Antes de reclamar los 25 millones de pesos en efectivo, incautados por la PGR el viernes pasado a dos funcionarios de su gobierno, Javier Duarte de Ochoa debe dar muchas explicaciones.
Transportar en una aeronave oficial del gobierno de Veracruz dos maletas con semejante cantidad de billetes, sin acreditar su origen ni destino, no es legal bajo ninguna circunstancia, de acuerdo con las leyes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Que eran para pagar la promoción de las fiestas de la Candelaria, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín, ajá. ¿Por qué pagarle en efectivo, sin transferencias electrónicas, cheques, facturas y fuera de la entidad a la empresa que, supuestamente, haría la publicidad de esos eventos?
Obligar a renunciar al tesorero de la Secretaría de Finanzas, Vicente Benítez González –¿al tesorero?–, es un acción por lo menos ridícula, luego de que los primeros responsables de este batidero son el propio Gobernador y su secretario de Finanzas, Tomás Ruiz González, ex precandidato al gobierno de Veracruz en 2004 y ex líder nacional de Nueva Alianza, el partido de la “maestra” Elba Esther Gordillo Morales de quien, se sabe bien, es un incondicional.
Tanta es la indignación que ya se especula con el destino de ese dinero. Los 25 millones de pesos sólo podían tener dos beneficiarios, según varias hipótesis que ya se manejan en los círculos de los mismos partidos políticos:
1. Desde hace tiempo se comenta que el gobierno de Duarte de Ochoa está soltando millones de pesos a los medios de comunicación nacionales, para “cubrir” sus deficiencias como gobernante y para contrarrestar la mala imagen de la entidad veracruzana, debido a la ola de violencia en que está envuelta desde su llegada a la Casa de Gobierno en Xalapa.
2. Enrique Peña Nieto. La presunción de que esos millones tenían como objetivo un uso electoral en la campaña del precandidato único del PRI a la Presidencia de la República cobra más fuerza entre políticos del PAN y del PRD. Para los opositores el que ese dinero –que hasta no probarse lo contrario es ilegal– de los veracruzanos se haya dirigido a Toluca, no tiene otros destinatario que EPN.
El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Juan Vergel Pacheco, fue el primero en alzar la voz: “Este escándalo debería resolverse con la renuncia inmediata del secretario de Finanzas, Tomás Ruiz González, quien es el responsable de que el recurso de los veracruzanos se está desviando y paseándose por el país. Además, el gobierno está dando una repuesta infantil por medio de un comunicado: demandamos que sea el propio secretario, Tomás Ruiz, quien dé la cara”, criticó el dirigente partidista.
Además, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, estableció en un comunicado de prensa: “Estamos, con toda seguridad, ante un desvío de recursos del gobierno del estado a favor del candidato presidencial del PRI, o ¿acaso testificamos el hecho del dinero sucio proveniente del narcotráfico a favor de Peña Nieto?”.
El propio Ruiz González trató sin suerte de atenuar el escándalo. En su cuenta de Twitter escribió que el dinero salió del “erario público”, era para pagar a la empresa Industria 3 Estudios, productora de comerciales, y encima afirmó: “queda descartado tajantemente el supuesto destino de recursos públicos a campañas políticas”.
Pero, ¿quién les va a creer ahora que por “la logística del proveedor” transportaran 25 millones de pesos en efectivo? ¿A quién le quieren ver la cara?
Una tras otra y en tan sólo 14 meses de gobernador, las mentiras de Javier Duarte de Ochoa, pasaron ya de lo ridículo y lo patético a algo todavía más serio. Esto es un asunto delincuencial y tendrá que ser tratado con todo el rigor de la ley.
Más allá, en plena campaña electoral, es un pan con miel que alimentará la rumorología, las acusaciones y los señalamiento para la ya de por sí vapuleada imagen de Peña Nieto.
¿Se sostendrán el Gobernador y su titular de Finanzas que tuvieron el “tino” de traerle este nuevo dolorón de cabeza al aspirante mexiquense?
Muchos apuestan a que esta será la última mentira de Duarte… al menos la última que diga como mandatario de Veracruz el “Doctor en Economía y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid”, como él se asume, aunque la institución española ya haya desmentido esa otra de sus mentiras.
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La decepción del Club PEN Internacional ante las respuestas de funcionarios del gobierno federal a su petición de poner fin a los asesinatos de periodistas en México, no es más que otra muestra de la falta de sensibilidad de la actual administración ante las demandas, de todos los sectores sociales, porque cese la violencia.
El presidente de ese organismo, John Ralston Saul, no daba crédito a la poca atención de los funcionarios de la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas, y el presidente y los miembros del Senado de la República, entre otros.
“El grupo salió decepcionado por la brecha que existe entre la retórica y la acción”, destacó. El alto número de muertos “es un asalto a la dignidad y a los derechos de todos los mexicanos y una mancha en la reputación de México a nivel internacional”, expuso Ralston Saul a la prensa.
Pero al gobierno calderonista su opinión, la de decenas de organizaciones civiles, ONG’s, defensores de derechos humanos y la de millones de mexicanos, le tienen sin cuidado, ya vimos ayer en Guadalajara como el presidente Felipe Calderón Hinojosa volvió a defender, con vehemencia, su guerra, con todo lo que ello implique. Para ello regañó, con el beneplácito de un auditorio de panistas reunidos por el gobernador Emilio González Márquez, a un joven que le recriminó por los muertos: “¿cuántos muertos más?”, “¿a dónde te vas a ir a vivir?”.
Con el auditorio “a modo”, Calderón argumentó durante casi 30 minutos su defensa de la guerra, casi las mismas palabras que ha venido repitiendo en los últimos dos años, cuando las críticas sobre la violencia que ha desencadenado en México han arreciado incluso a nivel internacional.
No, no se moverá ni un milímetro de su estrategia, eso está claro. Y lo está también que a las peticiones de protección a periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos, la respuesta será oídos sordos.
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Ya con la mira puesta en las elecciones del próximo domingo 5 de febrero, el aspirante presidencial del PAN, Ernesto Cordero Arroyo, sigue lanzando puyas a sus contrincantes, especialmente a Josefina Vázquez Mota.
El ex secretario de Hacienda, quien se llama “demócrata” dijo que respetará los resultados aun cuando le sean contrarios, pero minutos después reviró y dijo que descarta la posibilidad de presentar algún recurso, en caso de haber alguna irregularidad: “Si en la contienda, y en todos lados se cuecen habas, no hay equidad, no hay terreno parejo, por supuesto que la democracia y las instituciones también prevén espacios institucionales para manifestar las inconformidades”.
En el cuartel de Josefina, además, ya se prepara un grupo de vigilancia del proceso, pues tampoco confía en las buenas intenciones de Cordero.
Ahí la cosa se pondrá color de hormiga. Sólo un triunfo contundente de la ex titular de la SEP evitará que se dé una segunda vuelta y que, como advierte el supuesto “delfín” de Calderón, la elección panista se convierta en una guerra civil.
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