel lugar. Y desde ese lugar algunos políticos intentan derribar, cuando las hay, las barreras del empresariado. Por eso los priistas mexiquenses tomaron la lista como una señal de que Enrique iba por el camino correcto. Tenía 40 años de edad. El opulento escenario suizo, convertido los primeros meses de cada año en la capital de la globalización, ratificó a Peña en enero de 2008 como líder mundial juvenil. El de Atlacomulco se presentó ante 27 jefes de Estado, al menos 113 ministros, mil 300 directivos de grandes empresas y 340 representantes de la sociedad civil. Mejor, imposible. El significado verdadero se notaría en los siguientes años. Lo atestiguaría el país entero. En enero de 2008, gracias al presupuesto estatal, Enrique se encargó de que todos los políticos priistas mexiquenses atestiguaran su entronización. Mediante un desembolso de 60 mil dólares, viajó a Davos con una selecta comitiva: los secretarios de Finanzas, Luis Videgaray Caso; Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza; Desarrollo Urbano y Vivienda, Marcela Velasco; Turismo, Laura Barrera, y Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha. Ellos representaban a cada uno de los más importantes subgrupos políticos del PRI del Estado de México. Era evidente que Peña estaba montado en una gran campaña mediática para mostrarse como un político moderno con una imagen radicalmente opuesta a la de su antecesor en el gobierno mexiquense, su tío Arturo Montiel. Atrás de él se notaba la firme presencia de otros personajes como los ex presidentes Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo —a través de su ex secretario particular Liébano Sáenz—, así como la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales. Y se reconciliaba, por ejemplo, con la familia Hank Rhon. Socarrón, Alvarado señala: “[Peña] tiene debilidades pero muestra fortalezas que en otros apenas están en proceso de desarrollo. [...] Una de ellas, la más importante, tal vez, tiene que ver con un alto sentido de la lealtad. Se ha preocupado por ayudar a la gente en desgracia o a la que se le ha quita- do la credibilidad o a quienes no la tienen por alguna sinrazón o equívoco. Esto incluye grupos y organizaciones sociales y políticas. Un ejemplo de primera mano lo representan Montiel, Salinas y la maestra Gordillo. Sería cándido creer que fue Peña quien los reunió y propuso su rescate moral, además de encumbrarlos en cargos de poder si es que gana la Presidencia, pero también pudo escoger a cualquier otro para participar en sus campañas. ”De Arturo Montiel, tío del aspirante, se pensaba que su carrera política estaba terminada luego de ser balconeado por Televisa y Roberto Madrazo. Y así era. Seis años en el ostracismo y el vilipendio bastarían para terminar de retirar a cualquiera. Dos matrimonios y toda clase de señalamientos sobre enriquecimiento ilícito lo marcaron. Pero el buen corazón de Peña lo ha rescatado y ahora Arturo se pasea por todos lados, disfrutando de esa veda que milagrosamente le construyó el sobrino.” Derrotado por Madrazo y una vez cedido su imperio, Montiel se parapetó detrás de la figura de Enrique y empezó una cruzada, presupuesto estatal de por medio, para quitarle a éste el miedo escénico, pulirle la imagen y hacerlo aparecer como una nueva generación de priistas, un político capaz de gobernar a más de 100 millones de mexicanos. Lástima que, de inmediato, su pupilo mostraría el cobre porque desconoce el monto del salario mínimo, ignora cuánto cuesta un kilogramo de tortilla y es incapaz de decir el precio de un refresco. En una sociedad que resintió el embate mediático