El agua: Cemex y Monterrey VI

 

A las oficinas administrativas y bibliotecas de gobiernos, instituciones académicas y ONG especializadas en el ámbito de la conservación ecológica, la diversidad de las especies y la sustentabilidad llegaron, vía donación, ejemplares de un libro lujosamente impreso en China, con la participación de expertos en el tema y una docena de los mejores fotógrafos del mundo, según los editores. Su título: Agua dulce. La esencia de la vida, perteneciente a la Serie de la Conservación de Cemex, que dirige la editora mexicano-estadunidense Cristina Goettsch Mittermeier.

En este libro de divulgación, confeccionado a partir de fuentes esencialmente vinculadas al mundo sajón (en las casi 500 referencias de la bibliografía consultada, acaso unas dos pertenezcan a la cultura hispanoamericana), Cemex expresa su compromiso con la preservación, utilidad y prácticas sustentables de los recursos de la Tierra en función de la humanidad y su hábitat natural. En Cemex sabemos que los ecosistemas naturales llevan a cabo servicios fundamentales de soporte de vida de los que depende la civilización toda, se dice en la carta que precede a la obra.
El agua es tema de choque en Nuevo León. El gobierno estatal no ha transparentado, hasta el momento, las bases contractuales del acueducto denominado Monterrey VI con el Grupo Higa favorecido por Enrique Peña Nieto en muy diversas –y también opacas– obras públicas y privadas.
Varias organizaciones de corte o composición empresarial y otras comprometidas con el cuidado del ambiente han cuestionado –y aun demandado– al gobierno de Nuevo León por esa y otras razones: una, la irracionalidad de trasvasar las aguas del Pánuco a una distancia de 372 kilómetros y a través de tres entidades federativas; otra, la de que su volumen pudiera no estar destinado a servir la demanda productiva y humana de agua, sino la de quienes requieren de ella en enormes cantidades para la explotación del gas de lutitas mediante la técnica de fracking, y la tercera, su costo: bruscamente y en poco tiempo varió de menos de 14 mil millones de pesos a más de 47 mil millones de pesos.
Los protagonistas del estado (gobierno y poderes fácticos) suelen no ver ni escuchar a quienes hablan desde intereses que no son los suyos: dinero y más poder. A pesar de las críticas de las organizaciones que se oponen a Monterrey VI, la Cámara de la Industria de Transformación de Monterrey se pronunció por la obra con la condición, no razonada, de que se la posponga. Desde ese momento las críticas empresariales bajaron de tono.
El pronunciamiento de los industriales no es ajeno, supongo, a la participación de Cemex y otras industrias locales en el proyecto. En una construcción de la magnitud que entraña Monterrey VI, sólo una empresa –Cemex–, gracias a la monopolización de la economía impulsada por el Estado mexicano, podría llevar a cabo una gran parte de las obras de infraestructura del macroacueducto.
¿Participaría Cemex en una obra que muy ostensiblemente atentaría contra lo que esta empresa defiende en sus libros y con dinero? En Colombia aportó 2 mil 400 hectáreas de tierras a la Dirección de Parques Nacionales para restaurar la cantera del Parque Nacional de Chingaza. El desarrollo sustentable está integrado a la estrategia general de nuestra empresa, dijo el presidente de Cemex en Colombia. ¿No merece México que esta estrategia se anteponga a la posibilidad de elevar las utilidades de la empresa cementera?
Cemex tiene una relación privilegiada con todas las instituciones conservacionistas más visibles del planeta. Lo menos que podría hacer sería pedir la opinión a sus expertos sobre lo que significará pasar sobre la prohibición de la ONU respecto al acarreo de aguas a grandes distancias para satisfacer la demanda de concentraciones urbanas. Expertos y gente con sentido común aconsejan, antes que otras acciones, la rehabilitación de acuíferos y áreas arboladas.
Ante el menosprecio de las autoridades federales y estatales, los ambientalistas mexicanos, y todos los interesados en la preservación de los ecosistemas como premisa para la continuidad de la vida, quizá no debieran hacer otra cosa que dirigirse a Cemex. Frente a una duda razonable en torno a la agresividad de Monterrey VI, si la empresa es congruente con sus convicciones, lógico es que se inhiba de participar en el proyecto.
En conclusión, si Cemex no participa en Monterrey VI, este riesgoso proyecto no marcha. A Lorenzo Zambrano, su director general y presidente hasta su muerte el pasado mayo, algunos serviles y oportunistas le llamaron Lorenzo el Magnífico, y pretendieron imponer su nombre a la avenida Constitución, que atraviesa Monterrey de oriente a poniente. Un genuino y oportuno reconocimiento al interés por la sustentabilidad manifestado en vida por este empresario sería pedirle a Cemex, empresa regiomontana que él convirtió en una de las más grandes cementeras globales, que no participe en un proyecto que amenaza con alterar los ecosistemas de una vasta zona.
A menos de que se lleve a cabo la planeación y la administración cuidadosa de las actividades humanas, éstas seguirán deteriorando o incluso destruyendo valiosos ecosistemas. El agua, hermana de la tierra, como dice Cemex en su carta, es esencial para la delicada química que hace posible la vida.
A las palabras y sus autores se los juzga no por las palabras mismas, sino por su correlación con las obras prometidas en ellas.

