El periodista mexicano Ignacio Carvajal ingresó en las fosas de El
Diamante, en Tres Valles, Veracruz y contó el horror: 31 cuerpos
escondidos en un cementerio clandestino y ocultados por las autoridades
locales. Denunció en los medios la complicidad del poder y el domingo
último, en la colonia Flores Magón, le robaron el auto con el que
trabaja.
La primera nota se publicó el 20 de junio y la segunda el 26, ambas
en el blog Expediente, del periodista Luis Velázquez Rivera, y en Sin
Embargo. Allí denunció que “el gobierno de Javier Duarte de Ochoa
intentó “borrar” los muertos de Tres Valles y no dar la cara a las
familias” y detalló el hallazgo de los cuerpos del rancho El Diamante.
“Me acaban de robar mi coche. Es un Tsuru blanco, con una franja
naranja, con logotipos de prensa en las puertas. Dice Diario Liberal del
Sur. El robo fue hace unos momentos en Alacio Pérez, entre Gómez Farías
y 1° de Mayo en la colonia Flores Magón. Vecinos de la zona confirman
haber visto a un sujeto cuando se lo llevaba. Compañeros de las redes,
les pido su apoyo. Si lo ven, repórtenlo por favor”, publicó Carvajal en
las redes sociales.
El Estado Mexicano de Veracruz, ubicado en la costa del Golfo de
México, fue testigo de masacres, asesinatos y persecuciones alentadas
por la delincuencia organizada. En los últimos tres años mataron a diez
periodistas.
A continuación la nota que se publicó en
SinEmbargo/Expediente el 26 de junio.
El gobierno de Duarte intentó “borrar” los muertos de Tres Valles y no dar la cara a las familias, según testimonios
Ignacio Carvajal - SinEmbargo/Expediente.–
La exhumación de cadáveres en el rancho “El diamante”, de Tres
Valles, concluyó la madrugada del 18 de junio. Para cuando todos los
elementos que participaron –estresados y con miedo– se habían retirado,
los cuerpos ya estaban en Servicio Médico Forense de Cosamaloapan, a
unos 40 kilómetros.
A esas horas comenzó a emanar el olor a carne putrefacta que se metió
hasta el alma de cada uno de los habitantes de Cosamaloapan. Una
pestilencia más madrugadora que los carritos y triciclos voceadores de
El Piñero de la Cuenca (el diario líder en la zona), pues por esa
podredumbre las personas con familiares desaparecidos sabían que debían
marchar al Servicio Médico Forense (Semefo).
Pero la orden fue determinante: “los cadáveres no se podían quedar
allí”. No cabían y, además, “sería más complicado controlar a los
familiares que llegaran en busca de informes”, bajo anonimato, cuenta un
funcionario cercano al caso y deja entrever que para esos restos
humanos había otros planes, menos el de darlos a conocer.
Por eso los trasladaron de Cosamaloapan a Xalapa, donde sería más fácil ocultarlos, como se ha hecho con otras masacres.
En Cosamaloapan sólo se quedaron los más frescos y que habían salido
primero, los de Rosalía Valerio Díaz, “La bailarina”, sus tres hijos, un
sobrino y su pareja sentimental, que habían sido sustraídos con
violencia el pasado 13 de junio, en Tres Valles.
Versiones de los testigos indicaron que, por poner resistencia y
tratar de huir, los sicarios dieron muerte allí mismo a la pareja
sentimental de “La bailarina”. Tomaron en vilo el cuerpo del hombre
chorreante de sangre y se lo llevaron junto con los otros “levantados”.
Después del reclamo de esos cuerpos, unidades especiales de
periciales, con refrigeración y demás equipamiento, salieron de
Cosamaloapan rumbo a Xalapa para seguir el plan de esconder los restos
con la intensión de no opacar el evento de veleros internacionales que
encabezaría desde temprana hora, ese mismo día, el Gobernador Javier
Duarte de Ochoa y el titular de la Secretaría de Marina (Semar),
Francisco Vidal Soberón.