contra López Obrador, la debacle económica del calderonismo y el fracaso en la guerra contra el crimen organizado —con sus más de 60 mil muertos en cinco años—, la imagen de Peña Nieto se hizo familiar y empezó a ubicarse en el imaginario colectivo. Pero muy pocos conocen la realidad económica, política, laboral, de seguridad pública, social y de inseguridad que priva en el Estado de México. El cuarto y último hecho reciente es la muerte de su primera esposa, Mónica Pretelini Sáenz de Peña, ocurrida en extrañas circunstancias, que le brindó a Peña la oportunidad de presentarse, en la desgracia, como un viudo doliente, amante de su mujer y ejemplar padre de familia. El fallecimiento de Mónica le dio, durante semanas, una presencia mediática que nadie pudo imaginar. Ni siquiera se le dio importancia a su obsesiva tendencia a la infidelidad que, entre otras cosas, le dio hijos fuera del matrimonio. Su moral, más allá de su gusto por “enamorar” a cuanta mujer tenga enfrente, quedó a salvo. Finalmente, el más viejo acontecimiento es un atesorado recuerdo de familia. Se trata del referido presagio que, en 1940, tuvo la vidente de Atlacomulco, Francisca Castro Montiel. La profecía reza: “Seis gobernadores saldrán de este pueblo. Y de este grupo compacto uno llegará a la Presidencia de la República”. En efecto, hasta 2011, cuando Eruviel Ávila Villegas, oriundo del llamado Valle de México, dejó en el camino a Alfredo del Mazo Maza y ganó la gubernatura, seis gobernadores mexiquenses dio el municipio de Atlacomulco: Isidro Fabela Alfaro, Alfredo del Mazo Vélez, Salvador Sánchez Colín, Alfredo del Mazo González, Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto, convertido desde 2005 en un personaje de telenovela. Doña Francisca, nadie más, les dio identidad y cohesión a los políticos de este oscuro pueblo condenado a vivir, hasta entonces, a la sombra de su vecino minero El Oro. Los llenó de esperanza. El resto fue cuestión de suerte, de ver cómo se iba cumpliendo la predicción, de reforzar sus lazos familiares, de esperar, de reclutar a políticos de otras zonas del estado y del país, y de aprovechar el aprendizaje en las alcaldías de dos pequeños municipios que controlaban desde finales del siglo XIX y principios del XX: Atlacomulco y Acambay. Desde que en marzo de 1942 el internacionalista Fabela, padre de la diplomacia mexicana moderna, se encaramó en la gubernatura mexiquense violando la Constitución federal, la Constitución estatal y otras leyes secundarias interpuestas en su camino, después del atentado que costó la vida al gobernador Alfredo Zárate Albarrán —pero cuya autoría intelectual nos lleva hasta las oficinas del presidente Manuel Ávila Camacho y al despacho de su ambicioso hermano, el general Maximino Ávila Camacho—, los atlacomulquenses alimentan una obsesión: llegar a la Presidencia de la República.
LAS DEUDAS DE PEÑA NIETO
Los seguidores de AMLO agrupados en Morena —así como en el PRD, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano— confían en que, poco a poco, saldrá a la luz que Enrique es un guiñol de su tío y, por lo tanto, es Arturo Montiel el verdadero poder tras el trono. Asimismo, confían en que, en el imaginario colectivo, emergerán detalles profundos de casos vergonzosos y regresivos, que marcaron al peñanietismo de septiembre 2005 a septiembre de 2011, cuando Enrique inició y concluyó su periodo como gobernador. Y tienen razones fundamentadas. Si se rasca, apenas incluso en la superficie del territorio mexiquense, algunos casos presagian dificultades se- veras inevitables. El mediocre trabajo en el combate a la pobreza.