Abraham Nuncio

Se acabó la tregua del Mataperiodistas Duarte...

 

Para el periodista Moisés Sánchez Cerezo
Lo queremos vivo

No pasó un año completo desde el secuestro y asesinato del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz en Coatzacoalcos, para que Veracruz refrendara el trágico título del estado más peligroso para ejercer el periodismo en México.
El pasado viernes 2 de enero, un comando armado sacó por la fuerza de su domicilio al reportero comunitario y activista social Moisés Sánchez Cerezo, quien hasta el momento de escribir estas líneas, por la tarde del lunes 5 de enero, tres días después, sigue desaparecido.
Sánchez Cerezo editaba el periódico comunitario y el blog La Unión en el municipio de Medellín, conurbado con los de Veracruz y Boca del Río, que es gobernado por el alcalde panista Omar Cruz Reyes, sobre quien pesan señalamientos de haber enviado amenazas contra el comunicador.
Moisés Sánchez había denunciado reiteradamente la violencia delincuencial en esa demarcación, así como la corrupta indolencia del Ayuntamiento, lo que había llevado a la población a la auto organización para defenderse de los criminales, ya que las autoridades, tanto estatales como municipales, son incapaces o al menos omisas en su obligación de garantizar la seguridad.
¿Por qué después de diez periodistas asesinados y 22 exiliados tan sólo en este sexenio, es en Veracruz donde se registra la primera agresión de envergadura contra un reportero en el país en 2015? La respuesta es clara: porque después del asesinato de Gregorio Jiménez de la Cruz en febrero de 2014, el gobierno de Javier Duarte no dio las garantías necesarias para que no se repitiera una situación similar, a pesar de haberse comprometido a ello desde mucho tiempo atrás.
Y esto tiene una causa de fondo: el profundo desprecio que Javier Duarte de Ochoa siente por la labor periodística seria y por quienes la desempeñan honestamente. No por nada, en una demostración de gigantesca soberbia y soez ultraje, pretendió negarle a Moisés Sánchez Cerezo su condición de periodista, con el banal argumento de que también conduce un taxi para llevar el pan a su hogar y su familia.
Porque para Javier Duarte de Ochoa sólo son periodistas ésos a quienes invita a francachelas en Casa Veracruz, a quienes reparte 50 mil pesos al mes para tenerlos “bien atendidos”. Los que lo alaban, los que no lo cuestionan, los que justifican todas y cada una de las barbaridades que ha hecho con el estado los últimos cuatro años, son los “verdaderos periodistas” para quien constitucionalmente ostenta el cargo de gobernador de Veracruz.
En un caso como el de Moisés Sánchez, donde las motivaciones del plagio no son económicas, las primeras horas son vitales para dar con su paradero con vida. Han pasado más de 72 horas y el gobierno estatal sólo difunde rumores a través de sus estercoleros cibernéticos, pero da magros resultados en los hechos. Hay dos policías municipales retenidos, pero nada concreto aún, ni para bien ni para mal.
Tanto el gobernador Duarte –quien para revertir las críticas a su frivolidad fue a tomarse la foto con la familia de Moisés Sánchez, como si con eso desapareciera sus dichos-, como el alcalde Omar Cruz Reyes buscan evadir su responsabilidad en estos hechos. Sólo podrán salir medianamente bien librados si recuperan con vida a Moisés.
Se acabó la tregua contra los periodistas en Veracruz. Es año electoral y el grupo gobernante buscará imponerse a costa de lo que sea. Acallar a la crítica es el primer paso.

Email: aureliocontreras@gmail.com