Veracruz: ineptitud y corrupción

Enrique Calderón Alzati

 

 

Es difícil entender la situación de pobreza que está viviendo la población de Veracruz, sin lugar a dudas el estado más rico de la República, tanto por los recursos petroleros con los que ha contribuido a generar la riqueza energética de la nación, como por sus recursos forestales, comparables a los del continente europeo, en virtud de la energía solar que recibe anualmente, cuatro veces mayor a los de las regiones de Finlandia y Escandinavia en el norte de Europa, así como sus litorales, los segundos más extensos del la país y sus recursos agrícolas, ganaderos y mineros, que se encuentran en los primeros lugares nacionales; adicionalmente Veracruz cuenta con el puerto comercial marítimo más importante de México, por donde entran y salen materiales provenientes o con destino a los principales puertos de Estados Unidos y Europa, mientras en su territorio operan las mayores refinerías petroleras del país. Pese a todo esto, Veracruz es hoy un estado en condiciones de miseria y desempleo para la mayor parte de su población.

Por ello tiene sentido preguntar, ¿qué pasa en Veracruz? La pregunta cobra relevancia a escala nacional, como una muestra de lo que puede vivir el país entero en muy poco tiempo, no sólo en términos de violencia e inseguridad, sino de ingobernabilidad, desastre y miseria, a consecuencia de la desatención del gobierno federal, que ha dejado crecer los problemas, como en Guerrero y Michoacán, hasta las dimensiones que conformaron la crisis nacional de 2014, que dista mucho de haber sido resuelta y que en este caso involucra a la tercera entidad más poblada de la República.
Si tuviésemos el tiempo y los recursos necesarios para recorrer el estado de Veracruz, nos encontraríamos con una realidad que creíamos ya superada, de montones de basura en las calles de sus pueblos y ciudades, de carreteras y puentes abandonados a medio hacer, al igual que de construcciones de escuelas públicas, de unidades habitacionales y de hospitales, de escuelas vacías y cerradas por falta de luz y de mendigos deambulando en las calles y carreteras por un mendrugo de pan o unas monedas; al mismo tiempo nos encontraríamos con manifestaciones de campesinos, de profesores y trabajadores protestando por la falta de pagos y de empleos, ante el cierre de empresas y comercios, que tiene su origen en el innegable incumplimiento del gobierno a sus proveedores de bienes y servicios, conformando un círculo vicioso y una crisis económica y social cada día más grave.
Así, Veracruz es hoy un estado en quiebra, generada por la ineptitud y la corrupción que priva en la mayor parte de las oficinas del gobierno, las cuales son objeto de señalamientos de faltantes y desviaciones de los recursos públicos tanto federales como estatales, por un total que a la fecha excede los 50 mil millones de pesos, de acuerdo con las anomalías señaladas cada año por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sin que se haya hecho cargo alguno a los responsables de las diferentes dependencias del estado, gobernado por Javier Duarte de Ochoa, generando un ambiente de impunidad, que ha permeado a todas las oficinas públicas.
Un solo ejemplo de entre los muchos que se comentan en los círculos y redes sociales del estado, sobre lo que ha venido sucediendo en el último año, es el de tres figuras de alto nivel del actual gobierno, que, lejos de haber sido presentados ante la justicia por cargos de corrupción y enriquecimiento ilícito, son hoy candidatos del PRI al Congreso de la Unión.

El primero de ellos responde al nombre de Édgar Spinoso, ex subsecretario de Finanzas y luego nombrado oficial mayor de la Secretaría de Educación del estado, quien ha sido asociado al desvío de fondos por más de 7 mil millones de pesos a partir de que la ASF detectó un faltante por esa cantidad en la cuenta pública del estado correspondiente a 2013. El señalamiento fue hecho por un empresario asociado a Televisa, en marzo de 2014, quien en un acto público pidió una explicación de ese faltante al secretario de Educación, Adolfo Mota, allí presente, sin que éste diera respuesta al respecto. Tres semanas después, los medios de comunicación locales publicaron que el señor Spinoso fue cesado por haber perdido la confianza del gobernador.
Nunca más se volvió a hablar del asunto, ni el gobernador hizo declaración alguna sobre el motivo de esa pérdida de confianza, pero nueve meses después Édgar Spinoso fue nominado para la candidatura al Congreso como diputado plurinominal por la circunscripción de Martínez de la Torre. El segundo caso es el del propio ex secretario de Educación Adolfo Mota, ex jefe del señor Spinoso y, por tanto, responsable último de los desvíos de fondos realizados en la secretaría a su cargo. El señor Mota estuvo también envuelto en un escándalo político en virtud de una bodega de la Secretaría de Educación repleta de objetos de propaganda política del PRI y compra de votos durante la campaña electoral de 2012; ahora es candidato a diputado por el distrito de Xalapa.
El tercer personaje es Tarek Abdala, candidato a diputado por el distrito de los Tuxtlas, quien renunció a su puesto como tesorero del estado, luego de haber participado en la organización de una red de extorsión dentro de la Secretaría de Finanzas para obtener donaciones entre las empresas acreedoras del gobierno a cambio de promesas de pronto pago, además de ser partícipe en los desvíos de fondos practicados por funcionarios de las diferentes secretarías. Lo así expuesto lleva a pensar que dichos ex funcionarios están siendo protegidos de cualquier investigación y demanda en su contra por los ilícitos mencionados, mostrando los niveles de corrupción e impunidad que privan hoy en Veracruz.
Todo esto pareciera ser un claro reflejo de lo que está sucediendo a escala nacional, donde el desprecio del presidente hacia el pueblo que gobierna es repetido por los funcionarios estatales, por ello el enojo y hartazgo en todas las regiones de Veracruz es generalizado; incluye a los dirigentes de centenares de empresas y comercios que parecen decididos a formar una organización para demandar al gobierno y hacer públicas dichas demandas, como lo están haciendo ya los trabajadores. De no hacer frente a esta situación, pronto el gobierno federal tendrá un nuevo problema, que incidirá también en la pobre imagen que tiene hoy nuestro país en el escenario internacional.