A las 10:30 pm del 17 de junio la noticia estaba más que confirmaba.
El último cierre aportaba 28 cadáveres y seguían buscando. Finalmente la
cifra oficial quedó en 31.
Desde esa hora, hasta la mañana del 18, ningún enlace del Poder
Ejecutivo contestaba alertas al radio, llamados al celular, mensajes de
texto ni whatsapp. No apagaron los dispositivos simplemente no
contestaban. No querían dar el “sí” o el “no”.
Incluso, el vocero Alberto Silva Ramos, personaje activo en las redes
sociales, se borró del ciberespacio, y su celular, ese que siempre
ofrece para contestarlo “a la hora que sea”, cuando por vez primera se
le necesitaba para honrar el trabajo informativo mandaba a buzón.
La mañana del 18 de junio se corría la versión: “Desde la
Coordinación de Comunicación Social (Consocial) están llamando a los
jefes de los corresponsales nacionales. Que no crean la versión del
cementerio clandestino. El gobierno sólo va reconocer seis muertos en un
comunicado”, contó un reportero a quien su jefe casi despide por
pretender venderle la noticia.
Los seis miembros de la familia de Tres Valles ya habían sido
reclamados. Sus deudos, que no son de Veracruz, les recogieron con
prestancia pues, como eran los más recientes, aún los buscaban en
agencias del Ministerio Público (MP), Semefo y cárceles.
La operación para minimizar el hecho, por lo menos en diarios
nacionales, resultó exitosa. En las ediciones del 19 de junio la nota de
la peor masacre en la memoria inmediata de Veracruz no figuraba en
portadas; eso sí, en interiores, gacetillas de Javier Duarte con el Jefe
de la Marina y los veleros, entre ellos, El Esmeralda, de la Marina de
Chile, irónicamente, con un pasado funesto al haber sido escenario de
tortura y muerte de cinco sacerdotes opositores al régimen de Augusto
Pinochet, y decenas de personas más por cuya borda fueron lanzadas a los
tiburones.
Antes de las ocho de la mañana del 18 de junio, Rosa María Hernández
Espejo, desde su programa radiofónico, conseguía la primera versión
oficial sobre el cementerio clandestino de Tres Valles.
El entonces Subprocurador de la zona en Veracruz-puerto, Arturo
Herrera Cantillo, palabras más, palabras menos, reconoció haber mandado
personal de su jurisdicción a “El diamante”, pues no se daban abasto con
la exhumación.
Herrera Cantillo aportó lo que tenía hasta el último corte de la
noche del 17 de junio de parte de sus subalternos: 28 cuerpos y un
cementerio clandestino.
Además, pidió a los ciudadanos de la región, con familiares
desaparecidos, acudir a las instalaciones del Semefo para el proceso de
identificación.
Minutos después, declaró lo mismo a la estación de radio XEU.
Cuestión de minutos para que la noticia se posicionara entre las
populares de las agencias internacionales.
El mismo 18, casi al anochecer, la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJE), la nueva, la de Luis Ángel Bravo, emitió el
comunicado 3731, en donde sólo se indica que “continúan las
investigaciones relacionadas con el hallazgo de una fosa clandestina”;
pero no se menciona el total de muertos, menos la cifra que ya había
indicado Herrera Cantillo.
No tenía mucho de haber tomado posesión del cargo, apenas el 30 de
marzo de este año. Arturo Herrera Cantillo caminaba por el zócalo de
Veracruz cuando fue divisado por los reporteros.
Señor, una entrevista”, lanzó una reportera. Herrera Cantillo lo
pensó. Se rascó la cabeza. Miró para los lados y se jaló a los
reporteros a la sombra. Traía el reproche a flor de labios: “Estoy
indignado por la forma en que una compañera de ustedes me golpeó en su
columna”.
