En su libro más reciente, De Tlatelolco a
Ayotzinapa. Las violencias del Estado, el doctor Sergio Aguayo acomete
un ejercicio de rescritura de la historia contemporánea de México con
base en un itinerario: del 2 de octubre de 1968 al 26 de septiembre de
2014, al final del cual revisa las secuelas derivadas de la agresión
contra los normalistas y la desaparición de 43 de sus compañeros. Para
el autor no hay duda: "el Estado es el principal responsable de las
perversiones que ha vivido el monopolio legítimo de la violencia".
domingo, 04 de octubre de 2015
MÉXICO, DF (Apro).- Con
el permiso del autor, aquí se reproduce una versión condensada del
capítulo 9 del volumen, que ya comenzó a circular bajo los sellos
Ediciones Proceso, Ideas y Palabras y Editorial Atrament.
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A
partir de 1968 México cambió para bien y para mal. Algunas
transformaciones nos acercaron a los espacios democráticos, otras a los
infiernos de la violencia criminal. Me concentro en el segundo camino a
partir de una tesis: el Estado es el principal responsable de las
perversiones que ha vivido el monopolio legítimo de la violencia.
El
2 de octubre aceleró el debilitamiento del presidencialismo
autoritario, el fortalecimiento de diversas fuerzas y la apertura al
mundo. Se redujo la violencia estatal hacia los opositores pacíficos
pero se mantuvieron los métodos brutales contra quienes tomaron las
armas. Esto último acentuó el descontrol sobre la violencia estatal.
1) Luis Echeverría Álvarez. Entre la apertura y la represión
El
presidente Luis Echeverría (1970-1976) tuvo una metamorfosis incompleta
porque mientras empujaba la apertura democrática, seguía aceptando que
se reprimiera a opositores, algunos violentos y otros pacíficos
(recuérdese el 10 de junio de 1971).
Era
un reformismo acotado porque mantuvo el trato que históricamente daban
los gobernantes a los levantados en armas. El 2 de octubre se acrecentó
el atractivo de la opción armada reaparecida tres años antes en Ciudad
Madera, Chihuahua. El Movimiento de Acción Revolucionaria lo verbaliza
con claridad: "la masacre de Tlatelolco" demostró que "los caminos
legales, las vías pacíficas estaban cerradas"; la única salida lógica
para quienes deseaban el cambio era "empuñar las armas"...
La
guerrilla tuvo arrojo y claridad sobre lo que quería pero ninguna
posibilidad de éxito. Sus casi 2 mil combatientes estaban divididos en
decenas de organizaciones, y su formación militar e ideológica era
desigual. La base social de la guerrilla urbana era frágil y aun cuando
la rural tenía un mayor respaldo popular, operaba en regiones aisladas
de Guerrero. Por si fuera poco, la izquierda mundial la ignoró,
prefiriendo ser cooptada por el gobierno mexicano —el comportamiento de
la Cuba revolucionaria fue paradigmático— y porque también se enemistó
con las fuerzas de izquierda que habían optado por salidas pacíficas. El
régimen, por su parte, tenía una poderosa máquina para reprimir y el
apoyo de la inmensa mayoría del México organizado.
Uno
esperaría que después de la masacre de Tlatelolco y mientras se
implementaba la apertura, el Estado combatiría a la guerrilla dentro de
la legalidad. Hubiera podido hacerlo porque la insurgencia armada
mexicana nunca fue una amenaza para la seguridad del Estado aunque la
Dirección Federal de Seguridad de Fernando Gutiérrez Barrios la
magnificaba porque así convenía a sus intereses…
2) La apertura al mundo y el crimen organizado
La
apertura de México al mundo tuvo efectos encontrados. Fue un punto de
apoyo para la transformación pacífica y un portón para que ingresara el
crimen organizado aprovechándose de la desidia estatal.
Durante
mucho tiempo se creyó que el mexicano era hermético ante los
extranjeros. El Movimiento del 68 demostró que era un mito; había la
disposición pero faltaba el conocimiento sobre cómo relacionarnos con
los extranjeros. Luis Echeverría dio pasos firmes para sacar al país de
la burbuja en la que vivía. Además de la intensa diplomacia creó una
institución vital: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
que ha becado a decenas de miles de jóvenes para hacer estudios en el
extranjero.