Según estadísticas federales hasta julio de 2011, dos de cada tres mexiquenses viven en la pobreza. Detrás de este número hay una realidad inocultable: 6 millones 300 mil personas padecen la llamada pobreza patrimonial; y 1.9 millones no tienen para comer, lo que los sitúa en la pobreza alimentaria, por lo que aquel año unos 5 millones de mexiquenses debieron recibir apoyos del programa calderonista Oportunidades. Por si algo hiciera falta, la entidad tiene 3 millones de desempleados y marginados. La situación es tan dramática que residen en Estados Unidos al menos 500 mil mexiquenses. Para empeorar el panorama, el miércoles 30 de noviembre de 2011 un diputado local panista, Carlos Madrazo Limón, hizo público un dato celosamente guardado durante la administración de Peña: la deuda pública del Estado de México se ubicó en 75 mil millones de pesos, es decir, 52 mil millones más de lo que se debía al 16 de septiembre de 2005, cuando ocurrió el cambio de gobierno. Presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización de la legislatura mexiquense, Madrazo Limón precisó que del total del adeudo, 52 mil millones 147 mil 329 pesos correspondían al gobierno estatal. La deuda de los ayuntamientos sumaba 14 mil 454 millones; la de los organismos de agua, 8 mil 553, en tanto que los sistemas del DIF municipales tenían un adeudo de 227 millones de pesos. Los saldos que dejó Peña actualizados hasta el 31 de diciembre del 2010 —nueve meses antes de que terminara su gobierno—, representan más de lo heredado por Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, precisó el diputado. El tema de la deuda propició la caída de este político de la presidencia nacional priista. El del Estado de México fue tema ignorado. En el aire quedó también un resultado de la cuenta pública de 2009, que encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF): ejercicio indebido por 2 mil 350 millones de pesos que se destinaron para apoyos sindicales, maestros “aviadores” y plazas inexistentes, entre otras “licencias” presupuestales. Pero hay otros temas que revisten la misma gravedad: el pacto antialianzas de 2010 firmado en secreto por los dirigentes nacionales del PRI —Beatriz Paredes— y del PAN —César Nava—, a solicitud de Peña Nieto, a fin de proteger sus intereses frenando alianzas entre panistas y perredistas del Estado de México. Aunque a veces los temas no salen a la luz pública, el peñanietismo dejó otros oscuros pendientes: la venganza e imposición del régimen de terror a través de corporaciones policiacas estatales, la criminalización de movimientos sociales e invención de delitos a sus líderes —destacan los ejemplos de Ignacio del Valle Medina, Juan Carlos Estrada Romero, Julio César Espinoza Ramos, y el del activista y defensor de indígenas mazahuas Santiago Pérez Alvarado— o las cuatro exoneraciones endilgadas al tío Montiel Rojas.
La sólida relación comercial de Televisa y Enrique Peña tampoco pudo ocultar otros hechos, ocurridos en suelo mexiquense, que se convirtieron en fuente de peligrosas controversias. Entre éstos destacan, por ejemplo, los casos no aclarados sobre el involucramiento en el crimen organizado de José Manzur Ocaña —heredero de uno de los apellidos de mayor abolengo político mexiquense en las últimas décadas— y del extinto atlacomulquense Cuitláhuac Ortiz Lugo —primo de sangre de Peña—, quienes en el sexenio peñanietista abrieron la puerta para convertir al Estado de México en el refugio de los grandes capos del narcotráfico. El 22 de junio de 2009 se instruyó un pliego de ejercicio de acción penal, por delincuencia organizada y otros delitos, contra Manzur Ocaña, de- legado de la Procuraduría General de la República en el Estado de México, del 1 de agosto de 2007 al 7 de julio de 2008. Hoy es considerado prófugo de la justicia federal mexicana y desde ese día nadie sabe nada de él. Por si pocos lo notan o lo saben, el caso no es menor. Como referencia puede señalarse que Manzur Ocaña es medio hermano del actual presidente de la legislatura mexiquense, José Manzur Quiroga, quien por tres años se desempeñó como subsecretario general de Gobierno en la administración de Peña Nieto, cargo que también ocupó durante el sexenio de Arturo Montiel Rojas. Los Manzur son originarios de El Oro. Por su parte, Cuitláhuac Ortiz, cuya carrera policial despegó con Peña Nieto —unidos por lazos de sangre a través de la madre del comandante y el finado padre del gobernador—, fue involucrado en la cadena de jefes de las policías del Estado de México comprometidos con Joaquín El Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leyva, pero que se habían acercado a La Familia. Aunque el parentesco con el gobernador Peña Nieto le sirvió como manto protector y nunca se le abrió una investigación formal, a Ortiz Lugo sí se le implicó en el robo de 3 millones de dólares que La Familia habría entregado a un grupo de policías mexiquenses. Esa cantidad era independiente de las que la organización destinaba cada mes para el delegado de la PGR, José Manzur Ocaña. El 15 de noviembre de 2009, desde las corporaciones policiacas mexiquenses se informó que Ortiz Lugo había muerto porque, en estado de ebriedad, estrelló contra un árbol la camioneta Silverado que conducía. Esto sucedió a las afueras del lujoso fraccionamiento en el que se encontraba su residencia, en una de las zonas exclusivas de Atlacomulco. Con su muerte se fueron para siempre las acusaciones y los señalamientos públicos de su complicidad con el crimen organizado. Y nadie recordó su parentesco con Enrique, o muy pocos se atrevieron a hacerlo.
