Javier Duarte, Gobernador del Estado de Veracruz trata de blindarse, acusan. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).– A poco menos de cinco
meses de que Javier Duarte de Ochoa concluya su gestión en Veracruz, la
crisis económica, política y social toca fondo, mientras que los
llamados al Presidente Enrique Peña Nieto para que intervenga en la
“insostenible” situación del estado se topa con oídos sordos.
Desde que el priista llegó al poder, el 1 de diciembre de 2010, la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) calcula daño patrimonial
por 35 mil 421 millones de pesos en las finanzas estatales. La deuda
pública ha crecido y se debe no sólo a proveedores y jubilados, también a
la Universidad Veracruzana y a la Benemérita Escuela Normal
Veracruzana.
A estas acusaciones se les suma las del Gobernador electo del estado,
Miguel Ángel Yunes Linares, quien en los últimos días anunció dos
nuevas denuncias federales en contra de Javier Duarte y a la que llamó
su pandilla de hampones. Los delitos declarados: lavado de dinero y
evasión fiscal.
En respuesta, ayer miércoles Duarte de Ochoa acusó a Yunes de hacer un show con las denuncias presentadas.
“Respeto la decisión de M. Yunes de continuar su campaña de odio,
puede denunciar todo lo que quiera, sin embargo sus denuncias son puro
show”, escribió el mandatario estatal en su cuenta de Twitter.
Para las organizaciones como México, ¿cómo vamos?, la administración
de Javier Duarte es “desastrosa” y la peor de todos los gobernadores que
dejarán su cargo.
“La palabra que resume el panorama que deja Duarte en
Veracruz es ‘desastroso’, en todos los términos, pero en el ámbito
económico está mal en todas las variables: crecimiento, generación de
empleo, productividad, pobreza laboral, deuda pública, informalidad
laboral y desigualdad laboral”, dijo a SinEmbargo Valeria Moy directora general de México, ¿cómo vamos?
De acuerdo con la organización, entre el cuarto trimestre de 2010 y
cuarto de 2015, Veracruz fue el segundo estado con el menor crecimiento
económico promedio. La entidad que menos creció fue Campeche, que
decreció 2.8 por ciento.
Respecto a la pobreza laboral, entre 2011 y 2016, fue el tercer
estado que más incrementó el porcentaje de su población en esta
condición, al pasar de 45.8 por ciento a 53.9 por ciento.
Y los números rojos siguen.
Entre 2011 y 2016 incrementó en 4.2 puntos el porcentaje de su
población ocupada laborando en la informalidad. Es el estado con el
mayor incremento.
“Veracruz tendría que crear 74 mil 700 empleos formales
al año, pero en los últimos cinco años sólo ha generado el 15 por ciento
de esa meta que son 11 mil 590 por año.
“Cuando Duarte asumió la administración de Veracruz, el 56.9 por
ciento de la población ocupada estaba en el sector informal, sin embargo
hoy ese número es 61 por ciento”, explicó a este medio la también
profesora de Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM).
Veracruz cerró el año pasado con una deuda de 45 mil 880 millones de
pesos, que representan el 221 por ciento de sus participaciones
federales, de acuerdo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP).
Datos del Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), indican que el número de pobres aumentó a 4 millones 634 mil
200, el 58 por ciento, es decir, casi deis de cada 10 veracruzanos se
encuentran en esta condición.
La pobreza aumentó en el estado durante la administración de Duarte
al pasar de 57.6 por ciento de ciudadanos pobres en 2010, a un 58 por
ciento al corte del último reporte del Coneval.
De acuerdo con Valeria Moy, al gobierno entrante le espera “un reto
gigantesco y complicado” porque tiene nada más dos años para que las
cosas mejoren en la entidad.
“Al gobierno entrante le espera un reto gigantesco y bien complicado
porque tiene nada más dos años, sin embargo, en este tiempo las cosas
pueden mejorar o empeorar”, advirtió.
LA DEUDA CON LA UV
La deuda que el Gobierno de Duarte de Ochoa acumula con la Universidad Veracruzana (UV) supera los 2 mil millones de pesos.