No era para menos. Le cuestionaban no entender el dolor de las madres que pedían resultados por sus hijos desaparecidos.
Los argumentos de Cantillo no cuajaban. La mayor parte de quienes le
entrevistaban no lo conocían ni sabían de su pasado inmediato. Se le
quebró la voz y lo tuvo que remarcar: “¡Cómo no voy a entender el dolor
de una madre que busca a su hijo, si yo lo viví en carne propia!”.
En septiembre de 2011, Jorge Herrera Turrent, de 21 años, hijo del
exsubprocurador, participaba en una fiesta al interior del lujoso
condominio JV en el fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río,
Veracruz. Perdió el equilibrio y cayó de una altura de 24 pisos. Su
cadáver fue reconocido y reclamado por el afamado abogado, maestro de
generaciones, incluida la de Luis Ángel Bravo, Procurador de Justicia
del estado. Ese día, durante el levantamiento, Cantillo no se quebró.
Pero en ese encuentro con la prensa, a la sazón de una feria de la
SSP en el zócalo de la ciudad, Cantillo dejó rodar lágrimas por las
mejillas. De verlo argumentando en medio del llanto, a los periodistas
no les quedó de otra. Apagaron sus aparatos, las cámaras y lloraron con
él.
No es la primera vez que el gobierno duartista intenta esconder cadáveres.
El 7 de octubre de 2011, 20 días después de la masacre de Plaza
Américas –donde el Cártel de Jalisco Nueva Generación abandonó los
cuerpos de 35 presuntos zetas– aparecieron tres casas de seguridad
llenas de gente muerta.
En dos domicilios, una en Jardines de Mocambo y otra en Costa Verde
aparecieron 28 personas ajusticiadas. Los maleantes, sabedores de que el
gobierno duartista hacía todo a su alcance para esconder las huellas de
sus ajustes –al mismo tiempo, los procuradores de todo el país y
Marisela Morales Ibáñez, ex titular de la Procuraduría General de la
República (PGR), se reunían en un hotel cercano– colocaron los cadáveres
en las azoteas, de tal forma que los detectara el helicóptero de la
Marina en uno de sus constantes patrullajes aéreos.
Mediante varios comunicados, el gobierno de Duarte, a lo largo de ese
día, se dedicó a desmentir el hallazgo. Fueron al menos tres los
boletines emitidos en ese entonces por la ex vocera, Gina Domínguez,
para negar lo que informaban algunos portales de internet y que ya era
retomado por medios nacionales.
A las 10 de la noche, en su noticiero estelar Joaquín López-Dóriga,
en base a un comunicado de la Marina Armada de México, confirmó la
masacre de las casas de Costa Verde y Jardines de Mocambo.
Al gobierno de Veracruz no le quedó de otra y reculó con el argumento
de que “las investigaciones estaban en marcha y no había elementos para
informar”.
Fotos: Ignacio Carvajal
El 5 de enero de 2012, en la víspera de la primera visita de Enrique
Peña Nieto como presidente de la República con motivo de la
conmemoración de la promulgación de la Ley Agraria, un bando criminal
abandonó 18 cadáveres en la zona norte de Veracruz, en un área conocida
como Casas Fantasmas.
En esa ocasión, los medios de comunicación locales, caja de
resonancia de los nacionales, fueron callados. En ese entonces no se
sabía; pero iniciaba así lo que ahora es conocido como “el pacto de
silencio” (estrategia del gobierno federal encaminada a disminuir la
presencia de información sobre violencia en todo el país). La misma
contemplaba tanto presión a reporteros (a los que llamaban amenazándolos
que aparecerían flotando en el canal de la Zamorana) como a
funcionarios incómodos para que fueran “prudentes”.
La salida de Arturo Herrera Cantillo y el silencio que predomina en la prensa sólo puede entenderse en ese contexto.