La mayoría prefirió olvidar que, en el sexenio peñista, el comandante alcanzó todo lo que se podía en las corporaciones policiacas del Estado de México. Quizá un poco más. Para ilustrar la situación basta con enumerar a los “distinguidos” personajes del crimen organizado que, en los sexenios de Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto, se asentaron en algunas de las más exclusivas zonas del Estado de México, entre ellas Metepec, Interlomas en Huixquilucan, Valle de Bravo, Luvianos, Lerma, Condado de Sayavedra en Atizapán de Zaragoza, Coacalco y Naucalpan: Los hermanos Beltrán Leyva, El Chapo Guzmán, el texano Édgar Valdés Villareal —La Barbie—, Carlos González Montemayor —El Charro—, Jorge Balderas Garza —El JJ— Jorge Gerardo Álvarez Vázquez —El Indio—, José Filiberto Parra Ramos —La Perra— y el colombiano Pablo Emilio Reyes Hoyos —El Chaparrito. Al amparo del peñanietismo en territorio mexiquense nació un cártel: La Mano con Ojos. Y, en septiembre de 2008, se reportó la primera gran matanza colectiva del país en la zona boscosa del parque nacional de La Marquesa. Un escuadrón de la muerte —poco investigado por cierto—, forma- do por policías municipales y estatales, bajo el mando de Raúl Villa Ortega —El R, por el reclutador—, asesinó a 24 humildes albañiles. Autoridades estatales y federales se encargaron de ocultar ciertos detalles de la masacre que inició con un par de levantones colectivos en dos domicilios de Huixquilucan, la posterior retención en una lujosa residencia de Interlomas y la ejecución en La Marquesa. El asesino material hizo 90 disparos a los cuerpos de los albañiles, originarios, en su mayoría, de otros estados, como Puebla y Veracruz, y uno del Distrito Federal. También se omitió, entre otros puntos, que un comandante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fue copiloto de la camioneta principal del convoy que transportó a las víctimas, y la mitad de las cuales vivía en relaciones homosexuales. Por eso hay elementos para señalar que, desde la policía, se había puesto en marcha una campaña de limpieza social en el Estado de México. El sexenio peñista atestiguó el asesinato, en octubre de 2008, de Salvador Vergara Cruz, alcalde de Ixtapan de la Sal y un político muy cercano al gobernador. La de Vergara Cruz fue una de las primeras ejecuciones emblemáticas de un presidente municipal mexicano, perpetrada por encargo de los cárteles del narcotráfico. Destacó asimismo el ajusticiamiento, la noche del 12 de diciembre de 2008, de Eduardo Manzur Ocaña, hermano y medio hermano de José Manzur Ocaña y José Manzur Quiroga, respectivamente. Siempre sonriente con las cámaras de televisión, y acostumbrado a las entrevistas suaves para revistas del corazón —en las que se mueve, valga el cliché, como pez en el agua—, Peña también dejó pendientes las escandalosas estadísticas de los asesinatos de mujeres —denominados feminicidios—, que en algunos municipios superaron, con mucho, los niveles reportados en Ciudad Juárez, la “capital” mexicana del feminicidio. En abril de 2010, el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad (ICESI) dio a conocer que por cada 100 mil habitantes, en Toluca, capital mexiquense, se reportaban 12.2 feminicidios; mientras que Naucalpan, centro industrial del Estado de México, la cifra se ubicaba en 7.3, contra 4.8 de Ciudad Juárez, y 4.6 de Chimalhuacán, otro municipio mexiquense. Estadísticas de Organismos No Gubernamentales muestran la escalofriante realidad: En el Estado de México se registraron 922 casos de presuntos feminicidios de enero de 2005 a agosto de 2010. De éstos, las mujeres asesinadas por disparo de arma de fuego sumaron 303 —32.86 por ciento— y en 60.63 por ciento de los casos las mujeres murieron a consecuencia de traumatismos craneoencefálicos, heridas punzocortantes y asfixia por uso excesivo de la fuerza física. En otras palabras, seis de cada diez mujeres asesinadas son victimadas en actos con un alto grado de violencia. Resultados documentados en estudios conjuntos de algunas ONG de- muestran que el lugar donde se encuentran los cuerpos de las víctimas es importante, en la medida en que es una manifestación del ejercicio de la violencia extrema. El abandono, la exposición y el castigo después del asesinato resultan, pues, contundentes. En el Estado de México, 59.76 por ciento de las víctimas —551 casos— fueron halladas en un lugar público —como centros comerciales y ho- teles— o en una vía pública —calles, avenidas, carreteras o caminos vecinales—, en tanto que 36.23 por ciento —334 casos— de los cuerpos fueron descubiertos en una casa habitación. Se presenta, entonces, un escenario que exhibe abiertamente cómo el espacio público se ha transformado en un territorio en el que la violencia y la impunidad acompañan el feminicidio.