El pasado 27 de abril, la Junta de Gobierno de la institución pidió
la intervención del Relator sobre el Derecho a la Educación del Consejo
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
Kishore Singh, y del Representante Adjunto en México de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la
“violación del derecho a la enseñanza superior” en el estado de
Veracruz.
La Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz adeuda
subsidios a la UV por 2 mil 092 millones de pesos, 451.7 millones son de
recursos federales y mil 640.8 millones de recursos estatales, los
cuales incluyen montos adeudados que datan desde el año 2008. En enero
pasado, el monto por subsidios no ministrados por el Gobierno del estado
pasó a ser de 2 mil 144 millones de pesos.
El pasado 2 de febrero, la Universidad, a través de su representante
legal, interpuso dos denuncias penales por la falta de pago completo y
oportuno. Una de ellas fue hecha ante la Agencia del Ministerio Público
de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y
Amparo de la Procuraduría General de la República (PGR) por el adeudo de
451.7 millones de pesos por el concepto de Subsidio Federal
Extraordinario.
La otra denuncia se presentó ante la Coordinación de la Fiscalía
Especializada en Delitos relacionados con hechos de Corrupción y
Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de
Veracruz por el adeudo de mil 625.1 millones por concepto de subsidio
estatal ordinario y extraordinario.
En mayo pasado, alumnos, padres, personal docente de la Universidad
Veracruzana y ciudadanos realizaron una serie de marchas para exigirle
al priista el pago del adeudo.
La rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara González, encabeza desde
agosto de 2015 una lucha para que el Gobierno de Javier Duarte le pague a
la casa de estudios un adeudo de 2 mil 300 millones de pesos. Al
principio la lucha era por dinero, dijo la Rectora en un mitin que se
llevó a cabo el 27 de mayo, pero ahora también es por el respeto a la
educación, a los derechos humanos y a vivir en un ambiente donde no se
criminalice a los jóvenes.
Bajo
la etiqueta #TodosSomosUV, la convocatoria para esta nueva marcha
señalaba: “Defendemos el patrimonio y la autonomía universitaria”. Foto:
Yerania Rolón, BlogExpediente
Y CON LA NORMAL…
Duarte de Ochoa no sólo tiene un adeudo de más de dos mil
300 millones de pesos con la UV, también debe otros 10 millones a la
Benemérita Escuela Normal Veracruzana, de acuerdo con el director de esa
institución, Fidel Hernández Fernández. Mientras el Sindicato Estatal
de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE) le reclamó a la
administración estatal el pago total de la prima vacacional a los
trabajadores, pues denunciaron que sólo les fue entregada la mitad de
esa prestación.
El adeudo se remonta al año 2012, precisó Hernández Fernández en entrevista para medios locales el pasado 18 de marzo.
Esos aproximadamente 10 millones de pesos son la suma del rubro del
Programa de Desarrollo del Profesorado, becas de los estudiantes, adeudo
al estímulo al desempeño docente, y becas reembolso para los maestros
que están estudiando postgrados.
MÁS DE 10 MIL PENSIONADOS ESPERAN PAGO
Más de 10 mil pensionados en todo el estado de Veracruz no han
recibido su pago mensual por parte del Gobierno de Duarte. La vocera de
la Coalición de Pensionados Independientes de la entidad, Adriana Chávez
Tejeda, denunció que entre ex empleados del aparato estatal y jubilados
del magisterio hay cerca de cien mil agremiados al Instituto de
Pensiones del Estado (IPE).
Desde marzo, el pago de pensiones se retrasó y provocó que los
afectados presentaran más de 600 quejas con el argumento de violación a
los derechos humanos, pero las solicitudes se quedaron estancadas.
El pasado 22 de febrero, Rodolfo Suárez Castellanos, secretario
general suplente de la Delegación Número 1 de Jubilados de la sección
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), calificó
al Gobierno de Duarte y a sus predecesores, Fidel Herrera Beltrán y
Miguel Alemán, como “jinetes del apocalipsis” para el sistema
pensionario al cual llevaron a la quiebra por el mal manejo de recursos.
