Ríos desbordados, derrumbes, poblados enteros evacuados, carreteras y caminos destrozados, por quinto año consecutivo, desde el memorable huracán Stan, Veracruz brega con inundaciones en parte importante de su territorio.
Una malhadada combinación de factores climáticos alterados, obras hidráulicas necesarias, pero aún inexistentes, indiferencias burocráticas y dineros para desastres no entregados tienen al estado en situación crítica con dos cuencas inundadas. Hace 20 años que Veracruz no vivía una situación así.
Zonas incomunicadas, cultivos y ganadería afectados, viviendas derrumbadas y refugios saturados vuelven a sacudir a la población más vulnerable. Alrededor de 45 mil damnificados. El impacto económico de los desastres naturales va en ascenso. Al perjuicio evidente sobre la población, se agregan los daños a la producción y a la infraestructura, los arreos, al capital fijo.
La tendencia climática apunta a que estos fenómenos habrán de agravarse. Atemperar los impactos y riesgos exige que la variable sea integrada como parte de la planificación, no como eventualidad, sino como certeza de que habrán de presentarse. Es un asunto tanto de planificación gubernamental como de planificación social.
La nueva administración tiene la ocasión de ofrecer propuestas de planeación y acción participativa para configurar auténticas políticas públicas, definidas consensuadamente, más allá de las políticas gubernamentales con sentido público, no sólo en el tema de los desastres naturales y sus derivaciones, sino en cualquier tema que implique la relación gobernante-gobernados.
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