Ley de hidrocarburos: expropiación al revés

El proyecto de dictamen de la ley de hidrocarburos elaborado por el Senado de la República concede toda suerte de facilidades a los operadores de exploración, extracción y transporte de petróleo; establece que esas actividades tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectados a aquellas, y les otorga la máxima prioridad en el uso de suelo. En ese espíritu, el documento asienta que procederá la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial o a la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria de hidrocarburos; exploración y extracción se consideran de interés social y orden público; se establece que las entidades dedicadas a la explotación del subsuelo podrán hacerse de terrenos mediante arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, compraventa, permuta y cualquier otra que no contravenga la ley, y las contraprestaciones podrán ser mediante pagos en efectivo, en especie, compromiso de contratación como parte de la fuerza laboral del asignatario o contratista del propietario, poseedor o titular del derecho; adquisición de bienes e insumos o de servicios fabricados, cualquier otra contraprestación, o una combinación de las anteriores.

Por donde se le vea, la iniciativa tiene implicaciones devastadoras para todos los agentes económicos que no pertenezcan al sector petrolero: la minería, la industria, el comercio, el turismo, la agricultura, la ganadería y la pesca, entre otras, experimentarían, de aprobarse el documento, una tremenda presión legal. Los propietarios individuales no podrán negarse a vender, arrendar o ceder de alguna forma sus tierras a concesionarios petroleros. Al amparo de semejante ley, una infinidad de comunidades, pueblos y rancherías quedarían a merced de los vastos poderes de negociación, presión y chantaje propios de las trasnacionales petroleras, y las reservas ecológicas podrían ser eliminadas en aras de un interés social y orden público que, una vez consumada la desnacionalización de la industria de hidrocarburos, no serían ya ni social ni público, sino particular y privado. Si ese interés ha podido ser esgrimido en tanto el Estado ha sido receptor de la totalidad de la renta petrolera, no hay fundamento alguno para alegarlo cuando tanto la reforma constitucional como la ley secundaria han sido ideadas para transferir a manos privadas la mayor parte de esa renta.
Las facultades estatales y municipales en materia de ordenamiento territorial quedarían, por esa vía, supeditadas a las decisiones de la Secretaría de Energía, decisiones que, en cumplimiento de la misma ley, serían obligadamente favorables a los consorcios dedicados a la exploración, extracción y transporte de hidrocarburos, los cuales recuperarían, ampliados, los poderes territoriales casi omnímodos de que gozaron hasta 1938.
Si bajo el marco legal aún vigente Pemex ha cometido con excesiva frecuencia abusos y atropellos contra campesinos y pescadores, cabe imaginar lo que harían, en el ordenamiento que se pretende aprobar, consorcios sin ningún compromiso con el país e interesados únicamente en la obtención de la máxima y más rápida ganancia.
El proyecto senatorial dibuja, en suma, una expropiación petrolera inversa a la realizada por el gobierno del general Lázaro Cárdenas hace más de 70 años: en favor de las empresas privadas, nacionales y extranjeras, y en detrimento del país, su población, su economía y sus instituciones. En esa medida, la aprobación de tal dictamen tendría para la integración, el desarrollo y la soberanía nacionales un efecto contrario al que tuvo la gesta cardenista.
A juzgar por el documento, da la impresión de que el grupo en el poder tiene en mente convertir el país en un inmenso campo petrolero, ocupado a discreción por trasnacionales, y en cuyo territorio cualquier otra actividad deberá supeditarse a los requerimientos y voluntades de la extracción de hidrocarburos. Para la sociedad, para la economía y para la vigencia del estado de derecho sería muy grave, en suma, que se aprobara ese dictamen.