ADEUDO CON PROVEEDORES
De
acuerdo con medios locales, de manera “secreta” este documento no se
entregó a todos los legisladores, solo pasó a manos de la Comisión que
analizará el proyecto. Foto: Cuartoscuro.
La administración de Javier Duarte reportó un adeudo de 12 mil
millones de pesos con empresarios, a los cuales su sucesor, Miguel Ángel
Yunes Linares, debe pagar.
El pasado 30 de junio, el Gobernador envió al Congreso un Proyecto de
Decreto por el cual se “empeña” el impuesto sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal para que la administración entrante
pague a proveedores y contratistas.
En la exposición de motivos, el mandatario estatal expuso que con ese
decreto “se busca brindar una fuente de pago que garantice el
cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno del Estado
frente a los mencionados proveedores y contratistas; lo cual permitirá
fortalecer la seguridad jurídica y la certeza en el pago, generando
condiciones óptimas para cumplir con los compromisos propios de su
rubro”.
Para lograr estos objetivos, el Gobernador propuso “la creación de
dos fideicomisos, uno cuyo objeto sea aperturar una cuenta bancaria
mandatada que concentre los recursos del Impuesto Sobre Erogaciones al
Trabajo Personal, administre los mismos y los transfiera a un segundo
Fideicomiso, cuyo fin sea efectuar el pago a los proveedores”.
De acuerdo con medios locales, de manera “secreta” este documento no
se entregó a todos los legisladores, solo pasó a manos de la Comisión
que analizará el proyecto.
DESVÍO DE RECURSOS, SEGÚN LA ASF
La Auditoría Superior a la Federación (ASF) detectó 14 mil millones
de pesos pendientes de solventar en Veracruz, lo que colocó al estado a
la cabeza en su “Informe General de la Cuenta Pública 2014” presentado
en febrero.
En conferencia de prensa, días después Javier Duarte de Ochoa negó un
desvió de recursos públicos por parte de su administración.
“Quiero afirmar: no se ha empleado un solo peso fuera de las actividades propias de la gestión del gobierno”, aseguró.
En medio de las críticas, surgió el rumor de que Duarte dejaría la
gubernatura, pero el entonces dirigente del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, salió a desmentirlo y lo
atribuyó al contexto de las elecciones que se celebrarían en junio.
VERACRUZ, EL MÁS PELIGROSO PARA PERIODISTAS
Durante
su administración 16 periodistas han sido asesinados y de 2009 a 2015
se tienen registros de 240 tipos de agresiones en Veracruz. Foto:
Cuartoscuro.
En 2015 y el primer trimestre de 2016 la entidad del país con mayor
número de agresiones contra la prensa, de acuerdo con Artículo 19, fue
Veracruz, gobernado por Javier Duarte de Ochoa, quien en abril de 2013
recibió un reconocimiento de la Asociación Mexicana de Editores de
Periódicos por “los esfuerzos que ha hecho Veracruz para garantizar el
pleno ejercicio de la libertad de expresión”.
En junio del año pasado, en un encuentro con el medio de Comunicación
de Poza Rica, el priista soltó la frase “pórtense bien […] Todos
sabemos quiénes de alguna u otra manera tienen vinculación con estos
grupos [criminales]”.
Moisés Sánchez, de La Unión; Armando Saldaña, de Exa FM; Juan
Mendoza, de Escribiendo la Verdad; y Rubén Espinosa, de Cuartoscuro,
eran periodistas de Veracruz, pero fueron asesinados. Este año, la vida
de Anabel Flores Salazar, de El Sol de Orizaba, y de Manuel Torres
González, de Poza Rica, también fueron arrebatadas.
El estado de Duarte de Ochoa es el espacio geográfico del continente y
del país más peligroso para ejercer el periodismo, ha dicho Artículo
19. Durante su administración 16 periodistas han sido asesinados y de
2009 a 2015 se tienen registros de 240 tipos de agresiones en Veracruz.
PAN ACUSA A DUARTE DE AGRESIÓN
El miércoles pasado, integrantes de los 400 Pueblos agredieron con
piedras la camioneta donde se transportaban el presidente nacional del
Partido Aacción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés; el Gobernador
electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y el panista Santiago
Creel Miranda.