LA MUERTE TIENE PERMISO
Con 15 millones 175 mil habitantes, el Estado de México es la entidad más poblada del país. Su presupuesto de 150 mil millones de pesos anuales y el asentamiento de dos de las tres zonas industriales más importantes de la nación la hacen la más acaudalada, incluso por arriba del Distrito Federal. Esas tres condiciones la han convertido en un atractivo político y empresarial. Pero a partir de 2005, su riqueza, su ubicación geográfica y sus colindancias —con Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Querétaro y la Ciudad de México— la hicieron también una de las entidades más inseguras y un refugio para los grandes cabecillas del narcotráfico. Crímenes como la ejecución de los 24 albañiles el viernes 12 de septiembre de 2008, la primera matanza masiva después de la toma de posesión presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, exhiben a una entidad en la que coexisten todos los tipos de violencia a través de grupos, pandillas o cárteles que movilizan fuentes inagotables de recursos ilícitos. Un informe de la Policía Federal, fechado el 17 de febrero de 2011, enlista 38 municipios en los que tienen presencia de una a cinco organizaciones que trafican, distribuyen y venden droga; secuestran y asesinan. Aunque esas demarcaciones representan sólo la tercera parte de los 125 ayuntamientos que conforman el Estado de México, allí viven 11 millones 578 mil personas. El crimen organizado se asentó también en pequeños pueblos como los sureños Tejupilco, Tlatlaya y Luvianos, colindantes con Guerrero y Michoacán. Tampoco se han librado de presencia criminal el balneario de Ixtapan de la Sal, el vacacional Valle de Bravo, Coacalco y Atizapán de Zaragoza —con su residencial Sayavedra, donde se ha documentado la presencia temporal de Joaquín El Chapo Guzmán Loera— en el valle de México. Y Metepec, en el valle de Toluca, que ha sido refugio a familiares, abogados, operadores, pistoleros y contadores de los capos históricos del narcotráfico —como El Vampiro Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Don Neto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero— o de otros más recientes, en el sexenio de Peña, como los hermanos Arturo —El Barbas— y Héctor —El H— Beltrán Leyva. La violencia generada por los grupos delictivos organizados se remonta a principios de la década de 1990, cuando el gobierno federal puso en operación el primer penal federal de máxima seguridad, que se conocería como Almoloya, La Palma o El Altiplano, a 15 minutos de Toluca, la capital del Estado de México. La primera oleada de criminales llegó a sus celdas el 25 de noviembre de 1991: asesinos, secuestradores, capos narcotraficantes y algunos clasificados como terroristas o “sujetos extremistas”. Construido sobre una superficie de 260 mil metros cuadrados —de los cuales 27 mil 900 son de instalaciones carcelarias—, en 2008 el penal recibió 37 mil visitas, entre ellas 8 mil 350 de esposas y 13 mil 773 de aboga- dos. En 2009 albergaba a 499 de los narcotraficantes más violentos y peligrosos, 276 de los secuestradores más sanguinarios, 114 de los peores asesinos, 28 de los ladrones más habilidosos, ocho de los más notorios falsificadores y seis de los más perversos depredadores sexuales. Estadísticas que la PGR y la PGJEM han elaborado sobre asesinatos con características de ejecución o ligados al crimen organizado —cuerpos con señales de tortura, maniatados, mutilados, con los ojos vendados y, en su gran mayoría, con el tiro de gracia— indican que en el Estado de México las muertes violentas por arma de fuego aumentaron de 111 en 2007 a 364 en 2008; 490 en 2009, y 623 en 2010. Un análisis elaborado en mayo de 2005, con estadísticas de la PGJEM, y publicado después en el libro Tierra narca, el Estado de México, refugio de los grandes capos del narcotráfico, de editorial Planeta, sorprendió al gobierno estatal: “Durante los últimos cinco años se han cometido más de un millón 220 mil 142 delitos, o unos 637 por día, un crimen cada dos minutos, promedio. ”En el periodo comprendido de 2003 al primer trimestre de 2008 se denunciaron 