En Veracruz, el sentimiento de inseguridad y la delincuencia se ha incrementado a pesar de la militarización de las policías y los patrullajes militares de las calles de los principales municipios. A seis meses del operativo “Veracruz seguro”, continúan registrándose hechos delictivos que cobran la vida de personas inocentes.
El gobierno de Veracruz, a través de las corporaciones de seguridad pública, parece haber cruzado de brazos ante los hechos de inseguridad, y al mismo tiempo, continúa la disputa con el gobierno federal el control político del estado.
Insisten en Xalapa en un esquema de política pública parcial, ineficiente y delegativa, la que no contribuye de forma decidida a la construcción de un sistema nacional de seguridad pública ni a la coproducción de la seguridad con los ciudadanos en el campo de la prevención.
El militarismo de la seguridad, como militarización pasiva o politización de algunos militares no ha resuelto el problema de la inseguridad y se corre el riesgo de que las organizaciones criminales infiltren también a los llegaron para ser una solución.
La asunción de la participación ciudadana efectiva es una buena forma no sólo de legitimar las políticas y sus instrumentos sino de añadir imaginación institucional a la solución pública de los problemas.
Los avances en Veracruz del acuerdo nacional son imperceptibles aunque las autoridades insisten en que se ha cumplido el 70% de los acuerdos establecidos en el pacto signado en el operativo “México seguro”.
A contrapelo de esta retórica institucional, sin consulta, 9 de cada 10 veracruzanos, opinan que la participación ciudadana debe contribuir a la solución del problema y 6 de cada 10, sobre todo los jóvenes universitarios, manifiestan disposición para participar en programas de seguridad pública.
En el campo civil, las organizaciones sociales integraron recientemente en su agenda ciudadana el tema de la seguridad y pública y realizan un monitoreo sobre la transparencia y acceso a la información de la Procuraduría General de Justicia Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública.
El último reporte de monitoreo civil muestra la baja disposición para informar y rendir cuentas de ambas instituciones, las cuales en una escala de 10, la primera obtuvo 5.8 y la segunda, 4.8. Los titulares de estas dependencias, insisten en no informar con la idea de “que no trasciendan” informaciones que dibujen la realidad que enfrenta el estado en este sentido.
Con bombo y platillo, se anunció la firma de un convenio entre la PGJE y la Universidad Veracruzana, se trataba de un Observatorio Ciudadano de Seguridad, que presuntamente, plantearía los ejes a seguir para resolver los problemas.
El organismo, terminó capturado por una red burocrática precaria que ya no habla ni de su existencia. En otras palabras, fue desaparecido. Sin ninguna explicación a la opinión pública.
Ricardo Ravelo escritor veracruzano sobre temas de narcotráfico, reportero además de la Revista Proceso, opina que la violencia registrada en los últimos meses en la entidad, y en la que se han visto expresiones de narcoterror como las masacres de rivales y el abandono de sus cadáveres en espacios públicos, es el reflejo de la guerra entre el Cártel de Sinaloa y del Golfo contra Los Zetas, el mayor enemigo.
Que el cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), estaría operando a favor del Joaquín Guzmán alias el “Chapo”, para tomar el control de la plaza por 6 años en manos de los Zetas.
Se trata de una guerra dijo, por “trozos del estado”, en la que participan policías municipales, fiscalías, direcciones de tránsito y todo lo que signifique mantener la impunidad. Incluyendo niveles mas altos de la administración pública.
Lo peor, adelanta que el narcotráfico se va a posicionar todavía mejor en las regiones. ¿Mas?.
Dijo que los gobiernos de los estados no tendrán autonomía, que van a cogobernar con el narcotráfico, que ha ganado mucho terreno político también, infiltrado en alcaldías, diputaciones. Lo que no es cosa del futuro, sino del pasado y de éste presente. Al menos esa es la percepción pública.
O qué fueron esos seis años de secuestros, asesinatos, robos, desapariciones de cientos de jóvenes, extorsiones, que pretendieron ocultarse pero que hoy salieron a la luz y provocaron incluso la llegada de las fuerzas federales. Acaso no fue evidente la actuación con complacencia. Y todavía se nos dice, que “viene lo peor”.
El número de víctimas revela que las actividades delictivas organizadas en Veracruz como tráfico de drogas, narcomenudeo, secuestros, asaltos, robo de automóviles, levantones, asesinato de mujeres, no son de ahora, sino de tiempo atras.
Los acontecimientos más relevantes destaparon la cloca hace 4 años. Allá por el 4 de marzo del año 2007 en la congregación de Villarin en el municipio de Veracruz, cuando una carrera de caballos terminó con el enfrentamiento entre los sicarios de dos organizaciones.
Dos años después, el 28 de julio del 2009, cuando fue ejecutado con su familia el sub-coordinador de la PIVB, Antonio Romero, recientemente nombrado, en el contexto de la desaparición del jefe de Aduanas de Veracruz, Francisco Serrano Aramoni, encontrado asesinado, lo que condujo al arraigo de 40 gentes de transito municipal, incluido el Director. Ahora libres, sin que nadie haya pagado por la fea manera que acabaron con la vida del joven ex funcionario federal.
El 7 de noviembre de 2007 día de la ejecución y descuartizamiento del delegado de seguridad pública en Paso del Toro, Casto Acevedo Manzano. Y de ahí para aca, no alcanzan los espacios para relatar las historias de sangre protagonizadas de norte a sur en el estado.
¿Y los narcopolíticos cuándo?.
Actualmente las plazas en disputa son las de Veracruz puerto, Boca del Río y las ciudades medias como Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba, Coatzacoalcos. Estos mercados delictivos funcionan con protección sin embargo, lo único que falta, que las autoridades correspondientes, prueben la existencia de redes de narco-política.
Esta última parte, sería sin lugar a dudas, la pieza que hace falta al rompecabezas para que se realicen operaciones mas contundentes. Porque mientras continúan capturando “charalitos”, los peces gordos, las auténticas cabezas de este monstruo, continúan tranquilos, paseándose por el estado y el mundo.
Lo increíble es que a pesar de que la inseguridad y el narcotráfico son las preocupaciones principales de los veracruzanos, actualmente no hay un debate público sistemático acerca de las estadísticas delictivas.
Las policías preventivas municipales, los ministerios públicos y las policías preventivas estatales y ministeriales desarrollan conteos con indicadores distintos, no homologables y los datos que el gobierno estatal integra al Instituto Nacional de Geografía e informática [INEGI] y al Sistema Nacional de Seguridad Pública [SNSP] no muestran continuidad en los tipos de delitos registrados o bien en los mismos datos acumulados.
Un buen ejemplo de este problema está representado por los datos dispares sobre la violencia contra las mujeres que aportan la Procuraduría General de Justicia del Estado [PGJE] y el Instituto Veracruzano de la Mujer [IVM]3.
Y todavía falta el papel de los medios de comunicación ante esta triste historia. Se ve una transferencia morbosa de responsabilidades acerca del incremento de la inseguridad y la baja eficiencia de los operativos entre el los gobiernos estatal y federal.
Respecto de los delitos más violentos, el argumento del gobierno estatal es del tipo: “no es de nuestra incumbencia, esperemos la información del gobierno federal”….
Pero a pesar de que todo se pretende ocultar, aún late en el estado un profundo sentimiento de inseguridad.
liliabaizabal@hotmail.com
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