La apertura apuntalaría la transformación pacífica que se apoyó en extranjeros críticos del autoritarismo mexicano.
La
insurgencia armada fue aplastada por las Fuerzas Armadas y la Dirección
Federal de Seguridad. Los militares lograron que esas violaciones a la
legalidad no afectaran demasiado a su institución porque tomaron
diferentes medidas, entre ellas la redefinición de las relaciones
cívico-militares. La DFS tomó una ruta diversa. Se corrompió y fue
desaparecida en 1985. Son caminos tan diversos como la transición
mexicana.
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(…)
El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte y ese mismo día se levantó en armas el EZLN. El doble
hecho mostró la cantidad de obstáculos al uso de la fuerza estatal que
se habían ido acumulando después de 1968.
El
respaldo al derecho del EZLN a existir llegaba con la petición de que
adoptara métodos pacíficos. Las guerrillas de los años setenta hubieran
rechazado esa petición por considerarla de un reformismo
pequeño-burgués. El EZLN hizo caso. En la "Segunda Declaración de la
Selva Lacandona" (junio de 1994) llamó a la sociedad civil a retomar el
"papel protagónico que tuvo para detener la fase militar de la guerra" y
a conducir el "esfuerzo pacífico hacia la Democracia, la Libertad y la
Justicia" porque el "cambio democrático es la única alternativa a la
guerra". Seis meses después de levantarse en armas la guerrilla exigía
la "realización de elecciones libres y democráticas".
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La
tragedia de Iguala es la consecuencia de que en México hay dos estados:
el encabezado por Enrique Peña Nieto y el regido por el crimen
organizado. Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto han
atacado de manera integral y regional a la violencia criminal. Forman
parte de un Estado reactivo y a la defensiva que es incapaz de controlar
la violencia emanada de sus propias filas. Para que nuestros
gobernantes recapaciten y armen un diagnóstico y una estrategia
adecuada, la sociedad tiene que organizarse y presionarlos.
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Poco
después de ganar las elecciones de 2000, Vicente Fox capituló y regaló
en alguna cena sus promesas de reforma a los ejecutivos de Televisa y TV
Azteca. Fox tuvo las condiciones ideales para ser el estadista que
combatiría en serio la corrupción y la impunidad. De haberlo hecho tal
vez se hubiera frenado el crecimiento de las bandas criminales.
Felipe
Calderón tuvo el coraje y el acierto de lanzarse contra la delincuencia
organizada. Le sobraba voluntad, le faltaban conocimientos,
temperamento y compasión hacia las víctimas.
Se
fue a la batalla sin un sólido análisis de riesgo. A los pocos meses
reconoció ante el ex jefe del gobierno español, José María Aznar, que la
"influencia que tenían los narcóticos (y el crimen organizado) en el
país superaba cualquier cálculo".
Enrique
Peña Nieto elevó la calidad de los funcionarios del área de seguridad,
mejoró la coordinación entre ellos y empezó a poner énfasis en la
prevención. Comenzó a generarse inteligencia de calidad y vinieron las
detenciones o eliminaciones de capos.
En
el segundo año añoraron las debilidades de siempre. Su gobierno no ha
reconocido la magnitud del reto, carece de una política integral y
regional que ataque las raíces del problema y hay una gran indiferencia
hacia el costo humano. Por ejemplo, la política de fragmentación de
bandas criminales nunca se completó con una estrategia para proteger a
las zonas afectadas por las bandas más pequeñas y con menos disciplina
en el uso de la violencia. Todo esto se observó con claridad en Iguala,
Guerrero, donde, al igual que en el 68, fueron víctimas jóvenes
estudiantes de la Normal de Ayotzinapa que se preparaban para ir a la
tradicional marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México…
Ayotzinapa
sacó a la luz un Estado debilitado por la ineficacia, la corrupción y
la impunidad; una sociedad alebrestada por tanto maltrato; un Estado
paralelo con enorme poder.SERGIO AGUAYO
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