431 mil 466 robos; 27 mil 287 homicidios; 13 mil 456 violaciones y 216 secuestros”, entre otros, “y ésos son sólo los que se denunciaron; faltaría por saber la cifra de aquéllos no reportados”. Las proyecciones más confiables estiman que el Estado de México tuvo en 2005 un subregistro de 2 millones de delitos. La cifra negra de los delitos no denunciados está en 85 por ciento, aproximadamente, según la Sexta Encuesta Nacional Sobre Inseguridad, que en octubre de 2009 hizo pública el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre Inseguridad. Reportes de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) establecen: “Los delitos de alto impacto, como son secuestro, homicidio y violación se incrementaron en casi 21 por ciento en el periodo comprendido del 2005 a 2007. [...] En materia de secuestro, el porcentaje se incrementó en casi 21.5 por ciento entre 2005 y 2007, con 140 casos en total. [...] Y el homicidio aumentó [cerca de] 23 por ciento, ya que en 2005 se reportaron 5 mil 108 casos, contra 2 mil 365 denuncias de 2006 y 6 mil 274 en 2007”. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIHD) y el ICESI ubicaron al Estado de México como la entidad con la tasa más alta de homicidios de mujeres. El primer organismo calculó que se cometían 4.8 asesinatos y los otros dos 7.5 por cada 100 mil mujeres. Estudios del ICESI y del CMDPDH destacan que el Estado de México también tiene el peor desempeño en averiguaciones sobre homicidios. Mientras en el nivel nacional la eficiencia es de 21 sentencias condenatorias por cada 100 homicidios denunciados, en la entidad mexiquense solamente se castigan ocho de cada 100. En 2010, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación una lista con los 206 municipios de mayor peligrosidad en el país por su nivel de violencia. Incluyó a 22 mexiquenses acreedores a un subsidio especial para el combate a la inseguridad, entre los que destacaron los millonarios Metepec, Huixquilucan y Coacalco, la capital Toluca y Ecatepec. Ello ratificó una situación que se presentó dos años atrás: el miércoles 16 de enero de 2008, el mismo Diario Oficial de la Federación dio a conocer que, por primera vez en la historia de los ayuntamientos, el gobierno federal destinaría una partida directa de 3 mil 589 millones de pesos para distribuir entre los 150 municipios más violentos del país, tomando en cuenta la población penitenciaria, el número de habitantes y el índice de criminalidad. Del Estado de México se incluyeron 18, entre ellos Ecatepec, Ciudad Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca, Tlalnepantla, Tultitlán, Texcoco, Huixquilucan, Coacalco y Atizapán. El entonces secretario de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados federal, Édgar Olvera Higuera, advirtió que el número de homicidios dolosos o con violencia cometidos en el Estado de México, en 2007, fue de 18 por cada 100 mil habitantes, arriba de la media nacional. La entidad ocupó el segundo lugar en materia de secuestros, con 75 denunciados; el cuarto en muertes violentas, apenas por debajo de Guerrero, Oaxaca y Sinaloa. En suelo mexiquense se reportó uno de cada seis delitos perpetrados en el país. La referida Sexta Encuesta Nacional Sobre Inseguridad reveló también que el número de víctimas por cada 100 mil habitantes se ubicaba en 10 mil 200. Arriba sólo aparecía el Distrito Federal, pero la media nacional estaba en 7 mil 500. Además, 76 por ciento de los mexiquenses mayores de 18 años consideraban que su estado era inseguro, cifra que se hallaba 11 por ciento arriba de la media nacional. El estado ocupó el tercer lugar en este rubro, pero en robo a mano armada subió al primero, superando en cinco puntos porcentuales a la capital mexicana y en 19 a la media del país. En los municipios fronterizos con el Distrito Federal, la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes se ubicó en 19 mil 700, unos 7 mil 200 arriba del promedio. Y en robo a mano armada ocuparon el segundo lugar, apenas debajo de Acapulco, Guerrero. El Índice de Víctimas Visibles e Invisibles de Delitos