El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, tomó protesta ayer a Antonio Tarek Abdala Saad, nuevo tesorero del estado, y a Armando Adriano Fabre, director del Instituto de Pensiones Foto Sergio Hernández Vega
Se cumplieron ya casi 10 días sin que ninguna autoridad federal haya anunciado el avance de las investigaciones en torno al escandaloso caso de los 25 millones de pesos. La opinión pública continúa a la espera de que Tomás Ruíz explique qué diantres hacían 25 mil billetes de mil pesos, fuera de Veracruz y sin recibos que respaldaran el uso de esos recursos públicos. O en todo caso, presente su renuncia.
Esperan por supuesto, una explicación lógica, contundente, creíble. Luego de que nadie creyó las versiones de Industria 3 Estudios y Willy Souza que mostró la copia de un contrato firmado después de la detección del dinero y sin los sellos oficiales debidos, según difundió el periódico Reforma.
Y más cuando Willy Souza, enfrenta varias demandas por no realizar contratos y acuerdos serios y cometer fraudes recurrentes. La mas reciente, la del señor Miguel Ángel Corona y otros cuatro productores del Distrito Federal que desde hace 2 años le reclaman un pago por el montaje de Expo México en el zócalo capitalino.
También que el PAN estatal a través del jurídico Víctor Salas, cumpla el anuncio de presentar una demanda contra funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación por los delitos de peculado, daño patrimonial y abuso de autoridad porque se violó el artículo 8 y 27 de la Ley de Adquisiciones vigente en el estado.
El artículo 8 de la Ley de Adquisiciones prohíbe la entrega de anticipos, éste estipula: “Las instituciones no financiarán a los proveedores. No se reputará financiamiento el otorgamiento de anticipos, los cuales quedarán debidamente garantizados por los proveedores”.
El artículo 27, fracción I, revela, “las dependencias, organismos y entidades señaladas en el artículo 1 de esta Ley se sujetarán, en los procedimientos de contratación, a los montos y modalidades siguientes:
I. La que rebase el monto de 181 mil 612 salarios mínimos general vigentes en la zona económica de la localidad, se hará en licitación pública nacional o internacional…” y las de menor monto se harán bajo la modalidad de licitación pública estatal, simplificada o directa.
Es decir, los 25 millones de pesos, rebasan en mucho la cifra que establece la ley para que se hubiera abierto una licitación pública nacional a través de la que el gobierno de Veracruz, seleccionara a la empresa que ofreciera el presupuesto más competitivo. Tampoco se cumplió con esta disposición.
Y es que los 25 millones de pesos que corresponden a 454 mil 545 salarios mínimos, revelan que no podría existir una adjudicación directa.
De acuerdo con la fracción I, del artículo 27, se trataría de una licitación pública nacional o internacional o minimo una invitación restringida a tres proveedores, lo que tampoco se hizo. Por tanto, el secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz, debe renunciar al cargo para que pueda someterse a la investigación correspondiente.
El dilema para la PGR y para el gobierno de Veracruz continúa siendo difícil, a la procuración de justicia corresponde demostrar que ese dinero no procede del presupuesto de egresos de esa entidad. Los ciudadanos continúan a la espera de conocer el avance en las investigaciones y a los funcionarios del estado, les toca explicar qué hacia tanto dinero público, fuera del estado, sin recibos que los respaldaran y un traslado poco propio para manejarlos con seguridad.
Pero más que nada, por qué los mandaron a Toluca estado de México, donde radica el aspirante presidencial del PRI, un viernes por la noche, cuando ninguna oficina de empresa, se encuentra abierta y no al D.F, donde radica Industria 3 Estudios de Willy Souza.
Los principales actores políticos de los partidos PAN, PRD, califican de increíbles las versiones de la Secretaría de Finanzas y la oficina del gobierno de Veracruz, nadie, en su sano juicio, maneja ese monto en efectivo y sin respaldos contables verificables, a menos que tantos millones estén destinados a propósitos distintos a los que estaban etiquetados, o definitivamente porque son fondos sin registro contable alguno y por eso no encuentran la manera de cuadrar el circulo.
Si se trataba de transacciones absolutamente legales y respaldadas contra la entrega de bienes y/o servicios, por qué siguen sin dar la cara, dónde están los documentos oficiales que ya debió haber hecho públicos el estado para lograr la devolución de los 25 millones de pesos.
El origen del dinero, su manejo y destino parecen injustificables, pero si se muestran incapaces de transparentar de qué rubro son esos 25 millones de pesos en efectivo, harían bien en ir preparando sus renuncias, al menos la de Tomás Ruíz que por donde le busquen, esta obligado a responder por el uso poco transparente del manejo de los recursos púbicos.
En los aciagos tiempos electorales que viven los mexicanos quizá sea prudente conceder el beneficio de la duda pero, si no hay explicación lógica, creíble, Tomás Ruiz debe ser separado de su cargo hasta que se aclare con su inocencia, o culpabilidad.
De lo contrario, su estancia en la Secretaria de Finanzas y Planeación, solo entorpece las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), la Procuraduría General de la República (PGR), Auditoría Superior de la Federación (ASF) y todos los organismos a los que se les ha solicitado investigaciones al respecto.
En tanto, el coordinador de Estrategia Electoral 2012 del CEN del PAN, Rubén Camarillo, insistió que la versión de que era para pagar el carnaval “¡que se los crea su abuela!”.
“Lo que se está observando son las marrullerías que se están anticipando en el PRI para el proceso electoral. Es decir, 25 millones de pesos, querer justificarlos para servicios del carnaval, me parece que es el carnaval de los sinvergüenzas se lo digo al gobernador de Veracruz: no pretenda que nos comamos ese engaño, se tiene que aclarar, porque hay sospecha que iban a parar a las actividades proselitistas de Enrique Peña Nieto”, insistió Camarillo.
El PAN a través de Gustavo Madero, agregó, “se tiene que investigar por parte de la Fepade el lavado de dinero y también el tema fiscal. Son tres aspectos que tiene que explicar el gobierno de Veracruz, el origen de ese recursos que sea lícito y el destino ¡que no me vengan con esa vaciladas que eran para comprar tamales!”. ¿Tamales?, los de la fiesta de la Candelaria.
Y que no se digan víctimas de ”guerra sucia”, porque eso, nadie se los cree.
Este lunes, en la cámara de diputados se anunció que en 15 días, será analizada y votada una nueva ley para sancionar el delito de lavado de dinero. El PAN la apresura mientras los priistas contemplan mandarla al archivo muerto y esperar a que finalice el último ejercicio legislativo que se clausura en abril. Por qué será. ¿Casualidad o coincidencia? .
Habrá que esperar el cambio de Tomás Ruíz y de no ser así, insistir en la salida de funcionarios de mas alto nivel que no reflejan hasta ahora voluntad política para transparentar el manejo de los impuestos que pagan los veracruzanos. ¿Usted qué dice?.
liliabaizabal@hotmail.compor Lilia Baizabal
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