Fue una trifulca que dejó vidrios rotos y al menos dos heridos –un
escolta, quien tuvo que ser hospitalizado con una herida en la cabeza, y
un trabajador del grupo legislativo del PAN–.
El ataque se dio afuera del Congreso del Estado luego de que los
panistas pidieron a los diputados locales evitar que Javier Duarte
designe a modo un Fiscal anticorrupción.
Los 400 Pueblos se caracterizan por manifestarse en las calles
bailando en truzas generalmente en contra de Yunes Linares, a quien
acusan de represión contra los campesinos cuando fue Secretario de
Gobierno en la administración del ex mandatario estatal Patricio
Chirinos Calero.
“Asesino de campesinos”, gritaban. “Represor”, repetían los cientos
de protestantes antes de que los agredidos abordaran el vehículo. El
líder campesino, César de Ángel, argumentó que Yunes los provocó.
Sin embargo, el líder del blanquiazul, Ricardo Anaya, señaló en su
cuenta de Twitter que fueron “brutalmente agredidos por enviados de
Javier Duarte”, quien a su vez se deslindó. “En nada tiene que ver
conmigo o con el Gobierno de Veracruz”, respondió el priista por la
misma red social.
“Eso ya fue un exceso en el supuesto de que haya sido él. Ya está perdiendo piso”, opinó la politóloga Acuña.
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN condenó el ataque y por medio
de un comunicado de prensa aseguró que esos hechos “son la mejor
muestra de la desesperación de Javier Duarte, quien sabe que tendrá que
rendir cuentas ante la justicia por todos los posibles delitos cometidos
durante su gestión”.
EL BLINDAJE DE DUARTE
El PRI nacional se deslinda de Javier Duarte de ochoa. Foto: Cuartoscuro
Hace unos días fue promulgada la reforma constitucional local en
materia anticorrupción, con la que se retira el fuero al próximo
Gobernador, a sus secretarios y a los presidentes municipales, aunque
el beneficio legal sigue protegiendo a los diputados, al titular de la
Comisión de Derechos Humanos estatal, al Fiscal General del estado y a
los magistrados.
La reforma constitucional también prevé la creación del Fiscal
Anticorrupción, que durará cinco años en el cargo, y del Contralor
General, mismo que serán designados por el Congreso veracruzano,
controlado aún por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y
sus partidos satélites locales.
Ante ello, Miguel Ángel Yunes exhortó al Congreso local a ceder el
nombramiento del Fiscal Anticorrupción a la siguiente Legislatura para
garantizar que Javier Duarte y sus cómplices no queden impunes por casos
de corrupción.
La Fiscalía Anticorrupción de Veracruz podría ser encabezada
por Fernando Rojas Calderón, Marco Arturo Rodríguez Nolasco, Manuel
Gerardo Basilio de la Vega, Guillermo Humberto Beck Chiquini, Gustavo
Adolfo Payán Meza, Ana Luz Herrera Hernández, Juan Manuel Herrera Sosa
o Francisco Portilla Bonilla, todos ellos afines al actual mandatario
priista.
Duarte de Ochoa pretende dejar también al Contralor General y
extender el poder de Luis Ángel Bravo Contreras, actual Fiscal General
de Estado, durante nueve años más.
Con los cambios constitucionales impulsados por Javier Duarte de
Ochoa y con el control de los magistrados locales, quienes en mayo de
este año determinaron que el Gobernador no interfirió en el proceso
electoral ni desvió recursos públicos a favor del candidato del PRI, el
mandatario dejará una estructura que lo libraría de enfrentar cargos por
corrupción.
EMPRESARIOS PIDEN A EPN FRENAR A DUARTE
Javier Duarte es acusado de desvío de recursos federales. Foto: Cuartoscuro
El pasado 30 de junio, empresarios de las Cámaras de Veracruz
lanzaron un SOS al Presidente Enrique Peña Nieto, para pedir su
intervención en la “insostenible” crisis que viven sus empresas en el
estado, por la falta de pago y falsas promesas por parte de la
administración de Javier Duarte de Ochoa.