Graves, elaborado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa, alerta que apenas 20 por ciento de los delitos —secuestro, homicidio, extorsión, robo con violencia y robo de auto con violencia— son denunciados, por lo que no se puede dimensionar adecuadamente el fenómeno delictivo. Pero los números son ilustrativos: de las tres últimas administraciones, la de Enrique Peña Nieto (2005-2011) ocupó el primer lugar en robo con violencia, con 18 mil 210 casos cada mes, contra los 16 mil 926 que se reportaron en la de su antecesor, Arturo Montiel Rojas, y los 13 mil 481 del antecesor de éste, César Camacho Quiroz. En cuanto al robo de autos con violencia, el sexenio peñista se ubicó en primer sitio con 5 mil 10 casos mensuales, seguido por el montielista, con 4 mil 215, y el camachista, con 2 mil 399. Según el blog británico de análisis político The Economist, en su último informe de gobierno Peña manipuló la metodología para bajar el número de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes pasando de 16.5 en 2005 a 7.6 en 2010, cuando en realidad aumentó de 10.6 a 21.9. El Estado de México ocupa el lugar número 25 en extensión: sus 22 mil 499 kilómetros cuadrados representan uno por ciento del territorio nacional. Es la entidad más rica del país y, por ello, algunos de los municipios colindantes con el Distrito Federal registran un crecimiento demográfico que raya en la monstruosidad. También es la entidad con mayores contrastes sociales. En este suelo, donde se ubican municipios de primer mundo como Metepec y Coacalco —según clasificaciones de la ONU en 2008 y 2009—, el abismo de la desigualdad se asoma a cada kilómetro cuadrado. En medio de un panorama tan poco alentador, en el Estado de México poco a poco se define gran parte del destino del narcotráfico. Allí operan oficialmente seis bandas de secuestradores, aunque en los subregistros contabilizan al menos 100. Y también se encuentran cinco de los 15 municipios más peligrosos del país: Ciudad Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan, Cuautitlán y Ecatepec. Las organizaciones que pelean el territorio son los cárteles de Sinaloa, Los Zetas, La Familia Michoacana —que dio paso a La Mano con Ojos—, Los Pelones, Pacífico Sur, los remanentes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y el grupo del hoy detenido Édgar Valdez Villarreal, La Barbie. En municipios al norte, como Atlacomulco y su vecino El Oro, se han identificado grupos del cártel de Juárez. Y en Valle de Bravo se ha documentado la presencia de células que responden directamente a El Chapo Guzmán. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos comprobó en 2010 —y lo hizo público en octubre de ese año— que el cártel de Sinaloa, con El Chapo Guzmán a la cabeza, trabajaba sin impedimento alguno desde Toluca. El capo usaba el aeropuerto de la ciudad como vía de transporte de la droga con ruta Colombia-Panamá-Estados Unidos. Entre muchas otras, situaciones de esa naturaleza propiciaron que desde el 15 se de septiembre de 2005 la PGJEM haya tenido cuatro titulares: Alfonso Navarrete Prida, Abel Villicaña Estrada, Alberto Bazbaz Sacal y Alfredo Castillo Cervantes. La vorágine atrapó a la ASE, que dio paso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Empezó 2005 con un cuestionado Wilfrido Robledo Madrid, sustituido por Héctor Jiménez Vaca. Éste abrió la puerta para la llegada de Germán Garciamoreno, cuyo lugar fue ocupado en 2009 por David Garay Maldonado, hoy sustituido por Salvador Neme Sastré. Un informe publicado a principios de septiembre de 2011 —elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; las organizaciones Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Greenpeace, Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos, junto con Promoción y Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales— presenta la realidad de los derechos humanos en tierra mexiquense: Es posible conocer diversos casos relacionados con el sistema de justicia penal, la violencia hacia las mujeres, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como con la vigencia del derecho a defender los derechos humanos.
Y las conclusiones apuntan no sólo a una persistente omisión en la responsabilidad estatal de garantizar los derechos humanos, sino a una deliberada violación de los mismos, casi como si se tratase de una política pública. El documento titulado La violación sistemática de derechos humanos como política de Estado, se enfoca exclusivamente en la entidad gobernada hoy por Eruviel Ávila Villegas. El informe se convierte en un viaje de 103 puntos por los casos de represión más importantes en la administración peñista y recoge las historias de San Salvador Atenco, del luchador social Santiago Pérez Alvarado, de los feminicidios y obras públicas que han afectado patrimonio de particulares, entre otros, recordando además índices de pobreza, el dinero destinado a la procuración de justicia y sus resultados, así como las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODHEM). El feminicidio ha reflejado un importante crecimiento durante la primera década del siglo XXI. Esta problemática se ha venido registrando a partir de 2000 y los resultados del periodo 2000-2004 se encuentran en el documento Violencia feminicida en 10 entidades de la República, publicado en 2006 por la Cámara de Diputados. Dicho informe señala que mil 288 niñas y mujeres mexiquenses fueron asesinadas del año 2000 al 2003 víctimas de homicidios dolosos y culposos. Estos hechos llevaron a varias organizaciones a documentar los feminicidios en la entidad. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) documentó —durante 2007, 2008 y el primer semestre de 2009— 472 asesinatos de niñas y mujeres, 89 de los cuales ocurrieron en lo que iba de 2009. Eso significa que, de las 12 entidades monitoreadas por el OCNF, el Estado de México es la que cuenta con el mayor número de víctimas de feminicidio. La CODHEM reportó que, desde el inicio de la administración de Peña Nieto y hasta el 14 de agosto de 2009, 672 mujeres habían sido asesinadas en el estado, varias de ellas de manera violenta, ya que presentaban huellas de tortura y de abuso sexual. En nueve de cada diez asesinatos —89 por ciento de los casos— no se ha hecho justicia: pues únicamente 76 homicidas han sido sentenciados. Y de acuerdo con la PGJEM, 95 mujeres fueron asesinadas de enero a mediados de agosto de 2009. La violencia contra las mujeres se ramifica y extiende por ámbitos que van más allá de lo privado; no sólo afecta a las mujeres de la localidad, sino también a todas las que transitan por su territorio. Por ello, un asunto por considerar es la migración: la entidad se ha convertido en una zona de alta peligrosidad para los migrantes centroamericanos y mexicanos del sur, quienes a su paso por el Estado de México pueden experimentar situaciones de violencia extrema.
LOS TORCIDOS CAMINOS DE DIOS
Salta a la vista que Peña carece de un discurso político y el que logra articular gracias a los apuntadores es mínimo y pobre. Tampoco tiene un posicionamiento ideológico y nunca ha mostrado una postura intelectual, ni siquiera simbólica, con los que se ha ganado ser ridiculizado por algunos representantes de la inteligencia mexicana, como el escritor Carlos Fuentes. Empero, encabeza las encuestas. Mientras, en Morena y la izquierda que se niega a renunciar al PRD todavía esperan que, milagrosamente, se aclaren muchas situaciones que no son sino los demonios inquietantes del peñanietismo. Si uno se atiene a documentos que obran en investigaciones de fiscales federales, escuchas telefónicas o reportes internos elaborados por agentes de la Procuraduría General de la República, hay dos casos en especial que, por sus peculiaridades, se insertan en la tradición más oscura de la política mexicana priista: las eternas dudas sobre la muerte de Mónica Pretelini y el asesinato de los cuatro escoltas de la familia Peña Pretelini en el puerto de Veracruz.
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