De acuerdo con medios locales, en reunión con los líderes del Consejo
Coordinador Empresarial de Xalapa, Coparmex Xalapa, Canaco Xalapa,
Canacintra y la Asociación de Hoteles y Moteles de Xalapa en la Región,
aseguraron haber sostenido más de una veintena de reuniones con el
Gobernador Javier Duarte de Ochoa, Antonio Gómez Pelegrín, titular de
Secretaría de Finanzas y Planeación y otros, quienes se han limitado a
engañarlos con promesas de pago y éstas, siempre son incumplidas.
Este miércoles, en un desplegado que apareció en varios medios
locales, los empresarios levantaron la voz para dar a conocer su
preocupación por el llamado paquete de iniciativas enviadas por Duarte
al Congreso estatal, entre las que se encuentra que la deuda que tiene
con ellos sea pagada a 10 años con recursos provenientes del impuesto
del tres por ciento a la nómina.
En el pronunciamiento dirigido a Peña Nieto, al Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, así como a los 50 diputados
locales que integran el Congreso estatal, los empresarios acusaron que
la adquisición de paquetes financieros pretende hipotecar el futuro
económico y social de Veracruz.
“Cámaras y organismos empresariales, Asociaciones Civiles
e Instituciones Educativas de Veracruz, comprometidos con el desarrollo
social y humano de nuestro estado, mostramos nuestra preocupación por
el paquete de incoativas que el Gobernador Javier Duarte de Ochoa
pretende que le sea aprobado por los diputados del Congreso local.
“Consideramos que la medida de gasificación de los trabajadores del
Gobierno estatal no es prudente en estos momentos en el que Veracruz
enfrenta una posición económica por demás comprometida; también decimos
no a la aprobación del nuevo Fiscal contra la Corrupción y magistrados”,
expuso la iniciativa privada estatal en el desplegado.
El presidente de la Coparmex en Xalapa, Octavio Augusto Jiménez
Silva, también se manifestó en contra de la inciativa enviada por
Duarte. Dijo que el mandatario debe resolver sus errores y no
heredarlos.
En conferencia de prensa con medios locales, el líder empresarial
dijo que desde el año pasado el Gobierno estatal les informó que antes
de que terminara la administración de Duarte se les iba a pagar todo.
YUNES CONTRA DUARTE
El Gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares. Foto: Cuartoscuro
Este día, Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador electo de Veracruz,
anunció dos nuevas denuncias federales en contra de Javier Duarte y a la
que llamó su pandilla de hampones. Los delitos declarados: lavado de
dinero y evasión fiscal.
Fue en el Congreso del Estado, en punto de las 12 horas, donde Yunes
Linares invitó a los diputados vigentes a decidir de qué lado
legislarán: “Si de los maestros, pensionados y la Universidad
Veracruzana o de Javier Duarte, Flavino Ríos, Édgar Spinoso, Gabriel
Deantes, Vicente Benítez, Tomás Ruíz y Tarek Abdala”.
Además, advirtió que algunas investigaciones han sido reactivadas por
la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de 40
funcionarios de esta administración y la pasada. Concretamente se
investiga a Vicente Benítez, diputado electo por el distrito de San
Andrés, por lavado de dinero en la república de Costa Rica.
Yunes Linares aseguró que el gobierno actual ha instalado una serie
de bombas que podrán llevar a Veracruz a un panorama realmente grave.
Por lo anterior, dictó una serie de acciones legales que ha comenzado a
ejercer para blindar su próxima administración.
Sobre la denuncia que impuso el pasado 03 de abril ante la Fiscalía
General del Estado (FGE), por enriquecimiento ilícito y desvío de
recursos, desde el templete dijo: “Sabemos que el Fiscal es un títere
del gobierno, estaba pensando en darle carpetazo a la investigación, por
ello promoví un amparo no podrá cerrarse la investigación hasta que no
se desahoguen las pruebas que ofrecí”.
De acuerdo con lo citado por el panista, el día de ayer presentó dos
denuncias penales, la primera ante la Unidad Especial de Investigación
de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o
Alteración de moneda y una denuncia más ante el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) por delito de evasión fiscal.
